Chile

Chile inicia debate de nueva Constitución en medio de nerviosismo por minería

16/02/2022
La Convención Constitucional de Chile inició formalmente este martes el debate del contenido de la nueva carta magna, que reemplazará la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, con algunos temas que han generado controversia en las últimas semanas.

La creación de un Congreso unicameral, la nacionalización de empresas mineras, la suspensión de los derechos de agua y de títulos empresariales sobre territorios indígenas son algunas de las polémicas propuestas que deberán discutir y buscar consenso en más de 20 plenos del organismo.

El órgano, dominado por independientes y partidarios de movimientos de izquierda, fue elegido el año pasado como resultado de un acuerdo nacional tras el violento estallido social desatado en octubre de 2019.

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, dijo este lunes a corresponsales extranjeros que temas propuestos en esa etapa “muy preliminar” se han informado erróneamente como verdades y propuestas definitivas del nuevo texto.

“Esa desinformación claramente repercute en el trabajo que estamos haciendo y puede contribuir a la pérdida de la confianza de las personas en el proceso”, argumentó.

Los temas refrendados en las comisiones tendrán que ser debatidos y el resultado final o sus modificaciones tienen que ser aprobados por los dos tercios de los integrantes, equivalente 103 votos.

“En este período vamos a ver lo que de verdad va a quedar en la propuesta de Constitución (…). Finalmente llegamos a los hechos reales, a las propuestas de normas que van a quedar”, agregó.

El texto final tendrá que ser aprobado o rechazado en un plebiscito obligatorio. En medio de las polémicas suscitadas, la más reciente encuesta privada Cadem mostró que la intención de votar “apruebo” a la nueva carta magna bajó del 56% al 47%.

Las propuestas de artículos que sean aprobadas inicialmente por el pleno pueden ser sometidas a indicaciones o ajustes para su posterior voto definitivo.

Según el acuerdo que le dio origen, la Convención tiene un plazo máximo de un año, hasta inicios de julio, para proponer el nuevo texto. El plebiscito de salida sería en septiembre.

Las protestas sociales mostraron un descontento con el modelo de libre mercado que impulsó el desarrollo de Chile en las últimas décadas pero que acentuó la desigualdad. El país es el mayor productor mundial de cobre.
Fuente: Reuters

Chile inicia debate de nueva Constitución en medio de nerviosismo por minería

Honduras

Cumplan la resolución de la Corte Suprema y liberen a los 8 de Guapinol

A Planeta se alegra de que 8 de las personas que conformaban la larga lista de presas y presos por el Planeta fueron declaradas inocentes y por tanto serán puestas en libertad. Se trata de los 8 de Guapinol, de Honduras. La Corte Suprema de Honduras decidió este pasado 11 de febrero sobreseer el caso de 8 de Guapinol, defensores del río del mismo nombre y de su ecosistema y comunidad, dejándoles en libertad. Estos han estado ilegalmente detenidos mas de 900 dias. Entre otras muchas organizaciones que se han alegrado por la decisión se encuentra la propia ONU y Amnistía Internacional.

La explotación minera se inició sin la consulta previa a las comunidades, obligatoria según la legislación hondureña. La comunidad inmersa en la movilización, intentó la última opción, el acampar en el terreno licitado a la empresa e impedir la entrada su maquinaria. La acampada duró 89 días que tras varios intentos de desalojo fue al final disuelta. El encarcelamiento de los 8 de Guapinol es parte de la gran represión desatada después.


Los procesados fueron apoyados fuera de la Corte por el Campamento Feminista Viva Berta, el mismo que en julio del año pasado siguió el juicio contra uno de los autores intelectuales del asesinato de la activista Berta Cáceres, David Castillo, consiguiendo que le declararan culpable. Ahora faltan que sigan escalando la autoría hasta llegar a la familia Atala Zablah. Sin duda, tanto el cambio de gobierno como la presión popular ha tenido influencia en este resultado.

Honduras es un país que ha estado a merced de la derecha, que se deshizo del gobierno legítimo en 2009, y que desde entonces ha impuesto proyectos de gran impacto para el medio ambiente y las comunidades, y pisoteados los derechos humanos más elementales. Este enero, Xiomara Castro fue investida como nueva presidenta de Honduras, con lo que se ponía fin a 22 años de gobiernos anti-democráticos.

A continuación incluimos el artículo publicado en Gara a la defensora de derechos humanos hondureña Dalila Argueta y Pedro Ibarra. Dalila Argueta es de Guapinol. Debido a la escalada de violencia y a amenazas de muerte contra ella se vio obligada a abandonar su país. Actualmente Dalila reside en Euskal Herria, en concreto en el proyecto Basoa, espacio solidario de Arratia. Esperamos que igual que para los 8 de Guapinol su situación también se encauce y pueda restablecer pronto su vida, y también que Inversiones los Pinares detenga su proyecto minero y restablezca la paz en ese lugar.
La justicia en Honduras


por Dalila Argueta y Pedro Ibarra

Un relato de represión judicial que ejemplifica como el poder judicial esta al servicio del poder político que, a su vez, actúa al servicio del poder económico. Un relato que ejemplifica lo que pasa en Honduras.

Guapinol es una comunidad del Departamento de Colón de la Zona Norte de Honduras que se enfrenta al gran amenaza de la empresa extractiva de hierro Inversiones los Pinares. Desde 2018 las comunidades se organizaron y manifestaron para defender sus fuentes de agua en manifestaciones pacíficas enfrentándose a la violencia y amenazas por parte de sicarios pagados por la empresa.

Entre el 2018 a 2021 las comunidades Guapinol y sector San Pedro llevan exigiendo la libertad de ocho compañeros, defensores de la lucha en contra de estas empresas. El poder judicial por orden del Estado de Honduras emitió órdenes de captura contra los habitantes de estas dos comunidades, de los cuales trece en 2018 se presentaron voluntariamente para someterse a la investigación de los falsos delitos que los causaban. Tras once días en audiencias se logro que se defendieran en libertad. Otros ocho compañeros se presentaron también en setiembre de 2019 sometiéndose al mismo proceso. A ellos se les priva de su libertad. Movimientos hondureños e instituciones internacionales exigen que se les libere. Demandas inútiles. Llevan más de dos años en prisión sin una sola prueba ni testimonio que justifique tal medida. Se trata sin más de un secuestro decidido e impuesto en ultima instancia por el Gobierno hondureño, por el Estado de Juan Orlando Hernández, hoy afortunadamente sustituido por un líder de izquierdas. Ahora están siendo juzgados y, probablemente, serán condenados.

Y por supuesto la empresa sigue en marcha. Esta situada a lado de río Guapinol y a cien metros de la comunidades: la planta de óxido de hierro es la mas grande de Mesoamérica. En estos días se escuchan los impactos de dinamita en la altura de las montañas. O sea daños a la estructura de los hogares, sin olvidar la contaminación, despojo, muerte, intimidación, y desintegración familiar.

Reproducimos ahora el texto de un activista de Guapinol: «El fuego del amor trae esperanza y cambio, este amor hecho fuego debe quemar todas las estructuras del crimen organizado que han secuestrado al Estado hondureño. Por ahora nos mantenemos alerta, preparando el siguiente paso en la ruta que hemos asumido, llamando a todos los sectores, movimientos y organizaciones a unir los sueños y la lucha. Somos los de abajo, los excluidos y maltratados, somos la verdad ante la farsa del gran capital. Nuevas órdenes de captura pueden venir, todas las que quieran, sin orgullo y sin prepotencia, con la dignidad y el honor de quienes han encontrado la razón de vivir sin ataduras, chocaran contra la dignidad y la pasión por la vida en nuestro territorio, en nuestra hábitat. Habrá justicia, todos los responsables de esta criminalidad sobre una zona protegida parque nacional, los ríos y las aguas, el ambiente y la justicia, tendrán que responder, todas y todos».

