Perú

SE REINICIA JUICIO ORAL CONTRA AGRICULTORES DEL VALLE DE TAMBO SIN GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO

09/07/2020
Imagen: Portal Mollendinos
Observatorio de Conflictos Mineros – Perú
El 3 de marzo de 2020 se inició el juicio oral a 17 agricultores del Valle de Tambo, en Arequipa, que participaron de la legítima protesta social contra la imposición del proyecto minero Tía María, entre fines de marzo y fines de mayo de 2015. El juicio se suspendió por la declaratoria del Estado de emergencia sanitaria dictada el 15 de marzo de este año.

Al respecto, el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ha programado el reinicio del juicio oral para hoy a las 2:00 p.m. mediante una videoconferencia. Esto sucede sin tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la República ha dispuesto el reinicio de reprogramación de audiencias desde el 17 de julio de 2020.

Al respecto, FEDEPAZ, que viene patrocinando a 5 agricultores que fueron incluidos arbitrariamente en este proceso penal, expresa su preocupación por esta precipitada reprogramación de reinicio del juicio oral, sin que se hayan superado los riesgos de un probable incumplimiento de los principios procesales de inmediación, publicidad, contradicción y otros que sí garantizan el cumplimiento del debido proceso judicial que se exige para toda persona que es sometida a un juzgamiento de esta naturaleza.

En efecto, en una audiencia judicial por videoconferencia no hay una relación directa entre los magistrados y los medios probatorios, no hay publicidad del proceso ni una necesaria posibilidad de ejercer una oportuna y adecuada actividad de contradicción procesal, vulnerándose así los principios antes referidos.

Si bien el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable es, también, una manifestación del debido proceso judicial. Sin embargo, se hace necesario que también estén presentes, conjuntamente, las otras garantías que son expresión del debido proceso judicial.

En ese sentido, el Observatorio de Conflictos Mineros solicita a las autoridades judiciales a que garanticen la existencia de un debido proceso judicial en forma presencial en la oportunidad que la emergencia nacional sanitaria sea superada. (Con información de FEDEPAZ)

Chile, Litio

Luego de un 2019 para el olvido, mercado recupera apetito por SQM

07/07/2020
“En caso de que la situación sanitaria se complejizara, la compañía estaría en condiciones de enfrentar cierres de unidades productivas sin daños sustanciales”, indicó Fitch Ratings.

El mercado vive positivas jornadas a pesar del incierto desarrollo del coronavirus, tanto en el mundo como en Chile. En junio, la mayor sorpresa fue el rally de las acciones de retail, pero existe otra compañía cuya recuperación llama la atención de los inversionistas.

Se trata de SQM, que sufrió un desplome de 26% el año pasado ante las expectativas de una debilidad en los precios del litio.

Sin embargo, la recesión que desató la pandemia de coronavirus cambió las decisiones de inversión. Ahora, la clave está en aquellas compañías locales que sean capaces de resistir los impactos de la pandemia.

Y es que más allá de la evolución en los precios del litio, cuyas expectativas han mejorado ante la reactivación de China, SQM resulta una atractiva apuesta en tiempos de pandemia.

¿Las razones? Sólida posición de mercado, altos niveles de generación de caja y más importante aún, holgada liquidez.

Las acciones de la minera no metálica se ubican en el tercer puesto del listado de las compañías de mejor desempeño del IPSA, con alza de 14% en lo que va del año.

Desde su mínimo del año, alcanzado el 23 de marzo, SQM acumula alza de 65%.

“En caso de que la situación sanitaria se complejizara, la compañía estaría en condiciones de enfrentar cierres de unidades productivas sin daños sustanciales, dada su liquidez alta y flexibilidad en el recorte de inversiones (…) SQM se beneficia de una condición financiera robusta con una estructura de capital conservadora, a pesar del aumento de su deuda financiera ajustada, que alcanzó USD2.119 millones a marzo de 2020 frente a USD1.758 millones al cierre de 2019″, dijo Fitch Ratings en su última actualización sobre la compañía.

Las apuestas
BICE Inversiones mantiene a SQM en su portafolio de acciones recomendadas para julio, destacando las atractivas valorizaciones con miras a 2021.

“La compañía presenta importantes ventajas comparativas a nivel de costos, una fuerte estrategia comercial y excelente posición financiera. (2) Consenso de mercado ha corregido fuertemente estimaciones 2020, las que creemos ya se encuentran en niveles más razonables. Adicionalmente, creemos que presenta valorizaciones atractivas mirando 2021, hacia donde se espera una recuperación importante en los negocios principales”, indica BICE.

El apetito de los inversionistas también se observa en los bonos en dólares de la minera no metálica. La deuda con plazo a 2023 transa en US$104 y acumula alza de 8% desde su punto más bajo. En lo que va del año, ha rentado 2%.

Una tendencia similar refleja la deuda emitida en dólares con vencimiento en 2029 transa US$109.El 23 de marzo, cuando los activos de renta fija alcanzaron su punto más bajo, el papel llegó a un precio de US$89,9. Desde su mínimo del año, acumula alza de 21%, mientras que el retorno en lo que va del año alcanza un 2,2%.

Para Inversiones Security, las acciones de SQM son una atractiva apuesta. En su cartera accionaria para julio, la corredora optó por mantener su exposición, “a la espera de recuperación en precios del litio y ante una mayor producción de baterías en China”.

Una visión más cauta tiene Deutsche Bank, pues asignó una recomendación de mantener acciones de SQM ante la presión en los precios del litio que anticipan para esto año. Eso sí, el banco de inversión destaca que en 2021 se debería registrar una recuperación.

“Creemos que el mercado podrá ver un repunte en los precios del litio durante el segundo semestre (…) Pero en este punto, el repunte se concretará con mayor fuerza a mediados de 2021”, indicó Deutsche Bank.

En esa línea, Fitch Ratings ratificó su clasificación “AA” para la compañía, con perspectiva Estable. Esto, considerando un escenario de mayor debilidad en los precios del litio.

