Chile, Litio

Sorcia Minerals entra al mercado del litio en el Salar de Maricunga

La compañía suscribió un acuerdo con RJR Salar, para explotar el mineral con una tecnología que permite producir litio reinyectando el 90% de la salmuera extraída en su estado natural, minimizando el consumo de agua y utilizando plantas móviles que son menos invasivas.
25/05/2021
Sorcia Chile Spa (Sorcia), filial de la empresa estadounidense Sorcia Minerals LLC, alcanzó un acuerdo con RJR Salar Spa (RJR) para explotar litio en el salar de Maricunga, en la Región de Atacama.

Este es el próximo paso del royalty minero aprobado en la cámara baja
Sorcia da así un paso fundamental en su objetivo de introducir en Chile una tecnología altamente sustentable, desarrollada por la compañía canadiense International Battery Metals (IBAT), la cual que permite producir litio reinyectando el 90% de la salmuera extraída en su estado natural, minimizando el consumo de agua y utilizando plantas móviles que son menos invasivas.

La tecnología denominada “de absorción selectiva” de litio fue inventada a fines de los años 80 por el doctor John Burba, CEO de IBAT, y permite realizar una extracción más eficiente que la actual, reduciendo la huella de carbono, disminuyendo drásticamente el uso de agua de los salares y protegiendo al ecosistema.

La creciente demanda de litio impulsada por la eletromovilidad, exige la utilización de tecnologías más limpias, que aseguren la preservación de los recursos y garanticen las condiciones de vida de las comunidades locales, ya exigidas por la escasez de recursos hídricos.

Los trabajos se realizarán en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile (Usach), socio estratégico de Sorcia para la investigación, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para la industria minera, desde prospección hasta reciclado de baterías de litio.

Sorcia Minerals entra al mercado del litio en el Salar de Maricunga 

Chile, Internacional

Los factores que están determinando el desarrollo de la exploración minera en Chile y el mundo

Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, analizó en Fexmin Virtual 2021 el impacto que ha tenido la pandemia en la actividad, junto con las mejoras que son necesarias en materia normativa.
25/05/2021
La tercera versión de Fexmin Virtual 2021, evento que es organizado por el Colegio de Geólogos de Chile, y que se desarrolla del 25 al 27 de mayo, se configuró como una instancia en la cual evaluar los factores que incidirán en el dinamismo que presentará la exploración minera en el corto y mediano plazo.

Más de 30 proyectos mineros se presentarán en la tercera versión de Fexmin Virtual 2021
Al respecto, Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, expuso en la conferencia que la exploración y la minería son sujetos de importantes tendencias, como son la protección del medio ambiente, la reconfiguración geopolítica, las revoluciones tecnológicas y la mejora de la calidad de vida, ante lo cual es preciso avanzar en materia de eficiencia, un mayor vínculo con las comunidades, incorporar mayores estándares ESG, y acelerar la búsqueda de quiebres productivos.

El especialista comentó que se produjo un cambio de tendencia en la inversión en exploración desde 2017, con mejores desempeños en los precios, aunque se registró un quiebre del alza como resultado del impacto de la pandemia; aunque las expectativas son positivas para muchos commodities minerales apalancando la exploración en el mediano plazo.

Sin embargo, advirtió que aún con mayores presupuestos, la creación de nuevas reservas sigue estando desafiada.

Además, mencionó que la tendencia secular de caída en la exploración generativa se mantiene para todos los elementos, recalcando que un 56% del presupuesto de exploración generativa proviene de majors.

En el caso de Chile, la inversión minera ha sido los patrones de ciclo del precio, destacando que el país tiene un portafolio actual de US$61.000 millones, donde han predominado las expansiones y extensiones de vida útil; aunque los efectos de la pandemia y de la inestabilidad sociopolítica han reducido las perspectivas de mediano plazo.

En esa línea, Juan Carlos Guajardo indicó que Chile fue el país con la mayor caída en gastos de exploración en 2020 (-US$196 millones vs 2019). Sin embargo, se mantuvo como el principal destino de América Latina y de exploración de cobre.

Junto con ello, señaló que sigue habiendo un potencial geológico de interés en cobre con depósitos de clase mundial, siendo la influencia de la exploración de majors evidente en ese resultado.

Es así como se observó una altísima correlación entre el precio del cobre y el gasto de exploración en Chile entre 2012 y 2017.

Áreas de mejora
En su presentación, el director ejecutivo de Plusmining se refirió al régimen concesional en Chile, destacando entre sus fortalezas su estabilidad regulatoria y seguridad para las grandes inversiones mineras; el hecho que sea simple y estandarizado conduce a reducir la discrecionalidad administrativa; y el ser un facilitador del desarrollo minero transparente y duradero.

En contrapartida, mencionó como debilidades el que propicia un potencial uso no efectivo de los derechos, y la propensión a ser utilizado como un instrumento especulativo.

Ante esta situación, entregó una serie de recomendaciones, considerando la experiencia internacional, como el que las concesiones sean de mayor duración, pero sin prórroga, y que se realice una demostración objetiva de niveles de actividad para mantener las concesiones.

De igual formó, mencionó que en materia de atractivo de Chile para el desarrollo exploratorio, es necesario atender aspectos como las dificultades que poseen los nuevos actores, especialmente las juniors (acceso a concesiones), un entorno regulatorio más complejo y la mayor oposición comunitaria.

Los factores que están determinando el desarrollo de la exploración minera en Chile y el mundo

Chile, Litio

SQM busca aumentar disponibilidad de sus pozas de evaporación en la Región de Tarapacá

El proyecto, que se encuentra en calificación ambiental, consiste en la redistribución de las pozas de evaporación, acopio de sales de producto, acopio de sales de descarte, plantas de neutralización y planta de nitrato, de manera de adecuar su proporción, manteniendo la superficie total aprobada del proyecto “Pampa Hermosa”, con una inversión de US$40 millones.
26/05/2021
La compañía SQM ingresó en el Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto “Redistribución Área Industrial de Sur Viejo”, que busca aumentar la superficie de las pozas de evaporación en 2,66 kilómetros cuadrados, alcanzando un total de 8,30 km2, además de disminuir las superficies de las canchas de acopio de producto y las canchas de acopio de descarte totalizadas en 1,36 km2 y 2,63 km2 respectivamente, en sus instalaciones ubicadas en la Región de Tarapacá.

División Ministro Hales: Codelco ingresó a Servicio de Evaluación Ambiental proyecto que busca aumentar en 8.000 t/d
La iniciativa, que contempla una inversión de US$40 millones, indica que para la planta de nitrato “se considera disminuir su superficie a 0,37 km2, y finalmente para la planta de neutralización, se considera disminuir su superficie a 0,33 km2. De acuerdo con todo lo anterior, el Proyecto en evaluación mantiene inalterada el área total aprobada ambientalmente para el Área Industrial Sur Viejo tanto en superficie como en localización, lo que corresponde a un área total de 12,99 km2”.

La fecha estimada de inicio de ejecución está prevista para enero de 2022 y con una mano de obra que, en su fase de construcción oscilaría entre 40 y 60 personas, mientras que en su operación se necesitarían entre 20 a 40 personas. Además, para el cierre o abandono, se necesitaría una mano de obra entre 40 a 60 personas nuevamente, según señala el documento.

También, justifican el proyecto señalando que “se trata de redistribuir sectores del área industrial de Sur Viejo, sin modificar emplazamiento ni superficie total. Se minimiza y optimiza las distancias entre pozas y acopios para así lograr una mayor capacidad de adaptación a los requerimientos operacionales de la Planta”.

Además, se destaca que con esta iniciativa “se logra la disminución de recursos tales como: tuberías de HDPE, caminos y tendidos eléctricos internos y minimización de traslados, sin alterar la superficie total aprobada en el Área Industrial de Sur Viejo”.

SQM busca aumentar disponibilidad de sus pozas de evaporación en la Región de Tarapacá

Brasil

Se declara en quiebra minera del exmagnate brasileño Eike Batista

25/05/2021
La empresa MMX Mineração e Metálicos, fundada por el brasileño Eike Batista, tuvo su quiebra decretada el miércoles (19 de mayo), en una audiencia celebrada por la Sexta Sala Civil del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro.

La minera creada por Batista en 2005 llegó a tener una capacidad de producción de 10,8 millones de toneladas de hierro por año.

La decisión, tomada en 2ª instancia, fue unánime y, tras la confirmación, las acciones de la compañía cayeron un 27% y dejaron de cotizar.

Cabe destacar que la quiebra de MMX Mineração ya había sido decretada en agosto de 2019; en ese momento, la empresa interpuso una medida cautelar que suspendió los efectos de la decisión hasta la sentencia de este miércoles.

El tribunal consideró que la empresa no tiene cómo pagar sus deudas y seguir operando, declarando tanto la quiebra definitiva de la MMX Mineração e Metálicos como la de su subsidiaria MMX Corumbá Mineração.

La decisión judicial fue confirmada mediante hecho relevante enviado a la bolsa de Sao Paulo por la propia MMX. Asimismo, la minera anunció que presentará un recurso contra la decisión judicial por considerar que el tribunal no tuvo en cuenta las nuevas informaciones llevadas por la empresa a la Justicia, entre las cuales un acuerdo por el que la empresa China Development Integration Limited se comprometió a inyectar 50 millones de dólares en la compañía para recuperarla.

MMX agregó que la empresa china, pese a la decisión judicial, mantiene su intención de invertir en la minera y que espera que un tribunal de instancia superior apruebe un nuevo proceso de recuperación.
El Dato

En 2013, cuando sus empresas entraron en crisis en cadena, Eike Batista decidió solicitar la intermediación de la Justicia para llegar a acuerdos con sus acreedores y salvar las compañías.

Los controladores tanto de la MMX como de la MMX Corumbá se acogieron a la ley de quiebras y presentaron procesos de recuperación para poder seguir operando mientras renegociaban sus deudas.

