Colombia

¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

Juan Pablo Soler (Revista Rayal)
Foto: Desalojo de cerca de 400 campesinos afectados por Hidroituango /Foto: Ríos Vivos
La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador Iván Cepeda reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014

La parcialidad y la irregularidad con las que pueden llegar a actuar la Policía y Ejército Nacional pueden tener estrecha relación con su financiamiento.En el año 2013 en la Vuelta del Bombillo, al cruzar el río Cauca, las comunidades campesinas afectadas por Hidroituango hicieron uso de su legítimo derecho a la protesta social para llamar la atención sobre los derechos vulnerados. De inmediato fueron reprimidos por el ESMAD, cuyos agentes, sin mediar palabras, usaron sus armas de gas pimienta y sus pistolas de balas de goma en contra de la población. No les importó que hubiera adultos mayores y menores de edad, ni que varios de ellos cayeran rodando por la pendiente del terreno y sufrieran contusiones ni tampoco que no recibieran atención médica. Lo único que les importó fue abrir la vía para que la empresa siguiera operando.
Al día siguiente, en inmediaciones del Valle de Toledo, el ESMAD se acercó, mientras se desarrollaba una reunión comunitaria, y subió a la fuerza a 87 personas en camiones de la policía. A pesar de que las capturas masivas son ilegales, lo que no fue un impedimento para que la policía intentara deshacer la manifestación campesina de dicha manera.

Al tercer día, pese a que la comunidad estaba reunida en un predio privado, la policía derribó el cerco y tiró al piso las ollas donde se preparaba el desayuno. Este último encuentro fue el detonante para que varios habitantes salieran de la zona caminando hacia Medellín, donde fueron albergados en la Universidad de Antioquia, protagonizando un desplazamiento forzado que se prolongó por más de siete meses.

Dos años más tarde, en noviembre de 2015, en una Audiencia Senatorial convocada por Iván Cepeda comprendimos que estas y otras actuaciones corresponden a un ejercicio sistemático derivado de los convenios de la fuerza pública con distintas empresas.

La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador y su equipo de trabajo (de la que no se permitió hacer copias ni fotografías), reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014:

Entre 1990 y 2014 se firmaron más de 1.229 contratos de cooperación secretos para la instalación de Batallones Especiales Energéticos y Viales -BAEEV- y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado -COPEI-. Cifra que no contempla las operaciones de años recientes derivadas de la ampliación de la frontera extractiva ni los posibles convenios de cooperación firmados directamente por los batallones.

Los distintos convenios citan de manera recurrente que son para actuar frente a las amenazas terroristas que pueden generar daños al medio ambiente y a la seguridad nacional, pero ¿qué pasa cuando el daño al ambiente lo genera la empresa que los financia? Imagínense aquí una autoridad ambiental diligente que, para hacer una labor de inspección ambiental, debe anunciar su visita días antes a la empresa y además coordinarla con los cuerpos públicos de seguridad pagados por las empresas infractoras. No es un asunto menor, son más de 68.000 hombres los que hacen parte de estas contrataciones, es decir, más del 15% del total de las fuerzas armadas en 2015.

Un aspecto que además valdría la pena analizar de cara a la transición energética para entender los impactos ambientales que conlleva la operación de estos batallones, la cual implica emisiones de carbono que jamás aparecen en las cuentas de los proyectos etiquetados como energía limpia.


Desalojo en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, participado por la española Endesa.
Además, para la construcción de paz con enfoque territorial vale la pena replantear este financiamiento o por lo menos, revisar los objetos contractuales y establecer limitaciones claras de las actuaciones: en ningún caso el uso de las armas y la intimidación se puede dirigir contra la población civil, mucho menos contra movilizaciones que buscan proteger derechos colectivos y las formas tradicionales de subsistencia en los territorios.

Un ejemplo que permite entender las complicaciones que genera la privatización de la fuerza pública en materia de vulneración de derechos, se dio en la consulta previa con las comunidades negras en el norte del Cauca afectadas por la represa Salvajina, tierra que vio nacer a la vicepresidenta Francia Márquez. Allí la empresa EPSA reconoció, tardíamente, que había financiado al batallón que opera en sus instalaciones, pero se abstuvo de reconocer los impactos.

El caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo permite apreciar otro efecto de estas alianzas, pues la base del BAEEV #12 José María Tello, que aloja 1.200 soldados, se construyó frente al proyecto en zona de Reserva Forestal de la Amazonía[1].