Un relato de represión judicial que ejemplifica como el poder judicial esta al servicio del poder político que, a su vez, actúa al servicio del poder económico. Un relato que ejemplifica lo que pasa en Honduras. Describe la dramática situación en la que vive el pueblo hondureño. Una sociedad en la cual la represión es dura y arbitraria; sin ninguna norma que la justifique. Brutal represión incluidos, por supuesto, los asesinatos, que constituye lo habitual, lo establecido. Represión y muerte, especialmente sobre aquellos que se movilizan y luchan contra el sistema político. Especialmente, pero no sólo, comunidades campesinas, que, como en el caso de este juicio/farsa, luchan contra el establecimiento de proyectos económicos que destruyen su forma y condiciones de vida. Proyectos económicos que no sólo imponen sus estrategias al poder políticos, sino que sus empresas están penetradas por los mismos líderes políticos.

El dramático modelo hondureño es el modelo dominante en Centroamérica y en muchos otros países latinoamericanos. Regímenes políticos autoritarios sin ningún control a la hora de ejercer la represión. Extremas desigualdades sociales. Crecientes sectores de la población en imposibles condiciones de vida. Y añadido a este escenario… otro poder autoritario. El de las multinacionales que imponen con la ayuda del poder político proyectos económicos que destruyen comunidades y medioambiente.

Hace unos meses Josep Borrell, el responsable de política exterior de la Unión Europea, denunciaba el abandono de la UE. Decía que no estaba presente, no actuaba en Latinoamérica. Así es. Aunque quizá debía haber añadido que algunas poderosas instituciones europeas –nos referimos a grandes empresas europeas– sí están en Latinoamérica agravando la miseria y la injusticia en muchos pueblos y comunidades.

El relato de esta dramática situación nos lo cuenta Dalila. Dalila, que esta ahora con nosotros, es una defensora de derechos humanos hondureña que ha tenido que abandonar –la represión no cesa– su país. Dalila participa y vive en Basoa, espacio solidario en Arratia. Ella nos dice lo que pasa en su tierra. Y ella nos pide a todos que hagamos lo que sea posible para acabar con el drama de su tierra.

Cumplan la resolución de la Corte Suprema y liberen a los 8 de Guapinol

Mexico

De costa a costa enfrentando a mineras

Manuel Pérez Rocha L. 14/02/2022
El llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a llegar a un acuerdo con la compañía minera estadunidense Legacy Vulcan pone en evidencia los problemas a que se enfrenta nuestro país firmando a diestra y siniestra tratados de libre comercio con sus capítulos de protección a las inversiones. Legacy Vulcan tiene demandado a México por unos 500 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y bajo las cláusulas del TLCAN. AMLO ha advertido que de no llegar a un acuerdo mediante el cual la minera desista de su demanda y reoriente sus actividades, la denunciará ante la Organización de Naciones Unidas por el daño ambiental que su subsidiaria, Calizas Industriales del Carmen (Calica), ya ha perpetrado en las inmediaciones de Playa del Carmen ( La Jornada, 2/2/22).

Legacy Vulcan –representada en México por el despacho de abogados Creel García-Cuéllar, Aíza y Enríquez– reclama pérdidas de ganancias esperadas (bajo la cláusula de expropiación indirecta) luego de que se le hayan negado permisos de explotación en los predios La Adelita y El Corchalito, dada la devastación ambiental que ya han tenido sus actividades extractivas (https://bit.ly/3sxRBY0). AMLO dijo estar «seguro de que los accionistas principales (de Legacy Vulcan) no saben de la tragedia de la destrucción de 500 hectáreas».

Laura Beristain Navarrete, primero como senadora y después como presidenta del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, fue quien junto a grupos ambientalistas, se opuso valientemente a que Calica realizara la explotación de esos dos predios (https://bit.ly/338q2f4) debido al gran daño que ya había causado por las detonaciones a cavernas, cenotes y en el corredor biológico sin que se pueda llegar a conocer con exactitud el impacto ambiental a ríos subterráneos. Para colmo de males, es probable que los materiales de buena parte de los kilómetros del muro fronterizo que llegó a construir Trump haya salido de esas minas pues él está «entre los socios capitalistas de Calica, que opera en la Riviera Maya desde 1986» (https://bit.ly/34M5Qjr).

El de Vulcan Legacy está lejos de ser un caso aislado. México es uno de los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales supranacionales y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe.

Esto es resultado del papel que México ha desempeñado como delantero central en la expansión del régimen neoliberal. Fue el primer país en ratificar el Tratado Transpacífico (TPP-11) en 2018, mediante el cual empresas mineras canadienses, estadunidenses y de otros países con domicilio en Canadá, podrán seguir demandando a México. El gobierno de Peña Nieto aceptó que se mantuviera el sistema de solución de disputas inversionista-Estado en el T-MEC entre Estados Unidos y México, en particular para el sector energético, y cerró la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (mediante un «acuerdo en principio») que incluye un capítulo de protección de inversiones. En 2018 México se convirtió en miembro pleno del Ciadi, algo que se había resistido durante décadas.

El peso de este sistema cuasi jurídico de protección a inversiones se hace sentir a todo lo largo y ancho del territorio nacional, desde el mar Caribe hasta el mar de Cortés. Por una cantidad seis veces mayor que la de Vulcan Legacy –3 mil millones de dólares– la también minera estadunidense Odyssey Marine Exploration Inc. tiene a México en el banquillo de los acusados en el Ciadi dado que la Semarnat le denegó un permiso ambiental impidiendo su Proyecto Don Diego, de minería en subsuelos marinos, en Baja California Sur. En un amicus curiae presentado en octubre pasado por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, cuyos medios de vida dependen del ecosistema marino, y el Center for International Environmental Law (CIEL) lo describe como «proyecto minero submarino que pretende dragar 91 mil hectáreas de fondo marino en el golfo de Ulloa en Baja California Sur, extrayendo 7 millones de toneladas de arena y roca de fosfato cada año por 50 años. Las operaciones de extracción submarina de fosfato tendrían graves impactos en el ecosistema marino y la biodiversidad de la región, con consecuencias para la salud y los medios de vida de las comunidades pesqueras. El fosfato se pretende usar para la producción de fertilizantes». Queda la pregunta: ¿qué empresas agroindustriales estarán detrás de este proyecto?

México cuenta con 29 tratados bilaterales de inversión (TBI) o acuerdos para la promoción recíproca de inversiones (APRI) vigentes, de los cuales, según análisis del Transnational Institute de Amsterdam (https://bit.ly/3rNTkZO), «21 podrían ser terminados debido a que pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y denunciar unilateralmente más de dos tercios de todos sus TBI». Y México cuenta con 11 tratados a acuerdos de libre comercio. Para salvar faunas y cenotes, subsuelos marinos, ríos, páramos y cuencas y ecosistemas enteros de la destrucción de empresas extractivas foráneas, es urgente una auditoría integral del sistema de protección de inversiones en México y denunciar los tratados que cobijan los abusos corporativos que AMLO tanto señala.
*Investigador del Institute for Policy Studies de Washington D.C. www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/016a1pol

Perú

Segunda comunidad peruana bloquea carretera usada por mina Las Bambas de china MMG


Reuters
12/02/2022
Foto de archivo. La gente de la comunidad de Pisaccasa se reúne durante una reunión sobre la actividad minera, que según los lugareños ha afectado negativamente el rendimiento de los cultivos y ha matado al ganado, en las afueras de Cusco, Perú, el 13 de octubre de 2021. Foto tomada el 13 de octubre de 2021. REUTERS/Angela Ponce
LIMA, 11 feb (Reuters) – Residentes del distrito peruano de Coporaque bloquearon el viernes una vía andina de transporte utilizada por la enorme mina de cobre Las Bambas de MMG, informaron el Observatorio de Conflictos Mineros sin fines de lucro y un medio local.

