por El Mostrador 14/08/2021
Senadores, científicos, académicos, medioambientalistas y dirigentes locales presentarán un recurso de protección. Asimismo, piden declarar la zona como Área Marina Protegida y convocan a la ciudadanía a estar atenta a apoyar las acciones necesarias para impedir el proyecto portuario, «en uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad del planeta», dijo el senador Girardi.

Los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes y Rabindranath Quinteros, presidentes de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y de Pesca del Senado, junto a Adriana Muñoz, senadora de la Región de Coquimbo; Rubén Araya científico y decano de la U. de Antofagasta; Liesbeth van der Meer, presidenta de Oceana Chile; Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable; Nancy Duman y Óscar Avilez, representante de la Alianza de Humboldt, anunciaron –este sábado– que presentarán un recurso de protección contra el proyecto portuario de Dominga; pedirán que se declare esa zona como Área Marina Protegida; y llaman a la comunidad a estar atenta para impedir que se produzca este ecocidio.

El senador Girardi afirmó que «se está aprobando solo por amiguismo y en ninguna parte del mundo se permitiría que avanzara. Menos en el contexto que vive la humanidad hoy (IPCC-2021). Personalmente no cuestiono el proyecto minero, pero teniendo alternativas de usar puertos que existen (Huasco y Coquimbo), quieren construir otro junto a la Reserva de Pingüinos de Humboldt, solo para maximizar las ganancias del grupo Penta (principal accionista de la empresa), de la familia Délano, con del corredor bioceánico con Argentina a través del túnel Aguas Negras».

El parlamentario del PPD agregó que «el proyecto es ilegal porque nunca hicieron el Estudio de Impacto Ambiental sobre el ecosistema marino y se aprobó de manera fraudulenta, a pesar de la oposición de Conaf, cuyos argumentos no fueron considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que son los mismos por los que fue rechazado en 2017».

Y dijo que «la lamentable decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta –revivir el proyecto– pone en tela de juicio el rol que va a tener esa institución en el país. Pero mucho más grave es el tongo cometido por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo, donde hasta el seremi de Agricultura vota a favor, pese a que el informe de su ente técnico (Conaf) es contrario al proyecto, lo que da cuenta del lobby del Gobierno».

Girardi agregó que «entender la situación dramática de la comuna de La Higuera donde la empresa, aprovechando la cesantía existente, ofrece prebendas para ganar el apoyo de la comunidad».

Añadió que como senadores «nos vamos a aliar con las organizaciones ecologistas, sociales, de pescadores y la comunidad para impedir en forma conjunta este desastre ecológico. La próxima semana presentaremos un Recurso de Protección en Coquimbo y esperamos que la Corte Suprema restablezca el derecho a la justicia ambiental en este país».

Y concluyó apuntando a que «también vamos a solicitar que se establezca un Área Marina Protegida en toda la zona, donde hay dos de las reservas naturales más importantes del mundo».

Por su parte, la senadora por la Región de Coquimbo, Adriana Muñoz, valoró «el respaldo a la lucha que estamos dando hace mucho tiempo en la región. Yo me opongo a la instalación de una minera de esta envergadura en la región y el tema de los puertos es un debate aparte. No puede haber cuatro puertos en un sector tan pequeño de territorio».

«Ya hay un puerto concesionado (Coquimbo) que puede transformarse en el puerto central de la zona y no proliferar con proyectos para determinados intereses económicos. Hay que proteger esta zona maravillosa, la pesca artesanal y crear un área Marina Protegida –que ha sido planteado, pero no ha prosperado– debe ser asumido como prioridad por el nuevo gobierno», comentó.

Para la senadora Ximena Órdenes, «la resolución del COEVA de Coquimbo es una decisión arbitraria, tras una acción forzada para coordinar a las autoridades de esa institucionalidad y respaldar un proyecto que todas las evidencias científicas y técnicas dicen que no se puede aprobar».

