17/11/2020
NOALAMINA
En 1987 Metal Huasi, una planta fundidora de plomo ubicada en la localidad de Abra Pampa, Jujuy, y que durante treinta años había sido la principal actividad del pueblo, cerró sus puertas. Al hacerlo, abandonó, donde estaba situada la planta, pero también en depósitos a cielo abierto en distintos puntos de la localidad, alrededor de 60.000 toneladas de material, entre rocas listas para ser fundidas y con una altísima concentración de plomo, y escoria o restos de fundición, igualmente contaminantes. Estaban al aire libre, sujetos a la constante erosión de un clima extremo.
El Proyecto Navidad, en la meseta de Chubut prevé la extracción de 632 millones de onzas de plata y
cerca de tres mil millones de libras de plomo
Fuente: El país
El plomo ingresa al organismo ya sea por inhalación o ingesta. Los niños lo absorben hasta dinco veces más que los adultos. El cuerpo confunde el plomo con calcio ya que molecularmente son parecidos. Una vez absorbido, casi no existe forma de retirarlo del cuerpo. Tener carencias nutricionales y el estómago vacío favorece, en gran medida, la absorción. Ser pobre te hace ser más vulnerable. Ser un niño pobre en un ambiente contaminado es prácticamente una condena de por vida. La medida de lo considerado aceptable fue gradualmente bajando de 10µg/dl en los años setenta, a 5 µg/dl en los noventa, a 3 µg/dl hace unos años, y hasta 0 µg/dl en la actualidad. La OMS sostiene que no existe una concentración segura de plomo en sangre.

El paisaje social de la Puna no se modificó demasiado desde entonces. El neoliberalismo de la década de los años noventa fue atroz para esta zona cuyos habitantes son en su mayoría de origen coya. Hacia finales de siglo en los pueblos de la región, la desocupación laboral rondaba el 70% y la desnutrición infantil afectaba al 50% de los niños. Así lo destacaba entonces un equipo de la Cátedra de DDHH de la Universidad de Texas en un estudio realizado en 2009.

Un 81% de los niños analizados tenía niveles de plomo en sangre por encima de cualquier máximo tolerable

A comienzos de siglo un grupo de docentes y médicos comenzaron a preguntarse qué es lo que pasaba con los niños de Abra Pampa, que presentaban dificultades cognitivas y físicas distintas a la de otros de localidades cercanas. Se comunicaron con un grupo de padres y les pidieron su autorización para realizarles análisis de sangre a sus hijos. Analizaron la sangre de nueve menores de edad en esa primera ronda de pruebas. Julio García, quien hoy tiene 27 años, fue uno de esos niños. “Todos teníamos plomo en la sangre, después hicieron otras pruebas a un grupo más grande de chicos de la escuela, y los resultados fueron los mismos”.

En 1995, el Gobierno regional tuvo la ocurrencia de hacer uso de parte de los escombros para obras de bacheos y rellenos. El barrio 12 de Octubre y el asentamiento Esperanza fueron construidos encima de escombros esparcidos por el mismo municipio como relleno.

Raúl García es el padre de Julio. El mismo año que le pidieron permiso para analizar a sus hijos, él había comprado un terreno en el Barrio 12 de Octubre, justo enfrente de las montañas de escombros que habían sido abandonados por la fundidora y estaba construyendo ahí su casa, donde continúa viviendo en la actualidad. Raúl contactó con un abogado y político de la capital, Riad Quintar, que se ofreció a llevar su caso gratis, y le propuso hablar con sus vecinos, para comenzar a elaborar una demanda colectiva. García se convirtió en el eje movilizador y nexo de todos los vecinos. Durante tres años García y otros habitantes de la zona que se sumaron, hicieron reuniones informativas y posteriormente elaboraron las carpetas médicas, pruebas, análisis e historiales suficientes para presentar una demanda civil colectiva de más de 500 vecinos contra las autoridades municipales por permitir la contaminación ambiental de los pasivos de Metal Huasi y las generaron en la salud.