“Fitch proyectaba un ajuste a la baja de los precios de litio, los cuales ya están en torno a USD7.400 millones la tonelada, acorde con la nueva oferta entrante en un mercado que se equilibra luego de los precios extraordinariamente altos registrados en los últimos dos años y la desaceleración en la demanda por la pandemia. No obstante, los fundamentos de largo plazo del mercado del litio, basados en forma relevante en la electromovilidad, se mantienen sólidos”, indicó la clasificadora de riesgo.
Fuente: Pulso

Luego de un 2019 para el olvido, mercado recupera apetito por SQM

Bolivia

LOS CUIDADOS NO ENTRAN EN CUARENTENA

08/07//2020
Impactos del COVID-19 en mujeres que viven en contextos de extractivismo minero en Bolivia
Angela Cuenca Sempértegui – Carmen Aliaga Monrroy
Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA)

Fuente: Defensora RENAMAT Uncia.2020
Los pueblos del mundo estamos actualmente viviendo una contingencia y emergencia sanitaria que ha trastocado todas las cotidianidades posibles, que está además desmontando las grandes mentiras del capital y el extractivismo patriarcal en los territorios. Ante la desigualdad socioeconómica, se desnudan los proyectos de supuesto desarrollo beneficiando sólo al enriquecimiento de los poderosos e intensificando el grado de vulneración de derechos, aterrizando sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres con mayor brutalidad.

En el caso boliviano, se registraron los primeros casos de contagios a partir del 12 de marzo, de ahí en adelante el gobierno transitorio de Jeanine Añez impuso medidas de cuarentena estricta en todo el país. Estas medidas incluyeron restricción total de movilidad y transporte, uso obligatorio de insumos de bioseguridad, medidas obligatorias de higiene y permiso para salir a abastecimiento de alimentos a una sola persona por familia en un horario determinado y con control policial que verificaba las cifras finales de las cédulas de identidad. Estas medidas tan sólo para personas mayores de 18 años y menores de 65. Los primeros dos meses de esta cuarentena total, generaron una alta vulnerabilidad en las familias de escasos recursos, a pesar de ello la población acató las medidas en el resguardo de la vida. Sin embargo, en los dos últimos meses la precariedad está afectando duramente la sobrevivencia de miles de familias, siendo que el Estado no está siendo capaz de dar una respuesta efectiva a las necesidades. Paralelamente, se han flexibilizado algunas restricciones, flexibilización que principalmente está beneficiando a la mega industria, capital privado y, por supuesto operaciones mineras que volvieron a funcionar, a pesar de los riesgos para la salud.

En los territorios afectados por la minería donde ya desde hace décadas se vienen denunciando los impactos sociales del despojo ambiental, también hemos venido denunciando los impactos diferenciados en las vidas y los cuerpos de las mujeres. Ya sean éstos, territorios donde está presente la empresa minera, territorios que se conectan con centros mineros a través de las cuencas y/o territorios en resistencia a la minería. A este daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y que a la vez pone en riesgo la vida de las mujeres, su integridad, su salud, su economía y el ejercicio pleno de sus derechos, la consideramos una forma de violencia estructural y patriarcal, a la que denominamos en alianza con la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, violencia medioambiental contra las mujeres[1].

Esta forma de violencia se ha visto exacerbada por la multiplicación de tareas en una lucha diaria de las mujeres del altiplano boliviano por conseguir agua limpia, implica la sobrecarga de trabajo en el cuidado del hogar, hay problemas en la salud física y emocional de las mujeres, afecta la economía local-comunitaria ya que no pueden producir porque la contaminación minera ha dañado los terrenos irreversiblemente. Por otra parte, se va confirmando que la población más vulnerable ante el virus, es precisamente la que vive en situaciones de contaminación ambiental grave, de por sí la minería estaba vulnerando el derecho a la salud y a la soberanía alimentaria, situación agravada por la amenaza de contagio que, en condiciones de escaso servicio de salud, expone a la población a una situación terrible y de emergencia humanitaria.

Con las condiciones sociales generadas por la pandemia del COVID-19, estos impactos se incrementan y se pone en evidencia más que nunca que la minería no es una actividad indispensable para la vida y en su lugar sí la producción de alimentos y la gestión comunitaria del agua.

1. Restricción de derechos y condiciones para las mujeres
Las comunidades afectadas por la minería y las mujeres responsables del sostenimiento de la vida, vienen sufriendo desde hace décadas, una serie de vulneración de sus derechos. La cuarentena como efecto de la pandemia ha intensificado esta vulneración en aspectos como el derecho al agua, al trabajo, la economía y a la salud.


Fuente: Colectivo CASA comunidad Rancho Grande.2019
Derecho al agua. Es la pregunta que se han estado haciendo las mujeres afectadas por la minería en Bolivia, y más aún con una cuarentena que les impide salir de sus hogares para buscar agua limpia. Hace algunos años publicamos que, en algunos casos, una operación minera empleaba en un día la cantidad de agua dulce que una comunidad en un año. Actualmente hay comunidades que no tienen acceso a agua como Totoral o que sus fuentes de agua han sido totalmente contaminadas como en El Choro. En el marco de la contingencia sanitaria, se exige que el lavado de manos y medidas de desinfección sean constantes, sin embargo, las condiciones de las regiones impactadas por la minería ni siquiera cuentan con agua para alimentación, menos para

la higiene necesaria en estos momentos. Estas preocupaciones por la salud de la familia, por la alimentación de los hijos, por el riesgo de contagio, va generando daños emocionales en las mujeres y se sigue incrementado de sobremanera en esta cuarentena. Una vez más resaltamos la importancia de pensar en el acceso al agua como condición imprescindible para la reproducción de la vida, los impactos del COVID-19 deben llamarnos a la reflexión y convocar a actores estatales para atender los casos de desastre ambiental donde se han afectado fuentes de agua dulce de forma irreversible.

Fuente: Defensora RENAMAT Challapata 2020
Derecho al trabajo campesino. La pandemia del COVID-19 se ha encargado de visibilizar las asimetrías económicas tanto en territorios urbanos como rurales, el famoso #QuedateEnCasa no aplica para las diferentes realidades de las comunidades campesinas e indígenas. Las compañeras en comunidades que tienen vocación productiva agroganadera y que han estado resistiendo a la minería, se han visto afectadas sin poder salir a vender sus productos agrícolas o teniendo que afrontar una serie de trámites burocráticos, exponiendo su salud para seguir alimentándose a las ciudades, pese a ello se proyectan incentivos para actores mineros y no en apoyos a los pequeños productores. La única forma de garantizar la soberanía alimentaria es el trabajo campesino, sin este trabajo las familias quedan en una absoluta vulnerabilidad y crisis alimentaria. Es necesario contemplar que el alimento necesario para la población tano urbana como rural, nace de estos territorios, que el trabajo en la tierra es imprescindible para afrontar la pandemia y que esta gestión de los alimentos debe ser dejada en manos comunitarias que están apostando a la solidaridad, el intercambio de productos y el cuidado mutuo.