En tanto, el senador Rabindranath Quinteros sostuvo que «es impresentable que quienes más ganancias obtienen sean los que menos importancia le dan al medioambiente. Como legisladores tenemos que utilizar nuestras atribuciones para evitar este abuso de un Presidente que vela por los intereses de sus amigos».
Ley de bases

El decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la U. de Antofagasta, Rubén Araya, llamó a asumir los argumentos técnicos, la evidencia científica y proteger la biodiversidad. «El emplazamiento de este proyecto generará impactos negativos. Esperamos que esta decisión se pueda revertir».

Liesbeth van der Meer, presidenta de Oceana Chile, en esa misma línea recordó que «este proyecto tuvo cinco oportunidades durante la evaluación ambiental para mejorarlo y ahora se le vuelve a dar más chances. Estamos hablando de un lugar que es un hotspot de biodiversidad reconocido por la ciencia y que, como tal, es incompatible con actividades de alto impacto, como son las dos minas a rajo abierto y el megapuerto. No se entiende que, tras más de ocho años desde que se inició la tramitación de este proyecto, aún se evalúe destruir el Archipiélago de Humboldt en vez de protegerlo».

Mientras que para Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, «estamos ante una insistencia –sin ningún cambio sustancial del proyecto– de parte de un grupo económico que encabeza (Carlos Alberto) Délano, cercano al Presidente, y que está acusado de presionar e influir en la política por medio de financiamiento ilegal. La empresa ha intervenido el territorio mediante prebendas, cooptando y manipulando la institucionalidad ambiental».

La titular de Chile Sustentable agregó que la prisa se debería «a que estamos al término de este Gobierno donde Délano tiene incidencia (…) y porque está pronta la aprobación de la Ley de Bases de Servicio de Evaluación Ambiental y Áreas Protegidas, donde este tipo de proyectos estarán absolutamente prohibidos en ese tipo de sectores».
Evaluar acciones

Óscar Avilez, presidente de la Asociación Gremial de los Pescadores de Caleta de Punta Choros, se refirió a las históricas amenazas que han recaído sobre la zona, desde la instalación de centrales termoeléctricas en 2010 hasta la minera Dominga. «Desde entonces hemos luchado de manera incansable para proteger nuestro territorio, y nuestras áreas de manejo de recursos bentónicos son las más productivas del norte de Chile. Nosotros nos vamos a oponer hasta las últimas consecuencias», sentenció

Para Nancy Duman, representante de la Alianza Humboldt, «los impactos del proyecto serán irreversibles en la bahía y en el acuífero milenario de la Quebrada de los Choros, sobre el sería construido uno de los rajos de la mina, afectando el abastecimiento de agua para los pueblos de Los Choros y Punta de Choros».

Agregó que también afectaría la economía local que ha logrado ser sustentable, reemplazando unos dos mil puestos de trabajo de las áreas de manejo, a los operadores turísticos y los pequeños productores de aceitunas.

La dirigenta social finalmente afirmó que «hay que hacer todo lo posible para impedir su instalación, valoro reimpulsar el Área Marina Protegida de múltiples usos, aunque debe considerar toda la extensión de la propuesta original, pero llamo a evaluar otras acciones a realizar para detener estas fuerzas que están por aprobar el proyecto».
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/14/la-sociedad-civil-y-el-mundo-politico-se-unen-contra-del-proyecto-minero-dominga/

El diputado que representa a la comuna de La Higuera donde se busca instalar el proyecto minero portuario manifestó que si es necesario se llegará a instancias internacionales para proteger la biodiversidad de Coquimbo.
Andrea Bustos C.
12/08/2021
DANIEL NUNEZ
La aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo al proyecto Dominga desató una ola de críticas en contra de los seremis que lo apoyaron, pero especialmente al Gobierno, pues quienes respaldaron el proyecto minero portuario son representantes del Ejecutivo en la región.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Comunista por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, indicó que esta votación favorable a Dominga es absolutamente ilegítima “porque no se basó en los criterios técnicos que correspondía de una serie de informes científicos de la CONAF que señalan claramente la afectación, contaminación y daño en la biodiversidad del borde costero de la comuna de La Higuera que provoca este proyecto, eso fue desechado, no se tuvo en cuenta y es gravísimo”.

A eso, dijo el parlamentario, se suma que la comisión es poco representativa, pues se excluyó a la gobernadora regional Krist Naranjo, quien es opositora a esta iniciativa privada.