Leo Sátira (leosatira.blogspot.com)
Si, además, se traslapa el análisis anterior con él de las ejecuciones extrajudiciales la situación se torna aún más compleja. En el caso de Antioquia entre el 2000 y el 2006 existían 747 militares investigados que hacían parte de los batallones Coronel Atanasio Girardot, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez y General Pedro Nel Ospina; en Casanare 146 ejecuciones extrajudiciales fueron responsabilidad de la Brigada 16, la cual ha recibido más de 209.400 millones de pesos, vía convenios de cooperación con empresas como: Ecopetrol, BP, Emerald, Equion, Pacific Rubiales, Petrobras y Petrominerales, entre otras. A esta lista se debe sumar el drama de los desplazamientos forzados que ha ocasionado la fuerza pública pagada por empresas, tema que está siendo investigado por la Fiscalía.

El problema no es sobre la vigilancia de las infraestructuras energéticas. El problema es que la fuerza pública lo haga a través de contratos secretos suscritos con empresas extractivas y de energía, situación donde el cumplimiento de obligaciones contractuales deriva en la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de las comunidades que se movilizan frente a la afectación de derechos colectivos como el ambiente sano, derecho al trabajo, a la libre, a la información, etc.

En 2015 el Senador Cepeda denunciaba además en la mencionada audiencia, que por lo menos seis empresas trasnacionales tienen su propio batallón y parte de sus operaciones privadas estarían siendo pagadas con recursos de la Nación. Este es un tema que debe tener relevancia en el Tratado Especial para Empresas y Derechos Humanos que se discute actualmente en Naciones Unidas para atender la responsabilidad de las empresas frente a las vulneraciones de derechos humanos.

Frente a esta situación, cabe preguntarse ¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública? ¿Al pueblo quién lo cuida sino tiene el dinero suficiente para establecer un convenio de cooperación? Una desfiguración total del Estado Social de Derecho.


Represión en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, participado por la española Endesa.
[1] Ejército creó en Huila Batallón energético para cuidar polémico proyecto El Quimbo. El Tiempo. 12 de mayo de 2009. Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5181719
Tomado de: https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/50-que-hara-petro-frente-a-la-privatizacion-de-la-fuerza-publica.html

¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

Ecuador

Gobierno Ecuador dice logra acuerdos preliminares sobre petróleo y minería con indígenas

Alexandra Valencia
07/09/2022
Foto de archivo del presidente de Ecuador Guillermo Lasso en una rueda de prensa en Quito
(Reuters) -El gobierno de Ecuador llegó a un acuerdo preliminar con grupos indígenas para declarar una moratoria temporal en 16 bloques petroleros, dijo el miércoles el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, marcando un punto de inflexión en las negociaciones destinadas a evitar nuevas protestas callejeras.

Lasso, un exbanquero conservador, abrió un diálogo de 90 días para discutir la implementación de un acuerdo que puso fin en junio a más de dos semanas de protestas indígenas contra su agenda económica y ambiental.

Las manifestaciones dejaron al menos ocho muertos y afectaron severamente a la industria petrolera, con presiones que obligaron a recortes inmediatos en los precios de la gasolina y el diésel, subsidios a fertilizantes y otras medidas que, según el Gobierno, costarán unos 600 millones de dólares.

Los grupos indígenas exigían una moratoria a las actividades extractivas y que se declaren nulas las concesiones en zonas sensibles. Lasso acordó suspender la aprobación de nuevos proyectos en territorios indígenas considerados ancestrales, áreas de protección ambiental y zonas arqueológicas.

«Damos una muestra como Estado que estamos cediendo a la petición», añadió Vera a los medios.

La moratoria afectará a bloques en el sur del país donde no se realizan operaciones de exploración y producción, y estará vigente hasta que se establezca una ley de consulta previa libre e informada para las comunidades indígenas, explicó el ministro.

De manera similar, el Gobierno no otorgará más títulos mineros hasta que se apruebe la ley de consulta previa, dijo Vera, agregando que podría aprobarse en los próximos 12 meses.

Las exportaciones de las dos minas de oro y cobre a gran escala de Ecuador están convirtiendo rápidamente al sector en clave para el fisco del país. Ecuador espera ventas de minerales de al menos 2.800 millones de dólares este año.

«Nuestra posición es no a la minería, ese el punto de inicio y a partir de ahí se verá la propuesta del Gobierno», dijo Gilberto Talahua, presidente del movimiento indígena de Bolívar, donde se ubica el proyecto Curipamba, que se convertirá en la tercera mina del país.

Los acuerdos relacionados con el petróleo y la minería podrían firmarse el viernes, al igual que aquellos que se alcancen sobre producción agrícola y subsidios a los combustibles, dijeron los ministros que participan en el diálogo.

Los líderes indígenas no estuvieron disponibles para comentar sobre los acuerdos preliminares presentados por Vera.

El único acuerdo firmado hasta ahora es sobre la condonación de la deuda de los pequeños agricultores, y algunos líderes indígenas han amenazado con abandonar las negociaciones.

«Puede ser como un juego del Gobierno y no nos queda otro camino que nuevamente la presencia en las calles», dijo a Reuters Blanca Chancoso, expresidenta de la organización indígena Ecuarunari. «Para nosotros el paro no se ha terminado. Esperamos que (la negociación) no sea solamente un desgaste».