Pero el Tribunal de Río de Janeiro rechazó el plan, así como la Sala Empresarial del Tribunal de Belo Horizonte ya había rechazado el 5 de mayo un plan similar para salvar de la quiebra la MMX Sudeste Mineração, otra de las empresas controladas por Batista.

Fuente: Con información de CNN Brasil y EFE

Se declara en quiebra minera del exmagnate brasileño Eike Batista

Chile

Antofagasta Minerals debe responsabilizarse de sus impactos.

Corte Suprema falla a favor de comunidad de Caimanes.
London Mining Network   — imagen Ejolt
El 06 de mayo de 2020, la comunidad de Caimanes presenció por primera vez una nube tóxica sobre su territorio1. Dicha nube provenía desde el Tranque de Relaves “El Mauro”, propiedad de Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals. Los habitantes del pueblo de Caimanes tomaron acciones para proteger su salud y su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Por lo que, interpusieron un recurso de protección contra Minera Los Pelambres. El principal argumento fue que la “nube tóxica’, vulnera la integridad física de los recurrentes, así como su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”2. El 17 de mayo de 2021, la Corte Suprema de Chile, falló a favor de la comunidad y se deberá analizar e investigar la precedencia y toxicidad de la nube suspendida sobre el pueblo3.

Han pasado 20 años desde el comienzo del conflicto entre la comunidad de Caimanes y Antofagasta Minerals. Sin embargo, no han existido avances para el bienestar de la población. Actualmente Antofagasta Minerals enfrenta tres casos en la justicia Chilena. El primero se refiere a la expansión del proyecto Infraestructura Complementaria (INCO), proyecto que no consideró a la comunidad de Caimanes en la participación ciudadana, siendo que el pueblo de Caimanes se encuentra en el área de influencia del proyecto. Esta causa se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Santiago. Segundo, la comunidad presentó un recurso de apelación en el 16º Juzgado Civil de Santiago, por los daños psicosociales que enfrenta la comunidad, como consecuencia de las acciones de la empresa. Tercero, el fallo en cuestión sobre la nube tóxica en la Corte Suprema, el cual falló a favor de investigar la procedencia y composición de la nube.

La reunión anual de accionistas (AGM) de Antofagasta Minerals, se realiza todos los años en Londres, donde transan sus acciones. Este año se celebró el 12 de mayo, vía online. La organización London Mining Network, que trabaja por la justicia socioambiental, en solidaridad con las comunidades afectadas por el impacto extractivo, presentó las demandas de la comunidad de Caimanes en la AGM de Antofagasta Minerals. En esta instancia se levantaron preguntas sobre los tres procesos judiciales que la comunidad de Caimanes está enfrentando contra Minera Los Pelambres. Sin embargo, el presidente de Antofagasta Minerals, Jean-Paul Luksic, como es de costumbre, evadió las preguntas y respondió que existen miradas diferentes a lo que pasa en Caimanes4. Las respuestas que entregó Luksic, sobre no considerar a la comunidad de Caimanes en el proceso de participación ciudadana, la nube tóxica que amenaza a la población o los daños psicosociales que experimentan las personas, fueron en el tono de que que existe una mirada diferente sobre lo que sucede en Caimanes, que ellos se rigen por las normas establecidas y que el diálogo con la comunidad ha sido fructífero.

Es relevante preguntarse, si el diálogo ha sido tan fructífero, como comenta Jean-Paul Luksic ¿Por qué la comunidad de Caimanes sigue presentando demandas en contra de Antofagasta Minerals para proteger su vida? ¿Por qué Antofagasta Minerals y su presidente Jean-Paul Luksic no se responsabilizan de los impactos de Minera Los Pelambres en el pueblo de Caimanes, siendo que existen estudios que verifican el daño psicosocial que enfrentan las personas?. ¿Por qué Antofagasta Minerals se excusa de que siguen la normativa ambiental, si los estudios sobre contaminación son presentados por ellos mismos o por empresas que ellos mismos contratan?. El fallo de la Corte Suprema es un fallo histórico, a favor de la comunidad de Caimanes. El pueblo de Caimanes ha presenciado y sufrido, directamente los impactos de Antofagasta Minerals y es hora de que la empresa se responsabilice por su desastre. Pero también es hora de que la justicia chilena no se haga la ciega por los impactos que sufren cientos de comunidades a nivel nacional por el impacto extractivo, que día a día nos seca y contamina.

Los resultados del plebiscito, que determinó a los representantes que van a redactar la nueva constitución en Chile, son una esperanza para la justicia socio-ambiental. La conformación actual del órgano, tiene una marcada tendencia por la justicia socioambiental. Las demandas por la protección de los territorios, el derecho al agua y la necesidad de avanzar hacia un sistema post-extractivista, son algunas de las banderas de lucha de quienes lideran este proceso. Se espera que la nueva constitución genere cambios estructurales que ayuden a avanzar hacia un sistema basado en el bien común, que reconozca los derechos de la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente realmente sano y libre de contaminación. Por lo que las regulaciones a las empresas extractivas, deben ser consideradas. Se espera que la nueva constitución genere una estructura que responsabilice y regula el actuar de empresas como Antofagasta Minerals.

(1) https://elsiglo.cl/2020/05/22/nube-toxica-de-minera-los-pelambres-ahoga-localidad-de-caimanes/
(2) https://www.davidnoticias.cl/wp-content/uploads/2021/05/trm_4472511.pdf
(3) https://www.davidnoticias.cl/corte-suprema-acoge-recurso-de-proteccion-de-habitantes-de-caimanes-contra-los-pelambres/
(4) https://londonminingnetwork.org/2021/05/we-take-a-different-view-contradiction-and-evasion-at-the-tiny-agm-of-antofagasta-massive-mining-company/

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Internacional, Litio

La guerra del litio se desata en Extremadura

La existencia de dos minas y la conveniencia de su explotación altera la convivencia en la comunidad, que ha apostado por una planta de baterías
Miguel Ángel Noceda
22/05/2021
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en Fitur 2021.ISABEL INFANTES / Europa Press

El litio, ese metal alcalino de color blanco plateado que en la tabla periódica de elementos se estudiaba de carrerilla en el grupo de los que tenían una valencia (hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio) y cuyo número atómico es tres, se ha convertido en objeto de deseo desde que la Comisión Europea lo declaró materia prima estratégica. Resulta que el hidróxido de litio es clave en la fabricación de baterías para automóviles eléctricos y Europa quiere reducir la dependencia de China y Latinoamérica y explotar yacimientos en su territorio.
Más información

Infinity Lithium presenta recurso contra la Junta de Extremadura por negar la explotación de una mina en Cáceres

Ahí entra en juego Extremadura, donde, de momento, existen dos yacimientos listos para su explotación y un proyecto para instalar una planta de baterías, anunciada por el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, por otra parte enfrascado en una pelea por atraer a la región a alguna firma automovilística. El pasado miércoles se encontró con la ministra de Industria, Reyes Maroto, en la internacional feria de turismo Fitur de Madrid y tuvo la oportunidad de intercambiar impresiones, además de turismo, sobre los proyectos vinculados al litio y a la industria automovilística que tanto persigue.

Las dos minas se encuentran en la provincia de Cáceres, una en el término municipal de la capital y la otra en la localidad de Cañaveral. Pero parecen correr distinta suerte. Mientras la última está ligada al proyecto de la citada fábrica de baterías, que la empresa Phi4Tech prevé construir en Badajoz, y está encauzada, con la oposición de los grupos ecologistas; la de la capital ha recibido el rechazo de la Junta de Extremadura, que sin embargo había aprobado los permisos iniciales para su desarrollo en 2016 después de convocar un concurso que se adjudicó la empresa Valoriza, filial del grupo Sacyr. Después este vendió el 75% a la firma australiana Infinity Lithium, con opción a la totalidad. Luego esta presentó el aval de la Comisión Europea como respaldo irrechazable; pero la ubicación ha sido determinante.

La existencia de esas explotaciones han llegado a alterar la convivencia ciudadana. La palabra litio, procedente del griego litos (piedra), ha entrado en la agenda político-social de la comunidad como una piedra arrojadiza que supera fronteras. Para algunos es una especie de oro blanco que abre muchas expectativas económicas y de empleo en una de las regiones con más paro de España. Otros, liderados por los ecologistas, ven más perjuicios sociales (por su impacto ambiental) que beneficios económicos.

El caso es que los partidos políticos están descolocados. No entienden por qué se crearon tantas suspicacias ante la posibilidad de llevar el litio de Extremadura a una planta de baterías en Cataluña (lo anunció la ministra Reyes Maroto en un encuentro con el grupo Volkswagen en Barcelona) y luego se rechazan las explotaciones mineras. Tampoco tienen claras las razones por las que se puede usar el litio de una mina en la planta de baterías en Badajoz y no de la otra.

La razón esgrimida por la Junta para no dar el permiso de investigación al proyecto San José Valdeflórez es que no cumple la normativa urbanística del Ayuntamiento de Cáceres, cuyo Plan General Municipal prohibiría la actividad solicitada en suelo no urbanizable. No obstante, Vara ha señalado que todo depende de que la corporación modifique el plan municipal. “Son los cacereños los que tienen la palabra”, dijo el político de Olivenza en clara referencia a que le ha tocado a él tomar la patata caliente que le pasó el alcalde, Luis Salaya, de su mismo partido. Es decir, Vara se la devuelve y deja abierta la puerta a su aprobación. Pero, todo indica que los tiros no van a ir por ahí. Salaya ha sido rotundo (“arreglen los destrozos y cierren al salir”), al tiempo que pedía la declaración de paisaje protegido.

