Perú

Oscar Valdés: de represor de protestas en Conga a técnico del fujimorismo


Conflicto Relacionado: Conga

20/05/2021
Redacción Wayka
A mediados del 2011, la región Cajamarca se levantó en protesta contra el proyecto minero Conga, a cargo de la empresa minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont. Pese a que un estudio de impacto ambiental advirtió la destrucción de lagunas de cabeceras de cuenca, y la poca voluntad de la minera por preservar las fuentes de agua, el entonces premier Oscar Valdés intentó imponer el proyecto a sangre y fuego. La candidata Keiko Fujimori presenta actualmente a Valdés como parte de su equipo técnico.

Oscar Valdés Dancuart es un militar retirado que fue el primer ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala y posteriormente su Presidente del Consejo de Ministros. Durante ese periodo de tiempo, entre julio y diciembre de 2011, Valdés se pronunció y actuó a favor del proyecto minero Conga, pese a los riesgos ambientales advertidos y la sangrienta represión policial contra las protestas en Cajamarca.
Foto: Pólemos.

Como ministro del Interior, Valdés estuvo a cargo de la respuesta de las fuerzas del orden contra las protestas por el proyecto Conga que se desataron en noviembre de 2011. El resultado de su gestión contra dicho conflicto socioambiental dejó más de 20 heridos y cinco ciudadanos fallecidos, entre ellos Eleuterio García Rojas (50), José Faustino Silva (35) y un menor de edad (17) de iniciales C.M.A. El 2011, año en que Valdés fue ministro del Interior, terminó con 22 civiles muertos y otros 291 heridos en un conflicto social, mientras que por el lado de las fuerzas del orden se hirieron a 18 policías.

Pese a que un equipo de expertos internacionales analizó el estudio de impacto ambiental del proyecto y recomendó no destruir cuatro lagunas que constituyen la cabecera de tres cuencas fluviales y que abastecen de agua a los agricultores de la región, el gobierno de Humala insistió en darle luz verde a Yanacocha. Y Valdés, ya como premier de Humala, emitió una serie de declaraciones en contra de los manifestantes de Cajamarca.
Captura de Twitter.

“Los podridos quieren que este país sea una chacra, los congelados un páramo y los incendiarios una gigantesca fogata (…) los incendiarios quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata”, escribió Valdés en su cuenta de Twitter en pleno conflicto socioambiental. “Los congelados se han encerrado dentro de ellos. No miran sino a sus iguales y a sus dependientes, considerando que nadie más existe”.

Como se recuerda, durante el segundo periodo del aprista Alan García Pérez, un equipo del Ministerio de Energía y Minas conformado por un exfuncionario de Yanacocha, aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. Pese al conflicto de interés identificado en el proceso de aprobación, el expresidente Humala y su premier Oscar Valdés defendieron la viabilidad del proyecto por encima de los reclamos y muertos en represión policial.

Tras varios meses de protestas y represión policial, finalmente el gobierno de Humala suspendió el proyecto Conga en noviembre del 2011. Y pese al saldo de civiles muertos y heridos que dejó el conflicto socioambiental en Cajamarca, Humala mantuvo a Valdés hasta julio del 2012.

Las declaraciones de Oscar Valdés, sin embargo, han sido polémicas más de un vez. En enero de 2012, aún como premier del gobierno de Ollanta Humala, Valdés se refirió así del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR): «Si bien es un informe bastante completo, hay que ver que mucha gente presentaba cuadros desgarradores y hubo mucha teatralización y cosas que sobredimensionaron, como la cantidad de damnificados y el rol de las Fuerzas Armadas».

Durante las protestas del 19N contra el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama, Valdés se pronunció a favor del gobierno, pese a que el Ministerio de Salud ya había confirmado la muerte de los ciudadanos Brian Pintado e Inti Sotelo. «Yo creo que (los congresistas golpistas) cometieron un grave error en no respaldar al señor Merino, ellos debieron mantenerse en sus trece», dijo Valdés en una entrevista para un portal digital.
https://wayka.pe/oscar-valdes-de-represor-de-protestas-en-conga-a-tecnico-del-fujimorismo/

Chile, Perú

LA CONSTITUCIÓN EN DEBATE: UNA MIRADA A LA EXPERIENCIA CONSTITUYENTE CHILENA

Paul E. Maquet y Luis Gárate 20/05/2021
Imagen: Reuters
Las recientes elecciones de los representantes a la Convención Constituyente en el vecino país de Chile son un claro ejemplo de vocación democrática y de lo que significa el llamado momento constituyente. Este proceso deja muchos aprendizajes para los debates actuales en nuestro país.

