Argentina, Criminalización de la protesta

Reclaman «el cese de la criminalización de la protesta social en Andalgalá»

06/05/2021
La docentes, investigadores, no docentes, estudiante y egresados de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) que estuvieron realizando clases públicas por la situación en Andalgalá publicaron un documento en el que reclaman “el cese de la criminalización de la legítima protesta social y de las acciones de hostigamiento y persecución política desatada contra los defensores del Agua del Aconquija”.
El documento completo:

«PRONUNCIAMIENTO DE LA COMUNIDAD PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

Los acontecimientos desencadenados en Andalgalá desde los primeros días de abril de este año, constituyen un episodio más de un largo proceso de violencia estructural que arrecia sobre nuestros territorios/poblaciones bajo las modalidades del extractivismo minero neocolonial. El inicio de facto de las operaciones de exploración avanzada del Proyecto MARA (fusión Agua Rica y Alumbrera) arremete, no sólo contra la normatividad específica vigente (art. 41 de la Constitución Nacional; Ley Nacional 26.639, de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares -cuya existencia en las sierras de Aconquija fue constatada por el SEGEMAR, el IANIGLA y el Ministerio de Minería de Catamarca; Ley General del Ambiente 25.675; Ordenanza Municipal 029/16; Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 02 de marzo de 2016), sino que avasalla las más elementales garantías constitucionales de la población.

Andalgalá lleva más de 25 años de resistencia. En el 2005 rechazó la “presentación” de Agua Rica. En 2009 se conformó la Asamblea El Algarrobo que, junto a otras organizaciones populares, asambleas y vecinxsautoconvocadxs han venido sosteniendo la defensa del territorio, quedando en la memoria la brutal represión del 15 de febrero de 2010.

A este reclamo histórico por la libre determinación, la respuesta del Estado es la criminalización. Hemos seguido con preocupación los allanamientos y detenciones arbitrariamente ordenadas contra asambleístas y manifestantes, así como la intimidación hacia otrxsvecinxs, pues entendemos que estamos frente a la vulneración de derechos humanos básicos que buscan desarticular el reclamo social, penalizando un conflicto social real y profundo de larga data.

Ante la gravedad de estos acontecimientos, como integrantes de la comunidad pedagógica y científica de la Universidad Nacional de Catamarca (en nuestro carácter de estudiantes, egresadxs, no-docentes y docentes e investigadorxs) manifestamos nuestro más enérgico repudio a este nuevo ciclo de violencias y despojos. Reclamamos el cese inmediato de las medidas de fondo que violentan radicalmente los derechos territoriales del pueblo de Andalgalá, de la criminalización de la legítima protesta social y de las acciones de hostigamiento y persecución política desatada contra lxsdefensorxs del Agua del Aconquija.

Llamamos a toda la comunidad científica y académica a difundir y promover el debate sobre estos hechos considerando nuestra función social al servicio de la democracia y la justicia, abandonando la pasividad como forma de complicidad con los poderes fácticos.

Exigimos el rechazo de los fondos mineros para las Universidades Públicas que colonizan y mercantilizan la producción de conocimiento; el sobreseimiento y el cese definitivo de las causas injustas contra lxsdefensorxs del agua y la vida de Andalgalá y la liberación del Aconquija, con la paralización total de la exploración avanzada del proyecto MARA.

La única vía para erradicar la violencia de modo legítimo y eficaz exige resolver democráticamente la conflictividad estructural que la genera. Eso implica básicamente el reencauzamiento de un diálogo democrático-participativo sobre el modelo minero impuesto, empezando por la derogación de la ley provincial de adhesión a las reformas de los ‘90 (Ley Provincial 4759) y el inicio de un proceso de deliberación y construcción de genuinos consensos sociales, políticos y científicos sobre qué tipo de minería necesitamos y es posible realizar para un horizonte de autodeterminación histórico-social encaminado hacia el bienestar colectivo, la justicia social y ambiental y la convivencia democrática. Frente a esto, tenemos un gran desafío y un gran reto como Universidad Pública, empezando por desandar la senda recorrida de la defraudación social. Esta lucha no es solo de Andalgalá, es de todos nuestros territorios, es del único mundo existente. Sin justicia ambiental para la Madre Tierra no puede haber justicia social (ni justicia cognitiva)».

Firman el documento (226 firmantes):

Manuel Fontenla (UNCa – CITCA – CONICET); Laura Roda (Docente, UNCA); Mariela Pistarelli (DocenteF. Humanidades-UNCa/ Colectivo E.P. del Sur- CITCA); Marcia Vergara (Becaria doctoral CONICET/Escuela de Arqueología, UNCA); Horacio Machado Aráoz (Docente UNCA – Investigador CONICET). Hay más firmas…

Perú

Dirigentes de la macro sur organizan marcha contra la gran minería en Moquegua

Pachamama Radio
06/05/2021
Representante del comité de Lucha de la zona sur, Rufino MachacaFoto: Referencial/Difusión

Dirigentes y representantes de los pueblos originarios de la macro sur del Perú, tienen previsto realizar una marcha contra las mineras transnacionales, por las principales calles de la ciudad de Moquegua, el próximo 7 de mayo, informó el dirigente aimara, Rufino Machaca Quinto.

El dirigente de la zona sur, señaló que con la protesta exigirán el respeto a las leyes de cuencas hidrográficas durante el proceso de extracción de minerales.