“Se impone una decisión de manera centralista por el delegado presidencial y desde ese punto de vista tiene nuestro más absoluto rechazo. Este es un proyecto cuestionado medioambientalmente, pero que también se relaciona con bullados casos de tráfico de influencias que involucran al propio presidente”, aseveró.

Las críticas contra el mandatario recaen en que minera Dominga pertenece a uno de sus amigos cercanos, Carlos Délano, a través de la empresa Andes Iron. Es desde ahí que han surgido una serie de acusaciones respecto de que la aprobación al proyecto podría responder a esta relación.

“Aquí está en forma nítida la mano de Piñera porque el delegado presidencial convoca a esto tratando de generar los acuerdos y las votaciones del Consejo de Ministros antes de que Sebastián Piñera deje el Gobierno. Entonces es vox pópuli y es una realidad que Piñera está asegurándole el negocio a sus amigos del grupo Penta, particularmente a los Délano, y eso reafirma todos los cuestionamientos que se están haciendo hoy a este proyecto minero”, agregó.

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En la comisión el único voto en contra fue del delegado presidencial, Pablo Herman, quien incluso interpeló al diputado Núñez, acusándolo de no haber defendido con la misma fuerza el medio ambiente en el Gobierno de Michelle Bachelet.

“La verdad que en la lucha medioambiental hemos tenido una serie de batallas, la defensa de los humedales con proyectos de ley, en contra de la contaminación que genera hoy día minera Pelambres, estamos trabajando para presentar un recurso de protección con las comunidades de Cuncumén, Batuco y Tranquilla y es nuestro deber. Así que las críticas de Pablo Herman a mí francamente me dan lo mismo. Yo creo que él intenta cuestionarnos porque sabe que quienes hemos hecho esta lucha hemos estado respaldando a la gente contra la instalación de Dominga y eso es lo que en última instancia le molesta, así que es casi anecdótico”, comentó.

El parlamentario también se refirió al voto en contra que dio Pablo Herman, quien aunque rechazó el proyecto, era el presidente de la comisión, por tanto, citó esta reunión para votar.

“Que haya votado en contra es meramente testimonial porque él operó para que este proyecto se aprobara en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía en la Región de Coquimbo”, dijo Núñez.

Respecto del futuro del proyecto, que ahora debe ser revisado por el Comité de Ministros pero que a la vez se encuentra judicializado por recursos pendientes en la Corte Suprema, el diputado comunista señaló que se tomarán las medidas que sean necesarias para proteger la zona que será afectada.

“Acá lo primero que tenemos que hacer es reactivar la coordinación que teníamos con las organizaciones ciudadanas, ambientalistas de la zona y también las entidades como ONGs que han estado apoyando, porque debemos tener una estrategia común. Obviamente vamos a seguir muy atentos a las acciones judiciales, pero también estamos estudiando hacer una reclamación porque esta votación no tuvo en cuenta la opinión de la CONAF”.

“Por otro lado también vamos a estudiar llegar a organismos internacionales porque obviamente esta zona es tan emblemática y cuenta con tal biodiversidad que tiene un reconocimiento en diversas instancias internacionales. Por lo tanto, el daño ambiental tiene un trasfondo que va mucho más allá de lo que puede ocurrir en Chile”, agregó Núñez.

Dominga

Sobre el rechazo ciudadano que genera el proyecto Dominga, que se vio incluso en las calles este miércoles cuando en diversos puntos del país hubo manifestaciones en contra de la iniciativa privada, el diputado señaló que si el Gobierno no entiende la profundidad del problema, la movilización podría crecer incluso para ser un símil de lo sucedido con Hidroaysén.

“Se puede transformar en un conflicto socioambiental emblemático, es evidente que ha despertado preocupación no solo en la Región de Coquimbo, sino que en todo Chile. Por lo tanto, si el Gobierno insiste en darle viabilidad a este proyecto e imponerlo como lo está haciendo en forma autoritaria, evidentemente, se va a levantar la ciudadanía, las comunidades y vamos a tener un conflicto tan emblemático como fue el de la Patagonia cuando se opusieron a las hidroeléctricas y las represas”, afirmó.

