Perú

ESPINAR: VICEMINISTROS Y EMPRESA MINERA NO LLEGARON A REUNIÓN CON DIRIGENTES, ALCALDES Y MONSEÑOR…

…. A PESAR DE SUSPENSIÓN DE PROTESTA DESDE LAS 00 HORAS
Muqui 27/07/2020    https://muqui.org/
El día de hoy debía realizarse la reunión de los dirigentes sociales de Espinar, representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, del Comité de Lucha provincial, los alcaldes distritales y el alcalde provincial de Espinar, con la Comisión de Alto Nivel del gobierno liderada por el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Augusto Cauti, e integrada por viceministros de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, Ambiente, Salud, Justicia y Derechos Humanos e Interior; sin embargo, los viceministros no llegaron a la reunión, y tampoco la representación de la empresa minera.

Los dirigentes sociales iban a presentar los 6 puntos de la agenda de lucha del Comité: reformulación del Convenio Marco para que la población de Espinar tenga beneficios directos; la problemática de los afectados por metales tóxicos; las afectaciones del corredor minero por donde transitan los camiones de las empresas mineras; la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco; el cambio de jueces y fiscales en los juicios que se sigan desarrollando desde el 2013 contra ex dirigentes sociales de la provincia tras las protestas del 2012; y la agenda de derechos humanos respecto a las torturas que han sufrido los jóvenes y mujeres.

Desarrollo de la reunión
La reunión inició a las 12 y 20pm con las palabras del obispo de Sicuani, Pedro Bustamante, designado como mediador y facilitador del diálogo, que estuvo presente en la reunión junto al comandante Albino de la PNP, informando que el gobierno había emitido un comunicado minutos antes del inicio de la reunión señalando que los viceministros que arribaron a Cusco a las 8 y 30 am, no asistirían a Espinar porque habían tomado «conocimiento que diversas organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Espinar desconocen a la comitiva de alto nivel enviada por el Gobierno. Además, se recibió información que dichas organizaciones han convocado a bloqueos y manifestaciones, lo cual va en contra del compromiso de paz social».

Comunicado emitido minutos antes, a las 12 y 13pm por la PCM:

Sin embargo, los alcaldes distritales de Espinar mostraron la extrañeza del comunicado porque la provincia de Espinar se encontraba sin protestas y sin bloqueo de carreteras.

El alcalde del distrito de Coporaque señaló: «el Comité de lucha con dirigentes de todas las organizaciones de Espinar y los alcaldes estamos presentes, y los viceministros nos hacen venir por las puras; desde lejos venimos y dejamos nuestras responsabilidades».

Los dirigentes sociales del Comité de Lucha de Espinar expresaron que era una falta de respeto que los representantes del gobierno no hayan llegado a la reunión, cuando desde la 00 horas, Espinar se encontraba en paz social y tranquilidad para el desarrollo de la reunión tal como había solicitado el gobierno, a pesar de las torturas que recibieron varios jóvenes en las protestas desarrolladas el miércoles 22 de julio.

El dirigente del Comité de Lucha saludó, además, la presencia del comandante de la policía: Albino. «Hombre respetable; sin embargo, hay policías que nos han robado el celular y quitado el dni, a golpes nos han quitado, como a muchas señoritas que también golpearon». Como se recuerda, el 22 de julio, los espinarenses denunciaron al coronel Vargas como responsable del operativo policial que produjo 3 heridos de bala y tortura a los jóvenes que se trasladaban en un camión para apoyar las protestas. Tras las denuncias, el comandante Albino es quien ha asumido la responsabilidad a cargo de la policía en Espinar.

Los dirigentes señalaron que el comunicado emitido por el gobierno es «deshonesto. El cual el día de hoy responsabiliza a los dirigentes usando excusa para no llegar a la reunión. Eso es falta de respeto. Prefieren apoyar a la empresa minera Glencore Antapaccay».

El presidente del Comité de Lucha, Rolando Condori, señaló: «La PCM invocó, sra Paola Bustamante ahí esta tu espacio y no estás. Donde están los ministros», preguntó.

Una dirigente señaló al congresista del Cusco presente, Alexander Hidalgo: «usted congresista ha visto que no somos violentos, sí somos contestarios. ¿A quien defiende el gobierno?». También estuvieron presentes en la reunión la gobernadora del gobierno regional de Cusco, Delia Condo, y la regidora provincial de Espinar, Yeny Huillca, representante alterna de la Municipalidad en el Comité de Gestión del Convenio Marco.

 

Protesta pacífica
Uno de los dirigentes del Comité de Lucha manifestó que el día de mañana, miércoles 28 de julio, realizarán un mitin pacífico en la plaza de Espinar con la bandera a media asta debido a la agresión que han recibido de parte del gobierno -policía- y la empresa minera.

Frente al desplante de la comisión enviada por el gobierno; los alcaldes, dirigentes sociales y representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, solicitan la presencia de los ministros de Estado en la Comisión de Alto Nivel.

Acta de la reunión desarrollada sin la presencia de los viceministros y la empresa minera:

Perú

¿POR QUÉ LUCHAN LAS MUJERES EN ESPINAR? – ENTREVISTA A ELSA MERMA

Esta semana pudimos conversar con Elsa Merma de la Asociación de Mujeres defensoras del territorio y la cultura K´ana de Espinar, y nos contó de manera breve sobre la situación actual del conflicto que se vive en Espinar , lo que ha venido siendo el comportamiento de la empresa minera durante estos años y el especial impacto que tiene en la vida de las mujeres de Espinar.
30/07/2020
Por: Beatriz Cortez /Red Muqui

En Espinar se sostiene un paro indefinido debido a la oposición de la empresa minera Glencore-Antapaccay frente a la decisión mayoritaria del Comité de gestión del Convenio Marco de Espinar de otorgar un bono solidario de S/.1000 soles a toda la población. Esta decisión se tomó debido a la crisis económica que se profundiza para la población a causa de la pandemia por COVID-19. Actualmente las demandas de los espinarenses también giran en torno a la reformulación del Convenio Marco[1].

Elsa nos cuenta con preocupación la injerencia que ha venido teniendo la empresa para debilitar la capacidad de organización y representación de las comunidades y población:

“Dentro del Convenio marco hay muchas cláusulas pero esto no se cumple, la empresa minera nos ha dividido usando a los politiqueros, cuando decidían a los candidatos estos ganaban cuando no los decidían estos perdían (…) esto ha hecho que nuestras luchas sean débiles, cada vez que nos levantábamos han fracasado estas luchas”

. Este problema de debilitamiento y fragmentación de las organizaciones sociales es uno de los principales problemas para que el Convenio Marco de Espinar no se constituya como una herramienta eficaz para lograr el bienestar de la población.

Elsa agrega: “17 años han pasado desde que se firmó el Convenio Marco y no hemos visto con este presupuesto ningún proyecto sostenible en la provincia de Espinar no tenemos agua las 24 horas. Nosotros tenemos una gran empresa, pero no tenemos un hospital bueno, salud educación no tenemos, tenemos metales tóxicos en el agua”.

Lo que señala Elsa es uno de las principales causas del malestar acumulado por la población Espinar, que tras todos estos años en su mayoría se siguen encontrando en situación de pobreza y existen graves afectaciones a la salud humana y ambiental producto de la contaminación por metales tóxicos.

El álgido conflicto que se vive en Espinar no se puede comprender buscando responsabilidades en la población y sus medidas de lucha que son producto de años de acumulación de malestar frente abusos de la empresa minera[2]. Hay que mirar en retrospectiva cómo se ha venido ejecutando los términos del Convenio Marco su utilidad para alcanzar el bienestar de la población de Espinar y por tanto cual ha venido siendo el comportamiento empresarial desplegado en el territorio. En 2017 Derechos Humanos sin Fronteras presentó el “Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica” un análisis alternativo a lo que la propia empresa venía reportando públicamente a nivel internacional sobre su comportamiento financiero y en torno a los derechos humanos en los territorios donde opera[3]. Sobre esto, es llamativo que Glencore señale en sus reportes de sostenibilidad su adhesión voluntaria a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU[4], cuando en la práctica genera impactos acumulativos en el territorio que afectan los derechos humanos y que actualmente se encuentran en situaciones de impunidad.

Durante nuestra conversación con Elsa una de sus preocupaciones permanentes es el especial impacto que genera el proyecto minero en la vida de las mujeres: la contaminación del agua por metales tóxicos implica, la contaminación de sus hijos y del entorno ambiental sobre el cual ellas sostienen sus actividades económicas como la ganadería. Este es el caso de defensoras ambientales como Melchora Surco y Carmen Chambi que por años vienen denunciando esta situación y pidiendo justicia y reparación por los daños causados a su salud y las de sus familias.