Esta medida se realizará en Moquegua, a propósito de que desde hoy 6 de mayo, se realiza el congreso minero más importante del país, con asistencia de los representantes de las grandes mineras.

En forma paralela, la asamblea de dirigentes abordará el problema de contaminación del medio ambiente, las cuencas, extracción indiscriminada de las transnacionales, entre otras.
https://www.pachamamaradio.org/dirigentes-de-la-macro-sur-organizan-marcha-contra-la-gran-mineria-en-moquegua/

Criminalización de la protesta, Mexico

El millonario contra los ejidatarios

Por: Rubén Martín
05/05/2021
Por favor recordemos sus nombres: José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega. Este integrante del ejido El Bajío, Sonora, y su esposa fueron encontrados muertos el viernes 30 de abril y se suman a la larga lista de campesinos, ejidatarios, indígenas y defensores del territorio que han fallecido en conflictos en contra de empresas mineras emplazadas en México.

Privados ilegalmente de la libertad, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega pertenecían al ejido El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, y cuyos ejidatarios tienen un conflicto con el millonario Alberto Bailleres, quien decidió instalar una mina justo en las tierras de estos campesinos.

Alberto Bailleres, según la revista Forbes, posee una fortuna de seis mil 400 millones de dólares, lo que lo convierte en el cuarto hombre más rico de México. Es dueño de la cadena de tiendas Palacio de Hierro, socio de Femsa y dueño del conglomerado minero Peñoles, principal productor de plata en el mundo y uno de los principales productores de plomo y oro en el país. Sin duda, un hombre poderoso.

Gracias a este poder económico y a sus relaciones políticas ha conseguido muchas concesiones mineras que le han dejado negocios muy redituables.

Pero también un largo historial de conflictos agrarios y políticos, muchos de los cuales se han saldado con amenazas, agresiones, hasta desapariciones y asesinatos como los que han ocurrido en el ejido El Bajío.

Una mina de Peñoles, de nombre Penmont, empezó la ocupación ilegal de tierras ejidales en 1996 al solicitar permiso para explorar una parte del ejido, el cual le fue otorgado, “pero también inició ilegalmente la construcción de la mina Dipolos y una extensión de La Herradura, con las cuales los ejidatarios perdieron el acceso a todo su territorio”, de acuerdo al historial del conflicto que los ejidatarios difunden en su página de internet (https://ejidoelbajio.mx/). La importancia de estas tierras para la empresa de Bailleres se debe a que la mina La Herradura es una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de México, “que produce 57.4 por ciento del oro total de la compañía, generando 30.6 por ciento de sus ingresos”.

La empresa minera del millonario Bailleres llevó a cabo contratos individuales con ejidatarios que no fueron autorizados por la asamblea ejidal, por lo cual eran ilegales.

En 2009 un grupo de ejidatarios decidió interponer un juicio agrario contra Penmont. En 2013 un grupo de 67 ejidatarios interpusieron 67 juicios agrarios a la minera, obteniendo sentencias favorables de parte del magistrado Manuel Loya Valverde, que ordenó a la minera desocupar y entregar las tierras, devolver a los ejidatarios el oro extraído por la minera, además de indemnizar a los ejidatarios por el uso de sus tierras. Aunque los ejidatarios apenas pudieron regresar a sus tierras, el resto de la sentencia no se ha cumplido tal como ordenaron los tribunales agrarios.

Pero justo a partir de esta sentencia se desataron varios hechos violentos contra los ejidatarios: desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, amedrentamientos, quema de vehículos, siembra de armas y órdenes de aprehensión. La violencia contra los ejidatarios coincidió con la llegada al ejido de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien pretendía adueñarse de más de mil 800 hectáreas.

El presidente del ejido El Bajío, Jesús Thomas, dijo en entrevista para Radio UdeG que a pesar de que los tribunales les dieron la razón, la Fiscalía de Sonora se niega a cumplir las sentencias y acusan que de la fuerza pública actúa como brazo armado de la minera, es decir, al servicio del millonario Bailleres.

Los hechos que ocurren en el ejido El Bajío parecen lejanos de Jalisco, pero lo lamentable es que el patrón de despojos, amenazas y violencia como las desapariciones y los asesinatos se reproducen en Jalisco y en todo el país.

Apenas el pasado 24 de abril escribía en este mismo espacio de opinión (https://bit.ly/2QMDZJG) que existe una guerra contra los defensores del territorio y que en los dos primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han asesinado a 45 defensores del territorio, acumulando cientos de asesinatos y desaparecidos en las últimas décadas.

El caso del ejido El Bajío muestra que detrás de varias grandes fortunas que se acumulan en el país, se labran con este patrón de despojo de tierras y con la violencia contra quienes defienden esos bienes comunes.
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https://www.informador.mx/ideas/El-millonario-contra-los-ejidatarios–20210505-0029.html

Chile

Anglo American celebra reunión anual de accionistas y organizaciones socioambientales denunciarán sus operaciones destructivas en América Latina

En el caso concreto de Chile, Anglo American está dejando sin agua a las comunidades en Lo Barnechea, Colina y El Melón.
Por Leonardo Buitrago
05/05/2021
Este miércoles 5 de mayo está previsto que se realice la Reunión Anual de Accionistas (AGM) de Anglo American, por lo que comunidades, pueblos indígenas, trabajadores, sindicatos y organizaciones socioambientales de América Latina se han unido junto a organizaciones internacionales de derechos humanos y justicia ambiental para denunciar el impacto nocivo de la minera en la región.