Aunque el asunto tiene dividida a la población, se da la circunstancia de que los grupos políticos municipales comulgan juntos en el rechazo al proyecto de la sierra de la Mosca, un pulmón verde para asueto y disfrute de los cacereños. Primero fue la alcaldesa del PP, Elena Nevado, la que se opuso a los planes pese a que los promotores aseguran que su reacción inicial había sido positiva. Según esas fuentes, las presiones del partido que en la comunidad dirige José Antonio Monago fueron suficientes para dar calabazas, a las que se sumaron los socialistas, entonces en la oposición, en contra de la decisión de la Junta presidida por Vara. Solo Ciudadanos respaldó claramente el proyecto.

Para los australianos, el parón supone un revés en su cotización. Por eso, esta semana Tecnología Extremeña del Litio, la empresa creada por Infinity Lithium y Sacyr, elevó recurso de alzada y amenazó con presentar recurso contencioso-administrativo. A su juicio, la denegación no se basa en motivos jurídicos y pide se ciña a “criterios legales objetivos”. Según la empresa, dicha regulación hace referencia al uso extractivo del suelo, no siendo extensible a las actividades de investigación.
https://elpais.com/economia/2021-05-23/la-guerra-del-litio-se-desata-en-extremadura.html

Perú

40 años de minería en Espinar: pobreza, contaminación y conflictos sin resolver

21/05/2021
Redacción Wayka
Desde 1981, la provincia de Espinar del Cusco convive con la minería y sus consecuencias. Ese año, la empresa estatal ETAMINSA expropió 2.368 hectáreas de la comunidad de Anta Cama y comenzó sus operaciones extractivas en el proyecto minero Tintaya. Los reclamos de la población, sin embargo, perduran hasta la actualidad, cuarenta años después, por un Estado que no garantiza derechos básicos ni acceso a la salud especializada para los afectados por la contaminación minera, y una empresa que desata protestas en la provincia.

Las primeras protestas de la población de Espinar contra la actividad minera sucedieron durante la década de los ochenta, y no se agravaron hasta el 21 de mayo de 1990, cuando tomaron como rehenes a un grupo de trabajadores de la minera. Durante el régimen de Alberto Fujimori, según los propios comuneros de la provincia de Espinar, la situación empeoró.

“Desde 1990 los problemas han iniciado juntos con el gobierno fujimorista. Nosotros teníamos antes nuestras empresas mineras estatales, pero Fujimori todo privatizó, nos ha traído un caos. Ha vendido, ha rematado, en un año 200 empresas mineras. Nos han invadido las grandes empresas transnacionales. Junto con ese remate empezaron nuestras protestas”, cuenta Elsa Merma, integrante de la Asociación de Mujeres Defensoras del territorio K’ana, en el foro “Conflictos y espacios de diálogo en Espinar: balance y desafíos”.

Como se recuerda, en 1993 el gobierno de Alberto Fujimori inició el proceso de privatización y en 1994 le adjudica el proyecto Tintaya a la multinacional estadounidense Magma Cooper Company por US$276,8 millones. En 1996, Magma es absorbida por el grupo australiano Broken Hill Property (BHP) para posteriormente fusionarse con la empresa Billiton PLC (Reino Unido). El proyecto Tintaya termina en manos de Xstrata Copper en 2006, luego de que esta sea vendida por Billiton PLC.

Desde el lado de la población de Espinar, sin embargo, no se ha percibido el progreso que supone la actividad minera. Hasta el 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el 46% de personas de Espinar sigue siendo pobre, el 17% vive en pobreza extrema y solo el 37% alcanzó la condición de no pobre. A su vez, el Ministerio de Salud identificó a 1621 personas con presencia de metales tóxicos en la sangre, como arsénico, cadmio, mercurio y plomo.

La afectación por metales pesados fue confirmada recientemente en un informe elaborado por Amnistía Internacional y Derechos Humanos Sin Fronteras, en donde se concluyó que de 150 personas de Espinar analizadas, el 78% tuvo altos niveles de metales y sustancias tóxicas. La mayoría de ellos guarda arsénico en la sangre.

“La empresa minera nos ha traído contaminación a nuestro medio ambiente y nuestra salud. Los ministerios ya saben que tenemos metales pesados, pero hasta ahora no somos atendidos.
Ahora estamos en mesas de diálogo, cuántos años de mesas de diálogo pero en Espinar simplemente instalamos (mesas), después semanas pasan, meses pasan, se olvidan. Y otra vez tenemos que sacar pronunciamientos, tenemos que movilizarnos, organizar otro paro”, exclama la defensora ambiental de Espinar, Elsa Merma.

Por su lado, la bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, Karem Luque Ticona, enfatiza los años de ineficiencia del Estado frente a las poblaciones afectadas por metales pesados. “No se han implementado planes de atención integral efectivos en Espinar. No se ha entregado hasta ahora, seis años después, los resultados de causalidad de la contaminación por parte del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Hasta ahora no se encuentra la causa de la contaminación, que era una de los principales pedidos de la población”.

Para José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente durante el gobierno de Ollanta Humala, los derechos ganados por la población de Espinar se deben a su capacidad de organización. “Los mejores momentos de lucha y diálogo en Espinar han sido cuando la población ha estado organizada, porque una población organizada está en mejores condiciones para defender sus derechos. Cuando las comunidades han tenido la capacidad de convocar aliados, y cuando la población pudo hacer visible lo que pasaba en sus territorios”, dijo de Echave en el foro transmitido por Wayka.

40 años de minería en Espinar: pobreza, contaminación y conflictos sin resolver

Internacional

Filipinas y por qué Canadá está en el centro de las atrocidades mineras mundiales

Por Samantha Ponting
(Publicado originalmente por Spring Magazine – traducido por A Planeta)
“Nací y viví más de la mitad de mi vida en Lepanto, donde se encuentra la mina Lepanto Consolidated”, dijo Chandu Claver, defensor de la tierra indígena, en una presentación grabada para los asistentes al lanzamiento virtual el 19 de abril de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas – capítulo de Toronto (ICHRP-Toronto).

Según Claver, la empresa minera filipina Lepanto Consolidated Mining Corporation ha trabajado estrechamente con la empresa canadiense Ivanhoe Mines Ltd. durante los últimos 20 años, y el impacto medioambiental de sus operaciones ha sido devastador.

“El río Abra está ahora muerto gracias a Ivanhoe y Lepanto”, dijo. Añadió que los residuos de la mina vertidos en el río han tenido un impacto perjudicial en los peces, y los metales pesados han envenenado las tierras agrícolas.

Pero Ivanhoe Mines no es la única empresa canadiense que opera en Filipinas. Aunque Claver dijo que a la sociedad civil le ha resultado difícil seguir la pista a la propiedad de las empresas mineras debido a la “práctica global de cambiar los nombres de las empresas y utilizar apoderados y fachadas”, se han identificado otros actores del sector.

TVI Pacific Inc, Besra Gold Inc. (antes Olympus Pacific Minerals), y ExGen Resources Inc. (antes Boxxer Gold Corp.) mantienen operaciones conocidas en el país, según Claver. Estas empresas forman parte de un sector minero mundial con sede predominantemente en Canadá y tristemente célebre por sus abusos incontrolados contra el medio ambiente y los derechos humanos.

Resistencia indígena a la minería

Claver, nativo de Igorot y antiguo cirujano, se organizó contra proyectos mineros perjudiciales en la región montañosa de la Cordillera, en el norte de Filipinas. Se trasladó a Canadá en 2007 como refugiado político después de que él y su familia fueran atacados violentamente en respuesta a su activismo. La emboscada se saldó con la muerte de su esposa y dejó a Claver y a su hija gravemente heridos. Es portavoz nacional de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera.

Claver conoce de primera mano los peligros a los que se enfrentan los defensores de la tierra en Filipinas que se resisten a los proyectos mineros y otros proyectos industriales que son destructivos para el medio ambiente y amenazan los medios de vida de las comunidades próximos.

Según Angela Asunción, miembro del ICHRP-Toronto, el 60% de las minas transnacionales de Filipinas se encuentran en tierras ancestrales. La resistencia indígena a la minería ha suscitado una respuesta violenta por parte de las fuerzas estatales. “Las respuestas del gobierno ante los movimientos de resistencia a la minería han llevado a ejecuciones extrajudiciales de líderes indígenas, a la clasificación de activistas como terroristas y al bombardeo de escuelas indígenas”, dijo Asunción.

Entre 2010 y 2016, al menos 73 indígenas fueron asesinados en Filipinas. Filipinas también es peligrosa para periodistas, sindicalistas, campesinos y ecologistas. Según un informe publicado por Global Witness, Filipinas tuvo el mayor número de asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente en el mundo en 2018. El mismo informe determinó que la minería es el sector más mortífero a nivel mundial para los defensores que protestan por la tierra .

Y las empresas mineras canadienses se benefician de esta impunidad. La Oficina de Minas y Geociencias de Filipinas estima que aproximadamente el 30 % de su masa terrestre, o 90.000 kilómetros cuadrados, tiene un alto potencial mineral. El Manila Times informa de que la oficina calcula que Filipinas posee unos 840.000 millones dólares en depósitos minerales.

Las empresas mineras han querido explotar estos depósitos minerales. Dado que el 75% de la industria minera mundial tiene su sede en Canadá, la actividad de las empresas mineras canadienses se ha dejado sentir en Filipinas.

Mientras que la extracción de recursos ha beneficiado a las élites, el pueblo filipino ha visto muy pocos beneficios económicos. De hecho, los índices de pobreza son más altos en las provincias con proyectos mineros a gran escala, según Asunción.

“Históricamente, la Ley de Minas de Filipinas de 1905, introducida en la época en que Filipinas era todavía una colonia de EE.UU., marca la pauta de la forma en que se realizaban las operaciones mineras”. La ley permitía la ocupación y comercialización de tierras públicas por parte de ciudadanos estadounidenses.

“Sólo recientemente se sustituyó la antigua ley de minería”, dijo Claver. Dijo que las operaciones mineras se rigen ahora por la Ley de Minas de 1995, que fue influenciada por las corporaciones mineras.