El bloqueo es la segunda interrupción de este tipo que afecta en este momento a Las Bambas, que ha dicho que suspenderá la producción el 20 de febrero si no se levanta un bloqueo anterior del distrito de Ccapacmarca.

La carretera de 400 kilómetros que utiliza Las Bambas, que produce el 2% del cobre mundial, es un foco de protestas.

Las comunidades de campesinos empobrecidos a lo largo de la carretera sin asfaltar a menudo han bloqueado la ruta para quejarse de que los camiones de la mina contaminan mientras que la minería no ha logrado mejorar su calidad de vida.

El nuevo primer ministro de Perú, Aníbal Torres, dijo el viernes que viajaría a Ccapacmarca el sábado para tratar de negociar una tregua para desbloquear la carretera, pero el nuevo bloqueo significa que levantarlo tendría poco impacto práctico hasta que Coporaque acceda a hacer lo mismo.

Reuters no pudo comunicarse con un representante de Coporaque para hacer comentarios. La organización no gubernamental Observatorio de Conflictos Mineros y el medio local Espinar Noticias dijeron que los residentes de Coporaque alegan que Las Bambas no respetó los acuerdos anteriores.

Un representante de Las Bambas de la china MMG no hizo comentarios de inmediato.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y la minería es una fuente clave de ingresos fiscales. Un bloqueo a finales del año pasado obligó a Las Bambas a suspender la producción durante varios días, lo que generó un gran problema para el gobierno de izquierda de Pedro Castillo.

Si bien el gobierno negoció una tregua, los actuales bloqueos han sido promovidos por dos comunidades que no formaban parte de esos acuerdos.

Las Bambas inició operaciones en 2016 y los residentes locales han bloqueado su vía de transporte durante más de 430 días desde entonces. El último bloqueo comenzó el 27 de enero.

(Reporte de Marcelo Rochabrun, editado por Marco Aquino)
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/02/12/segunda-comunidad-peruana-bloquea-carretera-usada-por-mina-las-bambas-de-china-mmg-ong-medio/

Ecuador

Masiva protesta contra la minería ilegal se realizó en Tena, Napo

10/02/2022
En la ciudad amazónica de Tena se realizó una masiva marcha a favor de la vida y en contra de la minería ilegal, legal y artesanal. Foto: Cortesía Coica
Redacción El Comercio (I)

Cientos de habitantes, organizaciones indígenas y colectivos a favor del ambiente protestaron en la ciudad de Tena contra la minería ilegal que se realiza en la provincia de Napo.

En una multitudinaria marcha efectuada el 9 de febrero de 2022 los manifestantes denunciaron que la contaminación de ríos y de la violencia que se vive en la zona carece de todo tipo de control. “¡Napo ama la vida, no a la minería!, coreaban las personas.

Dirigentes amazónicos aseguran que en las riberas del río de Yutzupino al menos 150 retroexcavadoras y cerca de 4 000 personas desarrollan actividades de minería ilegal.

Denuncias ciudadanas señalan la falta de atención de las autoridades. La violencia se ha instalado en la zona y no se permite el ingreso de policías ni militares, indican.
Una panorámica de la destrucción a causa de la minería en el sector de Yutzupino, en la provincia del Napo. Foto Cortesía Una panorámica de la destrucción a causa de la minería en el sector de Yutzupino, en la provincia del Napo. Foto Cortesía

“Yutzupino, Anzu, Arosemena Tola y la cabecera del río Tena, en la provincia de Napo, son los puntos donde decenas de maquinarias y cientos de personas trabajan en la minería ilegal. No hay controles, ni operativos para detener la devastación y contaminación ambiental”, sostuvo el periodista Javier Gallo en su cuenta de Twitter.

Los comuneros dicen que “hablar de la minería ilegal y de sus conexiones es más peligroso que hablar de narcotráfico”. Hay temor, destrucción y contaminación, sostienen.

Gregorio Mirabal, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), levantó su voz de protesta en la movilización “Napo sin minería”. “Ya es más de dos años que se están llevando a cabo procesos de minería ilegal en las parroquias de Arosemena Tola, Puerto Napo, Pano, Tena y el Talag, y las autoridades no han tomado acciones, ni han dado respuesta frente a este peligroso daño ambiental”.

Vídeos subidos en las redes sociales dan cuenta de una zona devastada en la que se trabaja por las noches.

A través de un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) enfatizó que la contaminación del agua y la destrucción de la naturaleza generan graves afectaciones en la Amazonía.

La organización consideró necesarios los procesos de consulta previa libre e informada sobre prácticas extractivas mineras, pues insistió que se hace caso omiso a las acciones de protección y más bien se afectan los recursos hídricos.

El usuario Emilio Cobo también se refirió al tema en su cuenta de Twitter: “Inaceptable depredación del río Jatunyaku, en la comunidad de Yutzupino. ¿Quiénes son los propietarios de esta maquinaria? Todo vehículo tiene matrícula, no hay excusas para sancionar esta barbarie”.

El periodista Paúl Romero, de Ecuavisa, aseveró en redes sociales que la minería ilegal causa devastación. “En Yutzupino, Napo, hay más de 70 excavadoras, grupos ilegales armados. No pueden ingresar policías ni militares, les sacan a palos. El Estado perdió soberanía. Es evidente el contubernio de políticos y autoridades. El nuevo Buenos Aires”, enfatizó.
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/masiva-protesta-mineria-ilegal-tena.html

Internacional

Luksic evalúa llevar a la justicia al gobierno de Biden por fallido proyecto minero

En 2016 Barack Obama dijo que no. En 2019 Donald Trump dijo que sí. Y hace tres semanas, la administración demócrata dijo que no de nuevo. Un proyecto minero en un parque nacional con una férrea oposición de ambientalistas tiene complicada la inversión de US$ 1.700 millones de Antofagasta Minerals en el país del norte.
Por: Nicolás Durante – Ilustración: Ignacio Schiefelbein 12/02/2022

En octubre de 2021 asumieron que el asunto venía complejo. El gobierno de Joe Biden propuso entonces congelar por 20 años la actividad minera aledaña a la reserva natural y parque nacional Boundary Waters, ubicado al norte del país, en Minnesota. Pero no pensaron que tres meses después el panorama iba a empeorar.

“Después de una cuidadosa revisión legal, descubrimos que los contratos de arrendamiento se renovaron incorrectamente en violación a los estatutos y reglamentos aplicables, y estamos tomando medidas para cancelarlos”.

Ese fue el mensaje con el que la Secretaria del Departamento de Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, anunció el 26 de enero de este año que cancelaba dos permisos mineros a Twin Metals Minnesota, la mina de cobre, cobalto, paladio, níquel y platino que Antofagasta Minerals, controlada por la familia Luksic, lleva más de 10 años tratando de construir.