La compañía con sede en Londres, Reino Unido, mantiene proyectos en Perú, Chile, Colombia, Brasil; así como en el sur de África, Canadá y Australia. Las operaciones de extracción de minerales se focalizan en cobre, platino, níquel, hierro, carbón, diamantes, entre otros diversos minerales.

A través de una nota de prensa, las organizaciones destacan que a pesar de la crisis sanitaria que ha afectado a todo el mundo, el gigante minero dio a conocer sus resultados financieros preliminares el pasado diciembre y reveló que obtuvo un total de $9.8 billones de dólares, un resultado que fue posible gracias a la sobreexplotación de hierro y cobre en Brasil y Chile.

Asimismo, señalan que estos ingresos se obtuvieron a costa de «los altos impactos en las vidas de las personas y el medio ambiente».

Al respecto, se refieren al informe del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros y otros informes sobre Covid y Minería en los que se detalla cómo la minería ha aprovechado el contexto de la pandemia por COVID-19 para favorecerse, sin importar las vulneraciones a los derechos humanos y la degradación de los ecosistemas.

A pesar de que el pasado 15 de abril, Anglo American anunció su compromiso de utilizar energía 100% renovable en todas sus operaciones mineras para el año 2022, las comunidades que tienen como vecino a alguna operación de la compañía, no están muy seguras de que esta sea la única medida que el gigante minero debe tomar para disminuir su impacto.

La compañía minera ha estado involucrada en múltiples conflictos socio ambientales alrededor del mundo. En América Latina han sido muy cuestionadas sus operaciones en la mina de carbón a cielo abierto en Correjón, Departamento de La Guajira, Colombia-el más grande de la región-; así como las minas de cobre El Soldado y Los Bronces en Chile; el futuro proyecto de cobre en Quellaveco, Perú, y las Minas Río de hierro en Brasil.

Operaciones destructivas en América Latina

Este año, la reunión anual de accionistas de la minera se realizará de manera online, debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, se podrán recibir consultas en línea. Por lo cual, desde London Mining Network, una coalición de organizaciones de justicia climática y derechos humanos, que trabaja en solidaridad con las comunidades que enfrentan los impactos de las compañías mineras con sede en Londres, se presentará la verdad sobre los impactos de la empresa.

De este modo, las comunidades en resistencia a Anglo American junto a London Mining Network, WarOnWant, Terra Justa, entre otras organizaciones internacionales expondrán las operaciones destructivas de la empresa en Latinoamérica. Así como los problemas que está enfrentando la región, entre los que figuran: la escasez extrema de agua, la destrucción de los glaciares, la degradación del ecosistema, contaminación de agua y aire, como enfermedades relacionadas a las operaciones mineras.

En el caso concreto de Chile, Anglo American está dejando sin agua a las comunidades en Lo Barnechea, Colina y El Melón.

Actualmente las personas tienen problemas para acceder al agua potable para vivir y esta crisis es consecuencia de la sobreexplotación de cuencas y el impacto directo en los glaciares por las operaciones de la compañía. Además, la minera posee derechos de agua por más de 119 millones de agua al día.

«El 91% de los glaciares de Sudamérica se encuentran en Chile y son la principal reserva de agua para el país. Solo entre 1988 y 2005 destruyeron en las cuencas altas del Río Mapocho y Maipo entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de agua de glaciares (Brenning, 2010)», señalan las organizaciones.

Asimismo, recuerdan que Anglo American con sus operaciones en Los Bronces Integrado ha contribuido a la destrucción de los glaciares en Chile, impactando las reservas de aguas más importantes para la vida.

“Nos parece inaceptable su mirada e impacto, mientras se permite, a vista de todos, que nuestras comunidades se enfermen y cada vez se hagan más pobres. Debido a sus operaciones, nuestros terrenos ya no tienen valor, inhalan el polvo minero que daña nuestros pulmones, no tenemos acceso al agua potable y cuando tenemos agua, está contaminada. Les pedimos que si tienen un poco de humanidad no nos maten a todos”, afirmó Teresa Poblete, líder ambientalista del Movimiento No+Anglo.

Anglo American debe responder por todo el daño ambiental y social que ha causado

Las organizaciones que conforman la Red Latina por nuestros territorios y también dieron a conocer una declaración pública en la que destacan que se han unido para luchar por la justicia ambiental y los derechos humanos, y en la que llaman a la compañía minera transnacional, que traza sus acciones en la bolsa de valores de Londres, a responder por su actos.

Recuerdan que la minera es una de las 100 empresas responsables del 77% de las emisiones de carbono a nivel mundial.

«Nos hemos unido en solidaridad por la defensa de nuestros territorios, para decir basta de abusos en nuestras tierras, en nuestra vida y naturaleza. Nos hemos unido para luchar por la justicia ambiental y los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. Anglo American ha creado su fortuna, explotando y saqueando nuestros bienes comunes naturales . A cambio, hemos recibido polvo de relaves, nos han contaminado nuestras aguas y nuestro aire, e impactando en nuestros ecosistemas, están acabando con nuestros bosques nativos, glaciares y salud. Creemos en otra forma de vivir, una que respete a la naturaleza, las cosmovisiones de nuestras comunidades indígenas y la protección de la tierra. Nos hemos unido para proteger la vida que Anglo American está destruyendo», señalan en el texto.