Fuente: Defensoras RENAMAT Poopó.2020
Derecho a la economía local-comunitaria. Todas las medidas de rescate económico y apoyo para mitigar los impactos económicos de la pandemia por parte del Estado, se han volcado para beneficiar la macroeconomía y potenciar a los sectores económicos empresariales, uno de ellos es el sector minero, con el pretexto de que estas inyecciones de capital ayudarán a salir de la crisis. A principios de mayo se reactivó el permiso para que las actividades mineras vuelvan a funcionar con supuestos protocolos de bioseguridad, sin embargo, los contagios en los centros mineros se han disparado alarmantemente. Por otra parte, la economía de la vida, esta que se encarga de la alimentación, la necesaria para el cuidado de la salud y de la vida, ha quedado totalmente olvidada. Peor aún las mujeres de comunidades que no tienen producción a causa de la contaminación minera y que viven del día a día, en esta cuarentena sin ingresos económicos para comprar los alimentos, están atravesando dificultades para la alimentación diaria. No hay ninguna medida ni política estatal que esté beneficiando la economía que abastece de alimentos, las canastas no incluyen frutos, verduras o granos que provengan de la comunidad, por el contrario, están comprando alimentos procesados a los grandes empresarios, esto se comprueba con la amenaza de producir y comerciar semillas transgénicas en el país. Una vez más se demuestra que la minería despoja de trabajo a las mujeres y sus comunidades, daña la economía de la vida, llevando mayor pobreza para las familias.


Fuente: Defensora RENAMAT Realenga.2020
Derecho a la salud y la vida. Una vez reactivada la actividad minera, por considerarse una actividad prioritaria económicamente, se demuestra que es un atentado contra el derecho a la salud y la vida, ya que se pone en riesgo a toda la población, además de poner en riesgo a los trabajadores y a sus familias. Las comunidades rurales en general tienen serios problemas de acceso a servicios de salud básica, en los casos de comunidades impactadas por la minería la situación es todavía más grave, regiones declaradas como zonas de desastre ambiental como la cuenca Huanuni, no cuentan con laboratorios ni servicios de salud para enfrentar las enfermedades generadas por la contaminación minera. No existen las mínimas condiciones para enfrentar el coronavirus en las zonas rurales del país, y menos aún para enfrentar una contingencia en territorios impactados por la minería, donde los centros mineros puedan ser epicentro de contagios.


“… la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que el número de hospitales de tercer nivel por número de habitantes debería ser de uno por cada 75.000 habitantes. Ello implica que el país debería tener 149 hospitales de este tipo, frentes a los 79 que cuenta en estos momentos, incluyendo los privados, de la Iglesia Católica. Públicos son solo 34.”[2]
Se tiene ya casos confirmados en los trabajadores en Huanuni, al mismo tiempo por parte de la empresa minera San Cristóbal[3], las y los comunarios de la Nacion Originaria Pacajes en el departamento de Potosí, denuncian que el reinicio de actividades de la Empresa Minera Sinchi Wayra que además no socializó los debidos protocolos de seguridad, expone a la comunidad a serios riesgos de contagio[4].
La crisis sanitaria con el confinamiento establecido por los gobiernos, están finalmente recargando las tareas de los cuidados en las mujeres. No solo la atención de mantenimiento del hogar, sino un sin fin de preocupaciones por la salud y el acceso a derechos. Son las mujeres quienes sostener la vida, y pese a la cuarentena los cuidados ya sean remunerados o no remunerados se resienten e incrementan las preocupaciones. Por ello la reparación de daños ambientales no pueden ser postergados a titulo de la pandemia y es urgente que la perspectiva de género sea incluida tanto en las restricciones por la contingencia, como en los apoyos que se están dando. La salud de miles de familias está siendo recargadas en las espaldas de las mujeres que deben sostener la vida en condiciones de crisis, miedos y contaminación ambiental.
El confinamiento y las medidas restrictivas incrementan el grado de vulnerabilidad para las mujeres, las situaciones de violencia intrafamiliar y violencia machista son una amenaza en esta pandemia y el estado no está respondiendo oportunamente. En muchos de casos de violencia intrafamiliar, las mujeres están presionadas a convivir con los agresores, en los casos donde las comunidades acostumbran intervenir, ahora se dificulta la posibilidad de gestionar salidas desde el sentido colectivo.
2. Militarización de los territorios y nuevos riesgos para las mujeres
Una de las medidas tomadas por el gobierno boliviano que transgrede una serie de derechos, principalmente en los territorios más vulnerables, es el control mediante la fuerza policial y militar. A título de control durante la pandemia se han sacado a los militares a las calles no sólo de las ciudades, sino de todas las comunidades rurales, con un mayor control territorial con el pretexto de hacer respetar las medidas restrictivas. Esta situación está generando violencia psicológica por medio de la imposición del miedo, ya que la amenaza son multas de dinero muy altas o hasta la cárcel, este temor está presente en la cotidianidad de las mujeres que para llevar alimento a sus familias deben sortear al control. Del mismo modo, hay un excesivo control y represión frente a la venta de sus productos agrícolas, las mujeres cuentan que deben escaparse en horas de la madrugada para cuidar los campos de cultivo y dar alimentos a sus animales, esquivando el control militar.
Las mujeres en las comunidades, defensoras de la Madre Tierra, nos recuerdan que la única forma de afrontar la pandemia ante la desatención del Estado, es a través de los cuidados colectivos, tejiendo solidaridad, demandando el respeto de los derechos, con la escucha, el dialogo, la reciprocidad y luchando contra este modelo económico que mercantiliza la vida. La fuerza policial y militar en pocos casos ha colaborado en las situaciones de crisis y necesidades, solamente llevan miedo, inseguridad y nuevos riesgos para las mujeres.