“La Ley de Minas de Filipinas se creó con la ayuda de muchas empresas mineras y funcionarios del gobierno”, dijo Claver. La ley “abre toda la industria minera de Filipinas al máximo nivel de control por parte de las empresas extranjeras inversoras”.

“El vientre de la bestia”

Hay algunas razones evidentes por las que muchas de las empresas mineras del mundo tienen su sede en Canadá. Sería un eufemismo decir que el clima político del país es favorable. Sydney Lang, de la Red de Solidaridad con la Injusticia Minera, describe con mayor precisión a Canadá -concretamente a Toronto- como “el vientre de la bestia”. Es el epicentro de la industria minera mundial, precisamente porque la violencia sistémica que asola la industria no solo no se controla, sino que se fomenta activamente mediante el apoyo económico.

Según Natural Resources Canada, en 2019, 621 empresas mineras y de exploración canadienses operaron en 96 países en el extranjero, con activos mineros valorados en 177.800 millones de dólares.

Lang dijo que Canadá tiene una larga historia de extracción de recursos tanto a nivel nacional como en el extranjero. Describe por qué Canadá es un semillero de empresas que abusan de los derechos humanos.

“La industria minera canadiense también se sostiene con el apoyo del gobierno a la exploración minera a través de inversiones y servicios financieros”, dijo Lang. “EDC [Desarrollo Económico de Canada] es una corporación de la corona que proporciona miles de millones de dólares cada año en préstamos comerciales a las empresas canadienses que operan en el sector energético internacional”.

También señaló el Plan de Pensiones de Canadá, un programa público de pensiones cuyos gestores de activos, según ella, invierten en cientos de empresas canadienses que operan en la extracción. Según Lang, “la mayoría de las empresas mineras cotizan en la Bolsa de Toronto, que tiene unos requisitos de cotización y divulgación bastante laxos”.

Canadá es terreno de juego de la desregulación para las empresas mineras con sede en este país. Como afirmaron tanto Lang como Asunción, las directrices de responsabilidad social corporativa dentro de la propia industria han fracasado a la hora de prevenir los daños.

Asunción define la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) como “el compromiso voluntario y autorregulado de una empresa de rendir cuentas sobre el impacto socioambiental de sus operaciones con respecto a las expectativas del público”.

Pero, según Lang, el lenguaje y las iniciativas de la RSE “bañan” las prácticas violentas del sector. La RSE (1) se convierte en una herramienta para conseguir apoyo para la industria, no para prevenir el daño. También ve que las empresas utilizan palabras de moda como “compromiso con la comunidad” y “gobierno ambiental, social y corporativo (GSE o ESG en inglés)”.

“Hay una desconexión entre lo que las empresas dicen a sus accionistas e inversores, a otros en la industria, y lo que realmente ocurre sobre el terreno”, dijo Lang.

A pesar de las ruidosas declaraciones de las empresas en apoyo de la responsabilidad social corporativa, la autorregulación del sector, tal y como existe ahora en Canadá, ha demostrado ser ineficaz a la hora de prevenir los daños contra las comunidades afectadas en Filipinas.

La respuesta del gobierno canadiense a la injusticia minera mundial

Asunción dijo que el gobierno canadiense ha utilizado la RSC para desviar la atención de las peticiones de reforma legal. “En su lugar, las políticas mineras canadienses han gestionado el conflicto proporcionando ayuda financiera a las iniciativas de RSC en los países en desarrollo”. Dijo que esto forma parte de una tendencia a trasladar la culpa a los débiles sistemas de gobernanza de las naciones en desarrollo sin reconocer el papel de Canadá en el establecimiento de estos sistemas.

“La caracterización de Filipinas como un estado de gobernanza débil son los restos de más de cuatro siglos de saqueo y pillaje con legados mixtos de influencia colonial”, dijo.

Pero es la ausencia de mecanismos de regulación de la industria en Canadá lo que, en parte, permite a las empresas mineras causar daños a nivel sistémico.

“El liderazgo de Canadá en la industria minera significa que las políticas gubernamentales sobre el tratamiento de los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el extranjero son fundamentales para regular el sector a nivel internacional”, dijo Asunción. “Hasta la fecha, no existe ninguna legislación canadiense que obligue a las empresas a rendir cuentas de sus operaciones en el extranjero”.

Durante décadas, los defensores de la industria han pedido una regulación legalmente vinculante y la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos y la devastación del medio ambiente. Pero se enfrentan a un grupo de presión muy poderoso y a un gobierno con muy poca voluntad de transformar la industria.

En 2010, se presentó en la Cámara de los Comunes un proyecto de ley de miembros privados que, de ser aprobado, habría establecido directrices de responsabilidad social corporativa vinculantes para las empresas mineras canadienses que operan en el extranjero. Claver destacó cómo los poderosos grupos de presión del sector pudieron influir en la votación.

“Los esfuerzos anteriores aquí en Canadá para hacer cumplir la responsabilidad social corporativa en el sector de la industria extractiva han fracasado”, explicó. “Lo más parecido a una reforma significativa de la legislación canadiense fue el proyecto de Ley C-300, que fue derrotada en el Parlamento por sólo 6 votos”.

“Todo se debe a un poderoso lobby de la industria. ¿Cómo si no se puede explicar el voto positivo en segunda lectura de 285 a favor, contra 3 en contra, a una tercera lectura de 134 a favor y 140 en contra?”

Señala que 26 diputados liberales y 4 del NDP no asistieron a la votación.

La votación supuso una importante derrota política para los defensores de los derechos humanos y una brillante victoria para los actores corporativos de la industria minera que se benefician de las ejecuciones extrajudiciales, la destrucción del medio ambiente y los desplazamientos.

Desde la infame votación, los defensores de los derechos humanos han seguido reclamando una normativa legalmente vinculante para el sector. La presión de la sociedad civil acabó produciendo un compromiso del gobierno de Justin Trudeau en 2018 para crear una oficina independiente que se encargaría de investigar y remediar los presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas canadienses de la confección, el petróleo y el gas, y la minería que operan en el extranjero.

El gobierno se comprometió a dotar a la oficina de plenos poderes de investigación -incluyendo la capacidad de solicitar documentos y llamar a testigos- para llevar a cabo este mandato. Sin embargo, esta promesa nunca se materializó.

La oficina creada, denominada Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (CORE), no era independiente. Por el contrario, dependía de Global Affairs Canada (Asuntos Globales). Y no se le otorgaron plenos poderes de investigación, lo que limitó su capacidad de realizar intervenciones significativas o recomendaciones políticas sobre cuestiones relacionadas con los abusos de los derechos humanos en el extranjero. El nombre de “defensor del pueblo” es en gran medida una cortina de humo. “No tiene nada que hacer”, dijo Lang.

El funcionamiento de la oficina se basa firmemente en la lógica de la responsabilidad social de las empresas, y se apoya en gran medida en los procesos de resolución de conflictos y mediación. La oficina promueve una conducta empresarial responsable y se relaciona con las partes interesadas a nivel consultivo.

Según su sitio web, “la Oficina del Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (CORE) cree que la mejor manera de hacer realidad los derechos humanos es mediante enfoques de colaboración, como el intercambio de información, la mediación y la investigación conjunta”. Este lenguaje es irrisorio teniendo en cuenta los desequilibrios de poder que existen entre las empresas mineras canadienses y las comunidades afectadas por sus prácticas violentas.

Para colmo de males, el gobierno nombró a la antigua lobista de la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo, Sheri Meyerhoffer, como defensora del pueblo.

El gobierno de Trudeau ha dejado claro en las reuniones con grupos de la sociedad civil, entre ellos Mining Watch Canada (Observatorio de la Minería), que la legislación vinculante está fuera de la mesa. La iniciativa de crear el CORE es una maniobra que defiende de boquilla los principios de los derechos humanos sin forzar el cambio en el sector. Como señala Lang, el gobierno canadiense tiene grandes inversiones en el sector minero, lo que explica su falta de acción significativa en esta cuestión.

Se parece mucho a la Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Corporativa del Sector Extractivo del gobierno de Stephen Harper, que, según un sitio web del gobierno de Canadá, se encargaba de asesorar a “las empresas extractivas y otras partes interesadas en la aplicación de las normas y directrices de rendimiento de la RSC”. Además, la oficina ofrecía apoyo para la resolución de conflictos haciendo hincapié en el “diálogo”.

¿Qué se puede hacer?

Asunción formuló recomendaciones políticas claras que, si se promulgan, podrían reducir los daños causados por las empresas mineras. Animó a los ciudadanos de Canadá a pedir al gobierno canadiense “que dote al defensor del pueblo de la industria minera de un poder judicial que permita a las víctimas en el extranjero buscar soluciones en los estados de origen”.

Dijo que aunque ha habido movimientos en naciones europeas (como Francia) para aprobar una “legislación sobre derechos humanos y diligencia para materia de medio ambiente” que se aplicaría al sector, dijo que “el problema con esta legislación es que a menudo puede ser otro tipo de relaciones públicas y gestión de conflictos”.

“Por lo tanto, tiene que ser implementada en una legislación vinculante y promulgada en la ley para que realmente funcione; y también tienen que estar trabajando junto a los miembros de la comunidad local para garantizar que los mecanismos que estos procesos están proponiendo son realmente beneficiosos y específicos para las demandas locales, las prioridades y las necesidades de la comunidad donde la minería está operando”.

También señaló la necesidad de una legislación que se aplique a las instituciones públicas que proporcionan apoyo financiero a las empresas mineras, como la agencia canadiense de crédito a la exportación Export Development Canada (EDC), la junta de inversión del Plan de Pensiones de Canadá y la Bolsa de Toronto (TSX).

Según la ONG de responsabilidad corporativa Above Ground, el 40 % del apoyo de EDC en 2018 tuvo como destino empresas de petróleo y gas, minería, construcción e infraestructura. Y aproximadamente el 47 % de las empresas mineras del mundo cotizan en la Bolsa de Valores y en la Bolsa de Cambio de Toronto.