Dado que el proyecto se mantiene judicializado, es posible que incluso su revisión pueda retrasarse llegando a los ministros del próximo Gobierno. Al respecto el diputado por Coquimbo aseguró que en Apruebo Dignidad existirá una protección del medio ambiente, lo que manifestó podría no ser igual con los otros candidatos, especialmente en la DC, pues recordó que fueron ministros de esta colectividad los que se alejaron del Gobierno de Michelle Bachelet cuando Dominga fue revisado y rechazado por los secretarios de Estado.

Diputado Núñez y aprobación de proyecto Dominga: “Aquí está en forma nítida la mano de Piñera”

La iniciativa busca modificar el Código Penal, para castigar con cárcel al autor, cómplice o encubridor de daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente
Diario Uchile
12/08/2021
FOTO PROY ECOCIDIO
Tras el lapidario informe publicado por un Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el diputado PPD Raúl Soto, presentó, junto a un grupo de parlamentarios de oposición, un proyecto de ley que modifica el Código Penal y tipifica el nuevo delito de “Ecocidio”, que permitirá castigar con cárcel a quienes sean autores, cómplices o encubridores de daños al medio ambiente.

Cabe señalar que el concepto de ecocidio es definido internacionalmente como omisión o acto ilícito o arbitrario, perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves o extensos al medio ambiente.

“Con esta iniciativa, proponemos penas de cárcel, que van desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, es decir, personas que cometan delitos de Ecocidio, tendrán privación de libertad hasta 15 años, además de multas altísimas que llegan a mil 9 mil UTM, cerca de 460 millones de pesos, porque obviamente hay proyectos millonarios que terminan afectando el medio ambiente”, explicó Raúl Soto.

Asimismo, agregó que “si no tomamos conciencia y actuamos de forma rápida y drástica para adecuar y cambiar nuestras conductas como Estado y como sociedad y, también, para robustecer e introducir a nuestras legislaciones, mecanismos que permitan desincentivar el daño de los ecosistemas, la contaminación y afectación al medio ambiente, probablemente esta aceleración del cambio climático va a continuar y lo que está en juego es el planeta, la especie humana y lo que estamos haciendo es generar conciencia y permitir los cambios que se requieren con respecto al medio ambiente”.

Por su parte, su compañera de partido y coautora de la iniciativa, Cristina Girardi, señaló que “estamos ante una situación dramática desde el punto de vista ambiental. No hay vueltas atrás y debemos actuar ahora. Espero que este proyecto no solo persiga a personas que dañan al medio ambiente sino también a aquellos que son cómplices”.

“Hoy todos los que aprobaron Dominga, desde mi perspectiva, deberían terminar presos. Ese proyecto generará un daño ambiental brutal, más en este contexto de cambio climático que estamos. Cero conciencia de los agentes del Estado que cometen errores como estos, son cómplices tanto de la empresa que daña como de las personas que son responsables de los ecocidios. El ecocidio es una mortandad masiva y eso es lo que está provocando proyectos como Dominga”.

En tanto, el Presidente de la Comisión de Medioambiente, Ricardo Celis, señaló que “aquí el gobierno tiene una responsabilidad importantísima en la aprobación del Proyecto Dominga. Si estuviera esta figura penal, probablemente nosotros hubiésemos recurrido contra las autoridades por la brutalidad que acaban de hacer, porque finalmente las personas que dieron su aprobación son representantes por vía de los seremi los representantes del Ejecutivo. Habiendo conocido recién el informe del IPCC, el gobierno no ha entendido absolutamente nada, y va con sus amigos a aprobar proyectos de destrucción medioambiental”.

La iniciativa fue apoyada y firmada además por los diputados Patricia Rubio (PPD), Andrea Parra (PPD), Karim Bianchi (IND) y Felix González (PEV).