El conflicto es de larga data en el país del norte, y ha cruzado diversas acusaciones, lo que ha llevado a la firma a demandar al gobierno de Barack Obama; celebrar una decisión favorable que les dio el gobierno de Donald Trump, y estar en pleno análisis para una nueva arremetida en tribunales, ahora contra la administración de Joe Biden.

Esta es la historia.

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Es uno de los parques naturales más famosos de Estados Unidos. El Boundary Waters recibe 160 mil visitantes al año de todo el mundo, genera más de US$ 900 millones en actividad económica y mantiene con empleo a unas 17 mil personas.

En los alrededores de dicho parque es donde existen desde los años ‘60 pertenencias mineras identificadas de metales que ahora son propiedad de una filial de Antofagasta Minerals, la misma que en Chile opera minas como Los Pelambres y que cotiza en la Bolsa de Londres. Hoy, con la crisis climática y el fervor por minerales como cobre, cobalto y níquel, para producción de energía y de dispositivos eléctricos, la inversión en EE.UU vuelve a tomar impulso.

En 2010 Luksic entró con un porcentaje de la propiedad al proyecto que ya tenía los permisos para operar, y en 2015 dobló la apuesta y se hizo con el 100% de la firma, hoy bautizada como Twin Metals. En total, entre adquisiciones y estudios de exploración y aportes a la comunidad, ya han invertido US$ 450 millones. El plan es desembolsar US$ 1.700 millones incluyendo la construcción de la mina.

El desembolso de dinero y tiempo no es en vano. Están sobre una mina de oro, casi literalmente. El Complejo de Duluth, que es donde estará el proyecto minero de Antofagasta Minerals, contiene el 95% de las reservas de níquel de todo Estados Unidos, el 88% del cobalto, el 34% del cobre, el 51% del platino y el 48% del paladio.

Como ellos mismos dicen, 11 gobiernos de distintos signos políticos han permitido que Twin Metals exista. Eso hasta la segunda administración de Obama. Poco antes de dejar la Casa Blanca, en diciembre de 2016, la administración suspendió dos licencias para explotar minerales cercanos al Boundary Waters para conservar, dijeron, las prístinas aguas del parque nacional.

Sin embargo, apenas Donald Trump llegó a Washington, el proyecto vivió un nuevo aire, y la demanda contra el gobierno se desvaneció.

Sendas investigaciones de medios como The New York Times o The Washington Post, han tratado de linkear la relación de una de las empresas inmobiliarias de Luksic con Ivanka Trump y el expedito avance que tuvo el proyecto minero. Sin embargo, tanto Antofagasta Minerals, como Twin Metals y el propio Luksic a través de Twitter, han salido a desmentirlo una y otra vez.

El informe jurídico

La decisión del Departamento de Interior de Estados Unidos se basó en un informe jurídico del fiscal del organismo, emitido un día antes. En 16 páginas se establecen una serie de irregularidades identificadas en el proceso desde 2017, cuando la era Trump dio el vamos al proyecto y le renovó los permisos ya revocados, lo que permitió que en 2019 la empresa pudiera iniciar la serie de procesos de permisos ambientales, legales y administrativos con el gobierno federal y oficinas locales.

La nueva opinión legal de la Oficina del Procurador del Departamento de Interior, del pasado 25 de enero, “encontró deficiencias legales significativas en las circunstancias que rodearon la renovación de 2019, que incluyen: los formularios de renovación del contrato de arrendamiento contravenían las regulaciones del Departamento; el Departamento no reconoció debidamente la autoridad del Servicio Forestal de los Estados Unidos; y el análisis ambiental inadecuado no incluyó una alternativa de no renovación”, explica un comunicado de la secretaría.

Consultados en el Departamento de Interior de EE.UU. sobre si iniciarán acciones legales contra la empresa, solo se remitieron a lo dicho en el comunicado de prensa. Sin embargo, conocedores del caso indican que los antecedentes podrían ser enviados a la Fiscalía para que estudie los eventuales pasos a seguir.

Cuando ese documento y un nuevo rechazo vio la luz, Twin Metals lanzó una dura respuesta.

“El cambio de posición del gobierno federal sobre los arrendamientos de minerales que Twin Metals Minnesota y sus compañías predecesoras han tenido durante más de 50 años es decepcionante, pero no sorprende dada la serie de acciones que ha tomado la administración para tratar de cerrar la puerta al cobre y la minería de níquel en el noreste de Minnesota. Cuestionaremos este intento de detener nuestro proyecto y defenderemos nuestros derechos minerales existentes válidos. Esperamos prevalecer”, dijeron.

Las opciones, cuentan conocedores, van desde apelar a la decisión del Departamento de Interior, hasta demandar directamente al gobierno por interferir en su negocio ilegalmente. Cambiar el proyecto y rehacerlo sin las dos licencias que le fueron denegadas, también es una opción, pero por el costo y tiempo nuevo que significaría ello, se ve como una alternativa más lejana.

En el mismo comunicado ahondaron en lo que creen son las verdaderas razones tras este rechazo. “Esto no se trata de la ley; se trata de una acción política destinada a detener el proyecto Twin Metals sin realizar la revisión ambiental prevista en la ley”.

“Nuestra propuesta, presentada hace más de dos años a agencias estatales y federales, fue la culminación de más de una década de trabajo de ingeniería, hidrogeología, ambiental y de compromiso que maximiza la protección ambiental. Estamos seguros de que una revisión ambiental completa indicará que la ciencia detrás de esta mina moderna demostrará que podemos avanzar en este proyecto de manera segura bajo los más altos estándares”, apuntaron.

Consultados por DF MAS, desde Twin Metals recalcaron que “todos los procesos de renovación y de solicitud de permisos correspondientes han sido realizados en cumplimiento de todas las normas y leyes de los EE.UU.”, y explicaron que están evaluando los pasos a seguir con el futuro del proyecto o si, por ejemplo, demandarán una indemnización al gobierno de Biden.

Becky Rom, presidenta de Save the Boundary Waters.
Comunidad en pie de guerra

Los principales argumentos que la minera ha dado a los vecinos al parque son que no habrá actividad minera a tajo abierto, que todo será subterráneo; que los relaves no generan ácido y no representan ningún peligro para el agua, las plantas ni la vida animal. Y que no habrá riesgo de fallas en estanques o represas.

Pero nada de eso los convence. El principal grupo ambiental que se ha opuesto por más de una década al proyecto es Save the Boundary Waters.

La presidenta del organismo, Becky Rom, una abogada retirada, cuyo padre fue propietario por más de 30 años de negocios de turismo aventura al interior de la reserva, explica que “permitir una mina gigantesca y tóxica de cobre sería una receta para el desastre. Las acciones de la administración de Biden son un bienvenido regreso al Estado de Derecho y son consistentes con más de cien años de acción federal para proteger este lugar especial”.

Apunta que el principal argumento en contra de esta mina es que una mina de sulfuro de cobre junto a Boundary Waters inevitablemente contaminaría este lugar, ensuciando el agua prístina, destruyendo el ecosistema y dañando la economía local. De acuerdo a la ambientalista, la extracción de mineral de sulfuro es, según la Agencia de Protección Ambiental, la industria número uno emisora de contaminación tóxica.

Además, afirma que Antofagasta Minerals no se ha reunido con ellos. “No han hecho nada para reducir la oposición. La oposición se basa en la ubicación propuesta en el lugar natural más visitado de Estados Unidos. No hay nada que Antofagasta pueda hacer para que una mina de sulfuro de cobre en este lugar sea aceptable para la mayoría de los habitantes de Minnesota y los estadounidenses”, dispara.