La Convención chilena es un equivalente a lo que en el Perú se ha denominado Asamblea Constituyente, y que a pesar de todo lo que ha dicho en diversos medios para denostar de ella, es una figura conocida en la región sudamericana, y que ya se realizó antes en el Perú.

Una Asamblea Constituyente no es un congreso o parlamento paralelo, puesto que no se dedica a legislar y fiscalizar al gobierno de turno. Su misión es única y exclusivamente la discusión de una carta constitucional, concebida como la cristalización de un nuevo pacto social en el país.

El caso peruano

En la experiencia peruana, las dos experiencias más recientes son la de 1979 y la de 1993. La Asamblea Constituyente de 1979 fue convocada por el dictador Francisco Morales Bermúdez en el marco de la transición a la democracia. En esta Asamblea participaron representantes de los partidos de la derecha, centroderecha y de la izquierda peruana de entonces. La Constitución aprobada por esa asamblea ha sido reconocida como una de las más avanzadas en su enfoque social por diversos especialistas.

En 1993, tras el golpe militar realizado por Alberto Fujimori, este convocó un llamado Congreso Constituyente Democrático que redactó una nueva carta constitucional que sería aprobada por un cuestionado referéndum en 1993. Ambas cartas constitucionales, la del 79 y el 93, expresaron distintos momentos de la historia peruana, y determinados equilibrios y correlaciones de fuerzas sociales, políticas y económicas que se vieron expresadas en el contenido de ambos documentos. La de 79 expresó un equilibrio entre fuerzas conservadoras, progresistas así como más radicales, que venían de la mano de un movimiento social en ascenso. Por el contrario, la del 93 más bien expresó la crisis de los partidos tradicionales, la crisis económica y social, y la ola neoliberal que se instalaba en Perú y en toda la región.

Los grupos de poder económico, grandes empresarios y voceros de la derecha política sostienen que la Constitución de 1993 ha sido la garantía que ha permitido el “exitoso” modelo promotor de la inversión privada, que modernizó al Estado y que ha permitido un tiempo de crecimiento y estabilidad macroeconómica. Sin embargo son cada vez más las voces que sostienen que el modelo instaurado con dicha Constitución ha priorizado en mayor medida los intereses empresariales, y no ha contribuido a darle al Estado una mirada de mediano y largo plazo. Asimismo se le critica que ha desprotegido los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los trabajadores, las mujeres, comunidades y pueblos indígenas, comunidad LGTBIQ, entre otros.

La experiencia constituyente de Chile

La constitución vigente en Chile data del año 1980, y fue aprobada durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Expresa entonces el diseño de un Estado autoritario dirigido por los militares, que fue uno de los primeros en implementar el modelo neoliberal orientado por los asesores de la llamada “Escuela de Chicago”.

Dicha Constitución siguió vigente a pesar de que la dictadura perdió el plebiscito del año 1989 que permitió que regrese la democracia a este país. Durante todo el periodo post-dictadura, la constitución pinochetista siguió vigente, garantizando una suerte de blindaje de privilegios para sectores empresariales así como militares.

Con los sucesivos gobiernos de la Concertación y luego de la derecha, en esencia en Chile no cambiaron las reglas de juego. Hubo algunas reformas, pero en esencia se mantuvieron los pilares de un modelo en el que se han privatizado casi todos los sectores, inclusive el servicio de agua potable. Frente a ello, los gremios laborales y las organizaciones sociales denunciaron que el modelo cada vez era más excluyente. Esto se confirma en los indicadores que muestran a Chile como uno de los países más desiguales de la región y el mundo.

Entrado el nuevo siglo, se han sucedido una serie de jornadas de protestas social, sobre todo de los sectores estudiantiles ante los altos costos de la educación, así como masivas movilizaciones contra el sistema privado de pensiones. Las más recientes se dieron entre el 2019 y el 2020, donde millones de chilenos demandaron nuevas reglas y una salida constituyente. Es a partir de ahí que el gobierno de Sebastián Piñera y las cámaras parlamentarias se vieron presionados a la convocatoria de una Convención Constituyente, que ha mostrado ser bastante innovadora en su contenido y forma.

Los temas en debate: participación indígena y la agenda ambiental

Junto con la paridad de género y la participación de independientes (no afiliados a ningún partido político), una de las grandes novedades del proceso constituyente chileno es la participación de los pueblos indígenas. Para ello, el Congreso, gracias a un acuerdo político entre los diversos partidos, pero sobre todo gracias a la presión social, aprobó una Ley que creaba escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. De esta manera, en las elecciones del domingo pasado se ha definido también la participación de 17 representantes de estos pueblos. Por primera vez en la historia de Chile, los pueblos mapuche, aimara, quechua, diaguita, rapa nui, entre otros, tendrán voz y voto en la definición del pacto social.