Eduardo Vázquez señala algunos restos de escoria en una de las paredes laterales de su casa en el barrio 12 de octubre. La mayoría fueron construidas con escombros de la fundición cerrada. IGNACIO CONESE

En el 2006 el INQA, un Instituto dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy, realizó un estudio intensivo sobre la población infantil del pueblo, tal como se cuenta en el Enviromental Justice Atlas. El resultado arrojó que un 81% de los niños analizados tenía niveles de plomo en sangre por encima de cualquier máximo tolerable. Un año después, el Estado Nacional solicitó un préstamo al BID para la remediación ambiental y creación de oportunidades en Abra Pampa. El préstamo fue de 35,7 millones de euros y el Estado argentino se comprometió a sumar otros

Eduardo Vázquez señala algunos restos de escoria en una de las paredes laterales de su casa en el barrio 12 de octubre. La mayoría fueron construidas con escombros de la fundición cerrada. IGNACIO CONESE

El manejo de estos fondos quedó en manos de la Secretaría de Minería de la Nación bajo un programa denominado GEAMIN. Después de diez años la mayor parte de los restos de Metal Huasi fueron eliminados. Dos obras fueron construidas como parte de la llamada remediación. Un anfiteatro a cielo abierto —sin considerar el clima extremo de la Puna de sol, viento y frío—, donde la planta fundidora estaba ubicada, y un polideportivo con una cancha de fútbol de césped sintético. A la fecha, el anfiteatro nunca fue inaugurado ni puesto en uso. En cuanto al polideportivo ubicado en el barrio 12 de Octubre — donde estaban una gran cantidad de minerales y escoria depositados — su uso es de pago y caro para la gran mayoría de los abrapampeños.

El programa de remediación fue cerrado en 2017. Para las autoridades lo realizado había sido suficiente y dieron el asunto por cerrado. Aunque los historiales médicos de los afectados con plomo en la sangre digan que tienen alta médica, cuando deberían estar bajo un tratamiento que dura al menos una década según los protocolos establecidos para este tipo de envenenamiento, tratamientos que en la localidad nadie nunca recibió.

Una demanda colectiva desde hace 20 años

La demanda colectiva que iniciaron García y compañía —que fue lo que trajo la atención de las autoridades, y por consecuencia, el préstamo millonario del BID, la remediación y las obras— lleva casi dos décadas en la justicia provincial, habiendo cumplido ya todos los procesos hace más de un año y esperando sentencia en el escritorio de la jueza Elba Cabezas, en San Salvador de Jujuy, la capital provincial.

La gente se está muriendo, los niños ya son adultos, y la Justicia como si nada

VERÓNICA MENDOZA, VECINA DE ABRA PAMPA

La demanda colectiva que iniciaron García y compañía —que fue lo que trajo la atención de las autoridades, y por consecuencia, el préstamo millonario del BID, la remediación y las obras— lleva casi dos décadas en la justicia provincial, habiendo cumplido ya todos los procesos hace más de un año y esperando sentencia en el escritorio de la jueza Elba Cabezas, en San Salvador de Jujuy, la capital provincial.

“Mi papá se murió de cáncer esperando, mi tío y mi prima murieron de cáncer también… La gente se está muriendo, los niños ya son adultos, y la Justicia como si nada”, relata Verónica Mendoza. Como tantos otros en el pueblo, todos los miembros de su familia están envenenados con plomo. “El sueño de mi papá era que con ese dinero pudiéramos comprar una chacrita donde instalarnos la familia entera en el campo, lejos de toda esta contaminación”. Su hija de ocho años sufre de dolor de huesos cada vez que hace actividad física. Verónica cuenta que ella tiene problemas con la memoria. “Mi papá se murió de cáncer esperando, mi tío y mi prima murieron de cáncer también… La gente se está muriendo, los niños ya son adultos, y la Justicia como si nada”, relata Verónica Mendoza. Como tantos otros en el pueblo, todos los miembros de su familia están envenenados con plomo. “El sueño de mi papá era que con ese dinero pudiéramos comprar una chacrita donde instalarnos la familia entera en el campo, lejos de toda esta contaminación”. Su hija de ocho años sufre de dolor de huesos cada vez que hace actividad física. Verónica cuenta que ella tiene problemas con la memoria.

Algo similar cuenta Julio Garcia: “A veces pienso, ¿qué es lo que estoy haciendo, o qué estaba diciendo? Y tengo que parar y pensar hasta darme cuenta qué era”. Silvia García, la hija mayor de Raúl, quedó embarazada de Airón cuando tenía 19 años. Su hijo nació sin un riñón y sin el antebrazo y el pulgar derecho. “No me permitieron conocerlo hasta veinte días después porque se lo llevaron a la capital y yo quedé acá”, recuerda Silvia sobre el nacimiento de su hijo y cuando supo de su condición: “Al principio me costó aceptarlo, era como que no quería amarlo como lo amaba… Yo era chica y tenía toda una idealización en mi cabeza de lo que iba a ser mi hijo, y mi hijo era incompleto».