Otras área de negociación, que se prevé duren hasta mediados de octubre, son los controles de precios en más de 40 productos.

El Gobierno ha dicho que está comprometido con todas las demandas de los grupos sociales, pero destacó que estos no obtendrán todo lo que quieren.

Sin embargo, el exministro de Energía Fernando Santos dijo a Reuters que no está seguro de que se pueda llegar a un acuerdo exitoso.

«Al Gobierno lo veo débil y el presidente Lasso es una persona bastante orgullosa y no va a ceder, ni de casualidad, a las demandas indígenas y el señor Iza también está con una posición triunfalista que quiere todo o nada», dijo Santos en referencia al líder indígena Leonidas Iza.

«Veo días difíciles, no veo voluntad de llegar a acuerdos», sostuvo Santos, y agregó que la actividad petrolera y minera podría estancarse durante el gobierno de Lasso.

La oficina de Lasso dirigió las preguntas al ministerio de Gobierno, que dijo que no podía conceder una entrevista a Reuters hasta finales de esta semana.

El Gobierno aseguró que las conversaciones están avanzando en el tema de los subsidios a los combustibles, que este año costarán alrededor de 3.800 millones de dólares, más que los presupuestos públicos anuales para salud, educación y seguridad.

«En esas condiciones es difícil que incline la balanza para entablar una mesa de diálogo», explicó el analista político Alfredo Espinosa, quien recalca la impopularidad de Lasso y su desvinculación con la ciudadanía. «Es como que el rehén está negociando con su captor, que es el movimiento indígena».
(Editado por Javier Leira y Carlos Serrano)
https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/negociaciones-grupos-ind%C3%ADgenas-ponen-prueba-131417142.html

Chile

Diputados respaldan proyecto que impide constituir derechos de aguas sobre glaciares

Entre sus lineamientos, el texto define que no podrán realizarse en glaciares, zonas de glaciares y entorno glaciar, actividades que generen impacto significativo o daño ambiental. El texto pasó ahora al Senado.
06/09/2022
Tras sumar 114 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones en su votación en particular, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares.

Subsecretario de Medio Ambiente y glaciares: “Buscamos dar certeza a quienes tienen que ejecutar proyectos”
La iniciativa reconoce, expresamente, que los glaciares son ecosistemas complejos asociados a su entorno, ambientes glaciares y ambientes periglaciares y que son parte del ciclo hidrológico de las aguas.

El texto fue informado por el diputado y autor del proyecto, Daniel Melo (PS).

Se entiende por glaciar todo volumen de agua en estado sólido, que persiste por períodos de al menos dos años. Esto, cualquiera sea su contenido de detritos superficiales e internos.

Son partes constituyentes de un glaciar: su material detrítico; el agua líquida, tanto superficial como interna y basal; su parte flotante, siempre que esté unida a su masa, la que se considerará como agua terrestre. También, las masas de agua en estado sólido que, flotando y separadas del glaciar, por efectos climáticos circunstanciales, puedan adherirse a este.

El entorno glaciar comprende los ambientes dinámicos dependientes del clima que incluyen procesos, condiciones y formaciones terrestres que, no siendo glaciares, posibilitan la mantención del equilibrio de uno o varios de ellos. Ello permite la captura de nieve, la formación o mantención de neviza y hielo, así como la generación de detritos.

A su vez, el entorno incluye el suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas. Igualmente, el espacio aéreo del ecosistema que rodea al glaciar y que posibilita la mantención de sus funciones y servicios ecosistémicos.

Actividades prohibidas en glaciares
No podrán realizarse en glaciares, zonas de glaciares y entorno glaciar, actividades que generen impacto significativo o daño ambiental. Se considera, para los efectos de esta ley, actividades que generan impacto significativo o daño irreversible a glaciares, las siguientes:

1. La que impliquen su remoción, traslado o destrucción.

2. El desarrollo de actividades sobre la superficie de los glaciares.

3. Actividades bajo los glaciares, que puedan alterar su condición natural, acelerar o interrumpir su desplazamiento, o acelerar su derretimiento.

4. La liberación, vaciamiento o depósito de basuras, productos químicos, material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen.

5. La ejecución de cualquier otra acción que pueda afectar directa o indirectamente las funciones del glaciar.

Exclusiones y multas
Quedan excluidas de las prohibiciones mencionadas, las actividades de ecoturismo; montañismo de baja intensidad; investigación científica autorizada o que realice la Dirección General de Aguas (DGA). Además del rescate, instrucción y entrenamiento de personal autorizado, que se efectúen en el glaciar o su entorno.

Las acciones o actividades en contravención a las prohibiciones establecidas, serán sancionadas con multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales.