Denuncian que la minera intenta lavar su imagen con el uso de energías renovables en sus proyectos mineros y preguntan: «¿Con cuántos ríos, acuíferos, glaciares y bosques se acabará en el nombre de la sustentabilidad?. ¿Cuántos conflictos sociales causará en nombre del desarrollo sostenible? ¿Cuántos defensores de la tierra y de los derechos humanos serán cruelmente asesinados en el nombre del lucro/ beneficio económico?».

Por tal motivo, demandan que Anglo American se responsabilice por todo el daño ambiental y social que ha causado, para reparar a los pueblos y restaurar la naturaleza. También exigen que se garantice «la participación efectiva en la toma de decisiones sobre las acciones en los territorios, de los pueblos afectados por los proyectos la transnacional.

A continuación el texto íntegro:

Declaración pública Red Latina por nuestros territorios

¡Anglo American responde!

Somos comunidades, pueblos indígenas, trabajadores, sindicatos y organizaciones socioambientales de América Latina. Nos encontramos en Brasil, Chile, Colombia y Perú. Habitamos territorios que están siendo o podrían ser impactados por las operaciones extractivas de Anglo American, una compañía minera transnacional, que traza sus acciones en la bolsa de valores de Londres.

Nos hemos unido en solidaridad por la defensa de nuestros territorios, para decir basta de abusos en nuestras tierras, en nuestra vida y naturaleza. Nos hemos unido para luchar por la justicia ambiental y los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. Anglo American ha creado su fortuna, explotando y saqueando nuestros bienes comunes naturales . A cambio, hemos recibido polvo de relaves, nos han contaminado nuestras aguas y nuestro aire, e impactando en nuestros ecosistemas, están acabando con nuestros bosques nativos, glaciares y salud. Creemos en otra forma de vivir, una que respete a la naturaleza, las cosmovisiones de nuestras comunidades indígenas y la protección de la tierra. Nos hemos unido para proteger la vida que Anglo American está destruyendo.

En todos nuestros países las consecuencias de la minería a cargo de Anglo American viene destruyendo ecosistemas, desde los glaciares de Chile hasta el Bosque Seco Tropical en La Guajira Colombiana. También viene acabando con las fuentes hídricas por el alto consumo de agua que necesita la industria minera, para realizar sus actividades y también por la desviación de ríos con El Arroyo Bruno en Colombia y el río Azana en Perú. Si no fuera poco, ahora expanden sus proyectos mineros destructivos al corazón de nuestro continente, al ecosistema más frágil e importante que tenemos, la Amazonía.

Además, busca lavar su imagen con el uso de energías renovables en sus proyectos mineros. Queremos saber, ¿con cuántos ríos, acuíferos, glaciares y bosques se acabará en el nombre de la sustentabilidad?. ¿Cuántos conflictos sociales causará en nombre del desarrollo sostenible? ¿Cuántos defensores de la tierra y de los derechos humanos serán cruelmente asesinados en el nombre del lucro/ beneficio económico?

Demandamos que no se siga destruyendo nuestro territorio y nuestras formas de vida por causa de los negocios de la multinacional minera Anglo American. Demandamos que Anglo American se responsabilice por todo el daño ambiental y social que ha causado, para reparar a los pueblos y restaurar la naturaleza. También exigimos la participación efectiva en la toma de decisiones sobre las acciones en los territorios, de los pueblos afectados por los proyectos de Anglo American.

Nos articulamos para fortalecernos mutuamente, a través de procesos educativos y de resistencia con herramientas comunicativas, legales, de educación popular y de protección del medio ambiente. Nos hemos articulado porque sabemos que juntos somos ríos que fluyen en resistencia.

La crisis climática mundial y la actual pandemia del coronavirus, que sufrimos como humanidad es una prueba más de la peligrosa relación entre los virus y las presiones del ser humano al medio ambiente. Las consecuencias de la acción humana como las operaciones mineras extractivas transnacionales de Anglo American son causa de esta crisis climática. Anglo American tiene responsabilidad por los impactos cometidos, los que tienen consecuencia a nivel mundial. Acorde al informe de Carbon Disclosure Project, Anglo American es una de las 100 empresas responsables del 77% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Les pedimos que se unan en solidaridad a nuestras legítimas demandas. Hacemos un llamado internacional a todas las comunidades indígenas, sindicatos, trabajadores, organizaciones y movimientos socioambientales, quienes luchan por la justicia socio ambiental y los derechos humanos.

Organizaciones adherentes

Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Tabaco en La Guajira, Colombia

Centro Ecológico Churque, Barnechea

Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, Chile

Modatima Colina

Fundación Río Montaña Chile

Comunidad Rio Colina Chile

Corporación Camino a Farellones

Asociación Escuela de Montaña Camino a Farellones

Junta de Vecinos Las Varas Camino a Farellones

Corporación Defensa de la Cuenca del Río Mapocho

Movimiento No + Anglo Chile (Lo Barnechea, Lampa, Colina, Til til, El Melón)