La firma dice otra cosa. Desde 2010, han entregado más de US$ 550 mil en apoyo financiero a una variedad de organizaciones de la comunidad tales como educacionales, una orquesta y la organización Amigos de los Árboles de Ely, uno de los pueblos del lugar.

Además, hizo una campaña con la comunidad para que firmaran la petición de rechazar los 20 años de freno que propuso el gobierno de Biden en octubre pasado.

El título de la campaña era algo así como “Haga que su voz se escuche de nuevo: defienda la minería en Minnesota”. Dentro de los argumentos que entregaban para firmar estaba que si se promulga la propuesta de retiro, “el Estado perderá el potencial de miles de empleos mineros, miles de millones de dólares en ingresos para el sistema educativo de Minnesota y miles de millones en inversión económica en la región”.

Pero también apuntó al espíritu de EE.UU. “El retiro propuesto también cerrará la fuente nacional de minerales en bruto necesarios para combatir la crisis climática. Minerales para los que EEUU actualmente depende de fuentes extranjeras, incluidos Rusia y China”.

Todo está por verse.
https://dfmas.df.cl/df-mas/por-dentro/el-rechazo-al-proyecto-minero-de-luksic-en-ee-uu-que-podria-llevar-al

Perú

Cusco: Bloqueo del corredor minero cumple 17 días, ¿qué hace falta para solucionar el conflicto con Las Bambas?

Los pobladores del distrito de Ccapacmarca no dan su brazo a torcer y aseguran que solo una comitiva de alto nivel de la Presidencia de Consejo de Ministros, podría poner fin a sus protestas.
11 de febrero del 2022
11/02/2022
Redacción RPP
Protesta en Ccapacmarca
Pobladores de Ccapacmarca llegaron a Cusco para realizar un marcha exigiendo a las autoridades que atiendan sus demandas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Las comunidades del distrito de Ccapacmarca, en provincia cusqueña de Chumbivilcas, no dan su brazo a torcer, ya son 17 días desde que bloquearon el corredor minero del sur y anuncian que no depondrán la medida hasta que el gobierno nacional designe una comisión de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros, que llegue a la zona de conflicto.

César Pastor, presidente del Comité de Lucha de las comunidades campesinas, informó a RPP que la comitiva solicitada debe estar conformada por autoridades que tengan poder de decisión, para solucionar su plataforma de lucha que contiene 3 puntos.
Bloqueo del corredor minero en Cusco
El bloqueo del corredor minero del sur continúa bloqueado, ya son 17 los días que los vehículos de la empresa minera MMG Las Bambas no transitan por la zona. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía
¿Qué piden las comunidades?

Las comunidades de Sayhua, Huascabamba, Tahuay y Ccapacmarca, ubicadas en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, presentaron una plataforma de lucha en la que piden la anulación de la resolución ministerial 2018-MTC que contempla la recategorización de la vía comunal en nacional.

Además, exigen ser declarados como zona de influencia directa de la empresa minera MMG Las Bambas y finalmente solicitan no criminalizar las protestas.

Estos temas fueron alcanzados a la expremier, Mirtha Vásquez, durante su visita a la zona el pasado 17 de enero. Después de este encuentro no se volvió a dar otra reunión debido al cambio de ministros.
bloqueo del corredor minero
Comuneros de Ccapacmarca protestaron en las sedes de las instituciones públicas en la ciudad del Cusco. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jonathan Carlos
Se debe priorizar el ZAE

Para el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, la solución está en priorizar la implementación de la denominada Zona de Atención Especial (ZAE), el cual fue publicado e incluye a comunidades de la provincia de Chumbivilcas.

Según la autoridad regional, todas las comunidades de la región Apurímac y Cusco deberían formar parte de la ZAE y ese debería ser el pedido en común con el cual se solucionarían todos los conflictos sociales en el corredor minero del sur.

“Hemos pedido a los dirigentes de Ccapacmarca que suspendan su medida hasta el 17 o 20 de febrero porque aún el nuevo gabinete no ha recibido el voto de confianza, pero no lo aceptan e insisten con bloquear la vía”, señaló Benavente.
Continuarán las protestas

César Pastor, presidente del Comité de Lucha de las comunidades campesinas del distrito de Ccapacmarca, confirmó que el bloqueo del corredor minero continuará y que esta ahora estará acompañada de movilizaciones pacíficas en la capital de región, Cusco.

El dirigente aseguró que enviaron un nuevo documento a la PCM para retomar el diálogo, pero hasta el momento no son atendidos “queremos que atiendan nuestras demandas, las que ya conocen, no queremos que nos propongan otras”, señaló.
https://rpp.pe/peru/cusco/cusco-bloqueo-del-corredor-minero-cumple-17-dias-que-hace-falta-para-solucionar-el-conflicto-con-las-bambas-noticia-1386211

Argentina

«Si contamina, mata y empobrece: no es progreso, es saqueo»

El colectivo Plataforma Socioambiental, integrado por campesinos y asambleas, cuestiona la profundización del modelo extractivo y sus impactos en territorios y cuerpos. Denuncian que el Gobierno haya dejado de lado la Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra para pequeños productores.
«Sequías, incendios, ola histórica de calor, trigo transgénico, mega granjas porcinas, petroleras en el mar, pandemia. Parece el guion de una película apocalíptica pero no lo es. Lamentablemente es la radiografía de la Argentina de 2022», así comienza el documento del colectivo Plataforma Socioambiental, integrado por pequeños productores, indígenas, asambleas socioambientales y ONG que, desde una mirada integral del ambiente, cuestionan que se sigan priorizando actividades que arrasan territorios y poblaciones.

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Coordinadora por un Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST), la Asamblea Tandil Sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos y el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, entre otras, conformaron la Plataforma Socioambiental en agosto de 2021 con la premisa de «resistir al mal-desarrollo y construir la justicia social y ambiental».

Su primera actividad fue un «panazo» en Plaza de Mayo, contra el trigo transgénico de la empresa Bioceres-Indear (donde confluyen empresarios como Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel). Al inicio del 2022 emitieron un comunicado titulado «Basta de Ecocidio» que puntualiza los ejes de la crisis climática y los impactos sociales que acarrea. «Las comunidades y trabajadores de la tierra de muchas provincias reclaman porque se mueren sus animales y no pueden seguir produciendo debido a la falta de agua en un contexto de sequías alarmante», explican.

Puntualizan la seguidilla de incendios en la Patagonia, Litoral, Buenos Aires, San Luis y Salta, entre otros lugares. Recuerdan que, desde 2019, se declaró en la Argentina la «emergencia climática y ecológica», pero cuestionan que «son muy pocas» las medidas que se tomaron en materia ambiental para evitar o reducir estos desastres socioambientales. «El agronegocio, las petroleras, la deforestación, las mineras, el fracking, el negocio inmobiliario, son algunas de las caras más destructoras y contaminantes del modelo extractivista que prioriza las ganancias por sobre la vida humana, la naturaleza y los bienes comunes», denuncian.

Jeremías Chauque es mapuche y es integrante de la experiencia agroecológica Desvío a la Raíz, en la localidad de Desvío Arijón (Santa Fe). «En nuestro linaje antiguo está marcado a fuego la circularidad, la semilla vuelve a nacer y nada es casual. Y así llega el tiempo donde es necesario dejar en claro qué urgencias y prioridades estamos labrando y poniendo en agenda los pueblos. La producción debe ser sinónimo de sociedad, de ambiente, de cultura. Tenemos claro que si una actividad contamina, mata y empobrece: no es progreso, es saqueo», afirma.

El llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional confirmó que se tratará el proyecto de ley impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino (sector que nuclea a todas las grandes empresas del agronegocio) y se dejó afuera los proyectos de Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra para los pequeños productores, impulsada por la UTT desde hace años. «Queda en evidencia que la agenda del Gobierno tiene más que ver más con extractivismo, con los grupos concentrados, que en dar respuesta a nuestro sector. Seguramente tiene que ver con el acuerdo con el FMI y deja en evidencia que nunca le interesó el proyecto de Acceso a la Tierra para los que producimos alimentos para el pueblo», cuestionó Agustín Suárez, de la UTT.

El comunicado de Plataforma Socioambiental recuerda que las y los vecinos se organizan para apagar los fuegos, para frenar la deforestación, para cuidar los mares y las montañas, para sembrar agroecología, para abastecerse de agua, pero también apunto al rol gubernamental: «La respuesta a un problema tan estructural no puede depender únicamente de la solidaridad y la autogestión de nuestros pueblos. Necesitamos políticas públicas de forma urgente para realmente combatir la crisis climática y las industrias saqueadoras que lo impulsan. Las emergencias ambientales no pueden quedar en una declaración de principios. Necesitamos políticas contundentes para hacerle frente a las consecuencias que el modelo extractivista nos deja».

Diciembre de 2021 dejó otra muestra de que la megaminería no tiene licencia social en Chubut. Al igual que Mendoza en 2019, las ciudades chubutenses salieron a la calle y lograron la derogación de la ley minera que había impulsado el gobernador Mariano Arcioni. A 1800 kilómetros de Rawson, en La Rioja, la población lleva catorce años en rechazo a la instalación de empresas mineras. En la actualidad se mantiene la movilización en el Departamento de Vinchina, al oeste provincial, con más de 90 permisos mineros y un yacimiento de la empresa Pathfinder al pie de las Sierras del Famatina que puede afectar al río Valle Hermoso, única cuenca hídrica que alimenta al pueblo.

María Pía Silva, asambleísta de La Rioja, precisa que existen más de 40 proyectos dentro de la reserva provincial Laguna Brava, Corona del Inca y otros sitios de alto valor biológico y arqueológico que conservan humedales andinos. «El glaciar El Potro, el más grande de nuestra cordillera riojana, está rodeado de proyectos mineros y a tan sólo dos kilómetros de allí pretende ponerse en marcha el mega yacimiento Josemaria –en San Juan–. Por eso, los vecinos y vecinas iniciaron un bloqueo selectivo a las empresas mineras que están explorando la cordillera riojana y ya están impactando las fuentes de agua. Las asambleas riojanas exigimos anulación de los permisos mineros», explicó Silva.

* Por Darío Aranda. Artículo publicado en el diario Página12 el 14 de febrero 2022.
** Foto: Matías Barutta. Agencia Tierra Viva.

Argentina

LAS «TIERRAS RARAS». EL EXTRACTIVISMO QUE VIENE…

09/02/2022
La avanzada minera con vistas a abastecer a tecnológicas y automotrices no se agota en el litio. La presencia de elementos y materiales que demandan europeos y estadounidenses desvela a organizaciones de empresarios y entidades nacionales, que ya sueñan con nuevos yacimientos. Genocidio y contaminación, en el ADN de estos minerales.
Por Patricio Eleisegui Fuente: Sudestada
Que la explotación de litio es una obsesión para tecnológicas, automotrices y proyectos políticos como el anterior y el actual es algo que a esta altura ya no se discute. Una muestra cercana de este interés está en la decisión oficial de una ley de “movilidad sustentable” que, prevista para ser tratada en las inminentes sesiones extraordinarias, no es más que una excusa de la cartera de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas para consolidar la minería en los salares de la Puna.
Pero la voracidad extractivista lejos está de agotarse en el litio que hoy se explota en el norte. Hay otros anhelos que crecen. Alentados por un aparato doméstico minero, técnico y dirigencial que no deja de esforzarse por vender a la Argentina como un territorio clave para la bonanza económica del capital trasnacional.

Es a partir de esa perspectiva que en el seno de la actividad minera comenzó a profundizarse, mayormente en la última década, la búsqueda local de aquellos elementos que enceguecen sobre todo a los fabricantes de vehículos “verdes” y la electrónica en general. Lo preocupante es que estos materiales yacen en el subsuelo argentino. Y arrecia la decisión de generar negocios en torno a su extracción en el corto plazo.

Uno de estos minerales es el coltán, protagonista de una historia de sangre y fuego en latitudes como África. Este mineral fue el principal argumento detrás del genocidio que inició en la República del Congo –territorio que concentra el 80 por ciento de las reservas mundiales del material– a partir de 1998.

La pugna por el control del coltán –material compuesto por columbita y tantalita o tantalio– dio pie a una contienda que se extendió por 5 años, enfrentó a fuerzas armadas de 9 naciones y provocó 5 millones de muertes.

A fines de los 90, sendas investigaciones periodísticas efectuadas en Europa expusieron que gigantes de la industria tecnológica como Apple, Intel y Nokia, entre otras, alentaron el cruce bélico para, justamente, garantizarse la provisión de este mineral de sangre.

¿Qué aplicación se le da al coltán? Se lo incluye en distintos componentes de la industria electrónica actual. Computadoras, celulares, televisores de pantalla plana, cámaras digitales y videojuegos, son algunos de los tantos ejemplos de dispositivos que contienen apenas unos gramos de este mineral color azul verdoso.

Pero no sólo eso. Su uso se extiende a la aeronáutica y hasta al desarrollo de centrales atómicas. Es insumo de la fabricación de capacitores dado que es un efectivo conductor de electricidad –se estima que hasta 80 veces más veloz que el cobre–. En el mercado internacional el kilo de coltán promedia los 360 dólares.

En las últimas dos décadas, la necesidad por hacerse con el mineral abrió la búsqueda más allá del continente africano. Las empresas comenzaron a efectuar múltiples monitores alrededor del mundo. Australia, Tailandia, Brasil, Canadá, Egipto, Sudáfrica, Nigeria y Malasia fueron parte de la investigación, que arrojó -en mayor o menor medida- resultados positivos. A ese grupo se sumaron, luego, Colombia y Venezuela.

Aquí, el interés por diseñar planes para la futura explotación del coltán comenzó a tomar cuerpo en abril de 2012. Ya en aquel entonces, y ante una indagación periodística que inicié con vistas a profundizar en el tema, desde el seno de GEMERA, cámara que integra a las mineras que realizan tareas de exploración, un alto directivo no escatimó detalles y, en simultáneo a reconocer el sector discutía propuestas de cara a las próximas décadas, afirmó que el Estado sabe de la existencia de reservas locales del metal desde los años 70.

“El coltán se forma en macizos de base granítica. Argentina y Brasil presentan ese tipo de formaciones”, me comentó la fuente, que también señaló que el SEGEMAR –Servicio Geológico Minero Argentino– constató la presencia del mineral en distintas zonas de las provincias de Córdoba, San Luis y Salta.
“Se hizo una evaluación de toda la zona pampeana. También hay indicios en Catamarca y La Rioja. En su momento, el coltán estuvo presente en los viejos programas de exploración iniciados por Fabricaciones Militares. De hecho, en los años 70 ya se evaluaba cómo extraerlo. Con el paso del tiempo y los sucesivos cambios de gobierno ese interés se fue diluyendo”, sostuvo el directivo.