3. Covid-19 y pueblos indígenas
Desde antes de la propagación de la pandemia COVID -19, los pueblos indígenas de Bolivia venían denunciando el aislamiento, no ser tomados en cuenta, y con la propagación de la pandemia la situación ha empeorado. De acuerdo a datos recabados, hay un solo médico para más de mil familias en las comunidades indígenas de la Amazonía, Valles, Chaco y Altiplano Boliviano. Los hospitales y centros de salud no cuentan con insumos ni equipos de bioseguridad para atender los casos de salud[5].
Hasta el 22 mayo, 46 territorios indígenas en Bolivia fueron registrados en riesgo de contagio por coronavirus, debido que se sobreponen a 23 municipios en los que se tiene casos 1.101 confirmados de la pandemia, según el monitoreo que desarrolla el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social[6].
Los protocolos de seguridad que ha sacado el gobierno son urbanos, en la comunidad no hay agua, los protocolos debieran ser diferenciados en las comunidades los gobiernos deben escuchar a los pueblos indígenas. En el caso del norte de La Paz, donde están ubicados Territorios Indígenas de Origen, principalmente del pueblo leco, ya se han recibido noticias de que la minería legal, como ilegal que explota oro, están cometiendo abusos y vertiendo amenazas contra indígenas en el marco de la pandemia[7], en un sector en el que además ya se denunció con anterioridad el uso indiscriminado de mercurio que está matando las fuentes de agua. En otros casos de pueblos indígenas se confirman ya casos positivos de COVID-19 entre: ayoreos, sirionó, yuquis y Yacubaba, donde ya se registran casos de contagio.
Los pueblos indígenas de Bolivia, están resintiendo con mayor intensidad la vulneración de los derechos ambientales en estos momentos de emergencia sanitaria, ya numerosos informes dan cuenta de la necesidad de atender a estas poblaciones y, por el contrario, el gobierno esta dando luz verde a la reactivación de proyectos mineros en territorios indígenas bajo pretexto de necesidad económica.

4. Reflexiones finales
Lastimosamente hasta ahora en Bolivia se supera los 40 mil casos de contagio, en los últimos días se han disparado notablemente los casos. En el centro minero Huanuni dependiente del Estado ya se habla de más de 20 mineros contagiados con COVID-19, y en la empresa transnacional minera San Cristóbal subsidiaria de la Sumitomo de Japón se registran dos trabajadores mineros contagiados. La situación se ha visto reflejada como una crisis humanitaria en el departamento de Beni, precisamente por las condiciones de servicios de salud deficientes. La ciudad de Cochabamba empieza a lamentar una serie de decesos que son cada vez más constantes. La cuarentena se ha flexibilizado en el último mes y, ahora el gobierno está considerando volver a ajustar las restricciones. Lo que nos tememos como organizaciones desde los territorios y desde las mujeres que están sosteniendo la vida en las comunidades impactadas por la minería, es que estas medidas estarán destinadas a un mayor control de la población y mayores restricciones de libertades y derechos.

La minería ya ha sido reactivada, los tramites mineros se los puede realizar vía internet con riesgo a que se impongan en los territorios sin que sepan las comunidades y la gran empresa seguirá trabajando, al parecer estas semanas de flexibilidad tan sólo se han hecho efectivas para impulsar la economía mercantilista y la depredación de los territorios con el pretexto de salida de la crisis. Las mujeres defensoras del territorio, las organizaciones indígenas y sociales, alertamos la importancia de velar por la economía verdaderamente indispensable: la producción de alimentos y el cuidado de la vida, hacemos un llamado a las autoridades exigiendo mayor atención a los sectores vulnerables, reafirmando más que nunca: mina NO, vida SÏ.

Fuente: Colectivo CASA. Defensoras RENAMAT, Challapata 2020

Julio de 2020

[1] Colectivo CASA, 2013. Minería con “M” de machismo y Madre Tierra con “M” de mujer. Percepciones femeninas sobre los impactos ambientales y los conflictos con la minería en comunidades indígenas campesinas (Sistematización de diez casos). Conexión: Fondo de Emancipación y Fundación Rosa Luxembug
[2] Notimérica, Sociedad, 2 de mayo del 2020. Obtenido de https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-coronavirus-bolivia-reanuda-actividad-minera-nuevo-protocolo-bioseguridad-20200502182835.html
[3] Radio Fides (Digital), 2 de junio del 2010. Obtenido de https://www.radiofides.com/es/2020/06/02/potosi-alcalde-de-llallagua-y-trabajadores-de-la-minera-san-cristobal-dan-positivo-a-covid-19/
[4] Chaski Clandestina, 28 de mayo del 2020. Obtenido de https://chaskiclandestina.org/2020/05/28/nacion-originaria-pacajes-en-potosi-denuncia-atropellos-de-empresa-minera-sinchi-wayra/
[5] Mongabay y LATAM, por María Mela Molina. 15 de abril del 2020. Obtenido de https://es.mongabay.com/2020/04/bolivia-pueblos-indigenas-coronavirus-covid-19-salud/
[6] CEJIS, 9 de junio del 2020. Obtenido de http://www.cejis.org/situacion-de-los-pueblos-indigenas-de-tierras-bajas-de-bolivia-frente-al-covid-19/
[7]Chaski Clandestina, 26 de mayo del 2020. Obtenido de https://chaskiclandestina.org/2020/05/26/pueblo-indigena-leco-en-el-norte-paceno-denuncia-avasallamiento-por-parte-de-minera-aurifera/
Publicadas por OIEDC

Internacional

LA PREOCUPACIÓN DE LOS TRABAJADORES MINEROS EN EL MUNDO

José De Echave C.
Imagen: Camiper
07/07/2020
En anteriores artículos hemos subrayado que desde que se inició la pandemia, algo más de 250 operaciones mineras han sido paralizadas en 33 países. Los principales países afectados han sido Sudáfrica, Estados Unidos, México y Canadá.

Los motivos de las paralizaciones han sido diversos: las cuarentenas que han aplicado los países, temas de seguridad en las propias operaciones y también la creciente resistencia de parte de los trabajadores a la exposición y el aumento de casos de contagio.