En el caso peruano, aún es muy incipiente la discusión acerca de cómo podría ser la conformación de una eventual Asamblea Constituyente, si bien en la propuesta del candidato Pedro Castillo se habla de participación de organizaciones sociales. Actualmente en el Perú la participación política de los pueblos indígenas es muy limitada, y pese a diversos proyectos de Ley que han circulado en el Congreso de la República, no existe una cuota para los pueblos originarios en el poder legislativo. En ese sentido, es clave abrir la discusión sobre los mecanismos de participación a fin de que por fin, en el bicentenario de nuestra independencia, los pueblos indígenas puedan participar en el nuevo pacto social.

Otro elemento a considerar es la manera en que los temas ambientales y los recursos naturales serían abordados en una nueva Constitución. En el caso chileno, una de las promesas más importantes de la mayoría de representantes elegidos ha sido, por ejemplo, la recuperación del agua, que según la vigente Constitución de Pinochet es un bien de mercado.

En el caso peruano, una de las metas principales de los sectores políticos que promueven un cambio constitucional tiene que ver también con la recuperación de los recursos naturales, en particular los recursos mineros e hidrocarburíferos.

Sin embargo, se encuentra menos presente el tema ambiental. En un contexto de crisis climática global, que exige cambios profundos en nuestra relación con la Naturaleza, es importante incorporar en la discusión sobre el nuevo pacto social una clara mirada ecológica. Por ejemplo, constitucionalizando los derechos de la Naturaleza y los ecosistemas, siguiendo el ejemplo de otros países de la región, como Bolivia y Ecuador.

Salida constituyente en el Perú

Lo que podemos ver en el Perú a través de los casos judiciales más sonados en temas de corrupción, como Lava Jato y los Cuellos blancos, es que las reglas de juego actuales no están haciendo frente a una crisis que está relacionada estrechamente al modelo y su Constitución. La corrupción se ha generalizado en todos los niveles del Estado y existe cada vez una mayor desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes públicos.

En los últimos meses, en especial desde las protestas de noviembre del 2020 contra el gobierno de facto de Manuel Merino, se ha puesto en agenda la discusión constitucional en el Perú. Actualmente, Pedro Castillo tiene como una de sus banderas centrales la convocatoria a una Asamblea Constituyente, mientras que la candidata Keiko Fujimori, tiene como una de sus prioridades la cerrada defensa de la Constitución del 93.

Como muestra el ejemplo de Chile, la discusión no se puede agotar en los candados puestos por la Constitución vigente, sino que se trata de poner sobre la mesa la discusión sobre el pacto social entre los peruanos para resolver la profundidad de nuestros problemas actuales. La experiencia chilena nos da varias luces sobre cómo podemos innovar y abrir importantes temas que hagan que nuestro país encuentre una senda más democrática y donde se reconozca y exprese de mejor manera las voces de la diversidad de actores de nuestra sociedad.

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Chile

SMA formula cargos a Puerto Caldera S.A. y Serviport Ltda

Se trata de infracciones graves por fraccionamiento de proyecto e incumplimiento de medidas provisionales pre-procedimentales dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente en febrero recién pasado.

19/05/2021
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos graves contra “Puerto Caldera S.A.” y “Servicios Portuarios del Pacífico Limitada (Serviport)”, titulares de los proyectos “Acopio y Embarque de Concentrado de Cobre en Muelle Punta Caleta de Puerto Caldera S.A.” y “Acopio en Cancha de Mineral de Hierro Proveniente de Terceros” por fraccionar un único proyecto que contempla, a lo menos, el acopio, transporte y embarque de hierro, y el acopio y embarque de concentrado de cobre, eludiendo así el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y evitando la correcta evaluación ambiental.

Al respecto, el Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, señaló que “es importante recordar que en diciembre de 2020 y en visita oficial a la Región de Atacama -comuna de Caldera-, nos reunimos con los vecinos de los proyectos que fueron sancionados, y les manifestamos que haríamos una investigación acuciosa de los hechos denunciados por ellos. En este sentido, hemos trabajado responsablemente como Superintendencia y tras analizar todos los antecedentes expuestos, pudimos determinar que estos hechos constituyen infracciones, y, por lo tanto, es nuestra obligación actuar con todas las herramientas que la ley dispone para enfrentar hechos como éstos”.