También tenemos los casos de Vilma Kalla, que en 2018 señalaba lo siguiente: “Como madre a nosotras nos afecta más la minería más por nuestros hijos, qué es lo que pasa, yo soy de la comunidad de Alto Huarca, a nosotros la minera ha reubicado nuestra escuelita, ha reubicado a la población. Pero la construcción que ha hecho la mina está mal construida, las paredes están bajándose cuando las tocamos (…) No tenemos agua en la escuelita donde nos han reubicado, lamentablemente eso es lo que nos está pasando con la minería. Encontraron bastante anemia también. Como una madre nos causa mucha preocupación».[5] Todos estos años las mujeres en Espinar han vivido una situación muy dura producto de las violencias que operan sobre ellas producto del impacto en relaciones sociales y económicas generadas por la minería en el territorio. Ahora, en la actual escalada del conflicto se visibiliza el rol activo que tienen las mujeres comuneras en las medidas de protesta que se viene desplegando, sin duda son la primera línea de la lucha en Espinar y por tanto también las más expuestas a la represión policial-militar.[6]

El conflicto en Espinar como lucha local en contexto de grave crisis económica global, demuestra la relevancia de la protección de derechos económicos sociales culturales y ambientales (DESCA), las mujeres y los pueblos luchan por agua, alimentación, salud, trabajo, educación; y la crisis económica que genera el brote de COVID-19 los ha llevado a una situación económica mucho más crítica. Los DESCA son necesidades esenciales para sostener una vida buena, necesidades que en su mayoría son sostenidas por el trabajo de las mujeres. Es clave recuperar el rol de estados para regular adecuadamente el comportamiento empresarial y el reto de dar mayor contenido operativo a marcos normativos internacionales como Principios Rectores y la debida diligencia de las empresas. Los derechos humanos no pueden ser solo declarativos y un cálculo costo beneficio para mejorar la imagen empresarial frente a sus socios comerciales y consumidores. Mientras que en la práctica la doctrina económica de la “competitividad y productividad” [7], que reduce los derechos sociales a mero costos que se pueden recortar, y se sigue arrasando con el bienestar de los pueblos del Perú, es un reto que los derechos humanos deban y puedan ser la base para la construcción de sistemas políticos democráticos, plurales, justos y ecosostenibles donde la vida se ponga en el centro del interés público.

[1] El Convenio Marco es un proceso voluntario que permite el financiamiento anual de proyectos de inversión social, a través de las utilidades generadas por la empresa. El Convenio Marco de Espinar estipula que se utilizarán el 3% de las utilidades que genera el proyecto minero.

[2] En 2012 durante el conflicto que estalló en Espinar, producto del uso de fuerza ejercido por la PNP fallecieron 3 comuneros y se iniciaron procesos penales contra dirigentes de las organizaciones sociales que se levantaron en lucha.

[3] Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica. Abril 2017. https://multiwatch.ch/content/uploads/2007/01/Informe-Sombra-de-las-Operacines-de-Glencore-en-Latinoamerica.pdf

[4] Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la Naciones Unidas se emitieron en 2011 y son un instrumento internacional que establece orientaciones programáticas para que las empresas cualquiera sea su rubro y tamaño, se encuentran comprometidas al respeto de los derechos humanos. Actualmente todos los años en Ginebra se viene discutiendo el contenido de un Tratado Vinculante en Empresas y Derechos Humanos.

[5] Vilma Kalla, comunera de Alto Huarca- Espinar. Entrevista realizada para documental “La vida no vale un cobre”. 2018.

[6] Al respecto diversas instituciones de derechos humanos del Sur Andino del país, el 24 de julio han emitido una “Carta abierta a las autoridades sobre la afectación a mujeres defensoras movilizadas en Espinar”. Link: https://derechosinfronteras.pe/carta-abierta-a-las-autoridades-sobre-la-afectacion-a-mujeres-defensoras-movilizadas-en-espinar/

[7] En diciembre de 2018 se aprobó el Decreto Supremo N° 345-2018 que aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad, en julio de 2019 se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, políticas de alto nivel de carácter intersectorial que afinan las normas de la gestión económica para profundizar las reformas estructurales de carácter neoliberal instauradas en los noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Mexico

Territorios fracturados: así se mira la minería en México

Thelma Gómez Durán
30/07/2020
En el estado de Chihuahua, en el municipio de Ocampo, entre los cerros de la Sierra Tarahumara que se pintan de verde, un tajo de tonalidades ocres rompe el paisaje. Ahí, en esa zona donde se exilió a los árboles, funciona la Mina Pinos Altos.
Las comunidades de San Juan de Cedros, Charcos y Mesas, en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, solían tener como vecino al semidesierto zacatecano con sus mezquites, biznagas y candelillas. En esos poblados recuerdan que antes había un manantial, este se secó cuando llegó un nuevo vecino: la Mina Peñasquito que tiene casi una decena de pozos de agua a su disposición para la extracción de oro, plata, zinc y plomo.

En San Luis Potosí, el cerro de San Pedro fue por años un símbolo para la región. Hoy el cerro está fracturado por una mina.
Mina Pinos Altos, Ocampo, ChihuahuaMina Pinos Altos, en el municipio de Ocampo, en Chihuahua, en donde se extrae oro. El proyecto se encuentra relativamente cerca del Área Natural Protegida Cascada de Basaseachi. Foto: autor anónimo.

En el norte, centro y sur de México, la minería ha transformado ecosistemas, comunidades, familias y ha llevado a que se formen movimientos de resistencia y lucha en defensa del ambiente y el territorio.

Para registrar las afectaciones que ha dejado la minería en todas las regiones del país, la Fundación Heinrich Böll; el Observatorio Académico de Sociedad, Medio ambiente e instituciones de la UNAM; Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) convocaron a un concurso de fotografía. Al final, se seleccionaron 63 imágenes, captadas por 23 fotógrafos. Con ellas se ha construido la documentación colectiva “Así se mira la minería en México”.
Mina en el Cerro de San Pedro, en San Luis PotosíFoto tomada a 500 metros de altura. La imagen muestra la destrucción del Cerro de San Pedro, ícono del escudo de armas de San Luis Potosí; en donde ahora se extrae oro y plata. Foto: Octavio Ramos Castillo.

Estas fotografías “buscan visibilizar cómo están siendo impactados los territorios en donde se asientan proyectos mineros”, explica Cecilia Navarro, integrante del CCMSS, organización que en febrero de 2019 elaboró el documento La normatividad minera en México: problemas y propuestas de modificación, en el que señala la necesidad de reformar la Ley Minera vigente desde 1992.

El CCMSS es solo una de las varias organizaciones civiles que impulsan reformas a la Ley Minera. Ese objetivo también lo persiguen comunidades —en cuyos territorios se han entregado concesiones mineras— y que han presentado acciones legales para que se declare inconstitucional esa legislación.
Mina Peñasquito-ZacatecasEn el municipio de Mazapuil, Zacatecas, se encuentra la Mina Peñasquito, de Newmont Gold Corporation, donde se utiliza la minería a cielo abierto para extraer diversos materiales, entre ellos oro. Foto: Lucía Vergara García.
Concesiones que invaden territorios

En la Sierra Norte de Puebla, 32 comunidades de los municipios de Cuetzalan, Yaonáhuac y Tlatlauquitepec crearon el Consejo Maseual Altepetajpianij (Guardianes del territorio) para hacer un frente común e impedir que se instalen minas en la región.

El Consejo nació en 2014, cuando en las comunidades se escucharon los planes que tenían empresas para realizar explotación y extracción minera. Los pobladores buscaron información y encontraron que, desde 1998, el gobierno federal había entregado 103 concesiones mineras en cuatro municipios de la Sierra Norte.

Hasta el 2017, se habían entregado concesiones mineras en 47 % de los 12 mil núcleos agrarios del país, de acuerdo con el documento “La normatividad minera en México: problemas y propuestas de modificación”, elaborado por el CCMSS.

Resistencia contra proyecto minero en PueblaEn la comunidad de Santa María Zotoltepec, Puebla, la empresa Gorrión, filial de Almaden Minerals, pretende instalar una mina para la extracción de oro a cielo abierto. El proyecto está detenido gracias a la movilización social de las comunidades de la región. Foto: María Fernanda Olvera Bataller.

A las comunidades ninguna autoridad se acercó para preguntarles o, por lo menos, avisarles de que en su territorio se entregarían concesiones mineras, explica la abogada Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, directora regional Golfo México, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Esta organización acompaña al Consejo Maseual Altepetajpianij en la demanda para declarar inconstitucional la Ley Minera, por ser una legislación que consideran no garantiza los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta.

Esta acción legal se concentró en impugnar tres concesiones entregadas a las empresas del Grupo Ferrominero —Minera Autlán y Minas de Santa Martha—, las cuales tienen una vigencia por 50 años.

Ximena Ramos explica que con la Ley Minera actual solo es necesario realizar un procedimiento administrativo para el otorgamiento de una concesión, sin que se tome en cuenta a las comunidades que habitan o son dueñas del territorio que se concesiona.

Mina PeñasquitoDesde que se instaló la Mina Peñasquito en Mazapil, Zacatecas, muchos de los habitantes de las comunidades que se encuentran alrededor dependen del agua que les otorga la empresa, a la cual la Comisión Nacional del Agua le entregó una decena de concesiones que le permiten disponer de, por lo menos, 40 millones de metros cúbicos de agua. Foto: Adolfo Vladimir Valtierra.