Raúl cuenta que tuvo que luchar por su nieto desde que nació, ya que los médicos querían extirpar la mano derecha y él no lo permitió. Después luchó para que fuera aceptado, y para que los padres del niño demandarán al municipio con los mismos argumentos que la demanda colectiva, pero una generación más tarde. La Justicia fue más rápida en su caso fallando a favor del niño. Airón, quien hoy tiene ocho años, se convirtió en un precedente para la demanda colectiva. La esperanza de que el mismo criterio que se aplicó a su caso sea aplicado al resto de los demandantes.

Eduardo Vázquez es un maestro rural que ha trabajado en media docena de escuelas distintas a lo largo y ancho de la Puna. Hace veinte años atrás con sus primeros sueldos pudo comprar un lote al municipio donde construir su casa. Como muchos en la cuadra donde vive, en el barrio 12 de Octubre, Eduardo utilizó lo disponible como material para los cimientos y los ladrillos de adobe. Lo disponible eran los escombros, escorias, rocas y fierros de Metal Huasi. Con las rocas negras hizo los cimientos, con la tierra y con las rocas más finas hizo los ladrillos.

“Nosotros participamos de la segunda ronda de exámenes que se hizo en el pueblo. Escuchamos por la radio que estaban haciendo exámenes, y como Alexis, nuestro hijo mayor, ya tenía problemas, quisimos saber si estaban relacionados al tema del plomo que se estaba hablando… cuando me enteré de que mi hijo tenía plomo en la sangre se me vino el mundo encima. Me pasé meses casi sin comer para poder ahorrar y por lo menos revocar y revestir las paredes interiores de la casa, pero no es suficiente. El polvo blanco del plomo cae de los techos. Esto nos está llevando la vida de a poco”, relata Eduardo.

Su hijo Alexis, el mayor de tres hermanos, nació sin un riñón y con su ojo derecho sin desarrollar. Además, tiene un soplo en el corazón y sufre de constantes dolores en la boca del estómago. Como casi todos los afectados, también tiene la esperanza de que el juicio alguna vez salga y pueda tener los fondos para irse del pueblo. “No es que yo no quiera a mi pueblo, porque no pasa por ahí, pero quisiera poder vivir en otro lado… Me da bronca que pueda venir una empresa y hacer lo que nos hizo, ellos no pagaron nunca las consecuencias, las pagamos nosotros”, dice Alexis.

Tras 91 años de actividad ininterrumpida, Compañía Minera Aguilar (una empresa que pertenece a la multinacional Glencore) cierra porque se terminó el mineral extraíble. Y la salud de la gente. Dicen que el yacimiento de zinc, plomo y plata alcanzó su madurez El yacimiento de zinc, plomo y plata alcanzó su madurez …

91 años de plomo

17/11/2020
Chubut: los intentos de avanzar con la minería encendieron la mecha
La provincia atraviesa una profunda crisis socioeconómica desde hace tres años, en el marco de lo que se denomina “diseño de la crisis” o “crisis de diseño”. Su última etapa está reservada al desembarco de la megaminería como salvataje financiero. La reacción social no se hizo esperar y estallaron los espacios públicos en rechazo a la avanzada a pesar de los protocolos establecidos en el marco de la pandemia.La provincia atraviesa una profunda crisis socioeconómica desde hace tres años, en el marco de lo que se denomina “diseño de la crisis” o “crisis de diseño”. Su última etapa está reservada al desembarco de la megaminería como salvataje financiero. La reacción social no se hizo esperar y estallaron los espacios públicos en rechazo a la avanzada a pesar de los protocolos establecidos en el marco de la pandemia.

Por Pablo F. Quintana* para Opsur

Para comprender el conflicto social hoy en Chubut hay que realizar un breve repaso de los últimos, al menos, tres años. Donde la economía provincial vive un profundo proceso económico recesivo. La reacción social, en estos días, se desató poco después de que el gobernador Mariano Arcioni anunciara en el marco de la mesa nacional para el Plan Estratégico del Desarrollo Minero su intención de habilitar la explotación a minera cielo abierto en una provincia que viene movilizada desde el 2003, cuando se intentó desarrollar la megaminería en Esquel.