El cargo por Fraccionamiento del Proyecto se produce al haber separado las actividades de acopio y embarque de concentrado de cobre; acopio, transporte y embarque de hierro, por parte de Puerto Caldera S.A. y SERVIPORT, sociedades relacionadas, generándose emisiones atmosféricas. Por lo tanto, se trata de hechos, actos u omisiones que constituyen infracciones conforme al artículo 35, letra b) de la LOSMA, en cuanto a ejecución de proyectos y desarrollo de actividades para las cuales la normativa exige Resolución de Calificación Ambiental.

La segunda infracción formulada, corresponde al Incumplimiento de la Medida Provisional Pre-Procedimental decretada por la SMA en febrero de 2021, con la finalidad que el titular realizara una serie de acciones para disminuir y atenuar el riesgo ambiental detectado en relación a las emisiones atmosféricas no controladas generadas por el desarrollo del proyecto “Acopio en Cancha de Mineral de Hierro Proveniente de Terceros”. Estos hechos, actos u omisiones constituyen infracciones conforme al artículo 35, letra l) de la LOSMA, por no cumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 48 de la misma Ley.

Ambos cargos fueron clasificados como Graves, por lo que las empresas podrían ser objeto de una Multa de hasta 10.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTA), Revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o Clausura del Proyecto.

Desde la SMA destacaron que este procedimiento sancionatorio incorpora un importante número de denunciantes y ONG´s, que informaron a la SMA respecto a incumplimientos en que habría incurrido el titular, sobre distintas materias, entre las que destacan contaminación con Material Particulado (MP) 2,5 y 10, aumento de frecuencias de camiones por caminos no pavimentados, erosión de pilas en las canchas de acopio y la ejecución de un proyecto sin contar con una RCA, entre otros aspectos.
https://www.mch.cl/2021/05/19/sma-formula-cargos-a-puerto-caldera-s-a-y-serviport-ltda/

Panamá

Panamá incorpora nuevas concesiones mineras entre Coclé y Colón

20/05/2021
Al régimen de concesiones mineras, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá incorporó dos zonas que eran áreas de reserva, en su premura por generar nuevas fuentes de ingresos para el país. La decisión ha despertado las alertas de los ambientalistas.

Las dos nuevas concesiones mineras que han encendido las alarmas de los ecologistas son: una zona de 24,954.82 hectáreas, ubicada en el corregimiento de Coclé del Norte y San José del General, distrito de Donoso, provincia de Colón y en los corregimientos de El Harino, Piedras Gordas y Llano Grande, distrito de La Pintada.

Mientras que la otra corresponde a 644.9 hectáreas, ubicadas en San José del General, distrito de Omar Torrijos y Donoso, provincias de Coclé y Colón.

Las concesiones mineras quedaron establecidas en dos resoluciones, la No.89 de 12 del mayo de 2021 y la No. 90 del 12 de mayo de 2021, ambas emitidas por el Ministerio de Comercio e Industrias y publicadas en la Gaceta Oficial Digital.

El abogado ambientalista Harley Mitchell señaló que de estas concesiones se sabe muy poco y que si bien es cierto “los recursos minerales son del Estado, por lo tanto, todos estos temas de minería deberían ser ampliamente públicos y consultados con la ciudadanía”.

Y esto “no solamente para satisfacer a los ecologistas sino para poder conocer en qué aspectos realmente esta economía puede compararse con lo mucho que destruye”, recalcó Mitchell.

En su opinión antes de haber aprobado la concesión minera se debieron hacer las consultas con las comunidades que se podrían ver impactadas, porque “se está estableciendo una infraestructura de alto nivel y ejecutando una política pública inconfesa”.

Fuente: La Estrella de Panamá

Panamá incorpora nuevas concesiones mineras entre Coclé y Colón


https://www.laestrella.com.pa/economia/210518/incorporan-nuevas-concesiones-mineras-cocle-colon-ambientalistas-alerta

Perú

TRIBULACIONES DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA

José De Echave C.

Imagen: TVSur
¿La recaudación tributaria de un país se puede caer por eventos extraordinarios? Sin duda que sí. Se puede caer, por ejemplo, por el inicio de una pandemia que golpee a todo el planeta, como viene ocurriendo; por una recesión económica que tenga diferentes orígenes o, también, por algún fenómeno natural o no tan natural.