“No hay ningún mecanismo que permita a las comunidades participar en la decisión (de otorgamiento de una concesión) o que garantice que se les entregue información”, explica Ximena Ramos, quien resalta que se busca reformar seis artículos de la Ley Minera relacionados con la forma en que se entregan las concesiones y que violan los derechos de los pueblos indígenas.

La acción legal impulsada por el Consejo Maseual Altepetajpianij y CEMDA se encuentra en espera de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia emita una sentencia.

Otras comunidades de Puebla, Oaxaca y Guerrero también han llevado a tribunales su lucha contra las concesiones que se entregaron a partir de una ley, que como dice la abogada Ramos, “está diseñada para favorecer, encima de cualquier cosa, la actividad minera”.
Complejo minero las TruchasComplejo minero Las Truchas Vista Hermosa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La minería ha modificado el paisaje de la costa michoacana y ha terminado con el hábitat de flora y fauna como el ocelote o el loro cabeza amarilla. Foto: Luis Eduardo Bucio Jiménez.

Los privilegios de la minería

El artículo sexto de la ley considera a la minería como preferente sobre cualquier otra actividad, excepto la extracción de hidrocarburos; además señala que es de utilidad pública. Este es uno de los artículos que las organizaciones, comunidades y académicos señalan que se debe reformar.

En los hechos, la minería es “una actividad de interés privado de escasa utilidad pública y con un elevado costo social y ambiental”, apunta la doctora Leticia Merino, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante del CCMSS.

La investigadora menciona un dato: la minería de metales contribuye apenas con el 0.66 % de la recaudación fiscal, “ya que tiene muchos estímulos fiscales, muchos más que otras actividades”.
Minas clandestinas de Carbón-Aspectos de las afectaciones ambientales que deja la explotación clandestina de carbón en el municipio de San José Cloete, en Coahuila. Foto: Ariel Ojeda.

Merino recuerda que, por ejemplo, las comunidades que han creado empresas forestales y realizan un manejo sustentable de sus recursos naturales, “no tienen ningún estímulo fiscal; han tenido que nadar a contracorriente, pese a que su actividad ha permitido conservar muchos bosques”.

Análisis realizados por investigadores como Merino calculan que, por lo menos, la mitad de las concesiones mineras se encuentran en territorios que pertenecen a comunidades forestales.

Al considerar a la minería como actividad preferente y de interés público, resalta Merino, no solo se abrió la posibilidad de que las empresas mineras tengan acceso a la tierra, sin respetar los derechos de propiedad privada o comunitaria, sino que además se permitió que se entregaran concesiones en 76 áreas naturales protegidas.

La investigadora de la UNAM también destaca que la minería no ha contribuido al desarrollo social y económico de las comunidades. “Es una actividad que genera ganancias millonarias para las empresas, pero paradójicamente, en los municipios productores de oro y plata, más del 50 % de la población vive en pobreza y más del 15 % vive en pobreza alimentaria”.
Minas de Nueva Rosita en CoahuilaEn Nueva Rosita, Coahuila, la actividad minera para la extracción de carbón ha provocado la muerte de decenas de mineros, además de afectaciones a su salud. Foto: Cristóbal Gunter Trejo Rodríguez.

Costos sociales y ambientales

Las organizaciones que impulsan reformas a la Ley Minera proponen que el otorgamiento de cualquier concesión minera este sujeto a “un proceso de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, afrodescendientes y equiparables”, resalta Merino.

Además, otros cambios que se proponen es que antes de otorgar una concesión se realicen estudios independientes de impacto socioambiental e hídrico; que las empresas mineras no tengan acceso preferente al agua, que las concesiones se otorguen por un periodo máximo de 15 años, y no de 50 como ahora sucede.

Las organizaciones también proponen que una concesión se declare nula y se retire cuando las empresas incurran en violaciones a los derechos humanos, laborales y ambientales.
Minas de Cales y Morteros del GrijalvaLa compañía Cales y Morteros del Grijalva opera dentro de los márgenes territoriales del Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas. La empresa ha sido denunciada en varias ocasiones por la generación de polvo. Foto: Alejandro Ariel Silva Zamora.

“Actualmente las causales para quitar una concesión es que la empresa no pague los pocos impuestos que debe pagar o que no entregue un informe anual de actividades”, dice Merino, quien recuerda que a Grupo México —la principal empresa minera del país— no se le han retirado sus concesiones pese a que sus minas han sido protagonistas de varios desastres sociales y ambientales.

En 2006, 65 mineros fallecieron en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila. Desde el año 2000, el lugar tenía reportes de fallas de seguridad, de acuerdo con informes presentados a instancias como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

En agosto de 2014, se registró lo que ha sido considerado uno de los peores desastres ecológicos de México: el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en el Río Sonora. La responsable fue la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México.

Mongabay Latam solicitó una entrevista con funcionarios de la Secretaría de Economía —dependencia del gobierno federal encargada de la aplicación de la Ley Minera—, pero no se tuvo respuesta.
Resistencia contra las minasEn San Luis Potosí, los wixarikas han defendido sus territorios sagrados de los proyectos mineros que se han buscado instalar en el lugar. Foto: Carlos Ariel Ojeda Sánchez.

“Es urgente avanzar hacia una verdadera regulación de la minería en México que evite la depredación ambiental y las violaciones de derechos sociales y culturales de los pueblos”, señala Dolores Rojas, de la Fundación Heinrich Böll, una de las organizaciones que impulsó la iniciativa “Así se mira la minería en México”.

Cecilia Navarro, del CCMSS, explica que esta documentación colectiva pretende ser un proyecto que siga nutriéndose con más imágenes y que permita recordar lo que sucede en los territorios donde operan las minas; fotografías que también muestren la lucha de las comunidades que se resisten a que las empresas mineras se queden con su agua, cambien su entorno o fracturen sus cerros.

Las 63 fotografías que por ahora forman parte de la documentación colectiva se pueden conocer en estos micrositios:

Así se ve la minería en México (CCMSS) https://www.ccmss.org.mx/blog/asi-se-ve-la-mineria-en-mexico/

* Imagen principal: en el municipio de Mazapuil, Zacatecas, se encuentra la Mina Peñasquito, de Newmont Gold Corporation, donde se utiliza la minería a cielo abierto para extraer diversos materiales, entre ellos oro. Foto: Lucía Vergara.

Publicado originalmente en Mongabay Latam

Perú

SINDICATOS DE MINERA ANTAPACCAY DEMANDAN FISCALIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES FRENTE A CONTAGIOS DE COVID-19

COOPERACCION 31/07/2020
Imagen: Rumbo minero
Mediante una carta dirigida a CooperAcción, trabajadores de los dos sindicatos de la empresa minera Antapaccay, que opera en la provincia cusqueña de Espinar, denuncian que se estarían vulnerando sus derechos en materia de salud frente a la pandemia y los derechos sindicales de sus agremiados.

Los representantes del Sindicato de trabajadores funcionarios de la compañía minera Antapaccay – SITRAMINA, y del Sindicato unificado de trabajadores de Antapaccay- SUT ANTAPACCAY, solicitaron la intermediación con las autoridades para ser atendidos.

Los dirigentes denunciaron que hay una preocupación por la salud mental de los trabajadores por el crecimiento continuo de casos de contagio del virus COVID-19, y la pasividad de la empresa al no realizar acciones inmediatas para preservar la salud de los trabajadores. Señalaron que la empresa no coordina las acciones concernientes a la prevención de la salud con el Comité de seguridad y salud en el trabajo. La empresa estaría decidiendo las acciones de manera unilateral.

En esa línea, los trabajadores afirmaron que el comando COVID y el Ministerio de salud de Espinar, clausuraron los centros “Servicios médicos señor de Coyllority” que tomó pruebas a 154 trabajadores, de los cuales dieron resultado 7 trabajadores como positivos y el “Centro médico Espinar”, que tomó pruebas a 145 trabajadores, teniendo a un trabajador como positivo. Las autoridades verificaron que estos centros no contaban con autorización, ni la certificación necesaria para realizar las pruebas. Por consiguiente, las 299 pruebas no serían válidas.

El 29 de abril en la ciudad de Arequipa también se realizaron pruebas rápidas en varios centros médicos particulares y se detectó a 5 casos de contagio. Luego un bus con más de 19 trabajadores que partió de Arequipa a la mina Antapaccay, tuvo que regresar por detectar infectados dentro del bus y entraron en cuarentena en esa ciudad, el resto fue enviado a su casa.

“Dentro de lo señalado, según el reporte de MINSA sobre infectados en los centros mineros del mes de mayo señala que en Antapaccay hay 8 infectados del virus COVID-19, y en el reporte de junio se señala 48 Trabajadores infectados,” denunciaron los dirigentes sindicales.

Otra medida de la empresa que señalan como atentatoria a la salud, fue el desalojo de los trabajadores de las viviendas personales asignadas que ocupaban por más de 18 años según el convenio colectivo. Según la empresa, esta acción fue con la finalidad de dar espacio a más trabajadores, principalmente a los de las empresas contratistas, para que permanezcan en la mina y de esa forma se evite contagios. Esto ha provocado mayor hacinamiento y posibilidad de contagios, pues no se garantiza la debida higiene de las habitaciones.