Fundación Glaciares Libres

Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno

Fundación Chile Sustentable

Colectivo Salvemos el Agua, Lo Barnechea

Organización Somos Cuencas

Bestias del Sur Salvaje

Observatorio de Humedales Küla Kura

Agrupación Poyewn Nogales

Colectivo Nogales Despertó

OLCA

Asociación multicultural Pachay mapuche de Lampa

Asociación Paillacar de Putaendo

Asociación Diaguita Quintilgasta de Valparaíso

ONG Cverde

Fundación CEM

ONG Plantemos Nativo

Ciudad Común

Organización Viernes por el futuro Chile

Organización Escazú Ahora Chile

Organización Fridays For Future Cajón del Maipo

ONG Humedal Urbano Ojos de Mar

Organización No + Zonas de Sacrificio

Comunidad Wayuú La Gran Parada, La Guajira, Colombia

Greenpeace Chile

Organizaciones adherentes en solidaridad

London Mining Network

TerraJusta

WarOnWant

Anglo American celebra reunión anual de accionistas y organizaciones socioambientales denunciarán sus operaciones destructivas en América Latina

Chile

En estudio queda reclamación en contra de aprobación de Programa de Cumplimiento de Minera Caserones

El PdC se presentó luego de la formulación a la minera, de 18 cargos por infracciones a normativas ambientales que fueron comprometidas cuando se aprobó el proyecto.
07/05/2021
Minería Chilena
Luego de la audiencia de alegatos, el Primer Tribunal Ambiental determinó dejar en estudio la reclamación interpuesta por agricultores del valle de Copiapó en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) de minera Caserones de Lumina Copper.

El PdC se presentó luego de la formulación a la minera, de 18 cargos por infracciones a normativas ambientales que fueron comprometidas cuando se aprobó el proyecto.

En la audiencia, los abogados tanto de los agricultores como parte reclamante; de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA, como reclamada y de la empresa minera, expusieron sus fundamentos ante la sala conformada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Juan Opazo.

Respecto al análisis de la controversia, ésta se basa en que el organismo fiscalizador dejó fuera del programa de cumplimiento dos cargos graves causantes de daño ambiental y lo aprobó solo con las medidas referentes a 16 infracciones.
Alcances del programa de cumplimiento

Para el abogado de los agricultores, Sebastián Leiva, el actuar de la SMA no es legítimo ya que no existe una norma que autorice a la SMA a desagregar un PdC, además, de ser un instrumento que busca que el infractor vuelva a cumplimiento y luego se haga responsable de los daños.

“Se le está permitiendo a la empresa obtener una nueva Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que le de legalidad para operar de manera permanente con su plan de remediación. Se le permite remediar y regularizar a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) su mal funcionamiento”, aseguró.

Respecto a lo anterior, la abogada de la Superintendencia del Medio Ambiente, Pamela Torres, dijo que “no se trata de un alegato contra la evaluación ambiental, sino que se está revisando si la aprobación del programa de cumplimiento cumplió o no con los requisitos legales y se ajusta a la normativa vigente”.

La abogada justificó la decisión de la SMA porque explicó que el PdC es improcedente respecto de infracciones que contemplen daño ambiental. “La institucionalidad ambiental contempla otros mecanismos para la adecuada reparación del medioambiente dañado”, aseguró.

En su alegato, Torres dio a conocer los detalles de un programa de cumplimiento y la diferencia con lo que es el plan de reparación y explicó que la reparación va más allá de lo previsto en una Resolución de Calificación Ambiental.

“Lo que nos entrega el sancionatorio es una claridad de la reparabilidad o irreparabilidad del daño”, afirmó la abogada y explicó que el PdC es voluntario y tiene como objetivo proteger al medioambiente y el plan de cumplimiento reparar el daño causado. “El estándar probatorio de cada una de las infracciones es distinto y determina la procedencia de uno u otro”, enfatizó.

No obstante, lo indicado por la SMA, el abogado reclamante acusó a la empresa de operar de forma contumaz al efectuar una extracción ilegal de agua de los pozos de forma constante y les solicitó el cumplimiento de su calificación ambiental “para que se puedan realizar las actividades de asentamiento humano y las actividades agrícolas en armonía”.
Medidas de la minera

La abogada de la empresa, Cecilia Urbina, aseguró que la compañía ha presentado un programa de cumplimiento robusto que aborda los 16 cargos, con 51 acciones y 211 verificadores, cuyo costo asciende a los US$46 millones.

Reconoció los incumplimientos y explicó que se debieron a que efectivamente hubo infiltraciones de relaves a los acuíferos, pero que el PdC se hace cargo de ello y salvaguardan el recurso hídrico.

Urbina detalló que efectivamente para controlar la contaminación hubo un incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental, a través de la operación de 4 pozos que permitieron recuperar el material contaminado antes de su avance.

Explicó que los pozos son necesarios para el control de las infiltraciones y dijo que aun así, la empresa no están utilizando todos su derechos de agua. Además, aseguró que se busca hacerse cargo de los impactos no previstos por lo que comenzó a trabajar en el EIA que busca evaluar el nuevo sistema de infiltración.

En estudio queda reclamación en contra de aprobación de Programa de Cumplimiento de Minera Caserones

Perú

Perú fija nuevas reglas para transporte de relaves a empresas minero-metalúrgicas

07/05/2021
Foto: Antamina.
Con 85 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que dispone la adecuación del transporte y disposición final de relaves generados por las empresas que realizan actividades minero-metalúrgicas.

La propuesta busca que no se genere un impacto ambiental negativo, considerando que existen empresas mineras que no han mejorado el sistema de transporte y disposición final del relave con los que cuentan.