Pero la recaudación también se puede caer por malas decisiones de políticas. En el siguiente gráfico podemos apreciar las dos últimas caídas drásticas de la presión tributaria en el Perú, donde se mezclaron diferentes factores que jugaron en contra. Por ejemplo, el año 2017 la presión tributaria tocó fondo y fue el resultado de varios factores: el primero se inició el 2013/2014 y tuvo que ver con el fin del súper ciclo de precios de las materias primas pero que continuó agudizándose por las pésimas decisiones que tomaron, por ejemplo, los ministros de Economía, Alonso Segura (al final del gobierno de Humala) y Alfredo Thorne (al inicio del gobierno de Kuczynski)[1]. Al primero se le ocurrió la pésima idea de reducir las tasas del impuesto a la renta, sobre todo a las personas jurídicas (2014) y el segundo creó un nuevo régimen Mype tributario, lleno de deducciones, entre otras acciones, que terminaron por ahondar la caída de la recaudación. El resultado de ambas gestiones fue una presión tributaria que llegó el año 2017 a los niveles más bajos de los últimos 20 años. Por lo tanto, está claro que la presión tributaria puede caerse por malas decisiones que tomen nuestras autoridades.

La segunda caída drástica de la presión tributaria se ha producido el año pasado, en medio de la llegada y la expansión de la pandemia y su feroz impacto en la actividad económica del país. El golpe externo y las decisiones que se tuvieron que tomar (confinamiento, lo que en términos concretos significó recesar la economía), provocaron la caída de la presión tributaria, aunque no se batió el lamentable récord del año 2017, luego de las torpezas de Segura y Thorne.

Ahora bien, podemos invertir la pregunta inicial. ¿La recaudación se puede recuperar, casi automáticamente, por algún evento extraordinario? La respuesta también es sí y esa recuperación casi automática, durará lo que dure el impacto de ese evento extraordinario y después se irá esfumando si no se hace la tarea. Pasó en el momento del súper ciclo de precios de las materias primas (2003-2012) y es probable que vuelva a ocurrir en el contexto actual de precios internacionales extraordinarios del cobre, etc., sobre todo si volvemos a cometer los mismos errores.

Sin embargo, hasta acá estamos hablando sólo de piloto automático y dependencia de que los vientos soplen a nuestro favor. ¿Cuál es la tarea? Lo ideal es que la recaudación se sostenga por una política tributaria sólida y progresiva que permita generar condiciones para recaudar lo que cualquier país necesita para funcionar adecuadamente, aprovechando al máximo coyunturas favorables y haciendo control de daños en momentos adversos.

Esta es la tarea que no hemos hecho hasta ahora. Somos, desde hace tiempo, uno de los países con la más baja presión tributaria de América Latina (7 puntos por debajo del promedio regional) y el único de la Alianza del Pacífico que, en la etapa del post súper ciclo no implementó una sola reforma tributaria de carácter estructural (todos los demás países sí hicieron la tarea).

Sería un error aplicar nuevamente la política de piloto automático en un contexto en el que los precios de nuestros principales productos de exportación (minerales) están al alza. Se necesita hacer la tarea en materia tributaria. ¿Algunas pistas? Reforma tributaria estructural, apostando por una política progresiva donde predominen los impuestos directos sobre los indirectos; se luche de manera frontal contra la evasión y la elusión tributaria; se revisen y evalúen los beneficios tributarios y regímenes especiales; se cobren las deudas tributarias; se fortalezca la autoridad tributaria y se simplifiquen los registros.

En el caso de la minería y tomando en cuenta el actual contexto, es el momento de colocar un impuesto a las sobre ganancias y al mismo tiempo revisar la actual regalía (que se aplica a la utilidad operativa) y reemplazarla por una que se aplique sobre el valor de las ventas. Este tipo de regalía permitiría una mayor transparencia y trazabilidad del pago (dificulta la elusión fiscal); permite un mayor aporte durante los primeros años de operación, es menos volátil y responde de mejor manera al concepto de la regalía, es decir como contraprestación al Estado por la extracción de bienes naturales que nos pertenecen y que no son renovables.

Estas son algunas de las tareas urgentes en materia tributaria que se deben poner en marcha en el próximo quinquenio.

[1]Para el quinquenio 2016-2021 se había propuesto alcanzar una presión tributaria de 17% (línea roja).

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Chile, Litio

SQM acelera expansiones en Chile

20/05/2021
SQM, el segundo productor mundial de litio, no parece preocupado por los posibles impuestos más altos para los mineros en Chile, ya que sigue adelante con los planes de expansión planificados en el país.

Dado que el mercado está creciendo más rápido de lo esperado, la compañía dijo que estaba acelerando los planes de expansión existentes en el salar de Atacama, rico en litio, en Chile.