Estos cambios políticos son necesarios y podrían ayudar a reducir los daños en la industria. Sin embargo, la realidad es que la industria está firmemente arraigada en prácticas coloniales que violan el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, un principio reconocido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).

Las comunidades afectadas de todo el mundo han pedido que se detengan los proyectos de extracción de recursos, no sólo que se “ecologicen“. Esto incluye el llamamiento de los Lubicon Cree para poner fin a la ocupación de su territorio tradicional por parte de la industria del petróleo y el gas en el norte de Alberta, y el llamamiento de los defensores de la tierra Secwepemc y Tsleil-Waututh, entre otros, para detener el proyecto de ampliación del oleoducto Transmountain en Columbia Británica.

La complicidad del gobierno de Trudeau con las empresas mineras canadienses en el extranjero es paralela a su apoyo entusiasta a los proyectos de extracción de recursos en Canadá.

Según Lang, “tenemos que centrarnos en una profunda solidaridad con las comunidades impactadas y en desenredar esos tentáculos y sistemas que dan fuerza a la industria”.

Esto significa actuar en solidaridad con las comunidades afectadas en todo el mundo y con las Primeras Naciones de Canadá, que se han encontrado con la indiferencia, la coerción o la criminalización de los gobiernos federales y provinciales cuando han expresado su oposición a los proyectos de extracción de recursos en sus territorios.

Esta solidaridad debe basarse en la creación de relaciones significativas y puede adoptar muchas formas tangibles, como la desinversión colectiva en las industrias del petróleo y el gas y la minería (por ejemplo, la cartera de inversiones para 2020 del Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario incluía 4.000 millones de dólares en activos de los sectores de la minería y el petróleo y el gas); la recaudación de fondos para las comunidades afectadas; y la organización de acciones públicas que eduquen sobre la injusticia y ejerzan presión para el cambio.

Solidaridad Internacional

Samantha Ponting

Sam vive y organiza en Toronto, en el territorio de los Mississaugas de Credit, los Anishnabeg, los Chippewa, los Haudenosaunee y los Wendat. Le interesa el trabajo de solidaridad internacional.

1RSE o RSC: Responsabilidad Social Corporativa

Brasil

Gigante minero atropella a indígenas para explorar potasio en Amazonas

Por: Hyury Potter, Fábio Bispo / Diálogo Chino | 18/05/2021
Brasil: Gigante minero atropella a indígenas para explorar potasio en AmazonasCuenca del río Madeira / Marizilda Cruppe/Greenpeace
Potasio de Brasil firma un contrato multimillonario con China que incumple la decisión las autoridades y los pueblos indígenas.
La minera Potássio do Brasil, PDB, controlada por el gigante canadiense Forbes & Manhattan, firmó un contrato con la constructora china CITIC para construir un complejo de exploración de potasio en Autazes, a 110 km de Manaus (AM), en la Amazonía brasileña. Pero el contrato de $ 1,94 mil millones se firmó a fines de 2020 sin ninguna consulta con las partes involucradas.

Como parte de esta investigación conjunta, InfoAmazonia y Diálogo Chino encontraron el contrato entre una serie de documentos que Associated Press envió a la SEC, la agencia que controla los mercados financieros de Estados Unidos, donde la minera prevé recaudar 50 millones de dólares en una primera ronda de inversión.

Los planes de la minera para explorar potasio en Autazes, en el estado de Amazonas, ya habían sido permeados por conflictos locales. Por ello, una audiencia de conciliación en 2017 llevó a la empresa a firmar un convenio con el Ministerio Público de la Federación en el que se le impide realizar cualquier trámite «sin autorización judicial previa».

Niño limpiando pescado en una comunidad Mura, en Autazes. Foto: Maurício Torres/Mongabay
La decisión también suspendió las licencias ambientales hasta que se complete la consulta con el pueblo Mura, una población de 14.000 personas que ocupan 44 aldeas de la región, y se estableció que la empresa brinde apoyo financiero a los indígenas para que preparen su protocolo de consulta.

La consulta libre, previa e informada es un derecho garantizado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene fuerza de ley constitucional. Este instrumento, sin embargo, ha estado amenazado desde fines de abril por un Proyecto de Decreto Legislativo que pide al país que se retire del tratado, con el argumento de que puede obstaculizar el crecimiento de Brasil.

Sin tener la capacidad de ejercer cualquier actividad sin autorización judicial, el PDB omitió tanto el contrato de mil millones de dólares con CITIC como la intención de buscar inversionistas en los Estados Unidos. “La Fiscalía Federal nunca fue comunicada”, dijo sorprendido el abogado Fernando Merloto Soave, quien se enteró de la negociación a través del contacto del informe.

El Proyecto Potássio Autazes, que prevé inversiones del orden de US $ 2,3 mil millones, pretende extraer un total de 770 millones de toneladas de potasio, mineral esencial en la producción de fertilizantes. El contrato revela que el mega proyecto incluye una mina de casi 1.000 metros de profundidad, una planta para la producción de insumos agrícolas y la infraestructura circundante, como una carretera y un puerto en la cuenca del río Madeira, a ocho kilómetros de la mina.

Proyecto del complejo de Autazes Potasio, que incluye la planta de procesamiento de mineral, el puerto en el río Madeira y la carretera de acceso. Crédito: Divulgação/Potássio do Brasil.
Un video de la empresa muestra que el sitio de perforación del suelo se encuentra a ocho kilómetros de la Tierra Indígena Jauary, reconocida por la Fundación Nacional Indígena, Funai, en 2012 y aún en proceso de demarcación.

La información del expediente muestra cinco requisitos mineros para el complejo Potássio Autazes. Cuatro de ellos tienen tramos que se superponen a la tierra del Jauary, como lo muestra Amazônia Minada, un proyecto de InfoAmazonia que mapea las solicitudes de minería al gobierno brasileño en áreas protegidas. Los registros en la Corte Federal informan que la empresa incluso solicitó que las áreas sobre el territorio sean removidas de la orden de minería, pero los datos en la Agencia Nacional de Minería (ANM) continúan indicando el traslapo ilegal. Cubren casi 45 mil hectáreas, un área mayor que Curitiba (PR).

Con un ojo en el Agro
El proyecto multimillonario serviría principalmente a la agroindustria brasileña que importa más del 90% del potasio para los cultivos. La exploración del complejo Autazes podría abastecer el 25% de la demanda brasileña de mineral.

La construcción del complejo en la cuenca del río Madeira es estratégica para los productores de soja de los estados de Mato Grosso y Rondônia, en la Amazonia Legal. Los transbordadores que hoy todavía están cargados de granos con destino a puertos de la región norte, desde donde se exportan a Europa y China, regresarían a los estados productores ya llenos de fertilizantes.

Pero la expectativa de atraer altas inversiones al proyecto dejó en un segundo plano la mitigación de las pérdidas socioambientales, como se muestra en un comunicado a la ANM, en el que el AP indica su intención de explorar el subsuelo en el Territorio Indígena Jauary, sin descartar interferencia en el sitio. Pero sostiene que, como la exploración sería subterránea, el ruido de la actividad sería “prácticamente nulo” y el impacto del agua, “puntual”.

Río Madeira, en Autazes, desde donde se enviaría el fertilizante a la producción de soja en los estados de Mato Grosso y Rondônia. Foto: Bruno Caporrino.
Un estudio realizado en 2018 por investigadores de Brasil y Estados Unidos muestra que el complejo Autazes presenta riesgos para el suelo, la estructura geológica, la vegetación, los acuíferos e incluso el drenaje superficial. La deforestación, según los investigadores, también dañaría el ciclo hidrológico, el hábitat de la vida silvestre y la biodiversidad.

“Dicen que traerán desarrollo, pero sabemos que no es así”, dice José Claudio Pereira Yuaka, presidente del Consejo Indígena Mura. “Sabemos muy poco sobre el proyecto, pero sabemos que pueden ingresar a los territorios indígenas bajo tierra. Esto es una amenaza para el pueblo Mura, es un ataque, es un riesgo”.

La silvinita, el mineral del que se extrae el potasio. Foto: Divulgação/Potássio do Brasil.
En la producción del fertilizante se descarta el cloruro de potasio, conocido como sal de mesa. Según la empresa, parte de estos residuos quedarían a la intemperie para ser disueltos por las lluvias, pero las comunidades locales temen que el proceso lleve a la salinización de los ríos.

Debido a los riesgos asociados con la obra, el acuerdo judicial determinó que la licencia ambiental no debe realizarse hasta que se concluya la consulta con el pueblo Mura. Para realizar todas las rondas de conversación y votaciones, la previsión es que la consulta dure un año. Este plazo tiene que ver con cómo decidieron ser escuchados, según explicó el antropólogo Bruno Caporrino, quien fue designado por la Corte Federal para coordinar la elaboración del protocolo de consulta, concluido en 2019.

“La metodología que eligieron fue de tres ámbitos de encuentro: local, regional y general. En algunas reuniones, solo los indios Mura pudieron participar. Así, se pudo garantizar que no hay interferencias externas ”, explica Caporrino.

La consulta comenzaría en 2020, pero se suspendió debido a la pandemia del Covid-19. La gravedad de la situación brasileña puede posponer el proceso, dice Fernando Soave, hasta el 2022. En febrero, la magistrada Jaiza Maria Fraxe, responsable de la acción en la Corte Federal, afirmó que “no es recomendable, plausible y mínimamente razonable promover cara -reuniones cara a cara en este momento ”.

Medias verdades para la SEC
En los documentos remitidos a la SEC, el AP entregó información inexacta al regulador, como la previsión a tres meses para la conclusión de la consulta con los indígenas para garantizar el inicio de la obra. Esto puede resultar en una multa para la empresa y conlleva un riesgo para los inversores potenciales. «No tienen seguridad alguna sobre este proyecto», comentó Soave.