El sábado 25 de julio, los trabajadores que salieron de la mina de Antapaccay para sus domicilios se sacaron pruebas rápidas en Arequipa como en Lima, y presentaron varios casos con resultado positivo. Esto ha alarmado a los trabajadores, pues consideran que no hay seguridad de salubridad dentro de la mina.

Los trabajadores señalaron que la empresa no estaría respetando el trato directo y la negociación colectiva, tanto con SITRAMINA, como con el SUT ANTAPACCAY. Señalan que estarían intimidando a sus dirigentes y afiliados, sin abrir canales de diálogo para afrontar la crisis del COVID-19.

Finalmente, pidieron que intervenga el Ministerio de Salud, Comando COVID-19, Fiscalía y Sunafil, con el propósito de verificar y garantizar la salud de los trabajadores por estar expuestos al contagio; también pidieron que se realicen las pruebas moleculares a todos los trabajadores de la empresa Antapaccay y trabajadores de contratas; que se realice la desinfección o fumigación de las instalaciones; y que se restablezca las asignaciones de las viviendas personales.

Vea la carta aquí: http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/07/CARTA-COOPERACCI%C3%93N-ANTAPACCAY.pdf

Criminalización de la protesta, Internacional

Defender el Mañana

La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente
Leer la nota en Global Witness: https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático.

La crisis climática es posiblemente la mayor amenaza global a nuestra existencia. A medida que aumenta, muchos de los otros serios problemas en el mundo actual, empeoran – desde la desigualdad económica hasta la injusticia racial y la propagación de enfermedades zoonóticas.

Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.
Descargue el informe completo Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y elmedio ambiente (12.1MB, PDF)

Descargue el informe completo Defendiendo el Mañana: La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente (6.37MB, PDF)

Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente sobre la importancia de su rol y los incesantes peligros que enfrentan, numerosas empresas, financiadoras y gobiernos, fallan en proteger su importante y pacífica labor.

Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.

Hallazgos relevantes

Asombrosamente, más de la mitad de los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.

Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas – el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia.

Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores.

Pero las cosas empeoraron aún más en 2019 con el incremento de asesinatos a 43. El implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes, podrían estar impulsando dicho aumento.

Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019 solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.

La minería fue el sector más letal, con 50 defensores asesinados en 2019. Las agro-empresas continúan causando destrucción, con 34 defensores asesinados, 85% de los cuales fueron registrados en Asia. La tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85% más de ataques registrados contra defensores que se oponen a dicha industria y 24 personas defensoras asesinadas en 2019.

Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas ­– a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial.
Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos.

Debemos seguir a los líderes en primera línea contra la crisis climática

En promedio, cuatro defensores han sido asesinados semanalmente desde diciembre de 2015 – el mes en que se firmó el acuerdo climático de París, rodeado de esperanzas por una nueva era de progreso climático. Muchos más son silenciados con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales.

Las agro-empresas y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales de este conflicto – y, a medida que talan nuestros bosques e inyectan dióxido de carbono a nuestra atmósfera, son también los sectores que nos empujan cada vez más hacia el implacable cambio climático.

Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de estos bosques y ecosistemas en riesgo climático crítico.

Investigaciones recientes muestran que comunidades indígenas y locales en todo el mundo están a cargo de bosques que contienen el carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales. Incluso si esta cifra es impactante, probablemente sea una subestimación.

Al mismo tiempo, investigaciones indican con claridad que las tierras a cargo de pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores niveles de conservación que zonas de protección que los excluyen.

El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también sufren un número desproporcionado de ataques contra defensores. La desprotección en su tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas a costa de los derechos humanos, están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.

El abordaje de estas problemáticas debería encabezar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Pero tal como están las cosas, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad.
La pregunta para todos nosotros es si queremos construir un futuro mejor y más verde, para nuestro planeta y las personas. La respuesta está en las campañas y soluciones que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han ido mejorando generación tras generación.

Recomendaciones

Debemos escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas.

Inspirados en su valentía y liderazgo, debemos presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado.

Tú también puedes ayudar.

La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.

Pero no tiene por qué ser así – estamos exponiendo a las empresas con prácticas irresponsables y a aquellas que las financian, instándolas a que tomen medidas para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo.

Únete a nuestra campaña, defiende a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, amplifica sus causas y sus voces mientras nosotras trabajamos para el desarrollo de mejores normativas que regulen la actividad destructiva y devastadora del medio ambiente que ocasionan dichas empresas.
Banner image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness

Latinoamerica

Coordenadas del extractivismo en la pandemia en A. Latina

Emiliano Terán Mantovani

27/07/2020
deforestacion_ambiente.jpg

A pesar de la crisis que ha desatado la pandemia, el extractivismo no está confinado: aunque con altibajos, sigue operando y se reposiciona estratégicamente. Esto ocurre mientras el grueso de la población se encuentra agobiada y restringida por la situación. En este artículo intentamos cartografiar las coordenadas del extractivismo en la pandemia en América Latina, sus ritmos, reajustes y atajos. Resaltamos sus políticas para la expansión de fronteras, impulsar una ola de neoliberalización e imponer formas de secutirización de la vida. Finalmente, destacamos las movilizaciones, re-existencias y alternativas ante la compleja situación.

“Tenemos la oportunidad, en este momento en el cual la atención de la prensa está concentrada casi exclusivamente sobre el COVID […] ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad […] Necesitamos nuestro esfuerzo, ir ‘pasando el ganado’, ir cambiando todo el reglamento y simplificando normas del IFAM, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Ambiente”.

Ricardo Salles, ministro del Ambiente de Brasil, 2 de abril de 2020

“La pandemia les venía como anillo al dedo porque nos habían metido a todos en la casa, pero al ver que el extractivismo no estaba haciendo cuarentena, nos vimos forzados a romper la cuarentena para salir a movilizarnos y además lanzar una nueva iniciativa popular con muchísimo más vigor y más fuerza que el anterior”.

Leo Travaglia, Asamblea No a la Mina de Chubut, 6 de julio de 2020

El continente americano es hoy uno de los puntos álgidos de la pandemia global de la Covid19. Misma que está generando impactos múltiples en América Latina y va trastocando las coordenadas y ejes del patrón y modo de acumulación dominante en la región: el extractivismo. Estamos en medio de un largo proceso de crisis y reestructuración sistémica muy accidentado e impredecible.

A pesar de la coyuntura y la gran inestabilidad, el extractivismo no está confinado; mucho menos está sentado esperando a que llegue el tan mentado “mundo post-covid”. El extractivismo ‘está en la calle’, tiene salvoconducto y también impunidad. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, pues está ocurriendo mientras el grueso de la población se encuentra agobiada y restringida por la situación de la pandemia.

La orientación de una ‘nueva normalidad’ está ya en agenda y construcción en la región, que posibilite la apropiación y capitalización de la naturaleza y el trabajo, partiendo de la administración del binomio seguridad/emergencia y rescate/crisis económica. ¿Hacia dónde marchamos? En este artículo intentamos cartografiar las coordenadas del extractivismo en la pandemia. De sus ritmos, sus reajustes, sus altibajos, sus atajos. Veamos.

Commodities, crisis, pandemia y protestas: cuatro determinantes de la situación

Primeramente, las dinámicas del extractivismo en la pandemia hay que entenderlas en el marco de procesos globales, nacionales y territoriales que están siendo determinantes (y lo seguirán siendo), de los cuales es importante resaltar al menos cuatro aspectos entrelazados:

Impactos en la demanda y mercados globales de energía y commodities: en general, la pandemia ha deprimido la demanda de materias primas, provocando a su vez una caída en los precios de la mayoría de los commodities. Esto ha sido así especialmente para hidrocarburos y commodities metálicos1. Además de la estrepitosa e histórica caída de la demanda y precios del petróleo (que impacta a Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, México, Perú o Argentina), destacan también la del cobre (afectando especialmente a Chile y Perú) y el caucho. También, aunque en menor medida, se evidencian caídas en los precios de la soja, el maíz, el café o la caña, entre otros. Muy al contrario, los precios del oro están experimentando una notable alza, que se mantienen en ascenso y rozan records. Todos estos factores tienen una alta incidencia en las dinámicas del extractivismo. Por ejemplo, la debacle petrolera va incrementando las tendencias hacia la minería, aunque está también provocando una crisis sobre los agrocombustibles (afectando los negocios sobre el maíz y la caña); se eleva el atractivo sobre los commodities agroindustriales; mientras que el alza del oro produce más presiones en la Amazonía y otros territorios campesinos e indígenas, donde existen reservas del mineral. Lo que vaya ocurriendo en este sentido será determinante sobre el curso de las tendencias que configuren al extractivismo en la región;