En esa mesa nacional, Arcioni compartió el espacio con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el secretario de Minería, Alberto Hensel; y gobernadores de otras provincias. Lo secundaron al gobernador el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios, y los presidentes comunales de Telsen, Leonardo Bowman, de Gastre, Genaro Pérez, y de Gan Gan, Santiago Huisca. Además del presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut, Gerardo Cladera.

El deterioro de los principales indicadores sociales en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo es el resultado de un diseño que, cuanto menos, tiene orígenes hace tres años. Por ese entonces Arcioni era el vicegobernador que acompañó a Mario Das Neves hasta que este murió el 31 de octubre del 2017. El contador había sido electo como diputado nacional, pero declinó su banca para asumir la conducción de la provincia y, ya por entonces, la debacle financiera, con un endeudamiento importante, se presentaba como un obstáculo difícil de sortear. No obstante, apañado por Sergio Massa, logró ser reelecto.

Para lograr su elección aseguró que iba a otorgar una paritaria de cerca del 40%, más cláusula gatillo para los docentes y aumentos de sueldos para el sector estatal. Pero tras el período electoral comenzaron los pagos escalonados de los salarios hasta llegar a los dos meses adeudados, más medio aguinaldo. Todo ello sin contar la deuda que acumula Chubut que rondaría los 2700 millones de dólares. Pero no sería la única promesa sin cumplir a poco de asumir.

El escribano Arcioni llegó a conducir los destinos de la provincia con otro eslogan incumplido. Rechazar la actividad extractiva por el cuidado de los bienes naturales en territorio chubutense. Fue durante su campaña como candidato a diputado nacional por Chubut Somos Todos en las elecciones legislativas de 2017.

La megaminería es el último eslabón de esta crisis de diseño de la que se habla en Chubut. El anuncio de la posible explotación minera como única salida para poder paliar la crisis de una provincia atada a las regalías petroleras y la coparticipación federal de impuestos desató la reacción social. Nunca la dirigencia política asumió una verdadera discusión para lograr diseñar una nueva matriz productiva en la región, sabedores sus dirigentes del rechazo a la actividad extractiva y el trance que registra la actividad hidrocarburífera.

El economista Facundo Ball, director del Departamento Economía FCE-UNPSJB, sostiene que en el presente semestre hay 20.939 nuevos pobres en el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, la zona más rica de la provincia, en relación al segundo semestre del año pasado. Según la estimación del INDEC pasaron de 61.054 a 81.993 las personas bajo la línea de pobreza en este aglomerado urbano. Allí donde la extracción hidrocarburífera lleva más de 100 años.

Muchas han sido las avanzadas mineras. La del 2002/2003 está en la memoria y retina de todos, cuando Esquel provocó un sismo al rechazar por plebiscito la realización del emprendimiento minero. Uno de los últimos había sido el del 2018 bajo el régimen del expresidente Mauricio Macri. Fue cuando el mismísimo ex ministro de Energía y Minería de la Nación Juan José Aranguren se hizo presente en la meseta de Chubut para presidir reuniones en la pequeña localidad de Telesen y promover la megaminería.

Todos los atropellos tienen un actor en común. La ley 5001 que prohíbe esa actividad desde 2003 (hoy Ley Provincial Nro. XVII – 68). Pero es a esa misma legislación a la que apeló el gobierno de Arcioni para reactivar las intenciones de una zonificación. Los legisladores de entonces crearon una norma, que surgió ante el temor de las movilizaciones que tuvieron lugar en el 2003, en la que dejaron una puerta abierta para que el lobby minero no diera todo por perdido. En su 2º artículo establece la creación de un Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) para determinar la zonificación del territorio de la provincia para la explotación minera y que la legislatura debería aprobar o rechazar.

Papá, ¿cuándo es Navidad?

La madre de todas las batallas se llama “Proyecto Navidad”. Un yacimiento de plata y plomo considerado uno de los más grandes del mundo con sus 600 onzas de plata y 3500 millones de libras en plomo. Un emprendimiento que tiene en su corto historial (en diciembre del 2002 el gobierno provincial había otorgado la concesión de exploración) escándalos por donde se lo mire. Demanda judicial entre dos empresas mineras: IMA Exploration y Aquiline Resources. Curiosamente el litigio por unas 10 mil hectáreas de la meseta chubutense se resolvió en estrados judiciales, pero no argentinos sino canadienses. Sería luego en el año 2009 cuando Pan American Silver, una de las grandes compañías del sector, adquirió el yacimiento. El otro hecho inaudito fue la profanación de un cementerio mapuche que estaba en el pretendido yacimiento. En el 2005 el chenque fue traslado del lugar con el acuerdo de sólo dos de las siete comunidades indígenas de la zona.