La consulta con los pueblos indígenas ha sido uno de los puntos más sensibles del proceso. En abril del año pasado, la SEC exigió aclaraciones a la minera sobre las posibles repercusiones legales del dictamen.

“Brindar información actualizada y explicar con más detalle la forma en que se desarrollan las consultas”, pidieron en una carta dirigida a la sede de la empresa en Canadá.

El grupo respondió que había realizado “varias rondas de consultas”. Estas rondas, según consta en el expediente en el Tribunal Federal, son audiencias públicas impulsadas por la empresa en 2015, fuera de las aldeas, y que, por tanto, no pueden ser consideradas como la consulta previa que los Mura definieron en el protocolo en 2019.

La empresa también afirma que la agencia ha suspendido la concesión de licencias ambientales del proyecto «de forma voluntaria». Pero el abogado Fernando Soave recuerda que esto se debió a la audiencia de conciliación.

La relevancia de la consulta también se ha ido ignorando progresivamente. En marzo de 2020, la minera informó a la SEC que «la oposición de los indígenas puede requerir modificaciones o impedir el funcionamiento del proyecto en Autazes». Tres meses después, luego de la solicitud de explicaciones de la SEC, una nueva versión del mismo documento no contenía la opción de impedir el emprendimiento (en inglés, «precluir el desarrollo u operación «), indicando solo que la oposición de los indígenas «puede , en determinadas circunstancias, requerir modificación del proyecto”.

Documento enviado a la SEC en marzo de 2020, en el que se asegura que la operación indígena «impide».
En junio de 2020, una nueva versión del documento excluye el impedimento de la operación.
Para la Justicia Federal de Amazonas, en 2016, la empresa explicitó su intención de no considerar la consulta con el pueblo Mura como un impedimento: “Es importante resaltar que el Convenio 169 de la OIT en ningún momento estableció que la consulta con las comunidades indígenas pueblos implicaría un poder de veto a la concesión de licencias ambientales ”, afirma Potássio do Brasil.

Fernando Soave defiende que la decisión de los indígenas tiene poder de veto y puede bloquear la empresa. “La consulta es una autonomía del pueblo Mura. En la audiencia judicial, la empresa acordó que la decisión es vinculante ”, dice el fiscal.

El abogado también expresó su preocupación por la información entregada por la empresa a la SEC y el posible incumplimiento del acuerdo. «Esta información es preocupante, ya que puede representar tanto datos engañosos llevados a posibles inversores como un posible incumplimiento de los requisitos para la consulta», dice Soave.

Historia de violaciones
Potássio do Brasil impulsó participaciones en Autazes en 2009. La empresa minera obtuvo permiso para investigar el mineral a pesar de que un grupo de Funai ya había estado identificando la Tierra Indígena Jauary durante casi un año. «Empezaron todo mal, perforando pozos en tierras indígenas [sin autorización]», dice el fiscal.

Como se trata de un área indígena en proceso de demarcación, la empresa tendría que solicitar una licencia ambiental a nivel federal, entidad que protege legalmente a estos pueblos en Brasil. Pero Ipaam, la agencia ambiental estatal en Amazonas, otorgó una licencia preliminar.

En 2016, Ipaam justificó la licencia, garantizando que el proyecto «no está insertado ni contempla el uso de recursos naturales en tierras indígenas». Sin embargo, al mismo tiempo, la propia AP admitió el solapamiento.

“Se instalaron en 2010, con oficina en la ciudad de Autazes, e iniciaron estudios y perforaciones. No le preguntaron nada a nadie ”, recuerda José Claudio Pereira Yuaka. «Alrededor de 2015, nos enteramos de los desastres en la televisión de otros proyectos mineros y buscamos aprender más sobre esta mina».

Desde entonces, los canadienses han estado perforando Autazes en busca de potasio, que ya les ha costado $ 250 millones de reales (más de $47 millones de dólares) según la demanda. Hoy saben dónde encontrar el mineral y dicen que la exploración no impacta la región ocupada por el pueblo Mura porque ocurre bajo tierra.

Simulación en 3D de los pozos de perforación de la planta de potasio de Brasil y de la excavación de la mina subterránea de silvinita, según el vídeo de presentación del proyecto. Crédito: Divulgación/Potashio do Brasil.
Informan que la perforación tendrá de uno a tres metros y medio de ancho y hasta 900 metros de profundidad. Sin embargo, no está claro si esta exploración del subsuelo se llevará a cabo hacia el territorio indígena, donde la empresa ya identificó potasio.

En ese momento, los indígenas incluso amenazaron a incendiar equipos de la empresa para desmovilizar la perforación, y Funai pidió que se detuvieran los estudios «porque están afectando la Tierra Indígena Jauary».

Con tantos percances, el MPF decidió intervenir y, a los pocos meses de la apertura de una investigación en 2016, la empresa aceptó la audiencia de conciliación. Además de llevar las riendas del proceso con más fuerza, el MPF también pudo suspender la licencia ambiental previa.

Aun así, el AP rompió el acuerdo en al menos dos momentos: en 2017, la empresa tardó cuatro meses en justificar excavaciones que preocupaban a los indígenas; y en 2019, anticipó estudios para identificar la flora local para acelerar la concesión de licencias.

En 2017, la agencia minera emitió un informe técnico favorable a la minería subterránea en tierras indígenas, pero hizo reservas sobre cuestiones legales.

No existe una disposición legal para la exploración minera en tierras indígenas en Brasil, pero el gobierno de Jair Bolsonaro ha estado presionando para legalizarla. Es en estos posibles cambios, por supuesto, en los que las empresas mineras confían cuando presentan solicitudes a la agencia minera, ANM.

Por tal motivo, la Procuraduría General de la República determina que la dependencia no acepta solicitudes de investigación minera en territorios indígenas, incluso si se encuentran en la fase de demarcación, como es el caso de las tierras Jauary.

Además, la Corte Federal eliminó en 2019 todos los requisitos en tierras indígenas de la Amazonía. Aun así, la minera canadiense continúa con 19 pedidos activos que se superponen con territorios indígenas en el estado, según datos de Amazônia Minada.

Además de los avances de la empresa, los indígenas deben resistir las presiones e incluso las amenazas que vienen de la ciudad de Autazes.

“A veces escuchamos quejas de personas que dicen que la región puede ser rica, pero los indígenas no tienen nada que hacer. He visto en el baño de un bar en la ciudad un graffiti que dice «Muerte al pueblo Mura». Solo queremos que se aplique la ley ”, dice Herton Mura, asesor de la Organización de Liderazgo Indígena Mura do Careiro da Várzea.

Cuestionado el 7 de mayo sobre la serie de abusos legales, el PDB no hizo comentarios. Tampoco tuvimos respuesta de la SEC sobre la información proporcionada por el AP, y de IPAAM sobre las licencias ambientales bloqueadas por los tribunales. CITIC no regresó hasta que se cerró el informe.

La ANM, por su parte, negó que existan requisitos mineros vigentes dentro de Tierras Indígenas en Amazonas, pero la nota enviada por la consultora se contradice en la siguiente frase: “El hecho de que aparezca un requisito en SIGMINE en un área indígena ha ningún efecto práctico”. La agencia reguladora ignoró una pregunta sobre el incumplimiento de un dictamen de la AGU de 2009 que impide las autorizaciones para la extracción de minerales en territorios indígenas ya identificados, como es el caso en el territorio de Jauary.

Este informe se ha realizado en colaboración con InfoAmazonia.

Este artículo, escrito por Hyury Potter y Fábio Bispo, fue publicado originalmente en Diálogo Chino y re-publicado bajo licencia creative commons por Bienes Comunes de El Desconcierto.
https://www.eldesconcierto.cl/medio-ambiente-y-naturaleza/2021/05/18/brasil-gigante-minero-atropella-a-indigenas-para-explorar-potasio-en-amazonas.html

Argentina

«Caminamos porque no queremos morir por el virus y tampoco por la contaminación»

Dos hechos tan dolorosos como arrasadores las movilizaron en geografías distantes del país. En el norte, una niña wichi había sido violada y asesinada; en el sur, los incendios forestales se tragaron bosques enteros en pocos días. Las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir -un red que suma a mapuche, aymaras, wichi, ranqueles e integrantes de otros pueblos originarios- no se preguntaron qué hacer, se pusieron en acción. Salieron a caminar en marzo desde el Chaco y desde Chubut para denunciar con sus pasos el extractivismo y una idea «de progreso que es exterminio». Mañana llegan a la ciudad de Buenos Aires después de decenas de asambleas, habiendo tejido una red ambientalista que seguirá en acción contra esa palabra nueva que se llenó de sentido en el camino: terricidio.
Por Estefanía Santoro y Euge Murillo
21 de mayo de 2021
El paso por la costa sirvió a la vez de descanso para los pies de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.. Imagen: Jose Nico
Desde Mar del Plata

“Flores nativas, rebelión, incendiarias del sistema de racismo y misoginia abrazamos a la tierra. Sagrados nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicias para ellos no habrá paz.” Epunewen.

Vienen cargando la palabra Terricidio envuelta en un paso firme por tierra arrasada. Caminan para denunciar, ser oídas, escuchar, encontrarse y aunar fuerzas. Estas cronistas se encuentran con algunas de las caminantes del Movimiento de Mujeres indígenas por el Buen Vivir en Mar del Plata, a solo 400 kilómetros del punto de llegada: la Ciudad de Buenos Aires. Ya las suelas están gastadas, la piel percudida por la transpiración acumulada, las estrategias del ritmo bien aprendidas: “Cuando arrancan no paran” dice Vik que acompaña al bloque sur de la caminata. Se queda un poco más atrás que sus hermanas -así se llaman entre ellas- que caminan por la pasarela unos metros más arriba del nivel del mar en donde es furor el Paddle Surf, un deporte marítimo que consiste en mantenerse de pie sobre una tabla con la ayuda de un remo de una sola pala. Las caminantes atraviesan la ciudad balnearia que está en fase 2 en la escala ya conocida de la Covid19. Algunas personas siguen su rutina matutina sin prestarles atención, otras aminoran el paso para ver de qué se trata. Con un té calentito en el termo que acompaña la voz baja, explican con paciencia por qué decidieron salir de diversos territorios e iniciar el pasado 14 de marzo una caminata plurinacional desde distintas provincias para encontrarse mañana 22 de mayo en la Plaza de los Dos Congresos a las 14 hs.