Procesos de ajuste económico y el desarrollo de la crisis económica: por otro lado, la pandemia emerge cuando ya América Latina venía, desde al menos 2014-2015, desarrollando una crisis económica que estaba evolucionando de la mano de una progresiva expansión de políticas neoliberales (que incluyeron a gobiernos ‘progresistas’). Organismos como la Cepal o el FMI prevén que a raíz de la pandemia se viene para Latinoamérica la peor recesión de su historia2. Esto tiene múltiples y tremendas implicaciones, entre las que destaca el hecho de usar retóricamente al extractivismo como el ‘gran salvador’ y tratar así de legitimarlo. Otra cuestión es que, de la mano de la creciente precarización de la población y del autoritarismo en los gobiernos, probablemente el extractivismo se haga mucho más conflictivo;

Dinámicas de flujo social y comercial en la pandemia: la restricción, severa en muchos casos, de la circulación de personas y el comercio, a raíz de la pandemia, ha tenido un impacto tremendo en la forma que ha tomado la crisis. Las tendencias que vayan imponiéndose en el tiempo –por ejemplo, la instauración de circulaciones permanentemente restringidas en diversas áreas, o diversas formas de desglobalización– van a ser determinantes en la ‘normalización’ de una u otra modalidad de extractivismo (dependiendo de los emprendimientos);

Emergencia, masividad y/o intensidad de las protestas y resistencias: la región ha sido un amplio territorio de movilizaciones sociales masivas contra diversas políticas anti-populares, así como de resistencias territoriales contra el extractivismo. El año 2019 fue año de explosión de estas expresiones de poder de los pueblos, que hicieron un muy importante contrapeso a los poderes establecidos. Diversas movilizaciones se han podido ver en 2020, lo que muestra que la cuarentena y el miedo al contagio pueden ser relativos. El extractivismo y sus reacomodos dependen también del nivel de las resistencias sociales que se desarrollen en los tiempos venideros.

El ‘esencial’ extractivismo no está en cuarentena: opera sobre trabajadores contagiados y los gritos de la selva

El shock social, económico y político que implicó la globalización de la pandemia, ciertamente ha estremecido todo, incluyendo las economías de la región y los emprendimientos extractivistas. Pero, en general, el extractivismo, en sus diversas facetas, ha seguido operando, y, sobre todo, las élites políticas de nuestros países se han encargado de ello, a pesar de los sensibles costos sociales, sanitarios y ambientales que conlleva en este tiempo de tanta vulnerabilidad.

En buena parte de los países latinoamericanos, mientras se declaraban estados de emergencia y se imponía el aislamiento social obligatorio, actividades como la minería, el agronegocio o la tala eran declaradas “actividades esenciales” para la economía y la sociedad, lo que implica que estas funcionan sin restricciones. Esto fue así, por ejemplo, para gobiernos como el de Fernández en Argentina, de Vizcarra (Perú) o el de Bolsonaro en Brasil. El gobierno de Lenin Moreno (Ecuador) eximió a las empresas mineras de los cierres impuestos a la población, mientras que el Gobierno de Piñera en Chile afirma que ha hecho ‘grandes esfuerzos’ para mantener la minería en pie3 durante la pandemia.

En estos críticos meses de la Covid19 en la región, ciertamente la minería ha tenido altibajos. Sin embargo, esta actividad extractiva ha tenido un lugar privilegiado y, de acuerdo a comunidades, organizaciones y trabajadores, ha actuado saltándose normas y protocolos establecidos para la coyuntura. En México, las principales empresas de la rama –como el Grupo Frisco, Fresnillo o Industrias Peñoles– de una u otra forma no han suspendido operaciones4; en Chile, la Cámara Minera de ese país se jacta de haber aumentado las cuotas de extracción en varios de sus emprendimientos de cobre y otros minerales5; en Argentina, se retoman actividades como ocurre en los yacimientos de la provincia de Santa Cruz –llegando a producir al 80% de su capacidad6–; mientras que en Brasil, se alcanzó la notable cifra de 29 toneladas de oro (oficialmente) extraídas7. Respecto a la minería ilegal (e informal), aunque en sus inicios se generó una significativa ralentización (o parón, dependiendo de los casos) de la actividad, posteriormente esta se reposicionó, como ha ocurrido en Colombia8, Perú9 y Venezuela10.

El agronegocio, en sus diversas formas, ha venido también funcionando con impunidad en casi todos los países de la región. En Colombia, nuevas fronteras son colonizadas de forma mafiosa para el acaparamiento de tierras, además de la ganadería extensiva o la agroindustria –como ocurre con el rápido crecimiento de cultivos de eucalipto y palma en las sabanas de La Fuga (Guaviare)11; en Perú persisten operaciones como las de las empresas de palma aceitera –como ocurre en Ucayali12–; e incluso se registran aumentos de las exportaciones agroindustriales como en Brasil con la carne y la soja13, o en Paraguay, con un incremento del 24% de los envíos de carne al exterior en relación a 201914.

En relación al extractivismo petrolero, este ha continuado operando, pero la crisis lo ha llevado a la baja (como ocurre en grados diversos en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, entre otros).También es relevante mencionar la continuación de otras operaciones como el tráfico ilegal de madera, como se da en el Ecuador15; o la intensificación de la pesca ilegal marítima, como sucede en la Argentina.


Lo que resalta de estas particulares dinámicas del extractivismo en la pandemia, son al menos tres factores muy perversos: en primer lugar, la persistencia del extractivismo se ha sustentado en una lógica de sacrificio humano (marcado por patrones raciales, de clase y género), al puro estilo colonial que, para mantener las actividades operativas han forzado a las y los trabajadores a exponerse al contagio del coronavirus. Esta política de poner la ganancia de unos pocos por encima de la salud de la población se repite en un grado u otro en todos los países, con la negligencia de cumplir normativas por parte de las empresas o la laxitud de controles por parte de organismos estatales. Esto se produce, por ejemplo, en las plantas de carne o en emprendimientos mineros de Brasil; con trabajadores de las plantaciones de bananos y palmeras, fábricas de mariscos o granjas de flores en Ecuador16; en empresas petroleras en el Perú17 o en mineras en Chile18 y México19. El resultado no ha sido sólo numerosos contagios de trabajadores y trabajadoras, sino que los propios emprendimientos extractivistas se van convirtiendo en importantes vectores de contagio, como ha ocurrido en Rio Grande do Sul, un centro de exportación de carne donde más de una cuarta parte de los nuevos casos confirmados de la Covid19 en mayo, fueron entre trabajadores de estas plantas industriales20.

En segundo lugar, se han replicado los terribles impactos ambientales del extractivismo, pero ahora en un tiempo de gran impunidad y con serias dificultades para poder atenderlos. Destaca el dramático aumento de la deforestación en la Amazonía: unas 75.000 hectáreas ya se registraban para abril en la parte colombiana (buena parte en bosque primario)21, mientras que sólo en mayo en Brasil se deforestaron 82.900 hectáreas22. De seguir estas tendencias, 2020 podría ser el año más destructivo para la selva amazónica. A esto hay que sumarle el desmonte de 9.000 hectáreas de bosque en el norte de Argentina – principalmente en Salta– y el avance deforestador en los departamentos de Guairá y Canindeyú en Paraguay23.

No podemos dejar de mencionar el aumento de las quemas en la Amazonía boliviana –que comienzan antes de lo previsto y de enero a mayo se registraba un 80% más de focos de calor en comparación con enero-mayo de 201924– y en la brasileña –en junio se registró la peor marca para ese mes en 13 años25–; derrames petroleros como el ocurrido en los ríos Coca y Napo en la Amazonía ecuatoriana a principios de abril –el mayor derrame de petróleo en la zona en los últimos 15 años, afectando a cerca de 120.000 personas26–; o fumigaciones con agrotóxicos, como ocurre en el centro y noreste argentino27.

En tercer lugar, lo que nos parece un elemento central: a pesar de la situación general a la que hemos llegado, en la cual la pandemia de la Covid19 es apenas el síntoma de un planeta enfermo de capitalismo y extractivismo, lo que presenciamos es no sólo una abismal ceguera de las dirigencias políticas, que ignoran cualquier alternativa o camino diferente a este; sino, y sobre todo, una pisada en el acelerador de la locomotora de la devastación, aniquilando las condiciones que permiten la vida en la Tierra, al tiempo que se potencian las vulnerabilidades sociales y se socavan las capacidades de enfrentar esta u otras perturbaciones que podrían desarrollarse en los tiempos venideros. Se camina en sentido contrario. ¿Hacia dónde marcha el extractivismo?

Horizontes extractivistas: avance estratégico y reposicionamiento del capital

Derechas, extremas derechas, centros o izquierdas: todas nos ponen más y más extractivismo en el horizonte. Ciertamente la pandemia representa también un desafío para los intereses de estas élites económicas y políticas regionales. Pero parecen dejarnos claro que, cuando hablan de la situación de la Covid como una ‘oportunidad’, se refieren a relanzar las inversiones y/o ampliar las fronteras de la apropiación y la extracción.