En varios países las cosas se han ido complicando. Un ejemplo es Chile: ya son 9 trabajadores mineros fallecidos en el vecino país del sur y solo en la empresa estatal Codelco -la primera productora de cobre en el mundo-,los contagiados por Covid 19 suman 2,600. Actualmente la minería chilena está funcionando con poco más de un 50% de su fuerza laboral y la cifra de trabajadores desmovilizados llega a 90 milen estos momentos. Según algunas publicaciones de ese país, si bien al inicio de la pandemia la mayoría de las compañías mineras habían reducido sus operaciones en un 30% en promedio, en la actualidad la situación se ha complicado y se calcula que la reducción llega a un 50%.

Los mineros chilenos critican que las medidas implementadas por sus empleadores han sido «tardías». Los trabajadores mineros tienen miedo a enfermarse y a morir porque ven lo que les ha ocurrido a sus compañeros», ha declarado en un medio de ese país el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Patricio Elgueta. También denuncian «hermetismo» de las empresas para entregar los datos sobre fallecidos y contagiados y reclaman transparencia a las autoridades.

Mientras tanto, en el Perú se anuncia que la minería estaría operando al 100% de su capacidad en el mes de julio, en medio de muchos cuestionamientos por el número de casos de contagio que se han registrado en diferentes operaciones mineras y que sigue en aumento. Al igual de lo que viene ocurriendo en otros países, los trabajadores mineros en el Perú exigen que se implementen las mayores medidas de seguridad y subrayan que los protocolos no son lo suficientemente rigurosos y, sobre todo, fueron aprobados sin su participación.
www.cooperaccion.org.pe

Chile

La codicia prevalece sobre la vida

5 julio, 2020 | Chile
La codicia prevalece sobre la vida

Chile es un país de tradición minera, la actividad cuenta con la licencia social de la mayoría de su población, pero el contexto de la pandemia les permite evidenciar que lo que rige la actividad es la codicia. El norte de Chile se ha convertido en una verdadera zona de sacrificio. Las vidas de la población se encuentran frente a frente con los intereses de los dueños y gobernantes del país, privilegiando la producción y el saqueo de recursos por parte de los magnates mineros a costa de la vida del pueblo trabajador. La actividad minera continuó de forma ininterrumpida durante la expansión del coronavirus causante del Covid-19, que en Chile, tiene una mortalidad del 2,12% sobre el total de infectados. Ante esta situación se preguntan que postura tomarán los sindicatos.

Por: Noalamina Esquel

Fuente: La Izquierda Diario – 3/6/2020
El norte de Chile golpeado por el COVID-19 y la codicia sin límites de los empresarios

El norte minero se ha convertido en una verdadera zona de sacrificios. Así lo demuestran los más de 9.000 contagios en la región de Antofagasta, la cual ha sido profundamente golpeada por el negocio que se esconde detrás del discurso del gobierno de reactivar la economía.

Mucho se ha hablado de cerrar los aeropuertos, o de incluso cambiar los turnos de las mineras a 14 días en el trabajo y 14 días en las casas, sin embargo, ninguna de estas medidas ha sido una verdadera solución para los golpes que ha recibido el pueblo norteño en medio de la pandemia. Si bien, el aeropuerto de Calama está cerrado, ahora es el de Antofagasta el que se ha encargado de hacer los traslados, así como contar con decenas de colectivos en el mismo aeropuerto para transportar a las y los trabajadores que ya no llegan a Calama, sino que a la capital regional. El problema sólo se ha trasladado de ciudad.

Es de esta forma que el hogar de cientos de miles de personas se transforma día a día más en un verdadero matadero. El trabajador minero se enfrenta al contagio en su lugar de trabajo, para que posteriormente sea su familia y la de sus vecinos las que se vean afectadas. Todo para que la producción del metal rojo no se detenga ni un solo segundo, y los bolsillos de los empresarios del cobre se abulten hasta reventar, mientras en la región más de 200 familias se preparan para los funerales de sus familiares a causa del COVID-19 y la codicia empresarial.
Las mineras no paran y los contagios tampoco

La minería al igual que el resto de trabajos no esenciales ha tenido momentos críticos. Desde el inicio de la pandemia la situación es desigual entre definir qué es y que no es esencial, y hoy, en el marco de una crisis sanitaria aguda en la zona minera chilena se ve la real cara de los grandes empresarios y el gobierno: mientras los casos confirmados de infección por coronavirus ascienden a miles en este rubro, miles de millones son también las ganancias que han obtenido a costa de la salud de familias completas.

El gobierno siempre tuvo la intención de llevar la minería al límite. Pero ahora ante la crisis misma, no dudó en declararla como esencial para el “porvenir económico del país”, lo que que solo trajo bonanza económica en medio de una catástrofe social generada por decisiones arbitrarias y en beneficio del bolsillo empresarial.

No solo se trata de la minería estatal como Codelco sino también la privada. Es de destacar que en Chile, el PBI minero repuntó en el primer trimestre del año 2020 y fue uno de los rubros con mayor crecimiento financiero. Esto es lo que buscan perpetuar, la bonanza que ha significado más de 3000 contagios solo en la estatal y, por otra parte, obtener millonarias ganancias a la minería privada que como Minera Escondida hoy se ponen en el primer lugar del ránking de utilidades obtenidas.

No está contabilizado el número de mineros contagiados en la minería privada, ni tampoco se tiene el dato de cuántos fallecidos propios de Codelco han existido. Todo bajo el manto de la impunidad, continúan trabajando bajo medidas inhumanas de control y trabajo inseguro.

Por ejemplo, tal como indicaba el sindicato 1 de Minera Escondida mediante una misiva, mucho se habló de la decisión de abandonar el uso del aeropuerto El Loa por parte de Codelco distrito norte, pero nada se mencionó de la letra chica de este acuerdo: trabajadores que deben vivir de sus casas por meses, sin el resguardo necesario mientras no cumplen turno, realizando vuelos que aterrizarán en el aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta entre otras cuantas contradictorias cláusulas de esa cuestionable decisión.

“Entonces tenemos un nuevo problema, Antofagasta se podría convertir en el mayor foco de tránsito de trabajadores mineros, con lo que podríamos llegar a ser la ciudad símbolo del COVID19, gracias a la ambición de la minera estatal y las transnacionales que operan en esta ciudad”, indican en el comunicado del sindicato mencionado.