Se adentran en la arena, charlan, un sorbo, un poco de descanso, miran el horizonte y de vez en cuando se envuelven en una bandera que dice: “Basta de Terricidio. Mientras no tengamos justicia para ellos no habrá paz”

¿Cómo surgió la iniciativa de la caminata?

Las mujeres indígenas buscan concientizar a la población sobre la necesidad de un cambio de paradigma hacia el Buen Vivir, como ellas lo llaman, basado en la protección de los bienes comunes (aire, agua, tierra) que existen en el mundo que habitamos y terminar con el modelo extractivista que destruye y contamina todo a su paso: “Hubo dos hechos muy concretos a partir de los que dijimos algo tenemos que hacer, no tenemos más que nuestro cuerpo y por eso salimos a caminar. Uno de esos hechos sucedió este verano, en enero. Una niña wichí la violaron en manada, la asesinaron y dejaron su cuerpo tirado. Su madre, que no habla castellano, cuando desaparece, quiere hacer la denuncia. Se le cagan de la risa en la cara y no le toman la denuncia. La tía de esta niña pertenece al movimiento y nos contó por lo que estaban pasando. Cuando apareció el cuerpo de la niña, tampoco hicieron nada, no salieron a buscar culpables, ni siquiera figuró en los medios de comunicación. Esta situación no es excepcional, es parte de la realidad, el chineo justamente es algo que lo quieren hacer pasar como una práctica cultural pero es una aberración que sucede desde el colonialismo, que son violaciones en manada a niñas de parte de criollos. A esa situación se sumaron los incendios en la Comarca Andina y en Corcovado, Chubut donde el río Carrenleufú está amenazado por un proyecto de 18 represas, esto viene acompañado de otros proyectos de megaminería. Están empezando a quemar las tierras para seguir profundizando el modelo extractivista. El intendente de El Maitén dijo que quiere explorar la zona a ver si hay petróleo. Ya no podemos más porque estamos en pandemia encerrades pero las actividades extractivistas continuaron ¿cuál es la lógica? ¿Tenemos que estar encerrades para no morir por el virus pero sí podemos morir de contaminación? Desde ahí nos impulsa salir a caminar, encontrarnos con quienes ya no queremos ser parte de esta realidad. Esto debe interpelarnos a todos, porque todos estamos habitando este territorio que fue y está siendo masacrado”, explica Vik.

La caminata fue organizada por columnas que partieron desde distintas partes del país. La columna sur conformada por mujeres de la nación Mapuche partió desde la Puel Willimapu en Corcovado, Chubut, para continuar por los pueblos y ciudades de Esquel, El Maitén, El Bolsón, Epuyén, Furilofche, Dina Huapi, Villa La Angostura y Comallo. La parada en Mar del Plata fue la última antes de llegar a Buenos Aires del bloque sur. La columna norte partió desde Roque Sáenz Peña, en Chaco, son mujeres de la Nación Qom y Diaguita y continuaron la caminata hacia Resistencia, Paraná, Cayastá y Rosario.

Noel Romina Naporichi pertenece a la nación Qom, nacida y criada por sus abuelxs en Juan José Castelli, ciudad del noroeste de Chaco, hoy vive en Rosario donde emprendió el camino de “lucha, fuerza y recuperación territorial” de su comunidad, así es como lo denomina. Ella transita los diferentes territorios para visibilizar que las naciones indígenas «necesitan la atención que nunca se les dio». Forma parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen vivir, es profesora de peluquería y coordinadora de espacios juveniles en centros comunitarios y privados de Rosario, comprometida además con la lucha antipatriarcal y antiracista.

Noelia fue la encargada de alojar en su casa a un grupo de mujeres del bloque norte: “Hicimos un recorrido por Santa Fe, donde nos recibieron las hermanas del pueblo Mocoví y la comunidad Qom en barrio Las Lomas. Ahí estuvimos varios días, después fuimos a Paraná. Y finalmente llegamos a Cayastá a la comunidad de la hermana Marta González, del pueblo Mocoví.”

¿Qué es el Terricidio?

En su andar le hacen una apuesta corajuda al lenguaje, llenar de sentido la palabra Terricidio de manera colectiva, recogiendo como si fueran espigadoras las voces que emergen de cada lugar en donde se detienen a conversar de modo asambleario ¿Cómo nos atraviesa el Terricidio? Falta de agua, contaminación, incendios de bosques nativos, fumigaciones ilegales con agrotóxicos, montañas dinamitadas, son solo algunas de las formas en las que se materializa esta forma de exterminio a lo largo y ancho del país. No es casual que hayan elegido instalar una palabra, la lengua originaria les fue saqueada, de esa herida reconstruyen el lenguaje, primero el ancestral y después la traducción, una coreografía auditiva para ser oída pero también para convertirse en hacedoras de palabras que expliquen las heridas del mundo.


Julieta es integrante de la organización Ecos de Mar y explica: “En Mar del Plata, el Terricidio se manifiesta desde hace años con las fumigaciones. Todo el cordón frutihortícola de la ciudad es uno de los cordones más importantes del país y está siendo fumigado, ese veneno va a la mesa y al agua. El Grupo Aguas, que depende de la Universidad de Mar del Plata, realizó un estudio donde detectaron que el agua de las escuelas contiene gran cantidad de químicos. Esto es histórico en la ciudad porque desde hace años no respetan las ordenanzas que prohíben fumigar a menos de mil metros de distancia. Después tenemos otras cuestiones que tienen que ver con los intereses turísticos, con un montón de barrios privados que se están extendiendo sobre reservas forestales, como, por ejemplo, en el bosque. Constantemente los intereses privados se apropian de los espacios públicos, de las playas públicas y de las reservas que ya están siendo violadas totalmente. Pero lo que más nos alarma desde hace algunos años, es que empezaron a aparecer ballenas y delfines muertos y no entendíamos por qué. Conectándonos con distintas instituciones, nos explicaron que esas muertes están relacionadas con la exploración sísmica de hidrocarburos. Es un tipo de técnica para localizar pozos petroleros en el fondo marino, a través de bombardeos acústicos, estruendos muy fuertes como el sonido del despegue de un cohete espacial que le revientan los tímpanos a los animales o los dispersan, hacen que se pierdan y se terminan muriendo varados. Ese es un gran Terricidio. Hace cuatro años que lo pusieron en práctica, cuando otorgaron permisos de exploración sin consulta pública y es el paso previo a lo que se viene después. Estamos hablando de una superficie enorme de pozos que va a ocupar gran parte de la Provincia de Buenos Aires, desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca. Una vez que se instalen las petroleras, habrá pozos petroleros a poca distancia de la costa. Se sigue profundizando el modelo extractivista. Greenpeace junto con la Universidad de Tandil vienen investigando este proyecto y calculan que va a haber por lo menos un gran accidente petrolero grave que va a contaminar toda la costa. Nos hemos manifestado sobre este tema, pero es muy difícil que llegue la información a la gente porque hay un cerco mediático muy grande.”

La vía orgánica es un espacio cultural y comunitario de huerta que tiene una cuadra de extensión en la ciudad de Mar del Plata: “Se abastecen de alimentos agroecológicos personas que de manera espontánea se acercan, los jueves y sábados se realizan los trabajos comunitarios. Son entre 12 y 15 personas con sus familias”, explica Maria Laura Tiburcio, técnica agrónoma y parte del proyecto: “La agroecología es una de las resistencias y alternativas al sistema productivo imperante y por sobre todo una respuesta hacia una vida digna, la huerta orgánica e intensiva es una forma de producir alimentos sanos durante todo el año, libres de los agrotóxicos que ponen en riesgo nuestra salud” concluye.

Poner en palabra

¿Cuándo comenzamos a utilizar la palabra femicidio como obradora de sentido frente al ya extinto “crimen pasional”? ¿cómo es que queda anclada en el lenguaje una palabra? ¿Es casual la lucha por instalar palabras de sufijos que indican matar, eliminar, exterminar? Urge el caudal de sentido sobre la palabra, entenderlas y reconocerlas, como los caminos que se recorren varias veces para memorizar los lugares por los que se pasa y no tanto el punto de llegada. Algo parecido a lo que vienen haciendo las caminantes. Urge poner en palabras cómo se llevan a cabo estas múltiples formas de exterminio para encontrar estrategias de resistencia. El terricidio es la síntesis del genocidio, el ecocidio, el feminicidio y el espistemicidio que sufren las comunidades desde el momento en que los pueblos preexistentes al Estado Nación fueron saqueados, destruidos y colonizados.


El ecocidio es la destrucción de los territorios de manera irreversible, ocasionada por el desmonte, la tala indiscriminada, la megaminería contaminante y los incendios intencionales que dejan a las comunidades sin posibilidad de cosechar, sin agua y enferma sus cuerpos por los desechos que las empresas esparcen sin control.

El epistemicidio es la eliminación del conocimiento, de las formas de entender y concebir la vida de las comunidades indígenas. Es la colonización que destruyó su cultura, su idioma, sus ceremonias, su medicina. Es la opresión y la negación de la identidad indígena. La iglesia católica tuvo una gran responsabilidad en esto durante sus misiones cristianas.