Se suman multas de cuarto grado a los actos u obras que se realicen sin contar con el permiso de la autoridad competente. Esto, siempre que afecten la disponibilidad de las aguas. De igual modo, que de alguna manera perjudiquen o alteren las obras de la red de estaciones de monitoreo que debe establecer y mantener la DGA.

Las multas podrán incrementarse en 75% si los actos u obras realizados sin autorización, conlleven la reconstrucción o reinstalación de la red de monitoreo.

La DGA tendrá entre sus atribuciones y funciones, las de investigar, medir el recurso y monitorear, tanto su calidad como su cantidad. Todo en atención a la conservación y protección de las aguas y glaciares.

Autores y debate
Esta moción ingresó a trámite legislativo en enero de 2018. Además de Daniel Melo, la propuesta contó con la firma de su compañera de bancada, Daniella Cicardini. También, de los exlegisladores Cristina Girardi, Luis Lemus, Clemira Pacheco, Raúl Saldívar y Camila Vallejo. Asimismo, los actuales senadores Loreto Carvajal y Fidel Espinoza.
https://www.mch.cl/2022/09/diputados-respaldan-proyecto-que-impide-constituir-derechos-de-aguas-sobre-glaciares/

Ecuador

Ecuador: Indígenas piden proteger la selva ante minería

Medio centenar de indígenas protestan ante la Corte Constitucional para exigir al gobierno la protección de la selva en cumplimiento de sentencias judiciales frente al avance de empresas mineras y petrolíferas
AP Noticias
06/09/2022
En medio de gritos de justicia y acción y de cánticos y danzas en su idioma nativo, hombres y mujeres de la comunidad cofán Sinagoe y waorani —habitantes milenarios de la selva tropical de la Amazonía— reclamaron decisiones efectivas por parte de las autoridades para impedir la explotación de los recursos.

Wider Guaramag, presidente de la comunidad Sinangoe, dijo durante la medida que exigimos revertir las concesiones —52 mineras y un bloque petrolífero, según datos oficiales— y la reparación integral porque dicen que los alimentos los obtienen de la pesca en el río Aguarico.

“Siempre hemos pescado ahí, si esos alimentos, esos pescados están contaminados por lo que hizo la minería, entonces nosotros estamos directamente afectados”, señaló.

Tras largos juicios en diferentes cortes, finalmente la Corte Provincial de la provincia de Sucumbíos y la Corte de la provincia de Pastaza fallaron consecutivamente en años recientes a favor de los indígenas cofán y waorani y en contra de las actividades de extracción en miles de hectáreas de selva tropical.

Gaba Guiquita, de la etnia waorani, aseguró que tras una lucha de años siguen esperando resultados. “Hoy levantamos fuerte nuestra voz, porque queremos vivir sanamente en nuestros territorios, el Estado nos dañó porque no respeta nuestras decisiones y entró a nuestro territorio”.

Ecuador obtiene de la actividad petrolífera alrededor del 30% de los ingresos de la caja fiscal y la actividad minera ha ido en incremento en minas de otros sectores del país dejando exportaciones alrededor de los 3.000 millones de dólares al año, especialmente de minas de oro, cobre y otros minerales del sur del país andino, de acuerdo con las autoridades.
https://www.independentespanol.com/ap/ecuador-indigenas-piden-proteger-la-selva-ante-mineria-b2161258.html

 

Mexico

Presidente de México no descarta reforma a la Ley Minera

06/09/2022
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de presentar una iniciativa profunda para reformar la Ley Minera que reglamente las concesiones ya existentes y evite que se establezcan contratos del gobierno con empresas que operen en la irregularidad.

Aclaró que aun cuando su gobierno no entregará nuevas concesiones para la industria, no se revocarán las que se entregaron antes de su administración.

A propósito del accidente en el yacimiento de carbón El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, que dejó atrapados desde hace un mes a 10 mineros, en la mañanera de ayer se le preguntó si consideraría presentar dicha iniciativa y transformar la forma en que actúan las empresas extractivas.

“Sí, es probable (proponer esa reforma). Lo que sí quiero expresar es que los actuales concesionarios van a seguir manteniendo sus concesiones. No quiero que se vaya a malinterpretar, o sea, los que ya las tienen se les respetan, la política que definimos desde el principio fue no entregar más concesiones porque fue un exceso”, pues se dieron en sexenios pasados permisos a esa industria para la explotación de 60 por ciento del territorio nacional. Refirió que en su gobierno las concesiones se han reducido. “Como tienen que pagar impuestos, y antes no pagaban, las están devolviendo, ahora son menos. No vamos a entregar nuevas. A lo mejor va a ameritar hacer una propuesta para que ya no se entreguen más y también se reglamente lo de la explotación minera en las concesiones ya otorgadas, ya está reglamentado, pero que sea más estricto, para proteger a los mineros, eso puede suceder”.