De este problema en general no escapa la gran particularidad de los trabajadores subcontratados, que contemplan un gran porcentaje del trabajo minero, que, prestando servicios esenciales para la producción, hoy son el sector con menos resguardos y más proclives a la precarización, la suspensión o el despido.

De esto sólo se han limitado a proponer cuarentenas por 14 días para sanitizar espacios, sin cuestionar ni imponer medidas para una verdadera salida frente a la pandemia.
La situación exige una respuesta

La situación es aberrante. Son ciudades enteras las que se destinan al contagio por las ganancias de los empresarios mineros, mientras se anuncian cínicamente cuarentenas en las ciudades, mientras el flujo de traslado de personal no se detiene ni un segundo.

Sin embargo, es esta misma situación radical, que enfrentan cientos de miles de familias, la que exige una respuesta.

En este sentido, la Coordinadora de Trabajadores Mineros, de la cual la Confederación de Trabajadores del Cobre es parte, afirma que: “Como trabajadores, no permitiremos bajo ninguna circunstancia, que se anteponga la producción ante la vida y seguridad de los trabajadores, y reiteramos que tomaremos las medidas que sean necesarias para que este Gobierno entienda. La vida de los trabajadores siempre debe estar primero.”

Sin embargo, no se han tomado medidas concretas por parte de los dirigentes sindicales de uno de los sectores más poderosos de la economía, frente a la crisis que enfrentamos.

La declaración de la misma coordinadora afirma que, a la par de esclarecer las cifras reales de contagios en las mineras, “que se pueda formar una mesa de diálogo tripartita, con nuestra experiencia.” Medida que incluso se la han planteado al Ministro de Minería.

Sin ir más lejos, desde el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida, no están lejos de esta propuesta. Es más, su salida inmediata frente a la situación de verdadero matadero en las mineras, es la de hacer “un llamado a las autoridades regionales, provinciales y comunales a manifestarse ante tan difícil y desgraciado escenario, el que podríamos enfrentar en la ciudad de Antofagasta si estas medidas se llegan a concretar en el inmediato a corto plazo.”

Creemos que si la respuesta pasara por establecer mesas de diálogo con las autoridades, o incluso con los mismos empresarios que conscientemente ponen sus ganancias por sobre la vida del pueblo, quizás el COVID-19 nunca hubiera llegado a Chile. Depositar nuestras confianzas en ellos, que son los responsables -directos o indirectos- de la crisis y de los más de 7 mil fallecidos, no sólo es un callejón sin salida, una idea utópica, sino que es a su vez desperdiciar la enorme fuerza que tienen las y los trabajadores cuando se proponen luchar por sus derechos, y la vida de sus familias.

Frente a esto, Lester Calderón, presidente del Sindicato N°1 de Orica Chile, y dirigente obrero del Partido de Trabajadores Revolucionarios, es enfático en señalar que la situación exige un paro regional de todos los trabajos no esenciales: «si no nos la jugamos por paralizar las faenas mineras y los trabajos no esenciales -sin importar que esto afecte las ganancias empresariales-, la expansión del virus no se podrá frenar y seremos las y los trabajadores, junto a nuestras familias, los que nos veremos afectados por esta crítica situación. Ya quedó demostrado que no sirven para detener el virus las “cuarentenas truchas”, donde decenas de miles de personas igual tenemos que salir de nuestras casas para ir a trabajar, tal como se demostró en la región, o en otros lugares como en Santiago, que lleva meses con esta medida y con un grave aumento de los contagios.»

Es por esto que para Calderón la situación pasa también porque los sindicatos y las grandes centrales obreras y sindicales, como la CUT, la Confederación de Trabajadores del Cobre, así como el Sindicato Nº1 de Minera Escondida, y el Sindicato Minero de Trabajadores CODELCO, llamen y organicen a una paralización regional de todos los sectores no esenciales, destacando que esta es la única manera para frenar los contagios. Hoy más que nunca los sindicatos y las centrales de trabajadores deben ponerse en movimiento para defender nuestra vida y la de nuestras familias frente al ataque de los empresarios y el Gobierno, sentencia Calderón.

Todo Chile sabe que el cobre es lo que más les preocupa a los empresarios y al gobierno cuando se habla de economía, entonces no perdamos más tiempo, ni permitamos que más familias trabajadoras se contagien. La clave es un paro regional. La única razón por la que estos trabajos siguen abiertos es para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. De otra manera veríamos los dineros de las mineras en la construcción de hospitales, en la compra de ventiladores mecánicos, o incluso en la renta básica de emergencia de familias que han perdido sus empleos. Pero no es así. Incluso en sus reportes recientes Minera Escondida afirma que ha entregado una ayuda de 210 millones de pesos para combatir la pandemia, sin embargo esto no corresponde más que al 0.00001% de sus ganancias anuales: una parte microscópica de toda la porción que se llevan. En definitiva, el dinero se va directo a las cuentas bancarias de sus empresarios. Un robo de cuello y corbata a costa de la vida de todas nuestras familias.

Esta medida de paralización total de la minería y de los sectores no esenciales en la región, debe ir acompañada de imponer un impuesto progresivo a las grandes fortunas y grandes empresas que siguen ganando millones en la gran minería. Hoy más que nunca son ellos o nosotros, y los sindicatos mineros, así como las centrales sindicales, deben ponerse en función de estas medidas que requiere el pueblo.

Argentina, Internacional

La minería de oro dificulta la recuperación de la selva amazónica

02/07/2020
NOALAMINA
La extracción de oro limita significativamente el crecimiento de los bosques amazónicos, reduciendo en gran medida su capacidad de acumular carbono, según un nuevo estudio que publicado en el en el ‘Journal of Applied Ecology’.
Los investigadores advierten de que los impactos de la minería en los bosques tropicales son duraderos y que será necesaria una gestión y restauración activa de la tierra para recuperar los bosques tropicales en tierras previamente minadas.

La extracción de oro ha aumentado rápidamente en toda la Amazonía en los últimos años, especialmente a lo largo del Escudo Guayanés, donde es responsable de hasta el 90% de la deforestación total.

