PRECISA QUE EL INCREMENTO DE CONFLICTOS SOCIALES Y REACTIVACIÓN DE PROTESTAS
COLECTIVAS, EN LOS ÚLTIMOS MESES, GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA LEGAL E ILEGAL,
ES POR LA FALTA DE DIALOGO DE LAS AUTORIDADES ESTATALES
Lima, 14/12/2023
El día de hoy, 14 de diciembre a las 9:00 am se llevó a cabo la presentación del 33° Reporte del
Observatorio de Conflictos Mineros, por Cooperación, FEDEPAZ y Grufides.
El evento se desarrolló según lo programado, con la presencia de prensa regional, nacional e
internacional, que se mostró vigilante al contexto sociopolítico actual que guarda relación con la
minería, el ambiente y la conflictividad social del último semestre del 2023.
En el reciente informe, se comentó que según la data que maneja la Defensoría del Pueblo en los
últimos meses hubo un incremento en el número de conflictos y reactivación de las protestas
colectivas, siendo las regiones del norte que tienen un incremento de hasta 92%, seguidas del sur
que tiene un 34% de conflictividad social.
Al respecto, José De Echave de Cooperación inicio la presentación, haciendo hincapié en que la data
que viene siendo registrada por la Defensoría del Pueblo, contradice a la narrativa que maneja el
ejecutivo en el cual menciona que la mayoría de conflictos ligados a actividades extractivas en el
corredor del sur vienen siendo pacificados.
Del mismo modo, mencionó la preocupación que sienten las personas que habitan tanto en el
corredor del sur y en las regiones de Piura, Amazonas y Cajamarca respecto al avance de actividades
mineras que se vienen dando de manera informal en las cabeceras de cuencas de zonas productoras
de agua que abastecen sus territorios.
Por su parte, Ana Leyva de Cooperacción compartió su preocupación ante el avance del proyecto
minero “Ariana” que pone en riesgo la zona productora de agua que abastece a la las ciudades de
Lima y Callao.
La actividad de este proyecto minero, que cuenta con el permiso del estado peruano, ha conllevado
una afección de manera directa al ecosistema del territorio en donde está ubicado.
Frente a esta situación Cooperacción ha presentado una demanda de amparo contra la empresa
minera “Ariana”.
A su turno, Mirtha Villanueva de Grufides compartió su preocupación frente al avance de la minería
informal en las provincias de San Pablo, Contumazá, Hualgayoc y Celendín ubicadas en la región de
Cajamarca.
Del mismo modo mencionó, que la falta de un pronunciamiento por parte de las autoridades
regionales y provinciales pone en riesgo la integridad de la población que vive en zonas aledañas a
los sitios en donde se realizan estas actividades extractivas.
Esto se debe a que, en muchas ocasiones la actividad de minería ilegal es promovida por el
narcotráfico, quien acciona de manera violenta hacia las y los comuneros que defienden su
territorio.
David Velazco, en representación de FEDEPAZ empezó su parte agradeciendo a las organizaciones
que trabajaron en la redacción de este informe, por otro lado, mostró su inconformidad con el
Estado Peruano al mencionar que:
“A nivel nacional el Estado pretende aprobar concesiones mineras, de manera desmedida sin
importarles si es dentro de territorios indígenas, rurales o si están cercanas a estas poblaciones”
Sosteniendo qué en lugar de estas medidas, el estado peruano debería tender canales de dialogo
con las poblaciones demandantes, para evitar el incremento de conflictos sociales; en donde es el
mismo estado que estigmatiza, criminaliza e instrumentaliza el derecho en contra de quienes
defienden sus territorios ante la afectación de su ecosistema producto de las actividades mineras.
David Velazco, mostró su preocupación ante los intentos por parte del Estado Peruano que durante
las últimas semanas ha venido aprobando normas que vulneran los derechos fundamentales que
tienen las personas, según el Art. 3 de la Constitución, para ejercer libremente su derecho a la
protesta pacífica.
En suma a ello, sostuvo que el decreto legislativo N° 1574, que modifica el art. 205° del código penal,
conlleva a que la policía puede tener el libre criterio para intervenir a una persona si considera que
estaría vinculado a un acto delictivo, pidiéndole su identificación o verificación de artículos
personales.
Adicionalmente, menciono que el Dec. Leg. N° 1574 podría implicar situaciones de discriminación
hacia personas que se movilizan del interior del país para ejercer su derecho a la protesta pacífica o
personas extranjeras que según la norma aprobada podrían quedar en detención hasta un máximo
de 12 horas después de ser intervenidas.
Por otro lado, precisó que el Dec. Leg. 1589, crea la figura agravada del delito de entorpecimiento
al funcionamiento de los servicios públicos y de disturbios, confundiendo esta agravante con los
delitos básicos aquí mencionados y sobrecriminalizando, sin ninguna técnica legislativa, estos tipos
penales que pueden ser sancionados, incluso, con penas más graves que las de un homicidio culposo
que protege un bien jurídico mucho más importante.
Finalmente, preciso que estas modificaciones normativas evidencian que el gobierno lo que
pretende es criminalizar la protesta social y coactar el ejercicio libre de los derechos fundamentales
como el derecho a la proetsta, en lugar de tender puentes de diálogo para resolver los conflictos
que se van generando. A la par que prioriza la solución de fuerza frente a dicha conflictividad al
punto que hace uso de la fuerza de manera criminal asesinando a los ciudadanos que salen a
protestar.
Área de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Telf: (+51 1) 4250211 / 4250209 / 999094914
Correo electrónico: [email protected]; [email protected]
Web: www.fedepaz.org
Facebook: www.facebook.com/fedepazperu
Twitter: @FedepazPe