Las empresas minero-metalúrgicas deberán de implementar un sistema de transporte de relave con mecanismos de protección para que este material transportado no entre en contacto directo con el suelo, no se infiltre al subsuelo o alcance curso de agua natural y cuente con un sistema de contingencia para las situaciones de fuga y derrames.

Además, deben contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado, en el que se establezca el transporte del relave y las medidas de control; para esto deberán adecuar su sistema de transporte. Igualmente, en un plazo no mayor de 90 días calendario y luego de publicado el reglamento de la presente ley, las empresas deben presentar el instrumento de gestión ambiental respectivo a la autoridad certificadora competente, debiendo indicar el sistema de transporte a implementar y el cronograma para su implementación.

La presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yessica Apasa Quispe (Frepap), afirmó que las empresas privadas dedicadas a las actividades minero-metalúrgicas son quienes realizarán la inversión que corresponda a fin de que los relaves tenga un sistema de transporte y sea depositado en una estructura segura. Es decir, la norma aprobada no implica gasto alguno al erario nacional.

“Partiendo de un enfoque de desarrollo humano sustentable, con equidad entre hombres y mujeres, sin discriminación y en forma descentralizada, el Estado garantizará el ejercicio de los derechos de las personas y el acceso a la administración de justicia de la población que vive en situación de pobreza; asimismo, fomentará una cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidad ante los desastres”, manifestó.
Fuente: Gestión

Perú fija nuevas reglas para transporte de relaves a empresas minero-metalúrgicas

Brasil, Internacional

Tribunal del Reino Unido reconsiderará demanda de represa brasileña contra BHP

07/05/2021
Esfuerzos de reconstrucción en la presa de relaves Fundão de Samarco en 2017. / Cortesía de BHP.

El Tribunal de Apelación de Londres escuchará una solicitud para reactivar una demanda de 5.000 millones de libras (USD 6.950 millones) contra el grupo minero angloaustraliano BHP por la falla de una presa en 2015 en Brasil, mostró una orden judicial.

El juez Nicholas Underhill aceptó una audiencia oral que podría ayudar a revocar una decisión anterior del Tribunal de Apelaciones que denegó el permiso de un grupo de demandantes brasileños de 200.000 personas para apelar contra una sentencia para resolver el caso histórico.

“Estoy convencido de que, excepcionalmente, una audiencia oral es apropiada en este caso“, dijo el juez en la orden, que fue firmada el 4 de mayo y vista por Reuters el jueves.

La orden llega menos de dos meses después de que la Corte de Apelaciones rechazara el permiso para que una demanda por el peor desastre ambiental de Brasil procediera en los tribunales ingleses.

El Tribunal de Apelaciones dijo en marzo que estaba de acuerdo con un tribunal inferior en que el caso era un abuso de proceso, que los demandantes podían – y estaban – haciendo reclamos de reparación en Brasil y que la demanda sería “irremediablemente inmanejable”.

El colapso de la presa Fundao, propiedad de la empresa Samarco entre BHP y el gigante brasileño de la minería de hierro Vale, mató a 19 personas y envió una avalancha de desechos mineros a las comunidades, el río Doce y el Océano Atlántico, a 650 km (400 millas) de distancia.

Desde entonces, Samarco se ha acogido a la protección por quiebra.

BHP, la minera más grande del mundo por valor de mercado, dijo que estaba al tanto de la aplicación.

“Sentencias (judiciales) anteriores … han respaldado nuestra posición de que los procedimientos de demanda civil eran innecesarios ya que duplicaban asuntos ya cubiertos por el trabajo existente y en curso de la Fundación Renova y son, o han sido, objeto de procedimientos legales en curso en Brasil, ”, Dijo un portavoz de BHP.

La Fundación Renova es un plan de reparación establecido en 2016 por la división brasileña de BHP, Samarco y Vale.

El caso es la batalla más reciente para establecer si las multinacionales pueden ser consideradas responsables de la conducta de las subsidiarias en el extranjero.

La Corte Suprema del Reino Unido en 2019 permitió a los aldeanos de Zambia demandar a la minera Vedanta en Inglaterra por supuesta contaminación en África y en febrero permitió a los agricultores y pescadores nigerianos perseguir a Royal Dutch Shell por los derrames de petróleo en el delta del Níger.
Fuente: Reuters

Tribunal del Reino Unido reconsiderará demanda de represa brasileña contra BHP

Argentina

EL PUEBLO SE MOVILIZA EN DEFENSA DE LA INICIATIVA POPULAR

06/05/2021

Tras el vergonzoso rechazo de la Iniciativa Popular, la reacción del pueblo chubutense no se hizo esperar.

Se produjeron ocupaciones en las Municipalidades de Esquel y Trevelin.

Se realizan cortes de ruta en la Comarca Andina y en la Ruta 3.

Por su parte, los Intendentes de Esquel, Trevelin y Lago Puelo enviaron notas a la Legislatura manifestando su preocupación por la falta de respeto a la decisión popular y solicitando el retiro del proyecto de zonificación minera que aún tiene estado parlamentario.

Se llevaron a cabo también movilizaciones en las distintas ciudades.

Continúa el corte del la Ruta 3.