El Escudo abarca Guyana, Surinam, la Guayana Francesa, Venezuela y pequeñas partes de Colombia y el norte de Brasil, y sus bosques contienen aproximadamente veinte mil millones de toneladas de carbono sobre el suelo en sus árboles.

La capacidad de los bosques tropicales para recuperarse de las actividades de extracción de oro se ha mantenido en gran medida sin cuantificar.

Ahora, un estudio internacional dirigido por la Universidad de Leeds, en Reino Unido, es el primero en proporcionar información detallada sobre el terreno sobre la regeneración de los bosques en Guyana después de la extracción de oro, y la primera estimación en tierra del sumidero de carbono perdido como resultado de las actividades de extracción de oro a través del Amazonas.

Los hallazgos del equipo encontraron que las tasas de recuperación de bosques en pozos mineros abandonados y estanques de relaves se encuentran entre los más bajos jamás registrados para bosques tropicales.

En algunos sitios casi no hubo regeneración de árboles, incluso después de tres o cuatro años desde que se detuvo la minería. Calculan que la deforestación relacionada con la minería provoca la pérdida anual de más de dos millones de toneladas de carbono forestal en la Amazonía.

La falta de crecimiento forestal observada después de la minería sugiere que esta pérdida de carbono no puede recuperarse mediante la regeneración natural.

La autora principal, la doctora Michelle Kalamandeen, comenzó esta investigación como investigadora de posgrado en la Facultad de Geografía de Leeds, ahora es investigadora postdoctoral en la Universidad de Cambridge.

«Este estudio muestra que los bosques tropicales se ven fuertemente afectados por las actividades mineras, y tienen muy poca capacidad para restablecerse después de la minería”, advierte.

“Nuestros resultados muestran claramente que el proceso de extracción ha eliminado el nitrógeno del suelo, un componente fundamental para la recuperación forestal, y en muchos casos ha contribuido directamente a la presencia de mercurio en los bosques y ríos vecinos –continúa–. Los sitios mineros activos tenían en promedio 250 veces más concentraciones de mercurio que los sitios abandonados”.

La experta advierte de que “esto no solo tiene serias consecuencias para nuestra batalla contra el calentamiento global al limitar la capacidad de los bosques amazónicos de capturar y almacenar carbono, sino que también existe una mayor implicación de contaminar las fuentes de alimentos, especialmente para las comunidades indígenas y locales que dependen de los ríos”.

Por ello, destaca que “un hallazgo positivo de este estudio muestra que los sitios de sobrecarga, áreas donde se deposita la capa superior del suelo durante el proceso minero, registraron tasas de recuperación similares a otros bosques tropicales secundarios de América Central y del Sur abandonados después de la agricultura o el pastoreo”.

La doctora Kalamandeen explica que gestión activa y la aplicación de las leyes “son claramente necesarias para garantizar la recuperación y salvaguardar a las comunidades y existen métodos disponibles, como reemplazar el suelo utilizando las sobrecargas en los sitios abandonados. Pero existe una necesidad urgente de que se pruebe la gestión de recuperación a gran escala”.

En este sentido, advierte de que se trata de una carrera contra el reloj ya que la crisis actual está aumentando significativamente la demanda de oro, dado su papel percibido como estabilizador económico, lo que se une “al debilitamiento de las leyes y políticas ambientales como hemos visto en Brasil, lo que lleva a una mayor deforestación en la Amazonía”.

El equipo utilizó parcelas de inventario forestal instaladas en minas abandonadas recientemente en dos regiones mineras principales en Guyana.

El estudio analizó muestras de suelo y determinó la biomasa aérea de los árboles individuales, el material vegetal vivo del árbol, para determinar la recuperación y los cambios químicos causados por la minería.

Sus resultados sugieren que la recuperación del bosque está más fuertemente limitada por el agotamiento severo inducido por la minería de nutrientes del suelo, especialmente nitrógeno, en lugar de por la contaminación por mercurio.

Sin embargo, la alta tasa de mercurio tiene serias implicaciones para los impactos negativos en la seguridad alimentaria, el suministro de agua y la biodiversidad local.

El coautor del estudio, el doctor David Galbraith, profesor asociado de Dinámica del Sistema Terrestre en Leeds, destaca que “actualmente, aproximadamente 1,3 millones de kilómetros cuadrados del Amazonas están bajo prospección para actividades mineras”.

La Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC), que apoyó el trabajo de campo, es optimista de que los resultados de esta investigación ayudarán a tomar decisiones más informadas para sus políticas y programas de recuperación, monitoreo y aplicación.

Newell Dennison, Comisionado de GGMC, resalta que “los resultados de la investigación mostraron dos aspectos importantes: que las áreas sobrecargadas se recuperaron relativamente bien y hubo una recuperación limitada en los pozos mineros y en los estanques de relaves. Estas últimas son áreas donde necesitamos una mejor gestión”.

Por su parte, Gavin Agard, comisionado de la GFC cree que los hallazgos y recomendaciones de este estudio “tendrán un impacto significativo en las políticas y estrategias de manejo para la restauración y rehabilitación de bosques en áreas minadas, lo cual es un objetivo clave para Guyana bajo el Acuerdo de París de la CMNUCC”.

“No se puede ignorar la contribución de la deforestación y la degradación al cambio climático — añade–, por lo que agradecemos las contribuciones de este equipo de investigación para construir y mejorar nuestro conocimiento y comprensión comunales de nuestros bosques cambiantes a medida que continuamos buscando los más altos estándares de silvicultura sostenible en Guyana”.
Fuente: Moncloa

La minería de oro dificulta la recuperación de la selva amazónica

Chile

Alcalde y concejales de Calama insisten en una cuarentena de 14 días para la minería

Así se lo plantearon a los ejecutivos de Codelco que ayer dieron a conocer su Plan Preventivo Covid-19 en la última sesión del consejo municipal, en la que además les solicitaron transparentar las cifras de la minera durante la crisis.
08/07/2020

(El Mercurio de Calama) Tensa terminó siendo la reunión en línea que el consejo municipal de Calama, encabezado por el alcalde Daniel Agusto, sostuvo ayer con los representantes del Distrito Norte de Codelco, quienes dieron a conocer los detalles del Plan Preventivo que impulsa la minera estatal, para hacer frente a la emergencia sanitaria por el Covid-19 que se extiende ya por casi cuatro meses.