En Córdoba en particular, sendos reservorios de coltán fueron detectados en el valle de Calamuchita y el área correspondiente a las Sierras de los Comechingones.
“En Córdoba se sabe que existe. Pero como el coltán está en basamentos de rocas de entre 200 y 600 millones de años, también es muy probable que esté presente en zonas del norte de Cuyo, por ejemplo. Y también en algunos puntos de Santiago del Estero y en elevaciones y macizos de Tucumán”, me reconocieron desde muy cerca del SEGEMAR.

Entre los mineros hay coincidencias en que las empresas del rubro suelen ocultar este tipo de hallazgos. Y que probablemente ya se esté dando una exportación sin declarar en la Aduana, lo cual debe asumirse como un auténtico caso de contrabando de minerales.

El otro material que excita al empresariado extractivista comprende, en realidad, un abanico de varios elementos: son las llamadas “tierras raras”, una combinación de materiales como lantano, lutecio, escandio, itrio, cerio y neodimio, entre otros, que sólo se encuentran presentes en, también, determinados macizos graníticos.
Al igual que con el coltán, son demandadas por las automotrices que promueven vehículos híbridos, las empresas de celulares y los dueños del negocio de la fibra óptica. El monopolio de este conjunto de elementos es potestad de China, que controla el 90 por ciento de la provisión mundial. La potencia asiática tomó el control del mercado de las “tierras raras” a fines de los años 90 cuando, por política de gestión ambiental, Estados Unidos cerro su mina californiana de Mountain Pass.

Desde entonces, el bloque europeo y los países de relevancia en cuanto a producción tecnológica como Japón, Corea y, por supuesto, Estados Unidos, dependen de la producción china, que a nivel anual promedia las 120.000 toneladas extraídas. El valor de mercado de las “tierras raras” oscila según el material: va de los 52 a los 3.400 dólares el kilo. Ante estos números y frente a la perspectiva en términos de demanda, los popes de la minería argentina no dejan de relamerse.

Ocurre que las compañías exploradoras de GEMERA han dado con “tierras raras” en provincias como San Luis, Córdoba, Jujuy, Catamarca o Santiago del Estero. De hecho, ya existen pedidos de permisos de exploración solicitados por compañías de Canadá y Australia.

Documentos de marzo del año pasado impulsados por el Gobierno de Catamarca con respaldo de Nación mencionan a proyectos como Vil Achay, enclavado en el flanco suroriental de la sierra de Fiambalá y hoy enfocado a la extracción de estaño, como uno de los espacios en los que se ha certificado la presencia de estos elementos.

En 2005, investigadores del CONICET verificaron la presencia de estos compuestos en cercanías a la localidad de Jasimampa, en Santiago del Estero. El área ya había sido monitoreada en la década del ’70, pero en ese momento la actividad estuvo acotada a la búsqueda de reservorios de manganeso.

“En el norte de San Luis hace un buen tiempo que se viene trabajando en la detección de ‘tierras raras’. En este momento estamos definiendo las áreas con más potencial para comenzar a promocionar la inversión privada. La idea es poner en valor esas reservas cuanto antes de manera que la provincia pueda salir a buscar oportunidades en el exterior”, me informó un directivo de SEGEMAR hace menos de dos años.

“Las reservas locales tienen la misma calidad que ofrece China o África. Lo relevante para la economía será poder cumplir con las cantidades de ‘tierras raras’ o coltán que demanden los países europeos que hacen nuevas tecnologías”, añadió, sin disimular entusiasmo.

Por supuesto que no hubo mención del desastre ambiental que provoca la extracción de ese conjunto de elementos. Justamente en China, la explotación de “tierras raras” se caracteriza por demandar millones de litros de agua, generar gases con peligrosas concentraciones de azufre y distintos ácidos y, también, originar desechos radiactivos.

En zonas como Baotou, Mongolia Interior, la extracción de estos materiales contaminó suelos y agua de manera irreversible, además de provocar una auténtica epidemia de cáncer en los pueblos cercanos a los yacimientos.

Por las características de estos elementos, la labor en las minas es llevada a cabo mediante métodos prácticamente artesanales. A raíz de estas tareas, es común que los operarios de los yacimientos resulten afectados por enfermedades graves dada la interacción permanente con químicos tóxicos y el ambiente contaminado.

De activarse este tipo de explotaciones –tal como pretende el sector privado y los actores públicos alineados con la economía extractivista–, la catástrofe es la perspectiva que abrirá otra explotación minera signada por el desastre humano y ecosistémico. Apuesta que, como viene ocurriendo en estas últimas décadas de dirigencia argentina, se cocina a fuego lento.

A espaldas de una sociedad que hoy ya no sabe cómo hacer pie en pleno colapso de los hábitats. Y con ínfulas indisimuladas de potencial financiamiento fresco para nuevas políticas retrógradas (al menos) en términos ambientales.

Las “tierras raras”. El extractivismo que viene…

 

Argentina

CONTINUIDADES MACRI-FERNÁNDEZ: LAS INVERSIONES MINERAS DE CHINA EN ARGENTINA

10/02/2022
¿Qué hay de nuevo viejo? Al parecer, la pregunta que Bugs Bunny le hace a su «cazador» resulta una analogía para pensar las continuidades entre los gobiernos del PRO y del FdT.

EL PROYECTO RELACIONADO CON LA MINERÍA QUE CHINA FINANCIARÁ EN ARGENTINA
La inversión de 23.700 millones de dólares es la cifra total que abarca los diversos memorándums de entendimiento entre ministerios de China y Argentina y el resultado de las reuniones que los gobernadores que integran la comitiva presidencial -Arabela Carreras, de Río Negro; Axel Kicillof, de Buenos Aires y Raúl Jalil, de Catamarca- mantuvieron con distintas empresas chinas. en Argentina se realizará en dos tramos, uno ya aprobado por 14 mil millones de dólares bajo el mecanismo del DECCE (Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica). Y un segundo paquete por 9.700 millones de dólares, aproximadamente, que la Argentina presentará en el Grup Ad Hoc creado entre ambos países para iniciar el trabajo tras la adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda. El acuerdo se presentó como un enorme logro del gobierno en un contexto crítico para el país por los vencimientos de intereses de la deuda fraudulenta contraída por ex mandatario Mauricio Macri.

«Argentina necesita de dólares, así que todo lo que llegue en forma de dólares ayuda al acuerdo con el Fondo, y ayuda a la situación económica argentina, cuyo principal problema es la escasez de dólares”, dijo Hernán Letcher, director del centro de estudios de política económica CEPA. “Es su forma [de China] de ayudar a Argentina en el marco del acuerdo con el Fondo, no le da un préstamo para reemplazar al FMI, pero ayuda con el acceso a los dólares”.

El acuerdo incluye la creación de un centro de investigación minera. Este es uno de los proyectos que suscribieron los presidentes de Argentina y China, Alberto Fernández y Xi Jinping. El centro chino-argentino de investigación en geociencias fomentará la investigación conjunta de los servicios geológicos de ambos países para aumentar el conocimiento sobre los recursos naturales de Argentina, especialmente en las provincias ricas en litio de Catamarca, Jujuy y Salta. Sin embargo, no se revelaron las inversiones, la ubicación ni el calendario.

Debido a los esfuerzos de Argentina por convertirse en un actor clave del litio en la región, se esperaba que los anuncios de inversión relacionados con la electromovilidad y la producción de baterías de litio se incluyeran entre los acuerdos recientemente firmados, pero los funcionarios no dieron a conocer detalles.