El pueblo se moviliza en defensa de la Iniciativa Popular

Argentina

VERGONZOSA SESIÓN LEGISLATIVA RECHAZA LA INICIATIVA POPULAR

06/05/2021
El día miércoles 5 de mayo, la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura del Chubut emitió dictamen negativo para el Proyecto 129/20. El proyecto busca prohibir la minería metalífera a gran escala con uso de sustancias tóxicas (megaminería) y fue presentado por Iniciativa Popular acompañado de 30.916 firmas chubutenses. Toda la información aquí https://leymineriachubut.com.

El mismo día, la Legislatura de la Provincia del Chubut elabora el orden del día para la sesión del jueves 6 e incluye en ella el tratamiento del Dictamen emitido por aquella Comisión. En una sesión vergonzosa, 13 diputados rechazaron el tratamiento de la Iniciativa mientras que 12 lo aprobaron y 2 se abstuvieron.

El resultado de la votación pone en evidencia la falta de compromiso de los legisladores con la voluntad popular y su posicionamiento servil con las corporaciones mineras y su cómplice, el Gobernador Mariano Arcioni.

La propuesta para la votación fue la de aprobar o rechazar el dictamen de Comisión. En la columna A la lista de traidores al pueblo. En la columna C, los votos de diputados de la oposición al gobierno actual que solo reafirmaron con su indecisión el voto de los traidores.

Una vez más, la democracia chubutense expone su decadencia.

Vergonzosa sesión legislativa rechaza la Iniciativa Popular

 

Chile

Anglo American: enemigo de los glaciares santiaguinos que actúa bajo complicidad del gobierno de Piñera

06/05/2021
Tras la denuncia ante la junta de accionistas de Anglo American, distintas organizaciones ponen énfasis en constante daño que la faena de Los bronces ha causado a los glaciares de la región Metropolitana, poniendo en riesgo las reservas de aguas de Santiago
Por Rodrigo Gallardo

Este martes, la Red Latina por Nuestros Territorios publicó una declaración en conjunto con otras 39 ONG’s dirigida a evidenciar el enorme daño ambiental causado en distintos territorios latinoamericanos por parte de la multinacional minera Anglo American. Toda esta información ha estado saliendo estos días para coincidir con la asamblea general de accionistas que se realizó este miércoles en Londres, su oficina matriz. De esta forma, la declaración concentró los distintos impactos negativos y las denuncias por partes de las distintas organizaciones y comunidades afectadas por la multinacional.

Cabe destacar, que a nivel internacional Anglo American es una de las compañías mineras más grandes del mundo, teniendo en su control minas de cobre, carbón, hierro, níquel, platino y diamantes en países como Australia, Sudáfrica, Perú, Brasil, Chile, entre otros. De esta forma, la compañía fundada en Sudáfrica en 1917 se ha llegado a posicionar como una de las mineras más contaminantes, según comenta el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) al revisar uno de los informes del Carbon Disclosure Project, quienes posicionan a Anglo American como una de las 100 empresas responsables del 77% de las emisiones de carbono a nivel mundial.

Entre las denuncias realizadas por la declaración, se encuentra la contaminación de aguas y del aire, destrucción del bosque nativos de distintos territorios, perdida de glaciares debido a sus operaciones y distintos daños a la salud de las comunidades. En el caso de Chile, sus distintas operaciones mineras en el territorio han tenido un alto impacto y conflicto en prácticamente todas las faenas que ellos tienen, siendo calificadas por las organizaciones firmantes de la declaración como una empresa con estrategias agresivas hacia las comunidades para poder sostener sus operaciones.

Los Bronces y el daño a glaciares

Actualmente, el conflicto ambiental más reciente que lleva Anglo American en el territorio nacional es en el proyecto en expansión de Los Bronces, ubicado en la zona de montaña de la comuna de Lo Barnechea, región Metropolitana. Esta faena, que según cifras de la propia multinacional llegó a producir en 2019 alrededor de 295.984 toneladas de cobre fino, ha despertado una enorme preocupación por parte de comunidades aledañas a la zona, al sistemáticamente destruir glaciales cercanos al proyecto y exponer a distintos riesgos el cercano santuario natural de Yerba loca, lo que amenaza directamente los recursos hídricos de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Para la ONG Chile Sustentable, una de las firmantes de la declaración pública, el gran problema de la faena de Anglo American ha sido su ubicación en la cuenca del río Mapocho, aguas arriba de zonas como Lo Barnechea y Vitacura como indica la directora de la ONG, Sara Larraín, “ellos ya tienen un tranque en un lado complejo y están emplazados en una zona de glaciares”, comenta.

De hecho, en años anteriores ha sido ampliamente documentado como las acciones de la minera han destruido el glacial infiernillo, cuya perdida equivalente en agua hasta 1997 se calculaba entre entre los 6 millones de m3 y 9 millones de m3, sin embargo, fundaciones como Glaciales Chilenos estiman que actualmente este impacto podría ser aún mayor al verse acelerado el avance natural del glaciar a causa de los 14 millones de toneladas de escombro depositadas por la minera en su superficie.

A esto también se suman las afectaciones a el embalse La Paloma debido a un túnel de exploración de 9 kilómetros debajo del mismo en dirección hacia el valle Río Olivares, en Río Colorado, “siguen con una explotación minera en zona de glaciales que justamente constituyen la reserva de agua para Santiago. Es un proyecto brutal, en la medida que destruye reservas estratégicas de agua dulce y por otro lado tremendamente peligroso, donde con cualquier aluvión o lluvia caliente pueden venirse contaminantes junto con el material de remoción, como lo que ocurrió en Copiapó hace dos años,” advierte Larraín.