“Los que aprobaron Dominga deberían estar presos”: Diputados de oposición buscan tipificar el delito de Ecocidio

El Mostrador 11/08/2021
Crédito: Oceana Chile
El único voto en contra de este controvertido proyecto de Andes Iron -ligado a Carlos Alberto Delano, amigo del Presidente Sebastián Piñera- fue del Delegado Presidencial y presidente de la COEVA, Pablo Herman. La instancia se desarrolló mientras un grupo de personas manifestaba su desacuerdo con la instalación del polémico proyecto de Andes Iron, bajo la consigna «no a Dominga». Su aprobación no implica la construcción del proyecto, pues el próximo paso es la discusión en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. El director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa manifestó que «es lamentable el mal uso del derecho por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, para favorecer intereses privados y en contra del interés público». La directora de Oceana, Liesbeth van der Meer dijo que «la conclusión es que técnicamente se rechaza y políticamente se aprueba, esta es la 5ta oportunidad a un proyecto que debió haber sido rechazado tempranamente desde sus inicios, pero simplemente sigue flotando porque en Chile el cuidado del medio ambiente no es la prioridad». El senador Guido Girardi (PPD) criticó la decisión de la COEVA la construcción de un megapuerto en uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad marina del mundo, lo que es «criminal y provocará un daño irreparable». En ese sentido, anunció acciones penales y advierte al Comité de Ministros que de ratificar la resolución de los seremis podrían ser acusados de notable abandono de deberes.

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo aprobó con condiciones con 11 votos a favor y uno en contra, el proyecto Dominga de la minera Andes Iron, ligada a la familia de Carlos Alberto «Choclo» Délano, amigo del Presidente Sebastián Piñera, a pesar de que aún existen recursos judiciales pendientes en la Corte Suprema.

El único voto en contra de este controvertido proyecto fue del Delegado Presidencial y presidente de la COEVA, Pablo Herman.

Al principio de la sesión, la COEVA rechazó el recurso de reposición que interpuso la ONG Oceana, con la que se buscaba dejar sin efecto para votar la calificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Dominga.

La instancia se desarrolló mientras un grupo de personas manifestaba su desacuerdo con la instalación del polémico proyecto de Andes Iron, bajo la consigna «no a Dominga».

Esta votación de la COEVA se da cuando el proyecto Dominga se encuentra judicializado en la Corte Suprema. «Nunca antes un proyecto que estaba judicializado se decidía votar y pasar por encima de la Corte Suprema, esta es la primera vez», dijo a El Mostrador Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, en referencia a los recursos de casación pendientes ante el máximo tribunal del país.

Sin embargo, su aprobación no implica la construcción del proyecto, pues el próximo paso es la discusión en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

El proyecto «Dominga» fue rechazado en el 2017 por dos organismos: la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental. La razón: los riesgos que implicaba para el ecosistema marino de la zona.

Pero en mayo de este año, se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó una nueva votación del proyecto.

Fuentes de la zona han señalado que la convocatoria de la Comisión fue posible tras presiones de la minera y la Municipalidad de La Higuera, liderada por Yerko Galleguillos (UDI), que resultó reelecto estrechamente en los últimos comicios tras vencer a la socialista Uberlinda Aquea.

Esta estrategia tendría como propósito que la siguiente etapa, en el Consejo de Ministros, alcanzara a llevarse a cabo durante el actual Gobierno, considerando que el próximo Gobierno no sería amigable con este proyecto.

Desde la Alianza Humboldt acusaron que el Gobierno logró «alinear» a sus funcionarios, considerando que 11 de los 12 miembros de la comisión -conformada por el Delegado Presidencial, la directora regional del SEIA y 10 seremis- votaron favorablemente este proyecto.
Reacciones

El director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa manifestó que «es lamentable el mal uso del derecho por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, para favorecer intereses privados y en contra del interés público».

El abogado agrega que «mientras sabemos que vamos por un camino de no retorno por la crisis climática y ecológica, se aprueba un proyecto muy dañino. Mal por Chile, pero seguimos esperando que resuelva la Corte Suprema en derecho y anule esta votación, junto con el fallo del Tribunal Ambiental».

La directora de Oceana, Liesbeth van der Meer dijo que «la conclusión es que técnicamente se rechaza y políticamente se aprueba, esta es la 5ta oportunidad a un proyecto que debió haber sido rechazado tempranamente desde sus inicios, pero simplemente sigue flotando porque en Chile el cuidado del medio ambiente no es la prioridad».

