La noche del 20 de abril de 2023, por cadena nacional, el presidente Gabriel Boric anunciaba el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio (ENL). En poco más de 10 minutos, el gobierno daba a conocer una rimbombante serie de medidas que apuntaban, en el fondo y en palabras de presidencia, a que Chile «se transforme en el principal productor del litio del mundo, aumentando así su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente al mismo tiempo que protegemos la biodiversidad de los salares».
Por Javier Arroyo Olea | Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
A un año de estas palabras, la letra muerta se hizo presente. Y es que desde un inicio se cuestionó el lanzamiento de la ENL al no tener siquiera en cuenta la participación previa de comunidades, o una apertura al debate público respecto a qué debiera considerarse como proyecto país respecto al litio. Muy lejos al anuncio que vimos hace un año, el gobierno y el empresariado, bajo la fantasiosa idea de «alianza público-privada», han hecho gárgaras con el negocio minero, avanzando a paso firme en pos de la explotación de los humedales altoandinos e incumpliendo sus propios plazos y compromisos en el marco de implementación de la Estrategia Nacional.
El hecho más «noticioso» y que se ha tomado la agenda político-comunicacional, hace referencia al Memorándum de Entendimiento (MdE) entre la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) y Soquimich (SQM) a fines del año pasado. Básicamente, el hecho constituyó la ampliación de la explotación de litio en el Salar de Atacama a manos de la protagonista de uno de los casos de corrupción más relevantes del país y, en contraparte o complemento, la presencia de la minera estatal. Pero no solo eso; durante estos meses hemos visto cómo este memorándum -que ni siquiera se ha materializado en un acuerdo- se ha comido la idea de Empresa Nacional del Litio. Ya no aparece en la discusión política, luego que se incumpliera su presentación fijada para fines de 2023. Por el contrario, ahora ministras como Vallejo y Williams hablan de que la alianza Codelco-SQM sentaría las bases para una empresa nacional o, es más, que la propia empresa estaría aún en evaluación de realizarse.
En la misma línea, recientemente se anunció la creación de la Red de Salares Protegidos, donde el Estado pretende dar protección a apenas un 30% de la superficie de los salares. Es decir, 26 salares quedarían para exclusiva exploración y explotación del empresariado, desconociendo la importancia de estos frágiles ecosistemas; y no solo eso, sino también los conocimientos de los pueblos que conviven e identifican el funcionamiento a nivel cuenca de los humedales altoandinos. Por otro lado, hablar de la protección de solo la superficie acredita el desconocimiento total del ecosistema, lo que se suma a los cuestionamientos por la ausencia de criterios científicos en la constitución de la Red. Así, hoy nos encontramos ante la apertura de un proceso donde el empresariado nacional y transnacional puede mostrar su interés en la exploración de alguno de los 26 salares entregados en bandeja a los capitales extractivos.
Todo este embrollo, del cual el gobierno y el empresariado solo se dan aplausos y golpes en la espalda, ha estado cruzado de una ausencia total de participación activa y vinculante de parte de organizaciones sociales y comunidades locales, una inexistencia total de proceso alguno de consulta indígena y una falta generalizada de transparencia en el acceso a la información.
Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, hemos monitoreado durante todo un año la implementación de esta Estrategia, recibiendo constantemente respuestas de parte de organismos como el Ministerio de Minería donde dicen no tener documentación o niegan acceso a informes y registros de actividades en relación a la ENL. Un caso concreto: recientemente, solicitamos a la Subsecretaría de Minería «los informes que den cuenta de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio elaborados a marzo de 2024» a Minería ¿Adivina qué nos respondieron desde la cartera encabezada por Williams? Efectivamente: «no existen en poder de esta Subsecretaría informes como los solicitados», derivando la solicitud a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) -dependiente del Ministerio de Economía-, apelando a que este organismo dirige el Comité de Litio y Salares; esto, pese a que incluso el Ministerio de Minería protagonizó la licitación y posterior contrato con Cliodinámica Asesorías, Consultorias e Ingeniería SpA, la empresa a cargo de la asistencia técnica para el desarrollo del proceso de diálogos que duró apenas tres meses, y cuyas actas son aún desconocidas para el público en general.
Así las cosas, a un año de su implementación, pareciera ser que la Estrategia Nacional del Litio pretende ser otra de las expresiones de renuncia a las transformaciones políticas, sociales, económicas y ambientales que urgen en Chile. El verdadero costo del litio ha sido, hasta hoy, la explotación de ecosistemas, vulneración de derechos para la población y ganancias netas para el bolsillo público-privado. Todo esto, ahora bajo la ilusión de una mayor participación del Estado, el discurso de la transición energética y una electromovilidad al alcance de un puñado de ricachones, está profundizando las grietas que ha dejado por décadas el extractivismo en Chile.
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
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