En este escenario, la minería queda aún más realzada. En Argentina, de los numerosos proyectos mineros que están a la espera de luz verde o reimpulso, podemos resaltar el anuncio en mayo del gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, de la reactivación del viejo Proyecto Potasio Río Colorado (cloruro de potasio)28; la celebración del secretario de Minería de Salta, Ricardo Alonso, ante el anuncio en abril de Barrick Gold de la explotación del proyecto El Quevar (plata, plomo y zinc)29; o la nueva embestida en Chubut por parte de la empresa canadiense Yamana Gold para avanzar en su proyecto de extraer oro y plata en la localidad de Esquel –¡a pesar de las históricas resistencias!–, con el apoyo de la gobernación de provincia30, y en el marco del apoyo que el presidente Fernández ha planteado antes y durante la pandemia a la actividad minera en el país.

En Venezuela, en medio de la desastrosa crisis que se vive, el 8 de abril se promulgó la Resolución N° 0010 mediante la cual se autoriza la práctica minera de oro, diamantes y demás minerales estratégicos, en importantes ríos de la Amazonía venezolana, lo que supone una dramática expansión de las áreas de explotación en el marco del devastador proyecto Arco Minero del Orinoco31. En Chile, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobó en abril, a través de videoconferencia, las prospecciones de la Compañía Minera Vizcachitas Holding –propiedad de la canadiense Los Andes Coppers– en Putaendo32, mientras que Barrick Gold anunciaba nuevas negociaciones para entrar en nuevos proyectos mineros, así como los intentos de viabilizar Pascua Lama33. Y en Ecuador, se le dieron aprobaciones regulatorias para exploraciones a la empresa australiana SolGold –que controla 75 concesiones regionales en 14 provincias del país– en los proyectos Porvenir, La Hueca y Blanca (ubicados en las provincias de Zamora Chinchipe y Carchi)34, para lo que sería la explotación de cobre y oro. En numerosos casos, presenciamos declaraciones de los ministros de minería de los países valorando a esta actividad como el ‘salvavidas’ para la reactivación de la economía, buscando legitimar viejos y nuevos proyectos, como ha ocurrido con la ministra de Energía y Minas del Perú, Susana Vilca, quien no descarta impulsar la reactivación de los polémicos proyectos Conga y Tía María, mientras pide a las comunidades que se oponen, que ‘reflexionen’ sobre su posición, ante la crisis económica que se vive35; o bien el breve (ex)ministro de minería de Bolivia, Fernando Vásquez, quien afirmaba en mayo que el gobierno buscaría todos los medios para impulsar una exploración intensiva de minerales en el país36.

Similar situación de avance y reposicionamiento se produce con el agronegocio. En Honduras, con los decretos PCM-030-2020 (abril) y su reforma PCM-041-2020 (mayo), se facilita a las empresas agroexportadoras el acceso a tierras nacionales y ejidales37, mientras que en Ecuador, el 2 de junio el pleno de la Asamblea Nacional aprobaba el proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados, que promueve aún más este tipo de cultivos y la producción de biodiesel –afectando también tierras comunales y áreas en conservación38. El gobierno de Añez en Bolivia autorizó a principios de junio la importación de eucaliptos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, que incluye un paquete tecnológico que “utilizará material genético con características inmunológicas más fuertes”39, mientras que en Chile, en los territorios del Wallmapu, forestal Arauco aprobó en mayo un aumento de capital de casi 700 millones US$ para el cuestionado proyecto MAPA40, el mayor complejo industrial de celulosa en construcción del mundo. También, en países como Perú y Bolivia, se busca abrir el camino para la introducción de transgénicos, como veremos más adelante.

En el caso de las infraestructuras, resaltaremos el caso del polémico proyecto del Tren Maya impulsado por el gobierno de López Obrador y presentado como el ‘motor’ de la reactivación económica. El 1 de junio, a pesar de las numerosas oposiciones, AMLO inauguraba obras en tiempos de pandemia, aunque para mediados de julio las mismas fueron detenidas por atentar contra la salud de comunidades y pueblos indígenas41.

Sin embargo, y a diferencia de los otros sectores mencionados, como ya señalamos el sector hidrocarburos se encuentra en serias dificultades dadas las particulares circunstancias energéticas globales. Importantes caídas y estancamiento en las inversiones han generado el estrangulamiento de algunos emprendimientos y las proyecciones son muy inciertas, muchas de ellas pesimistas. Esto de ninguna manera supone que este tipo de extractivismo de un paso al costado. De hecho, mientras Ecuador se encontraba en cuarentena y estado de excepción, una nueva carretera de 2,2 kilómetros se ha venido construyendo desde mediados de marzo en el controvertido Bloque 43, más conocido como ITT, ubicado en el corazón del Parque Yasuní (en la Amazonía) –según lo revela un reciente reporte de MAAP42.

En todo caso es muy relevante mencionar que los que quedan en una comprometida situación son los proyectos de hidrocarburos no convencionales, poniéndose seriamente en entredicho su viabilidad, como ocurre con Vaca Muerta en Argentina o la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela. En el caso de Pre-sal en Brasil, probablemente queden inactivas las plataformas de aguas poco profundas con mayores costos de extracción (al menos temporalmente)43, mientras que la crisis parece allanar el camino hacia privatizaciones. Unas 18 empresas del fracking en los Estados Unidos han ido a la quiebra, entre las que se cuenta la pionera de esta técnica, Chesapeake Energy44. A pesar de este contexto, el presidente Iván Duque se ha mantenido activo e insistente en la promoción del fracking en Colombia, y a principios de julio la administración de Ecopetrol se asoció con la multinacional ExxonMobil para la puesta en marcha de los proyectos piloto en el Magdalena Medio45. ¿Cómo lo va a sostener económicamente? ¿A quiénes se le va a cargar la cuenta?

‘Pasando el ganado’: dejar colar una ola de flexibilización, endeudamiento y desregulación del extractivismo

Cuando el ministro del ambiente del Gobierno de Bolsonaro, Ricardo Alles, afirmaba con total crudeza y cinismo –en un video filtrado de abril de este año–, que había que aprovechar que la gente y la prensa estaban distraídas con la pandemia para impulsar una desregulación de la política ambiental del país46, para “ir pasando el ganado”, estaba no sólo mostrando la grotesca y desinhibida forma del extractivismo actual en Brasil, sino también lo que en realidad es una política compartida en la región, aunque varíe en sus grados de intensidad e intencionalidad. Como típica expresión de un proceso de acumulación por desposesión, estos movimientos de avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo en la región vienen aparejados de lo que podría ser una ola de flexibilización, endeudamiento y desregulación, ante la cual hay que tener mucha atención. Aquí mencionamos al menos 4 modalidades de este proceso:

Eliminación, congelamiento o entorpecimiento de evaluaciones y leyes de protección ambientales: en Chile durante la pandemia se ha introducido más del doble de la cantidad de proyectos que el promedio de los dos años anteriores, para ser escrutados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En un informe presentado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la organización indica que los más de 500 proyectos en calificación superan con creces la capacidad de evaluación de la institución, a pesar de que las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado, han solicitado públicamente congelar todos los procedimientos en este periodo, dado que provocará una precaria y deficiente evaluación ambiental47. Olca también señala que, durante el estado de excepción, la autoridad ambiental ha congelado el trámite de evaluación ambiental para proyectos que contemplan la Participación Ciudadana (PAC) y/o deben hacer consulta indígena. Esto se intensifica con el llamado “Acuerdo Covid” alcanzado a mediados de junio entre el Gobierno de Piñera y parte de la oposición, el cual contempla la reducción de los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos48. Por otro lado, en Colombia, el gobierno nacional ha resuelto que audiencias públicas para el otorgamiento de licencias ambientales se realicen en línea, como se ha evidenciado en el caso del proyecto aurífero Soto Norte en el páramo de Santurbán, lo que ha sido denunciado por el Comité para la Defensa del Agua y los Páramos de Santurbán49. Misma situación se registra en Honduras, siendo que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de ese país anunció el 31 de marzo que los trámites para licencias ambientales se pueden hacer de manera virtual, señalando la necesidad de no detener la operatividad del comercio y las empresas, ni la promoción de la inversión en el país50.

Facilitación y aprobación de ingreso de nuevos insumos para el extractivismo: en Bolivia, el 8 de mayo el gobierno de Añez le dio paso a la autorización al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer procedimientos abreviados para la evaluación de eventos transgénicos, en cultivos como el maíz, la caña de azúcar, el algodón, el trigo y la soja (Decreto Supremo 4232)51. Situación un tanto similar se presenta en Perú donde, después de una moratoria de 10 años, el gobierno ha emitido un decreto, el 22 de mayo, en el cual ordena que se publique el reglamento que regula, con criterios de seguridad de la biotecnología, el desarrollo de actividades con Organismos Vivos Modificados (OVM) en el sector agrario52. Diversas organizaciones han señalado que se trata del primer paso para la liberación de transgénicos en el país, declarándose públicamente contra este decreto. En Brasil, entre marzo y mayo, el gobierno de Bolsonaro ha aprobado 118 nuevos agrotóxicos para ser vendidos en el mercado nacional, superando el registro del año pasado (que fue record) para el mismo período53. Algo parecido se da en la Argentina cuando, en un claro favor al agronegocio, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá –mismo ministro de Menem que en aquel entonces le abrió la puerta del país a los ‘paquetes tecnológicos’– redujo a finales de abril aranceles para potenciar la importación para la fabricación de los herbicidas glifosato y 24D en el país. Esto, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica del Mercosur54.