El año pasado, inversionistas chinos iniciaron una competencia por los activos de litio, lo que arrojó un primer resultado la semana pasada cuando Zijin Mining completó la adquisición de la canadiense Neo Lithium en un acuerdo en efectivo valorado en CA$960 millones (US$755 millones) en la que se pretendía controlar el proyecto de litio en salmueras de US$370 millones Tres Quebradas (3Q).

En 2021, Zijin prometió invertir US$319 millones en el 3T, pero luego de una reunión reciente con funcionarios argentinos, elevó el monto a US$380 millones.

Además, los anuncios relacionados con posibles inversiones en el sector a corto plazo pueden provenir del BID, cuyos representantes se reunieron recientemente con la secretaria de Minería, Fernanda Ávila.

Hasta aquí, un compendio de las noticias de los últimos días tomadas de La Nación y BNAméricas tras la gira del Presidente argentino Alberto Fernández. Sin embargo, allá por 2017, en Diálogo Chino, y casi como un espejo, se leía un análisis como el que sigue:

CHINA PISA FUERTE EN EL SECTOR MINERO DE ARGENTINA. GOBIERNO ARGENTINO QUIERE INCENTIVAR LA EXPLORACIÓN MINERA
La presencia de China en el sector minero de Argentina dio un paso significativo con la reciente adquisición de Shandong Gold del 50% de la mina Veladero – criticada por sucesivos derrames – de la canadiense Barrick Gold. La compra llega en un momento de encrucijada para el sector en el país, impulsado desde el gobierno nacional pero sin licencia social de gran parte de la población.

Argentina es hoy el productor N° 13 mundial de oro, N° 20 de cobre y N° 10 de plata y exporta la mayor parte de su producción sin procesarla. Del total de las exportaciones mineras, el 96% se corresponde a la minería metalífera, compuesta por un 67,6% de oro, 13,8% de cobre, 12,8% de plata y el 5,8% de otros. La minería representa el 6,1% de las exportaciones argentinas.

Sin embargo, Argentina es todavía un país minero en potencia comparado con vecinos de la región con características similares. Es así que Chile exporta U$S 40.000 millones por año comparado con los U$S 3700 millones de Argentina. Con ese escenario en mente, el gobierno busca un fuerte crecimiento del sector, ofreciéndoles beneficios a los inversores interesados en Argentina.

El primer paso fue eliminar las retenciones a las exportaciones, argumentando que los impuestos al sector desincentivaban la llegada de inversores. El gobierno espera inversiones en el sector por US$ 20.000 millones y para ello evalúa también firmar un acuerdo federal minero con las provincias, dueñas del recurso y con una mirada heterogénea con respecto a la actividad.

“Hay una voluntad expresa de llevar adelante emprendimientos mineros incluso en provincias donde hay conflictividad social. Estamos muy preocupados. La minería sólo genera renta para las empresas extranjeras, no se crean más puestos de trabajo gracias a la actividad”, sostuvo a Diálogo Chino Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas.

Argentina se encuentra entre los países con más conflictos activos en relación a proyectos mineros, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Eso ha llevado a que leyes locales hayan prohibido la minería a cielo abierto en ocho provincias, frenando la expansión del sector deseada por el gobierno.

Al mismo tiempo, el gobierno está finalizando la publicación de los mapas que delimitan las zonas protegidas por la Ley de Glaciares, sancionada en 2011. Cuando ello ocurra, habrá proyectos mineros que deberán ser cancelados por su ubicación en zonas periglaciares, como es el caso de la mina Veladero en San Juan, Viale asegura.

“Las señales del gobierno apuntan a la desregulación del sector, dándole facilidades para promover la inversión. Las empresas se acostumbraron a actuar sin controles en Argentina y cambiar eso va a ser complejo. Se necesita un sistema regulatorio nuevo y otra actitud gubernamental”, sostuvo a Diálogo Chino Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El rol extranjero
La minería en Argentina tiene una fuerte participación de actores privados, en especial empresas internacionales de Australia, Canadá, Estados Unidos y China, con un creciente rol. Las minas son dominio del estado pero éste no puede disponer de ellas. Es por eso que las minas deben explotarse mediante concesiones mineras.

Varias firmas asiáticas están haciendo trabajos prospectivos para medir futuros negocios. China Metallurgical Corporation está haciendo prospección en Neuquén y Jinchuan está rastrillando el suelo de Catamarca, Jujuy y Salta para evaluar factibilidad de futuras inversiones. El gran atractivo es el litio, del cual Argentina tiene el 37% de las reservas mundiales junto a Chile y Bolivia.

“China está especialmente interesado en litio, cobre y oro. La estrategia que aplica es conseguir concesiones en forma directa o asociándose con empresas que ya están trabajando. China absorbe todos los minerales que pueda encontrar ya que los necesita para crecer”, afirmó a Diálogo Chino Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino China.

La minera canadiense Barrick Gold anunció recientemente el traspaso del 50% de la mina de oro y plata de Veladero a la empresa estatal china Shandong Gold. Con U$S 960 millones mejoró la oferta de su competidora, la también china Zijin Mining Group. Este fue el primer paso en un acuerdo que cooperación que vienen negociando desde abril de 2016.

La alianza con Shandong, nombrada por el gobierno chino como empresa amiga del ambiente, puede aportarle una lavada de cara a Barrick luego del reciente derrame en Veladero, el tercero en un año y medio. El más grave fue en 2015 cuando millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados cayó al río Potrerillos.

El Estado Nacional debe garantizar un ambiente sano y preservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo a la Constitución de Argentina. Es por eso que desde el estado se presentó una demanda ante la justicia por los sucesivos derrames. Mientras tanto, grupos ambientalistas piden por el cierre de Veladero ya que al tercer derrame una mina debe ser cerrada, de acuerdo al Código Minero.

“El rol de Barrick siempre ha sido lamentable en Argentina. Se ganó la mala fama en la que coinciden todos. Hasta el propio gobierno le soltó la mano con la demanda. Shandong se está comprando un problema al invertir en Veladero ya que el lugar donde está la mina está prohibido por la Ley de Glaciares”, sostuvo Viale.

Señales mixtas en América Latina
Mientras que Argentina busca impulsar la minería, América Latina presenta un panorama diverso, con países que comparten el entusiasmo por la actividad y otros que la han prohibido luego de sucesivos derrames. Sin embargo, el denominador común es la conflictividad social en los lugares donde se desarrollan emprendimientos.

El Salvador prohibió recientemente la minería metálica, volviendo ilegal la extracción, explotación, exploración y procesamiento a cielo abierto y subterráneo. El 90% de las aguas superficiales del país están contaminadas por lo que el gobierno tendrá una difícil tarea para restaurar las fuentes de agua en los próximos años.

Mientras tanto, Ecuador ha impulsado abiertamente la minería al considerar al sector estratégico para la economía del país luego de la caída del precio del petróleo. El presidente Rafael Correa sostuvo que el país “pasará a una nueva era minera” ya que Ecuador está “sentado en un saco de oro”. Sin embargo, los cinco principales proyectos mineros todavía no han dado sus frutos y el mandato de Correa está por terminar.

“Todos los países de la región se han percatado que la ciudadanía está preocupada por la minería. No podemos terminar con la industria ya que dependemos de ella pero tienen que cambiar las regulaciones. Las empresas mineras tienen que ser parte de la solución y aceptar que son vistas como parte del problema”, afirmó a Diálogo Chino René Mauricio Valdes, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sin dudas, no tan distintos. Las continuidades hablan por sí mismas.

Fuentes: La Nación, BNAMËRICAS, Diálogo Chino

Continuidades Macri-Fernández: las inversiones mineras de China en Argentina.