El nuevo objetivo de SQM es alcanzar 180.000 toneladas de carbonato de litio y 30.000 toneladas de hidróxido de litio en Chile para fines de 2022.

La compañía con sede en Santiago también planea desarrollar un proyecto de empresa conjunta de hidróxido de litio de 50.000 toneladas en Australia a medida que aumenta la demanda del metal de la batería del vehículo eléctrico.

“Vimos un fuerte crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos durante el primer trimestre, más del doble en comparación con el año pasado, lo que nos hace creer que la demanda anual de químicos de litio podría crecer más del 30%”, dijo el director ejecutivo Ricardo Ramos en el primer trimestre de la compañía. estado de resultados.

La creciente demanda de litio está impulsando los precios del producto. El índice de metales EV de Mining.com muestra que el uso de metales aumentó un 12% en marzo, en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que el material total desplegado aumentó un impresionante 94% mes a mes.

Los precios del litio continuaron recuperándose, superando los USD 10,000 en marzo por primera vez desde agosto de 2019, y SQM dijo que espera que los precios sigan subiendo hasta fin de año.

La compañía chilena dijo que sus volúmenes de ventas de litio en el primer trimestre aumentaron un 180% debido a la creciente demanda de la industria de vehículos eléctricos (EV).

El minero señaló que se espera que el crecimiento de la demanda impulse sus ventas de carbonato de litio equivalentes a más de 85.000 toneladas este año, en comparación con un aumento del 30% en 2020.

Las acciones de SQM han bajado un 14% desde principios de año, pero las acciones han subido más del 76% en los últimos 12 meses, dejando a la minera con una capitalización de mercado de 12.200 millones de dólares.

Fuente: Mining.com

SQM acelera expansiones en Chile 

Argentina

LA JUSTICIA FEDERAL DISPUSO LA URGENTE INSPECCIÓN DEL YACIMIENTO AGUA RICA


Conflicto Relacionado: Agua Rica - Andalgalá

20/05/2021
Contrariamente a la falsa información brindada por el gobierno de Jalil, el Partido Justicialista y la Fiscalía de Estado, la Asamblea El Algarrobo hizo público un parte de prensa donde informa sobre el verdadero estado de la causa penal y las medidas allí ordenadas. A continuación transcribimos el comunicado:

«Comunicado Asamblea El Algarrobo: están muy preocupados
La Justicia dispuso la urgente inspección del yacimiento Agua Rica, previo a resolver sobre el pedido de clausura de las actividades de exploración avanzada, iniciadas de manera ilegal.
En el día de la fecha (por ayer lunes), algunos serviles medios de comunicación publicaron tendenciosamente que la Justicia Federal rechazó la presentación para detener Agua Rica. ESTO ES FALSO, debido a que se encuentra pendiente una nueva inspección en Agua Rica, ya que el fiscal Federal Dr. Guillermo Marijuán apoya el pedido de lxs vecinxs de Andalgalá de clausura de dicho yacimiento, y resta aún la resolución de la jueza, que lo hará luego de realizada dicha inspección ocular.
Las empresas mineras y el gobierno provincial, se presentaron en la causa penal iniciada por los vecinos de Andalgalá por el pedido de clausura del Yacimiento Agua Rica por la existencia de glaciares y ambientes periglaciares.
Recordamos que la resistencia incansable de la Asamblea El Algarrobo se lleva a cabo tanto en el ámbito de la militancia socio-ambiental que lleva diariamente en la ciudad de Andalgalá – junto a las caminatas que se realizan todos los sábados desde hace más de once años -, como en el de las presentaciones judiciales en diferentes ámbitos (Judiciales y Administrativos) en defensa del derecho a un ambiente sano y la protección de los Glaciares y Ambientes Periglaciares.
A la opinión pública le aclaramos que no estamos dispuestxs a permitir que algunos medios, desde la falsedad con la que presentan la información, confundan a las personas que están pendientes de la realidad de los procesos legales que están en marcha. No son meros negocios los que están haciendo. Es la vida de la población la que está en riesgo. Entonces por favor, pónganse a la altura de las circunstancias.
Sabemos que obviamente la trasnacional y el gobierno de Jalil no quieren que se lleve a cabo esta inspección para que no se descubra la gran mentira fabricada por el Gobierno de la Provincia.
A los fines de aclarar y echar luz a la población en general, nos vemos en la necesidad de publicar la decisión judicial.
Ni el Gobierno provincial, ni la empresa mega minera ni los medios de comunicación serviles van a detener la resistencia social contra estos proyectos de muerte.
No es No y las instituciones del Estado (los tres poderes) deberán someterse a lo que siempre debieron hacer, es decir hacer que se cumpla la ley. Si la Ley dice que donde hay glaciares y ambientes periglaciares está prohibida la minería, la empresa minera de Yamana Gold tiene un solo camino: retirarse de nuestras montañas de los Nevados del Aconquija y volver a su país. Y el Gobierno de la Provincia de Catamarca no tiene otro camino que hacer cumplir con la ley».
#AndalgaláResiste
#bajenlasmaquinasdelcerro
#NoEsNo