Flexibilización y reducción de obligaciones laborales y sanitarias: en numerosos casos en varios países, como mencionamos anteriormente, además de otorgársele prioridad a los emprendimientos extractivistas antes que, a la salud de la población, se han generado reclamos y conflictos por parte de sindicatos, comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales ante el incremento de los contagios en los trabajadores y las malas condiciones para el desarrollo de las jornadas. Esto se dio también por omisión e incumplimiento de protocolos, complicidad gubernamental o medidas directas de favorecimiento a las empresas. Por ejemplo, en Perú, bajo presión de las empresas mineras entre mayo y junio se realizaron modificaciones el protocolo del Ministerio de Energía y Minas en relación a la protección de la salud de los trabajadores, lo que para Cooperación se trata de una acción en pro de estas grandes empresas. Dicha modificación supuso medidas como la reducción de la distancia social mínima que debe existir entre los trabajadores en varios espacios de los centros laborales, reducción del números de personas comprendidas en la categoría ‘grupo de riesgo’ o la eliminación de la especificación de que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la instancia encargada de la aprobación del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo55.

Formas de endeudamiento para el extractivismo: podríamos mencionar al menos dos modalidades resaltantes relacionadas con formas de ejercer poder a partir del financiamiento, requerido por gobiernos locales y nacionales en estos tiempos de crisis. En primer lugar, el caso de empresas que realizan sustanciosas ‘donaciones’ de dinero para ‘causa social’ y para afrontar la pandemia, generando claros conflictos de interés y promoviendo formas de captura corporativa del Estado. Un caso claro de esto es la muy cuestionada transnacional minera Barrick Gold, la cual, a la par que en el contexto de la pandemia dona un hospital de campaña por más de 10.000 millones de pesos (unos 13 millones de US$) y anuncia posibles inversiones por 3.500 millones de US$ en el país, declara que su idea es encontrar ‘rápidamente’ un proyecto de primer nivel y dice que la industria minera jugará un rol fundamental en la recuperación económica chilena tras superar la pandemia56. Similar situación se evidencia en Brasil, cuando apenas unos días después que empresas mineras como la Vale, donara al gobierno federal 5 millones de kits de análisis para Covid19, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la resolución 135/2020 que catalogó a la minería como ‘actividad esencial’57. En segundo lugar, está una forma de endeudamiento de tipo macro, que vincula la deuda pública asumida por gobiernos locales y/o nacionales con viejos y nuevos proyectos extractivistas. En Argentina –caracterizada por su alto nivel de endeudamiento–, existe un proyecto de reestructuración de la deuda pública de la provincia de Chubut presentado por el gobernador Arcioni en junio que, según señala la Unión de Asamblea de Comunidades de Chubut, implicaría aceptar entregar ingresos de coparticipación municipal y provincial, y/o regalías de los bienes comunes naturales de la provincia como garantía. Esto se conecta con la declaración en video-conferencia que el 28 de mayo hiciese el Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, quien afirmó que están trabajando en un plan estratégico para el desarrollo minero argentino, con el fin de atraer divisas para pagar la deuda interna generada en este contexto de aislamiento social obligatorio. El otro que habló en dicha conferencia fue Alfredo Luenzo, senador por Chubut58.

Las precarias democracias no pueden respirar: securitización de la pandemia, continuidades del estado de excepción y vulneración de lo público

El surgimiento de la pandemia se produce cuando en América Latina, en el marco del fin del llamado ‘período progresista’, fue tomando determinante fuerza la presencia de lógicas del estado de excepción y el incremento de la violencia extractivista. Este nuevo estado de emergencia no sólo abre una nueva fase de este proceso de excepcionalidad, reorganizando y redefiniendo las gobernanzas, sino también, de una u otra forma, se va articulando con el avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo. La serie de nuevas reformas, proyectos de inversión, ajustes y reestructuraciones en curso, intentan también apoyarse en los nuevos regímenes de poder de la pandemia, en nuevas biopolíticas, cosa que además evoluciona en un escenario que es y será más conflictivo.

En este sentido, conviene examinar cómo se configuran los marcos generales de este proceso, así como las políticas y dinámicas en los territorios. En relación a lo primero, además de una generalización de las declaraciones formales de estado de emergencia y/o de excepción en los países de la región, podríamos afirmar que nos encontramos ante un proceso de securitización de la pandemia. Esto tiene múltiples y profundas implicaciones, entre las que es importante resaltar una militarización de cada vez más ámbitos de la vida; mayor potestad de los Estados sobre los cuerpos, sus movilidades y su clasificación; una mayor politización de los criterios de bioseguridad; una mayor cabida a enfoques neo-darwinistas y/o neo-malthusianos; o el manejo a conveniencia de narrativas sobre la emergencia y la tipificación de amenazas por parte de los Estados y las corporaciones. La crisis que va dejando la pandemia, se ha traducido en una mayor debilidad de las instituciones, mientras que los espacios de deliberación y participación política van quedando relegados –destacando la postergación del plebiscito sobre la reforma constitucional en Chile y de las elecciones presidenciales en Bolivia. Del mismo modo se va generando una vulneración del ámbito y el espacio público, el cual va perdiendo contrapesos y formas de escrutinio, mientras la población y sus derechos van quedando más expuestos ante diversas formas de violencia oficial y extralegal. Todo esto configura un escenario enrarecido que ha servido para impulsar mayores formas de control social y de justificación de las mismas, al tiempo que estas han venido siendo aprovechadas en pro de un avance estratégico y reposicionamiento del extractivismo.

En lo que se refiere a las políticas y dinámicas que se expresan en los territorios, el marco descrito supone severas dificultades para los defensores y líderes sociales, así como para organizaciones de derechos humanos y de defensa del ambiente. En los tiempos de pandemia hemos visto cómo en Perú, desde fines de marzo, el gobierno de Vizcarra aprobó la anteriormente promulgada «Ley de Protección Policial», que permite el uso de fuerza letal, con total impunidad, por parte de la policía y el ejército59; en Guatemala, El Salvador y Honduras se imponen toques de queda y se endurecen sanciones a quienes rompen la cuarentena, siendo que en este último país se señala un incremento del hostigamiento policial y de las detenciones ilegales60, algo también denunciado en México en contra de defensores del territorio61. En Bolivia, el gobierno de Añez ha aumentado la represión ante las protestas sociales por la crisis, ha encarcelado decenas de opositores políticos y restringido seriamente la libertad de información, a través del decreto supremo 4.200 del 25 de marzo62. En Venezuela, el presidente Maduro y otros actores estatales han criminalizado a los migrantes venezolanos que entran al país por pasos fronterizos irregulares, acusándolos de ser parte de un plan foráneo para ‘contaminar’ a Venezuela63, siendo que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada llegó a calificarlos como “bio-terroristas”64. Y en tiempo de pandemia, persisten los dramáticos asesinatos de líderes sociales en Colombia (así como de excombatientes de las Farc)65; cosa que también se replica en Honduras, y con periodistas y activistas en México66.

Sorteando la cuarentena, defendiendo la vida: contrapesos y re-existencias populares y comunitarias

Ciertamente tenemos ante nosotros un escenario muy complejo en el que vemos cómo las lógicas de expolio, racismo, explotación, despojo, colonialismo y precariedad entran en una nueva fase con la pandemia, planteándonos extraordinarios desafíos. Como hemos visto, el extractivismo se moviliza, reacomoda y reposiciona en América Latina ante la situación. Sin embargo, no debemos de ninguna manera asumir este movimiento y ajuste extractivista como un proceso unilateral, estable, lineal e irresistible. La crisis en la que nos encontramos es de tal profundidad que no se trata sólo de si un sector económico se hunde y otro emerge o se fortalece. Lo que enfrentamos es una crisis del orden histórico civilizatorio, en la que se revela no sólo la inviabilidad del sistema capitalista global, con sus contradicciones a nivel máximo, sino también el que hayamos alcanzado un punto de degradación de los ecosistemas del planeta Tierra que está poniendo en serio peligro la vida tal y como la conocemos. La pandemia es no sólo un síntoma de esta profunda crisis, sino que está representando un punto de inflexión para que muchas cosas ya no vuelvan a ser como eran hasta ahora.

Si asumimos pues que se están moviendo las placas tectónicas del orden histórico civilizatorio, esto impacta, como hemos mencionado, no sólo a los pueblos sino incluso a las élites económicas y políticas, a la viabilidad de sus proyectos económicos, a la perdurabilidad de sus particulares sistemas de dominación. La volatilidad y la incertidumbre son la marca de la normalidad actual y futura. Nada está garantizado y absolutamente todo está en disputa.