Por otro lado, rechazó que su proyecto de desarrollo del istmo de Tehuantepec represente un “muro” de contención migratoria, a propósito de una interrogante sobre declaraciones que hace unos meses realizó el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, en el sentido que ese proyecto blindaría la zona y frenaría el paso de migrantes, afirmaciones que algunos medios interpretaron como la instalación de un “muro” en la región.

“Es la primera vez que estoy escuchado algo así, no sabía. Y, desde luego, por adelantado (les digo), no queremos muro en la frontera (de México y Estados Unidos), mucho menos en nuestro territorio, o sea, para que no se especule”, contestó el Presidente.

Reconoció que de los más recientes presidentes estadunidenses, el único que decidió no expandir el muro fronterizo es Joe Biden.

George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, “¡todos hicieron muro! Llevan como mil 200 o mil 500 kilómetros, de 3 mil 180 (de extensión fronteriza). Era como una manda, todos los presidentes hacían su tramo, creo que el que hizo más fue Bush o Trump, está entre ellos, pero todos, demócratas o republicanos”.

En el tema económico, reconoció que la inflación (en 8.2 por ciento) puede aún subir un poco, pero que se trabaja para contrarrestarla y esta semana tendrá una reunión con el gabinete económico para fortalecer su plan contra la carestía.

Pese a ello, subrayó: “México tiene una situación económica excepcional” y volvió a presentar cifras de no endeudamiento, inflación menor (hasta julio) a la de Estados Unidos y Europa y del “récord” de inversión extranjera.

Después de la conferencia matutina, se reunió con el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y con el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle. En redes sociales el mandatario calificó el encuentro de “respetuoso, productivo y fraterno”.

Presidente de México no descarta reforma a la Ley Minera

Ecuador

Los indígenas de Ecuador exigen que se cumplan las sentencias contra las industrias extractivas

Mineriaenlinea 07/09/2022
El proyecto Cascabel de SolGold, en Ecuador.
Dos comunidades indígenas de la región amazónica de Ecuador exigieron el martes a la Corte Constitucional que aplique las sentencias de 2018 y 2019 para proteger miles de hectáreas de selva tropical de proyectos petroleros y mineros.

Los tribunales locales de Ecuador fallaron por separado a favor de la comunidad A’i Cofan de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos del país, así como de 16 comunidades Waorani de la provincia de Pastaza, argumentando que no habían recibido consulta previa sobre los proyectos extractivos previstos en sus territorios, ordenando incluso trabajos de restauración en las zonas afectadas.

Delegaciones de ambas comunidades presentaron una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador para obligar al Ministerio de Energía y Minas, y al de Medio Ambiente, a cumplir las sentencias.

“Han pasado varios años pero la sentencia no se ha cumplido en absoluto”, dijo a los periodistas Wider Guaramag, presidente de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe. “La violación de nuestros derechos continúa”.

En 2018, un juez falló a favor de la comunidad A’i Cofán y ordenó la reversión de una veintena de concesiones mineras otorgadas a empresas privadas a lo largo del río Aguarico, así como el archivo de 32 procesos que aún no habían sido adjudicados.

Sin embargo, la comunidad argumenta que las autoridades sólo suspendieron las concesiones mineras, sin revertirlas ni archivarlas, mientras que la restauración ambiental no se ha llevado a cabo.

En los últimos 15 meses se han suspendido las actividades en 146 concesiones mineras en Ecuador, dijo el Ministerio del Ambiente en un comunicado, sin mencionar las concesiones en Sucumbíos.

Las comunidades waorani buscan la protección de sus territorios, para evitar que se desarrollen operaciones petroleras en sus tierras, después de que un juez dictaminara que la creación del bloque petrolero 22 violaba sus derechos en 2019

El bloque petrolero en cuestión aún no ha sido adjudicado a una empresa petrolera.
El Ministerio de Energía y Minas no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Los indígenas de Ecuador exigen que se cumplan las sentencias contra las industrias extractivas

Colombia

Los bloqueos reducen el 70% de la producción de la mina de carbón del Cerrejón en Colombia

Mineriaenlinea 07/09/2022
Cerrejon
Los bloqueos de carreteras de casi una semana de duración han cortado el 70% de la producción de la mina de carbón de Cerrejón en Colombia, la más grande de América Latina, dijo el martes la empresa propiedad de Glencore Plc, pidiendo al gobierno que interceda ante los manifestantes.

Los bloqueos de carreteras y líneas ferroviarias en torno a la mina no son infrecuentes. Antiguos trabajadores bloquearon una línea ferroviaria el año pasado y Cerrejón ha tenido repetidos desacuerdos con las comunidades indígenas Wayuu cercanas y con su mayor sindicato, que realizó una huelga de tres meses en 2020.