Reunión que comenzó con las presentaciones de la empresa en que se detalló la situación a nivel distrital y luego en específico de la división Chuquicamata.

Posteriormente, continuó con las intervenciones de los concejales y el alcalde, quienes emplazaron duramente a los ejecutivos de la cuprífera, que a su vez replicaron a las numerosas inquietudes de las autoridades.
Críticas

Luego de la presentación de la empresa, el concejal Claudio Maldonado cuestionó el manejo de la emergencia por parte de la minería de la región en general y en ese contexto agregó que la información que ha entregado Codelco no considera aspectos importantes como cifras, fechas o un plan claro respecto de las medidas o cómo seguirán implementándose.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://www.mercuriocalama.cl/impresa/2020/07/08/full/cuerpo-principal/5/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=6

Chile

SMA formula cargos contra Minera Valle Central por incumplimientos en seguimiento ambiental

La autoridad ambiental formuló tres cargos, dos de ellos clasificados como graves.
07/07/2020
Minería Chilena

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de la empresa Minera Valle Central.

Según explicó la jefa de la oficina regional de O’Higgins, Daniela Marchant, luego de dos fiscalizaciones intersectoriales, se constató incumplimiento a una parte del contenido de los informes de seguimiento ambiental del proyecto relacionado, específicamente su numeral 1, sobre la flora en estado de conservación y la especie en peligro de extinción avellanita bustillosii Phi -arbusto endémico-; y también deficiencia en los informes sobre seguimiento ambiental de sistema de conducción y depósito de relaves. Además, la Superintendencia realizó un requerimiento de información a la empresa.

“Con toda esta información, y luego de un exhaustivo análisis de los antecedentes levantados, la SMA determinó formular tres cargos en contra de la empresa Minera Valle Central S.A., dos de ellos clasificados como graves”, sostuvo Marchant.

Las infracciones graves -explicó- se sustentan principalmente porque la minera no garantizó mediante la entrega de los informes del Programa Operacional Trimestral que el transporte de relaves, más el aporte de pluviosidad de la zona, no superara la capacidad máxima autorizada por la Dirección General de Aguas para la canaleta de relaves de la División El Teniente de Codelco, dirigida al Embalse Carén.

Además, la empresa no realizó una aplicación anual de polímeros o supresores de polvo en superficie del tranque Cauquenes en la parte que no es humectada con motivo del proceso de extracción del proyecto.
https://www.mch.cl/2020/07/07/sma-formula-cargos-contra-minera-valle-central-por-incumplimientos-en-seguimiento-ambiental/

Internacional

El oro supera la barrera de US$1.800 por onza por primera vez desde 2011

Analistas señalaron la preocupación por el coronavirus, las tensiones geopolíticas y el debilitamiento del dólar como un factor en el alza del metal precioso.
08/07/2020
(Emol) El oro superó el miércoles la barrera simbólica de 1.800 dólares por onza, por debajo de la cual se había estado comerciando desde noviembre de 2011, en un entorno económico incierto favorable a este valor refugio.

En el mercado de oro de Londres, la onza de este metal precioso alcanzó los 1.800,86 dólares, su nivel más alto en los últimos ocho años y medio. “Los inversores siguen comprando acciones pero parece que quieren cubrirse en caso de una corrección en el mercado”, explica Carlo Alberto De Casa, analista de ActivTrades.

“El miércoles, la preocupación por el coronavirus y las tensiones geopolíticas pesaron sobre el apetito por el riesgo”, lo que beneficia al oro, un tradicional refugio en tiempos de incertidumbre, señala por su parte Fiona Cincotta de City Index.

En los últimos días, los analistas también han señalado el debilitamiento del dólar como un factor de la subida del oro. Más de 1.100 personas murieron a causa del coronavirus en Estados Unidos en las últimas 24 horas, sumando 131.362 desde el comienzo de la crisis.

Dado que el oro se cotiza en dólares, una moneda estadounidense más débil hace que el metal precioso sea menos costoso para los compradores que utilizan otras monedas. Y en un entorno monetario en que los principales bancos centrales prometieron inyectar cantidades de liquidez sin precedentes en la economía en las últimas semanas, otros refugios seguros, como los bonos del Estado, se han vuelto menos remunerativos.

La semana pasada, el oro había rozado los 1.800 dólares por onza, pero no los superó. Su máximo histórico, de 1.921,18 dólares por onza, se alcanzó en septiembre de 2011
https://www.mch.cl/2020/07/08/el-oro-supera-la-barrera-de-us1-800-por-onza-por-primera-vez-desde-2011/

Mexico

CON EL TMEC SE PROFUNDIZA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO

REMA 7 de julio de 2020
El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este
tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura
comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy
refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y
media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos
vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley
Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara
tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión
pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de
Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron
origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el
TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas
públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de
poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades
y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados
por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción
o por sometimiento por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras,
participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su
territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.

En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:
“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes
ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio
o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).
“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que
busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos
procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de
tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)

Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las
grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con
celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido
financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia
defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.
Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación
filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticas voluntarias de responsabilidad
social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el
uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos
naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos
mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la
creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)

Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias. En este punto, es importante
tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU.
y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión
bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de
millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de
que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las
expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos
minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el
caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita
para las empresas canadienses.
Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden
recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica
(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34
demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas
y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más
demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus
derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a
México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por
$16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado
de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de
pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos
que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por
la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una
compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas
mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa
minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una
licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de
Baja California Sur, en donde este proyecto tendrá un impacto devastador sobre la biodiversidad, la
pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de
estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de
demandas en los tribunales internacionales del TMEC.

Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company1, la
principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500
millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del
Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años2. Cabe mencionar los estrechos
lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría
de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y
2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo acciones de 300 mil dólares en la
empresa lo que representa un claro conflicto de interés3.
Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la
Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones
impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.

¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

1 https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/19/1
2 https://ejatlas.org/conflict/devastacion-mina-calica-de-vulcan-materials-company-en-playa-del-carmen
3 https://eldespertadordequintanaroo.com.mx/calica-depredacion-a-la-sombra-de-trump/