Sin embargo, a pesar del sistemático daño realizado a estas fuentes hídricas, no han existido sanciones significativas por parte de los organismos del Estado, manteniéndose las operaciones de esta y muchas otras faenas. Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, esto se debe al estatus legal que posee la minería actualmente, poniendo a esta misma por sobre otro tipo de actividades que puedan existir en un territorio, teniendo incluso protección por cláusulas que están establecidas en la Constitución.

“La minería es tan invasiva, es tan destructiva sobre todo en territorios con cierta fragilidad, como son las zonas de glaciares (…) En Chile no tenemos leyes que protegen los glaciares, ante ese vacío se termina autorizando faenas con algunos condicionamientos, pero que nunca son lo suficientemente protectoras hacia ecosistema que se debe salvaguardar”, lamenta Cuenca.

Frente a ello, hay un cuestionamiento hacia la actual institucionalidad ambiental, que se enmarca dentro de la propia situación de Anglo American, al mostrar el actual rechazo que las distintas organizaciones y comunidades mantienen ante la potencial expansión de proyectos como Los Bronces.

“Acá lamentablemente, independiente del signo político, la minería prácticamente ha sido intocable y termina entre una cosa y otra, aprobándole los proyectos con una serie de condiciones que después no cumplen, no tomando en cuenta criterios de cambio climático ni de ordenamiento territorial. En este caso, creemos que es irresponsable aprobar una ampliación de la minería en circunstancias en que obviamente no constituye una actividad sustentable en la cuenca de Santiago”, critica Sara Larraín de Chile Sustentable.

En términos prácticos, si bien la minería es considerada como el rubro que más ganancias le transmite al país, esto solo llega a ser cierto cuando hablamos de las ganancias a nivel corporativo. Según Chile Sustentable, a nivel estatal no se tiene un impuesto tipo royalty, a pesar de que los minerales son un recurso público, por lo tanto, la renta de la explotación de estos bienes públicos no resulta tan lucrativa como en otros países.

Pese a ello, las consecuencias medioambientales siguen siendo iguales, hallando en la destrucción de glaciales la pérdida de reservas hídricas que el país difícilmente recuperaría construyendo embalses equivalentes, considerando los altos costes de estos últimos en comparación a la vertiente natural que produce originalmente el glacial. Tampoco hay que olvidar el potencial riesgo de la propia ubicación de la faena.

“Esta mina está encima de la zona de Santiago, si se viene un aluvión por el estero Barnechea o El Arrayán, los efectos negativos llegarían hasta el parque Vitacura. Verdaderamente, yo no sé en qué está pensando la autoridad, en el fondo lo que está haciendo al aprobar su ampliación es simplemente poner en mayor riesgo la capital del país”, advierte Larraín.

La Mentira del «Cobre Verde»

Debido a las críticas, Anglo American ha levantado distintas estrategias comunicacionales que buscan presentar su extracción de cobre como sustentable. Entre estas medidas se halla la instalación de paneles solares sobre las aguas residuales de los tranques de relave en la zona de Til-Til. Sin embargo, desde OLCA ven estas estrategias como aportes mínimos dentro de una operación gigante en comparación, “lo presentan como si el proyecto estuviera usando energía renovable y eso es una operación de comunicaciones, porque la energía que ahí se genera es marginal respecto de la cantidad de energía que usa el proyecto. Por lo tanto, buscan asociar eso a acciones en la que ellos se muestran encaminados a una explotación de cobre verde«, explica Cuenca.

De la misma forma, la multinacional también ha invertido en proyectos como la implementación de buses de acercamiento eléctricos para los trabajadores y el manejo de maquinaria de explotación a distancia (el cual se realiza en la zona comercial de Providencia), “todo eso se presenta como una operación sustentable, pero que en el fondo no deja de tener los impactos al medioambiente y a la comunidad que hasta ahora han demostrado que han sido nefastos “, afirma el director de OLCA.

Sin embargo, las acciones de Anglo American van incluso más allá, llegando a tratar de financiar a organismos gubernamentales y ONG’s para mejorar su imagen, en una situación también evidenciada por El Ciudadano y también denunciada por Chile Sustentable, quienes revelan que a fines del año pasado la minera trató de hacer un consorcio para financiar, a través del ministerio de ciencia y tecnología, investigaciones sobre montañas. “Gracias a dios, como estaban invitando a estos eventos supimos y lo logramos parar a través del congreso nacional, quienes citaron al ministro de ciencia y tecnología y a la persona que coordina la agencia de investigación, teniendo que desarmar el convenio” relata Larraín.

Pese a ello, ese fondo avaluado en millones de dólares pone en evidencia lo que varios consideran una política peligrosa de cooptación a través de las ciencias y el propio Estado. Es por esto por lo que organizaciones como OLCA ven como necesario recurrir a los propios accionistas de la compañía para dañar una reputación que la multinacional se ha empeñado por limpiar en múltiples ocasiones.

«Laas acciones de estos días están orientadas a poner la denuncia a Londres, porque estas empresas también deben rendir cuentas en Inglaterra. En el fondo, es generar presión sobre las empresas para que limiten sus acciones, para que mejoren sus estándares y para sensibilizar al país que alberga a estas empresas jurídicas que cotizan en la bolsa de Londres, ya para ellos su imagen es lo más importante”, finaliza Lucio Cuenca.

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