“La operación de Cerrejón se ha visto afectada, durante seis días, por varios bloqueos ilegales. Aunque siguen siendo pacíficos, impiden el acceso a las áreas operativas de la empresa”, dijo la compañía en un comunicado. “Las personas que realizan los bloqueos exigen el acceso a los servicios de agua, una mayor inversión social y puestos de trabajo en la empresa”.

Hay otros bloqueos no relacionados con la empresa que realizan los camioneros en una carretera cercana, dice el comunicado, y añade que Cerrejón se compromete a establecer alianzas duraderas con las comunidades vecinas.

“Si esta situación se prolonga, Cerrejón tendrá que suspender algunos contratos de servicios, lo que representa un impacto económico local porque afecta directamente a numerosos proveedores de la región”, dijo la empresa, añadiendo que también puede afectar a las regalías y al pago de impuestos.

“Pedimos a las autoridades que apoyen una resolución pacífica de los bloqueos”, añadió.

Hasta ahora no hay impacto en las exportaciones y el ferrocarril de la empresa está funcionando, dijo un portavoz.

Cerrejón, que produjo 23,4 millones de toneladas de carbón en 2021, fue comprada en su totalidad por la minera y comercializadora mundial Glencore el año pasado. De enero a julio, la empresa pagó casi 568 millones de dólares en regalías e impuestos nacionales y locales, dijo.

Colombia es uno de los principales exportadores mundiales de carbón y las regalías e impuestos del combustible son uno de los principales contribuyentes a las arcas del gobierno.
Reuters

Los bloqueos reducen el 70% de la producción de la mina de carbón del Cerrejón en Colombia

Perú

LAS PROYECCIONES DE LA ECONOMÍA EN DEBATE

Josselin Yauri 06/09/2022
Imagen: Comex Perú
El pasado 25 de agosto se publicó el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2023-2026, en el cual se incluyen las proyecciones de los principales indicadores económicos para el periodo. La versión final aprobada presenta algunas diferencias en relación con el proyecto del MMM enviado al Consejo Fiscal el 31 de julio del presente año. Esto se explica por los anuncios recientes del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, de un conjunto de medidas de reactivación de la economía en el corto y mediano plazo. Las medidas anunciadas consideran tres ejes de política: (i) reimpulso del gasto privado; (ii) aceleración de la inversión pública; y (iii) recuperación de confianza de los agentes económicos.

En ese sentido, se espera que la economía peruana crezca 3.3% en 2022, 0.3 puntos porcentuales por debajo de la proyección presentada en el último Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) del MEF en abril del presente año. Esta caída se explica, principalmente, por los choques transitorios de la oferta que afectaron a los sectores primarios en el primer semestre y a la desaceleración de la demanda externa, por el ajuste de precios de materias primas y las presiones inflacionarias.

Asimismo, la variación en el crecimiento del PBI se controló debido a algunos factores positivos, como la disminución de conflictos sociales en el sector minero, que permitió la reanudación de operaciones de minas importantes como Las Bambas y Cuajone; las nuevas medidas mencionadas del actual ministro; el mayor dinamismo de sectores afectados por la pandemia, principalmente, el sector turismo; y la recuperación de la demanda interna generada por el impulso de las inversiones y la resiliencia del consumo privado.

La proyección del crecimiento económico para el 2023 es de 3.5% y para el periodo 2024-2026, en promedio, es de 3.3%. ¿Cuáles son los supuestos del MEF para proyectar estas cifras? Esperan que la demanda interna continúe fortalecida debido a una mayor dinámica de inversión privada ante la posible recuperación proyectada de la confianza de los inversionistas, el incremento de volumen de exportaciones y las medidas para el impulso de productividad y competitividad de la economía.

Cabe señalar que varias de las proyecciones que presenta el MMM vienen siendo cuestionadas por algunas instituciones y analistas. Por ejemplo, el Consejo Fiscal ha alertado sobre un sesgo demasiado optimista en las proyecciones del MEF y otros analistas han afirmado que si bien coinciden con la proyección de crecimiento para este año, el problema se presentaría en el 2023, con una proyección de apenas 2.2%, debido a la situación de inestabilidad política en la que vive el país, lo que afecta, precisamente, la confianza de los inversionistas. Además, en todo el mundo las proyecciones se están ajustando a la baja: el FMI ha ajustado su proyección de crecimiento mundial de 3.3% a 2.9%

Según los datos del INEI, el crecimiento del PBI acumulado a junio de este año es de 3.5%. En el primer semestre del año se ha continuado con una tendencia de crecimiento mensual interanual que ha oscilado entre 2% y 5%. Por lo que, si se considera que los factores externos e internos que afectan a la economía se mantendrán con comportamientos similares al primer semestre, resulta coherente una proyección de crecimiento de 3.3% para el presente año.