La Justicia Federal dispuso la urgente inspección del yacimiento Agua Rica

Argentina

EL PROYECTO DE ZONIFICACIÓN “ESTÁ HERIDO DE MUERTE”

20/05/2021
En una entrevista con La Namunkurá, 89.7, tras el fallo de la Justicia que ordena suspender el tratamiento del proyecto 128/20 en Legislatura, el representante de las comunidades originarias de la meseta, Juan Manuel Salgado, afirmó que el proyecto de Zonificación “está herido de muerte”.

En entrevista con la radioescuela, Salgado explicó los fundamentos de la demanda a los que la jueza laboral de Madryn dio lugar. “La propia modificación de la situación jurídica de las tierras de las comunidades” hacen necesaria la consulta previa, explicó y citó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el fallo de la Corte Suprema sobre Neuquén y el acuerdo Escazú.

En su análisis, Salgado refiere al “racismo” presente en dirigentes de la Patagonia en general y Chubut en particular, que les “impide ver derechos indígenas”. “La provincia ha sido muy renuente a aplicar tratados internacionales, en DDHH y de pueblos originarios -de gran contenido racista, similar a lo sucedido en la ‘Campaña del Desierto’”, afirmó. Y sobre el final, agregó: “El desconocimiento responde al profundo desprecio que le tienen a pueblos originarios. No les interesa. No saben. Es parte del racismo estructural”.

La entrevista completa puede escucharse en https://soundcloud.com/user-382521969/juan-salgado-1

Fuente: Portal Fundación Ceferino – Radio Escuela Namunkurá

El proyecto de Zonificación “está herido de muerte”

Bolivia, Litio, Mexico

La asesoría de Bolivia a México sobre la extracción del litio alimenta la idea de la nacionalización

López Obrador dice que analiza con ayuda del Ejecutivo de Luis Arce cuál es el plan “más conveniente para la nación”
Una planta industrial de producción de Litio en el salar de Uyuni, Potosí, Bolivia.David Mercado / Reuters
Georgina Zerega
19/05/2021
México coquetea con el modelo boliviano de extracción de litio. La Administración de Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos el yacimiento de este metal más grande del mundo y no sabe qué hacer con él. Por eso ha pedido asesoría al Gobierno sudamericano que maneja desde hace años una de las mayores reservas del llamado oro blanco. “Con la visita del presidente Luis Arce se acordó que, por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, nos ayudarán a analizar qué es lo más conveniente para la nación”, dijo el mandatario mexicano en la conferencia de prensa matutina de este miércoles. Palabras que han alimentado la idea de que el Ejecutivo analiza nacionalizar la extracción, tal y como planteaba la estrategia boliviana.

En un país acostumbrado a depender económicamente en gran medida de la petrolera nacional, la aparición de cientos de toneladas del metal del futuro ha dado qué hablar. El debate se ha centrado en quiénes van a hacerse cargo de explotarlo y si se va a respetar el discurso nacionalista y de soberanía energética que suele predicar López Obrador. En esa línea, el senador Alejandro Armenta fue uno de los que incitó el debate al presentar un proyecto de ley que garantiza que los beneficios de la producción del litio queden en el país. Este miércoles, al ser cuestionado sobre esa iniciativa, López Obrador aseguró que estaban analizándolo con la asesoría del Gobierno boliviano.

“Ellos tienen experiencia en explotación de litio”, ha dicho el presidente. “Ya se avanzó en un primer estudio y pronto vamos a exponer cuál va a ser la política que va a aplicar el Gobierno de México. A partir de esa experiencia, qué es lo que más nos conviene. Vamos a tener pronto un diagnóstico y una propuesta”, ha agregado. Bolivia era hasta hace tres años, cuando apareció el yacimiento en la Sierra Madre Occidental de Sonora, quien tenía la mayor reserva, con 21 millones de toneladas. La mina mexicana tiene alrededor de 243 millones de toneladas, según las empresas que han concesionado la extracción y la elaboración del carbonato de litio (derivado), la inglesa Bacanora Lithium y la china Gangfeng.