Las mujeres indígenas definen el feminicidio como “el asesinato organizado y continuo de las empresas terricidas que atacan a las mujeres en las comunidades por motivos económicos”, es también la violencia patriarcal que sufren y es el Estado que no protege ni asiste a esas mujeres, es la institución policial que se les ríe en la cara cuando se acercan a una comisaría a realizar una denuncia y descreen de sus testimonios.

El genocidio indígena, que en este sur comenzó hace más de 200 años, continúa hasta nuestros días cuando las comunidades son negadas, olvidadas y despojadas de sus territorios y su ancestralidad. El exterminio de los pueblos se perpetúa, solo cambiaron los métodos, hoy mueren por hambre, por contaminación, por la violencia racista institucional y por la desidia de los gobiernos.

Los gobiernos, el Estado y las empresas extractivistas son los responsables de esta matanza, los terricidas que cegados por el poder y el dinero perpetúan la opresión hacia las comunidades.

¿Por qué caminan?

“Nosotras caminamos para sanar y en el trayecto surgen círculos de diálogos donde contamos las cosas que nos lastimaron durante nuestra infancia, nuestra adolescencia y cuando podemos nombrarlas, decirlas, vamos sanando. En el camino también nos encontramos con otras hermanas que han pasado por sufrimientos peores o iguales y ver que ellas tuvieron la fortaleza de superarlos es otra forma de sanar. En el caminar plantamos una semilla que más adelante dará sus frutos y eso es parte de la sanidad porque sanamos junto con la pacha”, cuenta Karumanta Escalada, mientras sus pies dejan huella en la arena de la playa y el sol vuelve más brilloso la profundidad de su pelo negro, largo y lacio”, ella es una mujer de la nación quechua y Aba Guaraní, vive en General Pico, La Pampa. Pertenece a la comunidad Ajayhu Pawha y también integra el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

Inició la caminata a mediados de abril y se unió al bloque de mujeres que partieron del sur del país, su historia de vida se repite en muchas mujeres indígenas de los distintos territorios. Nació en Orán, Salta, cuenta que se crió en medio de dos comunidades: Aba Guaraní y Coya Quechua. Ya durante su adolescencia comenzó a transitar distintas provincias del Norte en búsqueda de trabajo, fue trabajadora de casas particulares y niñera, siempre en la informalidad, sin derechos y con sueldos muy bajos que apenas le permitían subsistir. A sus 25 años llegó a La Pampa y cuando quiso regresar a Salta su situación económica era tan precaria que no pudo pagarel viaje de vuelta. “Me costó mucho acostumbrarme a La Pampa porque el clima era muy frío para mí que venía del Norte y la gente era demasiado blanca, sufrí mucha discriminación. Hasta que una mujer me dio trabajo y me ayudó mucho. En ese momento yo tenía a mis dos hijos chiquitos, los crié sola y salí adelante.”


Hace 12 años Karumanta comenzó un proceso de recuperación y defensa de su identidad primero en la comunidad Pincen en Trenque Lauquen y luego la llevó adelante en su propio territorio, en General Pico. Comenzó a contactarse con vecinxs y conocidxs que les contaban la historia olvidada y negada de sus raíces. “De repente charlando con alguien me decía, ‘mi mamá, mi abuela era india’ y yo les contestaba: vos también lo sos. Hay una historia que me conmovió mucho, era una señora grande, me dijo que varios de sus tíos murieron porque les hicieron cruzar el río caminando, eran del pueblo Charrúa y ella no sabía. Era muy doloroso para ella saber que le habían pasado cosas graves a su familia, y así fue, se fue redescubriendo. Otra chica me decía ‘yo sé que yo soy Ranquel, pero no sé nada de mi historia, no sé la lengua’ y empecé a darles ánimo, las ayudé a recuperar su identidad. Así se fueron sumando 15 familias de distintos pueblos y comunidades y formamos la comunidad urbana Ajayhu Pawha que significa espíritu libre, porque no se busca que sea de una etnia específica, sino recuperar nuestra identidad. Fuimos la primera comunidad que hizo una ceremonia de la Pachamama en General Pico y muchos se asombraron porque es una ciudad muy blanca.”

Karumanta extendió la recuperación de su identidad a las escuelas, comenzaron a llegarle invitaciones de distintas instituciones educativas para dar talleres y contar lo que significa ser mapuche, su lengua, su cultura, su espiritualidad. Ella también cuenta cómo se manifiesta el Terricidio en su comunidad: “El gran problema que existe en La Pampa es la contaminación del agua con arsénico y agrotóxicos. Donde yo vivo está rodeado de campos que son fumigados, vemos cuando pasan aviones a muy pocos metros de nuestras casas tirando veneno, denunciamos, pero no pasa nada. Hay muchas personas enfermas de cáncer y esto es algo que pasa hace mucho, cuando llegué a La Pampa me llamó la atención que las personas tenían los dientes negros y tengo amigas de mi edad que en sus fotos no sonríen porque les da vergüenza mostrar sus dientes.”

Otras de las formas en las que se manifiesta el terricidio en la comunidad donde vive Karumanta es a través de prácticas que reproducen el machismo heredadas de la colonialidad: “Cuando llegué a La Pampa me di cuenta que los varones tenían el privilegio de sentarse en la punta de la mesa y que les sirvan primero la comida, eso en mi comunidad jamás existió, cada día trato de desarmar esas costumbres que no tienen nada que ver con las nuestras”, cuenta y concluye: “Nosotras estamos seguras que esta caminata es el principio de algo que nos va a dar herramientas, tal vez nosotras no vamos a ver los frutos de esta caminata pero si nuestras hijas y nietas. Ellas van a tener más herramientas que nosotras porque este caminar es una transformación, un conocimiento, las que vengan detrás de nosotras van a tener un camino más directo.”

Las asambleas

La dinámica asamblearia es una de las huellas que fue dejando el recorrido: una ronda en donde la voz baja toma protagonismo, el esfuerzo en la escucha es también una manifestación de otro modo de comunicación: “Podría subir la voz hermana” le dicen a una de las caminantes que se encuentra en la parte de la ronda en donde todavía llegan los últimos rayos de sol de la tarde. Ella mantiene el hilo de voz en una frecuencia baja, la sostiene el sonido del mar y del viento. Las personas comienzan a acercarse lentamente para oír mejor. Una mujer saca de su bolso un pan, lo deja al costado de una de las caminantes que agradece con un gesto y dice una frase que instala el silencio por un rato: “La tierra está agonizando y sin embargo nos sigue alimentando”. Luego la palabra comienza a circular “Quiero leerles algo que justo tenía en la mochila”, la mujer se ríe cuando dice la palabra “justo” y continúa: “Tiene que ver con esto de buscar otras palabras, de inventarlas, en nuestro grupo de amigos nos pasaba que no nos gustaba tanto la palabra “militancia” por su procedencia, entonces encontramos una nueva y quiero compartirla: viditancia es una palabra nueva propuesta por la Red JArilla de Plantas Saludables de la Patagonia como modo de enfatizar la actividad por el cuidado de la vida”. Los aplausos son tímidos pero emergen de la ronda, es ahí en el sentido del lenguaje donde late el corazón de la caminata.

“En todos los lugares en donde fuimos parando se armaron estas asambleas, las personas se van acercando, por ahí al principio somos poquitas y después va creciendo”, cuenta una de las hermanas. La forma en la que se organizan es a través de las personas que las reciben en las diferentes paradas, comida, lugar para hospedarse y acompañamiento en un tramo del recorrido. Luego se difunde el horario en el que va a suceder la asamblea y se convoca. Sobre el final se arma un grupo de wasap en donde quienes quieran pueden dejar su contacto, de este modo van tendiendo una red a su paso.

“En Mar del Plata, una de las principales luchas es por las costas públicas, vaya si no nos está afectando el terricidio” dice Sofia Romero, que tiene 23 años y estuvo en la última movilización masiva que hubo en la ciudad antes de que comenzara la temporada por la privatización de las playas.

“Las personas tienen que entender que el Terricidio nos afecta a todes, nos atraviesa, venimos acá a Mar del Plata y las personas nos cuentan que tienen que estar defendiendo las costas para que sea pública, todavía las personas no despertaron en ese sentido. La caminata viene a dar un sacudón para despertar, para que nos demos cuenta que se nos está muriendo el planeta a manos de un supuesto progreso que en realidad nos lleva a la destrucción y eso no lo estamos viendo”, dice Neli Curia, mujer mapuche de El Bolsón, ella se unió a la caminata en Jacobacci, Departamento Veinticinco de Mayo en Río Negro: “En algunas asambleas por las que pasamos acompañamos el pedido de visibilidad por la búsqueda de Tehuel, nuestra lucha por la visbilización es muy parecida a la que viven las diversidades porque sus muertes no repercuten y a nosotras nos pasa lo mismo, no tenemos repercusión en la prensa y es duro decirlo, pero las compañeras feministas blancas tampoco miran las muertes y violaciones de mujeres indígenas como está pasando hoy con los travesticidios o la desaparición de Tehuel.” El territorio que habita Neli es una de las zonas de la Comarca andina que hace un mes ardió en llamas, un incendio que, tal como aseguran lxs vecinxs que lo perdieron todo, fueron intencionales y esconde los intereses de grandes empresas. Hace tres años se unió al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, es artesana y alfarera, su economía quedó desbastada cuando comenzó la pandemia, al no poder vender sus productos en las ferias, subsiste con su huerta: “La caminata tiene la particularidad que trae nuestra espiritualidad a cuestas, nuestros ancestros nos estuvieron guiando, estuvimos protegidas y sanas. En todos los lugares donde estuvimos hicimos nuestras ceremonias. Nosotras creemos que la tierra nos acompaña porque sobre ella estamos, las personas de los distintos territorios que recorrimos nos acercaron sus hierbas medicinales, también nos han contado sobre las consecuencias del impacto turístico y las mineras sobre los territorios naturales y eso lo pudimos ver al caminar.”
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