Sin embargo, la desaceleración de la economía en los últimos meses genera proyecciones aún más pesimistas. Por ejemplo, según el BBVA Research, la tasa de crecimiento de PBI tendería a ubicarse entre 2% y 2.5%. Estas tasas de crecimiento no permitirían generar el nivel de empleo adecuado que el Perú necesita ni brindar servicios públicos de calidad a la población.

Las medidas de reactivación que ha mencionado el ministro Burneo y que serán implementadas en los próximos meses buscan impulsar la economía y evitar un escenario de recesión. Sin embargo, para que se logren los resultados que proyecta el MEF, será necesaria la participación activa de los diferentes agentes económicos, entre ellos el sector privado, lo que podría verse afectado, como ha sido mencionado, por el contexto de fuerte inestabilidad política.

En cuanto al ámbito fiscal, por un lado, se proyecta que los ingresos fiscales de 2022 representarán el 21.4% del PBI, 0.4 puntos porcentuales por encima de la proyección presentada en el último IAPM publicado en abril del presente año. Esto debido a que, en el primer semestre del año, se observó la recuperación de deudas tributarias, mejores precios de exportación y la continuidad en la mejora de la economía.


Por otro lado, se estima que el gasto no financiero del gobierno general será equivalente al 22.3% del PBI en 2022, 211.6 mil millones de soles. El monto proyectado se encuentra por encima de lo presentado en los últimos dos años e, incluso, de los valores pre pandemia. Sin embargo, en términos porcentuales sobre el PBI, presenta un valor muy similar al del 2021 (22.2%).

Con ello, se proyecta que el déficit fiscal mantenga un valor de 2.5% del PBI y la deuda pública disminuya a 34.9% del PBI, todavía muy por encima de los valores pre pandemia (2019: 26.6%), pero continúa estando muy por debajo del promedio de la región.

Cabe mencionar que la propuesta de reforma tributaria que fue puesta en agenda a fines del año pasado ha sido dejada de lado. Es más, recientemente, el actual Ministro de Economía y Finanzas, ha hecho hincapié en que no se encuentra dentro de sus planes a corto plazo modificar las tasas impositivas. Esto debido a que el objetivo central es reactivar la economía y se evalúa que, si se subieran las tasas, se podría desincentivar los niveles de inversión. Esto genera gran preocupación ya que el Perú, en materia de ingresos tributarios, sigue estando muy por debajo del promedio regional; además, varios países de la región siguen avanzando propuestas de reforma tributaria, como es el caso de Chile y Colombia.

¿Qué se espera del sector minero en los próximos años?

En el MMM 2023-2026 se proyecta un crecimiento del sector minero para 2022 de 1.7% y se espera que este se acelere en 2023 alcanzando un valor de 7.2%, debido al inicio de la producción de Quellaveco en el último trimestre del año; la mejora del ritmo de producción de nuevas minas (Mina Justa y Ampliación de Toromocho – fase 2); y la normalización de las operaciones de grandes minas que estuvieron afectadas por conflictos sociales. Cabe destacar que el cobre será el principal determinante del crecimiento del sector en 2022 y 2023.


Por el lado de la inversión, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), a junio del presente año se alcanzó un monto de US$ 2342 millones, 10.9% más de lo invertido en similar período el 2021. A pesar de este crecimiento acumulado observado, en el MMM 2023-2026 se proyecta que la inversión privada del sector, en 2022, disminuirá en 2.1%; y, en 2023, caerá en 2.4%. Ambos hechos se explicarían por la finalización de las obras de Quellaveco en el primer semestre de 2022.

Esta caída en la inversión podría ser atenuada por la entrada en construcción de nuevos proyectos en lo que queda del 2022 y el 2023, como es el caso de San Gabriel (US$ 422 millones), Yanacocha Sulfuros (US$ 2250 millones), Chalcobamba Fase I (US$ 130 millones), Corani (US$ 579 millones), y Río Seco (US$ 410 millones).


Asimismo, se espera que la inversión minera crezca 2% en promedio en el periodo 2024-2026 por los proyectos que iniciarían la etapa de construcción en 2023 (Magistral y Río Seco, principalmente) y otros nuevos que deberán iniciar en los próximos años y que superan los US$ 10 mil millones. Entre los principales proyectos podemos mencionar Zafranal, Los Chancas, Trapiche y Michiquillay.

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Mexico

El municipio de Acacoyagua, Chiapas se declara “Libre de Minería”

05/09/2022 | Otros Mundos AC
Compartimos este comunicado del Frente Popular en Defensa del Sonocusco 20 de junio – A 5 de septiembre del 2022

El 03 de septiembre se celebró en Acacoyagua, Chiapas el “Foro por la Defensa de los Ríos y la Madre Tierra” con el objetivo de hacer pública la entrega del acta de sesión de cabildo abierto “Acacoyagua Libre de Minería” y visibilizar los riesgos a la salud, al medio ambiente, a la alimentación y a la paz que provocan los proyectos extractivos en la región.