El senador Guido Girardi (PPD) criticó la decisión de la COEVA la construcción de un megapuerto en uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad marina del mundo, lo que es «criminal y provocará un daño irreparable». En ese sentido, anunció acciones penales y advierte al Comité de Ministros que de ratificar la resolución de los seremis podrían ser acusados de notable abandono de deberes.

Max Bello, asesor de políticas públicas oceánicas de Mission Blue, dijo que «es impresentable que en un momento de crisis global, con todos los cuestionamientos científicos, sociales y éticos a este proyecto, aún se siga aprobando y que el gobierno de la presidencia de la COP de cambio climático se presente a este show».

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez expresó que «lamentablemente el Gobierno y delegado presidencial han seguido al lobby de Carlos Délano, de la minera Dominga, de este proyecto minero portuario que es brutal para los ecosistemas del Archipiélago de Humboldt».

«Hoy el desarrollo ya no puede ser a costa de los ecosistemas, del patrimonio natural, ambiental y cultural. Tiene que ser un desarrollo, sostenible, que sea equitativo, que dialogue con la crisis climática y con los informes de la IPCC que aseguran que la preservación de la biodiversidad es clave para combatir la crisis climática», agregó.

En tanto, Matías Asún de Greenpeace sostuvo que la aprobación del proyecto Dominga es «escandaloso. No solo este proyecto enfrenta múltiples fallos, no solo se trata de un proyecto cuyo signo común de denominación ha sido los escándalos de corrupción».

«Se trata de un proyecto nefasto también en términos ambientales, que se va a emplazar en una zona que debiese estar protegida a nivel planetario, que ha sido identificada por el mundo científico como uno de los lugares más importantes de biodiversidad del planeta, que alberga a buena parte de la población de pingüinos de Humboldt», aseguró.

Marcelo Mena: «Es inaceptable la aprobación del proyecto»

El ex ministro del Medioambiente, Marcelo Mena sostuvo que «este proyecto está judicializado, tenemos un Seremi subrogante que termina votando porque el Seremi titular del Ministerio de Medio Ambiente renuncia, tenemos un Seremi de Agricultura que vota en contra del informe lapidario de Conaf que insta al rechazo del proyecto, porque no se hace cargo del impacto negativo a los pingüinos de Humboldt o los recursos hidrobiológicos».

«Es inaceptable e irregular la aprobación del proyecto portuario minero Dominga contraviniendo lo que es la institucionalidad ambiental», agregó.

«Lamentablemente el proyecto está siendo aprobado por intereses particulares y no va en la línea del desarrollo sustentable. No queremos otra zona de sacrificio. La aprobación es una vergüenza. No a Dominga», concluyó.
Jennifer Mella: «Este ecocidio se tiene que detener»

Por otra parte, la convencional de Apruebo Dignidad, Jennifer Mella sostuvo que «este ecocidio se tiene que detener. Este proyecto es inviable absolutamente, así ha sido declarado por el máximo tribunal del país y no en una, sino en varias oportunidades, y lo volverá a hacer».

«Estamos ad portas de lo que va a suceder, sin duda, reclamos administrativos y judiciales van a venir para impedir que mataría al ecosistema frágil del Archipiélago de Humboldt y además provocaría un impacto en la zona norte de nuestra región, ocurra», complementó.

Finalmente señaló que «nos vamos a poner de acuerdo porque estamos desarrollando en este lugar, transformaciones profundas al modelo de desarrollo de nuestro país, en el cual el ecosistema y la protección al medio ambiente sano tienen un rol fundamental».
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/08/11/mal-por-chile-rechazo-transversal-del-mundo-ambientalista-a-aprobacion-del-polemico-proyecto-dominga-y-acusan-que-gobierno-alineo-a-sus-funcionarios/

El Mostrador 12/08/2021
Crédito: ATON
A través de una declaración, un grupo de profesionales de la Corporación Nacional Forestal refutó la postura adoptada por el seremi de Agricultura en la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo a favor de la empresa Andes Iron, controlada por la familia de Carlos Délano, amigo cercano del Presidente Sebastián Piñera. “Sus argumentos jamás estuvieron avalados por el cuerpo de profesionales de la institución”, quienes “en todo momento hicieron ver las graves falencias detectadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Dominga y que fueron plasmadas, en sendas comunicaciones internas y en todos los pronunciamientos institucionales disponibles en la carpeta digital de evaluación del proyecto», señalaron. Es más, añadieron que “las medidas del proponente, no se hacen cargo de los efectos, características y circunstancias, en todas sus fases y partes, por lo que su ejecución, atenta contra la subsistencia de uno de los ecosistemas más diversos del mundo, como lo es el sistema integrado Reserva Nacional Pingüino de Humboldt – Reserva Marina Isla Choros Damas”.

La aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo -por 11 votos a favor y uno en contra- al proyecto minero portuario Dominga, ha generado un amplio rechazo en la ciudadanía, en la política y en el mundo ambientalista.

En ese contexto, un grupo de 13 profesionales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) manifestó mediante un comunicado que «fieles al mandato institucional de protección y resguardo del Patrimonio Ambiental de la Región, NUNCA nos hemos manifestado a favor de este proyecto, puesto que los antecedentes presentados no permiten asegurar su sustentabilidad ambiental».

En la declaración los funcionarios argumentan que «las medidas del proponente, no se hacen cargo de los efectos, características y circunstancias, en todas sus fases y partes, por lo que su ejecución, atenta contra la subsistencia de uno de los ecosistemas más diversos del mundo, como lo es el sistema integrado Reserva Nacional Pingüino de Humboldt – Reserva Marina Isla Choros Damas, que alberga al 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt, al 90% de la población mundial de Yuncos, además de otras especies, como ballenas, delfines, chungungos y aves costeras, así como formaciones vegetales relevantes como bosques nativos de preservación y el hábitat de cactáceas endémicas en peligro de extinción crítico».

También rechazaron los argumentos de la seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes Reyes, para aprobar el proyecto condicionándolo «a medidas no evaluadas dentro del proceso, a objeto de “otorgarle sustentabilidad ambiental” y en donde indica la participación de CONAF dentro de un sistema de Gobernanza, así como también a incrementar el conocimiento sobre tópicos específicos que debieran haber sido incorporados por el titular dentro del proceso de evaluación, consideramos que tales elementos son totalmente improcedentes y manifiestan un reconocimiento implícito a que el proyecto en cuestión, NO es precisamente ambientalmente sustentable y, por el contrario, impacta irreversiblemente la viabilidad de las especies y ecosistemas en régimen de conservación ya que además, ninguna de las medidas condicionantes propuestas, son equivalentes a la pérdida de diversidad biológica de la zona».

En esa línea, sostienen que los argumentos de la Seremi de Agricultura «jamás estuvieron avalados por el cuerpo de profesionales de la institución, quienes en todo momento hicieron ver las graves falencias detectadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Dominga y que fueron plasmadas, en sendas comunicaciones internas y en todos los pronunciamientos institucionales disponibles en la carpeta digital de evaluación del Proyecto».

El proyecto Dominga fue rechazado en el 2017 por dos organismos: la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental. La razón: los riesgos que implicaba para el ecosistema marino de la zona. Pero en mayo de este año, se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó una nueva votación del proyecto.

Sin embargo, la aprobación por parte de la COEVA no implica la construcción del proyecto, pues el próximo paso es la discusión en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Con todo esto, las reacciones en contra de la decisión de la COEVA no han sido pocas, desde organizaciones ambientalistas y convencionales, hasta parlamentarios y candidatos presidenciales han dado a conocer su rechazo a este polémico proyecto de la empresa Andes Iron, ligada al empresario Carlos Delano, amigo del Presidente Sebastián Piñera y condenado por delitos tributarios en el marco del Caso Penta.

Dominga contempla una inversión de US$3.200 millones y consiste en la instalación de un proyecto portuario para la extracción y exportación de hierro y cobre, con la creación de 10 mil puestos de trabajos directos y 25 mil adicionales.
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/08/12/funcionarios-de-conaf-denuncian-que-seremi-de-agricultura-voto-a-favor-de-dominga-pese-a-los-informes-internos-que-hicieron-ver-las-graves-falencias-del-proyecto/