López Obrador ha asegurado que la asesoría se pidió porque el litio es para México territorio desconocido. “Se trata de una explotación nueva, no es el petróleo, no es el gas, no es explotar el oro, la plata, metales preciosos, es algo nuevo de mucho valor, de mucha utilidad por el desarrollo tecnológico en el mundo”. Al litio y sus derivados lo utilizan un pequeño grupo de empresas para producir internacionalmente las baterías recargables de los aparatos electrónicos y los coches. Además se usan en la industria farmacéutica y nuclear.

El primer paso en la asesoría de Bolivia ha sido una reunión durante la visita de Arce a México, el 23 de marzo. Allí, se le ordenó a la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, que abra un canal de diálogo con el Gobierno boliviano. El siguiente paso fue una videoconferencia entre José Crespo, embajador boliviano en México, y ocho miembros del Ejecutivo mexicano, encabezados por Clouthier. Durante esa conversación, Crespo les presentó a los funcionarios mexicanos la estrategia nacionalista boliviana. Tras ese primer encuentro, el embajador puso en contacto a la delegación con las autoridades bolivianas a cargo del litio: el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, y el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación (YLB), Marcelo Gonzales.

México mira, sin embargo, al modelo planteado en los primeros años de la Administración de Evo Morales, cuando se pretendía que Bolivia industrializara el litio por sus propios medios. En aquel entonces, Arce ocupaba el cargo de ministro de Economía y fue uno de los grandes estrategas de la política de nacionalización de los hidrocarburos. El país andino, sin embargo, enfrentaba el desafío de extraer el metal con tecnología desactualizada y eso impidió que se posicionara como uno de los mayores productores globales. Ante esas dificultades, en 2018 el Gobierno anunció que se asociaba con la alemana ACI Systems para agilizar la explotación dejando atrás el proyecto de nacionalización planteado en los inicios.

Tras la salida de Evo Morales del Gobierno en noviembre de 2019, la política de industrialización del litio sufrió otro traspié. La llegada de Jeanine Áñez al poder implicó la paralización de la producción. A más de seis meses del Gobierno de Luis Arce la reactivación aún no se ha concretado. En abril de este año, el país andino lanzó una convocatoria internacional a empresas para agilizar la extracción del metal en la que ya se han presentado más de una docena de compañías privadas. Una palada más de tierra sobre el modelo nacionalista.
https://elpais.com/mexico/2021-05-19/la-asesoria-de-bolivia-a-mexico-sobre-la-extraccion-del-litio-alimenta-la-idea-de-la-nacionalizacion.html

Perú

Cusco: comuneros bloquean ingreso a minera Hudbay

Luis Álvarez Guevara
[email protected]
18/05/2021
La Republica
Protesta. Impiden el ingreso y salida de vehículos mineros.
Demanda. Pobladores de la comunidad de Hatum Ccollana piden ser incluidos en zona de influencia de proyecto minero.

Cusco. Por tercer día consecutivo, pobladores de la Comunidad Campesina de Hatum Ccollana, en el distrito de Velille, Chumbivilcas, mantienen bloqueado el acceso al campamento de la empresa Hudbay. Demandan ser incluidos en la zona de influencia directa del proyecto que desarrolla la minera en la localidad.

Piquetes de pobladores, a la altura del desvío Chilloroya colocaron piedras para impedir el ingreso y salida de vehículos que transportan material minero del campamento Constancia. Consideran que fueron marginados como área de influencia del proyecto. También reclaman por el componente minero o relave que viene afectando al sector de Fausi- Alto donde habitan aproximadamente 60 familias. Según indican los manifestantes este relave contamina fuentes de agua, así como el aire de toda esta zona.

“Hemos esperado pacientemente nuestra inclusión, es la tercera vez que no nos toman en cuenta, tenemos que realizar una medida de protesta para que nos escuchen” señaló Daniel Colque, presidente comunal.
Demanda

En la plataforma de lucha consignan otros cuatro puntos como, la paralización de la tercera modificación del estudio de impacto ambiental de la Unidad Minera Constancia de la transnacional Hudbay por no cumplir con los requisitos y procedimientos que manda la norma, además exigen una indemnización y compensación por daños ambientales y sociales ocasionados a la comunidad, la participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la firma de un convenio entre la minera y la comunidad que protesta.

Los manifestantes amenazan con tomar más zonas del corredor vial Sur de no ser atendidos a la brevedad.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/05/18/cusco-comuneros-bloquean-ingreso-a-minera-hudbay-lrsd/