La Regidora Rubí Antonio, en representación del presidente Municipal Ismael Díaz Bravo, expresó que la decisión se llevó a cabo en sesión de cabildo abierto, lo cual representa la firme decisión del H. Ayuntamiento de no otorgar ningún permiso municipal para la actividad minera. El acta fue entregada en presencia de representantes de ejidos, bienes comunales, barrios y de rancherías del municipio, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos de la región Costa de Chiapas. Es la tercera vez que el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) solicitamos y logramos incidir en que el Ayuntamiento declare su compromiso de no otorgar permiso de uso de suelo a las empresas mineras u otras alrededor de la minería.

La defensa de los ríos y arroyos de Madre Vieja, Cacaluta, Zapatero 1, Zapatero 2, Pital, Jalapa, Zampapalo, Río Grande, Cangrejo, Cintalapa, Jalapa, Cresta de Gallo y Chicol son el motivo principal de nuestra resistencia a los proyectos mineros y extractivos que amenazan al municipio de Acacoyagua; por lo que pronunciamos nuestra preocupación por el “Corredor Transístmico” proyectado en la parte de la región Costa de Chiapas para generar polos logísticos y de comercio que beneficiarían zonas industriales y para las cuales se planean proyectos energéticos, como el gasoducto Istmo-Escuintla, Guatemala, infraestructura para carreteras y tren, explotación de bienes naturales para materia prima;así como explotación de mano de obra. Nos preocupa que al llegar estos proyectos a nuestra región la militarización se acentúe y se vuelvan más violentos nuestros territorios.

En está ocasión fue para nosotras y nosotros muy grato recibir la presencia de Juan Pérez y Crescencia López, padre y madre de nuestro querido compañero de lucha “Simón Pedro”, asesinado en 2021; también de José Luis Abarca, hijo y representantes del Premio por la Defensa Ambiental “Mariano Abarca”. Agradecemos su participación y refrendamos nuestro compromiso por la paz, por los territorios libres de violencia, por la dignidad y la justicia.

¡Ríos y pueblos libres de proyectos extractivos!
¡Vida sí, mina no!
¡Acacoyagua, libre de minería!

Atentamente.
Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS)
Otros Mundos A.C.
Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA/ Chiapas

Organizaciones testigas de la “Declaratoria de Territorio Libre de Minería”
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova” A.C.
Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” A.C.
Las Abejas de Acteal
La Voz del Pueblo
“Premio por la Defensa Ambiental Mariano Abarca”

Brasil

Vale-BHP casi duplica su oferta en el acuerdo sobre la catástrofe minera

Mineriaenlinea 02/09/2022
Samarco y sus propietarios, Vale SA y BHP Group, acordaron casi duplicar su oferta de compensación por un desastre de residuos mineros de 2015 en Brasil, según personas con conocimiento del asunto que pidieron no ser nombradas porque las discusiones son privadas.

Las mineras elevaron la propuesta a más de 100,000 millones de reales (19,000 millones de dólares) después de que las autoridades brasileñas mostraran su decepción ante los 52,000 millones de reales (10,000 millones de dólares) ofrecidos. El nuevo valor se aproxima más a la acción civil pública de reparación de 155,000 millones de reales utilizada por los fiscales como referencia.

Las autoridades dijeron la semana pasada que las dos partes estaban aún lejos de un acuerdo definitivo, y que emprenderían las medidas necesarias para obtener una reparación si las empresas no llevaban a la mesa de negociación una oferta “mínimamente digna” para reparar el derrumbe que causó la muerte de hasta 19 personas y contaminó las vías fluviales de dos estados.

El aumento de la cuantía debería suponer provisiones adicionales para las empresas que ya desembolsaron 23,000 millones de reales a través de la Fundación Renova, creada para compensar y reparar los daños.

Las conversaciones para un acuerdo final multimillonario avanzaron desde la semana pasada, dijeron las personas, pero dependen de un acuerdo sobre el plazo de desembolso. En la negociación participan el gobierno federal, los estados de Mina Gerais y Espirito Santo, las autoridades judiciales, Samarco y sus dos empresas matrices.

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Joaquim Leite, dijo en una entrevista radiofónica esta semana que el acuerdo implicará la creación de un fondo que será gestionado por el banco de desarrollo brasileño BNDES con el propósito de crear una economía verde en la región afectada por el desastre, informó la Agencia Brasil.

Vale dijo que sigue comprometida con la reparación de los daños causados por el colapso de la presa y con el proceso de negociación.

Samarco también dijo que sigue abierta al diálogo para alcanzar un acuerdo que promueva la eficiencia en la reparación de los daños causados por la ruptura de la presa.
BHP dijo que las negociaciones están en curso.
Bloomberg

Vale-BHP casi duplica su oferta en el acuerdo sobre la catástrofe minera