Es mucho lo que está en juego en Chubut por estos días. No sólo por lo que implica el pretendido desembarco minero, sino porque la crisis institucional de la provincia pone en evidencia que la democracia representativa tal cual como la conocemos se fue deshilachando hasta convertirse en una mera democracia delegativa. Lo que está en juego es el propio sistema o lo que queda de él. El movimiento antiminero demostró más vocación democrática que los propios partidos. No sólo por sus dinámicas de participación sino por apelar a un mecanismo de democracia semidirecta garantizada por la Constitución Provincial. De la mano de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses se elevó este año otra Iniciativa Popular (IP). 30 mil firmas la avalan. El propósito es prohibir, en todas sus etapas, la minería metalífera y de minerales radioactivos (como el uranio y el torio) que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa.

Pero este proceso democrático ya había sido estafado. En el 2014 había llegado a la Legislatura la primera IP y la dirigencia política esperó hasta el último día de plazo para darle tratamiento. Fue el 25 de noviembre de ese mismo año. El acto del fraude legislativo para quebrar la voluntad popular terminó con la aprobación de una ley que nada tenía que ver con el proyecto presentado (al año siguiente fue derogada). De esos vergonzosos días queda el testimonio de la foto en la que se ve el intercambio de mensajes entre el diputado justicialista Gustavo Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold.

Hoy, ante la presentación de la segunda IP, el gobierno anunció la zonificación. Otra bofetada a la expresión popular y decisión democrática.

Mano dura con protocolo

El modelo extractivo sólo encajaría con represión. De la mano del ministro de Seguridad, Federico Massoni el pasado 12 de noviembre se demoró a vecinos en Rawson que participan en las asambleas. El propio funcionario acompañó a las fuerzas de la seguridad en los allanamientos por incidentes que días atrás habían ocurrido en inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Las intervenciones fueron ordenadas por el juez penal Fabio Monti y el fiscal Fernando Rivarola. El mismo fiscal que fue denunciado en el 2015 por el espionaje ilegal a 26 vecinos de la cordillera chubutense. El fiscal había recibido en ese momento de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia información detallada de vecinos que participaban de asambleas contra la minería, integrantes de pueblos originarios y periodistas. Todos ellos con un punto en común: rechazo a la actividad extractivista. Como dice el pensador uruguayo Raúl Zibechi, el modelo extractivo tiende a generar una sociedad sin sujetos, porque nos hay sujetos vinculados al modelo extractivo, es un modelo de tierra arrasada.

El escenario se prepara en ese sentido. El gobierno dispuso en los últimos días una polémica resolución que regula la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y se asemeja al protocolo que fuera impulsado por el macrismo en el 2018 conocida como ‘Doctrina Chocobar’. “Protocolo para utilización de armas de fuego en situaciones complejas con agresiones con armas blancas”, así lo denomina. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew emitieron un comunicado repudiando la resolución 145/2020 impulsada por Massoni.

Los guiños de Fernández

El asalto no viene solo. El gobierno nacional ya anunció su deseo de avanzar con la megaminería y actúa en consecuencia. Se aumentaron los beneficios económicos para las mineras con una baja del 12% al 8% a la adecuación de los derechos de exportación de metales. Casi como una continuidad con la ley de inversiones mineras elucubrada en los ’90, el andamiaje jurídico para un negocio perfecto.

En su intención por revertir la situación de Chubut, una de las siete provincias en la cual está prohibida la megaminería, el gobierno de Alberto Fernández le propuso a Chubut que el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martin Cerda estuviera al frente del frente del Consejo Federal de Minería.

Sin olvidar cuando en diciembre del año pasado el mismo presidente sostuvo “hemos logrado que en la meseta de Chubut se explote oro y plata”. Lo dijo en el marco de un almuerzo con la Asociación Empresaria Argentina. La ley que prohíbe la megaminería aún está vigente, aunque los deseos del primer mandatario y el lobby minero sean de facto. El estado de derecho y la movilización popular que se ha multiplicado en los diversos rincones de la provincia, parecieran ser la única garantía para frenar una vez más el avance minero.
*Periodista y docente en contexto de encierro. Desde Trevelin, Chubut.
Foto: Nicolás Palacios

Chubut: los intentos de avanzar con la minería encendieron la mecha