Así que quedan ciertamente vías y caminos abiertos. Es en este sentido que se ha afirmado que la pandemia nos abre también oportunidades. Pero el aprovechamiento de dichas oportunidades y la emergencia de nuevas alternativas societales que tributen a los pueblos y a la vida en la Tierra, no surgirán espontáneamente. Muy al contrario, requerirá de los pueblos en movimiento y la organización social, grandes esfuerzos y lucha.

En este sentido, si el extractivismo se va volviendo cada vez más autoritario y agresivo, entonces hay que resaltar la fuerza de las masivas movilizaciones sociales en América Latina, las cuales no sólo nos revela el descontento de las poblaciones de la región ante el estado actual de cosas, confronta a los crecientes procesos de neoliberalización, cambia favorablemente la correlación de fuerzas, sino también potencia procesos democratizadores, abre caminos para posibilitar y expandir las democracias. Las causas que originaron los malestares, rabias y las extraordinarias movilizaciones que se vieron en Latinoamérica en 2019 siguen estando ahí, sin resolverse. El 2020 también nos ha mostrado que los pueblos siguen en las calles, buscando reformular la expresión de sus descontentos ante estos tiempos de pandemia, mientras que buscan adaptarse a las nuevas situaciones y encontrar nuevos sentidos de lo político. A pesar de los confinamientos, la impunidad, el estado de excepción y la constante inyección de miedo a la población, al profundizar la crisis e intensificar todos los males del sistema imperante, la pandemia también está generando las condiciones para más y nuevas protestas y estallidos sociales.

Pero si ponemos la mirada en la especificidad de los territorios en este período, también presenciamos movilización, organización y resistencia. En Argentina, ante los intentos de imponer nuevos proyectos mineros en la provincia, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut rompió con la cuarentena para movilizarse, al ver que extractivismo no la estaba cumpliendo. A partir de ahí lanzaron una propuesta más fuerte, que convoca a más de 20 localidades: el proyecto de ley de Iniciativa Popular (IP) 2020, una herramienta legislativa planteada para proteger a la provincia de la avanzada minera en los territorios67. En Chile se ha producido una situación similar en Putaendo (provincia de San Felipe de Aconcagua), cuando los vecinos se han movilizado desde abril para manifestar contra las nuevas pretensiones de la minería (Vizcachitas Holding) en sus territorios y en defensa del agua68. En la Amazonía peruana, pueblos indígenas como el Awajún, en territorios que han sido muy afectados por la minería informal, cerraron sus comunidades desde inicios de la pandemia al ingreso de otras personas69. En México, desde el 21 de abril 290 organizaciones, colectivos, comunidades y personas de varios estados del país han exigido mediante diversas acciones legales (como demandas de amparo y medidas cautelares) el cese de las actividades del proyecto del Tren Maya por riesgo sanitario, además de solicitar las garantías de participación equitativas para las comunidades afectadas, lo que finalmente se tradujo en una orden de paralización del proyecto a fines de junio70. Y en Venezuela, comunidades de Maripa, en el estado Bolívar, ha protestado en contra de la instalación de nuevas plataformas para la explotación minera en el Río Caura –en el marco del Arco Minero del Orinoco–, además de la situación de precariedad de los servicios públicos en la zona.

El cuestionamiento al extractivismo en América Latina sigue siendo fuerte. Las élites económicas y políticas intentan ya en la pandemia reposicionarlo y legitimarlo como un ‘salvador’ de la economía, por lo que la disputa por los caminos que debemos transitar para ‘salir de la crisis’ será muy intensa. Muy al contrario de ideas como estas, este es un tiempo propicio y necesario para el post-extractivismo. Nos encontramos en una encrucijada como región y como planeta, y la opción no puede ser retomar o insistir en esa ‘normalidad’ expoliadora y depredadora. Es fundamental crear y promover espacios de confluencia de las diferentes luchas en las que se puedan tejer redes de acción, compartir visiones estratégicas y establecer algunos horizontes comunes. Espacios como el Pacto Eco-social del Sur71 permiten hacer confluir propuestas e iniciativas congregadoras para la región, tales como la solicitud de la condonación de la deuda externa –que contribuye no sólo a frenar la debacle que produce la pandemia sino también al extractivismo, que se sustenta en dicho endeudamiento–, una transformación tributaria solidaria o la construcción de economías y sociedades postextractivistas. Por su parte, la Asamblea Mundial Amazónica, realizada desde el 17 de julio, ha permitido articular organizaciones de varias partes del mundo con el fin de generar movilizaciones urgentes ante la situación de esta delicada biorregión72.

El extractivismo es hoy, más que nunca, una opción de muerte y destrucción. Quienes defienden la vida están convocados a oponerse a ello, reivindicando su derecho a existir y a re-existir.

-Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela

1 The World Bank. Most Commodity Prices to Drop in 2020 As Coronavirus Depresses Demand and Disrupts Supply. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/23/most-commodity-prices-to-drop-in-2020-as-coronavirus-depresses-demand-and-disrupts-supply

2 ONU. América Latina sufrirá la mayor recesión económica de su historia por el coronavirus. https://news.un.org/es/story/2020/04/1473192. FMI. Perspectivas para América Latina y el Caribe: La pandemia se intensifica. https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13682

3 Radio Agricultura. Ministro Prokurica y el escenario minero por la pandemia: “No está en normalidad, pero con un gran esfuerzo ha tenido un resultado que es muy distinto”.

https://www.radioagricultura.cl/economia/2020/06/24/ministro-prokurica-y-el-escenario-minero-por-la-pandemia-la-mineria-no-esta-en-normalidad-pero-con-un-gran-esfuerzo-ha-tenido-un-resultado-que-es-muy-distinto.html

4 Voces desde el territorio. Como la industria minera mundial se está beneficiando con la pandemia de Covid-19. http://agenciaecologista.info/wp-content/uploads/2020/06/voces_desde_el_territorio_-_web.pdf

5 Guía Minera de Chile. Algo bueno en medio de la pandemia. https://www.guiaminera.cl/algo-bueno-en-medio-de-la-pandemia/

6 Mariana Cabezuelo. Los yacimientos mineros de Santa Cruz producen al 80% de su capacidad en el marco de la pandemia. https://www.telam.com.ar/notas/202006/476766-yacimientos-mineros-santa-cruz-produccion-80-por-ciento.html

7 Maurício Angelo. Em plena pandemia, extração de ouro aumenta na Amazônia. https://brasil.mongabay.com/2020/07/em-plena-pandemia-extracao-de-ouro-aumenta-na-amazonia/

8 Voces desde el territorio. Op cit.

9 Sergio Saffon. Alza en precios del oro durante la pandemia atiza minería ilegal en Perú. https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/peru-coronavirus-mineria-ilegal/

10 La Voce d’Italia. Actividad minera en el Callao se mantiene cumpliendo protocolos. https://voce.com.ve/2020/07/03/509190/actividad-minera-en-el-callao-se-mantiene-cumpliendo-protocolos-audio-noticia/

11 Semana. La deforestación no guarda cuarentena en Colombia. https://www.semana.com/nacion/articulo/la-deforestacion-en-colombia-no-guarda-cuarentena/681041

12 Orpio. Empresas petroleras y de tala siguen funcionando y ponen en riesgo la vida de pueblos indígenas ante el COVID-19. http://www.orpio.org.pe/?p=1491

13 GRAIN. Agro-imperialismo en tiempos de Covid-19. https://www.grain.org/es/article/6509

14 Aldo Benítez. Paraguay es el segundo país más deforestador de Sudamérica. https://www.lanacion.com.py/pais/2020/06/15/paraguay-es-el-segundo-pais-mas-deforestador-de-sudamerica/

15 El Universo. Pandemia no ha frenado deforestación y tala ilegal en Ecuador. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/07/08/nota/7898247/deforestacion-tala-ilegal-reduccion-bosques-naturales-nativos

16 GRAIN. Op cit.

17 Orpio. Op cit.

18 Meritxell Freixas. Alerta en la industria minera de Chile por miles de contagios de sus trabajadores. https://www.publico.es/internacional/covid-19-chile-alerta-industria-minera-chile-miles-contagios-trabajadores.html

19 Otros Mundos AC. COVID-19: Las empresas mineras ponen a los trabajadores y a las comunidades en el mayor riesgo. https://otrosmundoschiapas.org/covid-19-las-empresas-mineras-ponen-a-los-trabajadores-y-a-las-comunidades-en-el-mayor-riesgo/

20 GRAIN. Op cit.

21 Semana. Op cit.

22 Semana Sostenible. Deforestación en la Amazonia brasileña bate nuevo récord en mayo. https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-la-amazonia-brasilena-bate-nuevo-record-en-mayo/51944

23 GRAIN. Agribusiness must be quarantined! https://www.grain.org/en/article/6470-agribusiness-must-be-quarantined

24 Javier Aliaga. Las quemas comienzan en Bolivia y hacen temer otro desastre ambiental. https://www.france24.com/es/20200507-quemas-agricultura-bolivia-chiquitania-amazonas

25 Latinoamérica piensa. Brasil registró en junio el mayor número de incendios en el Amazonas en 13 años y temen por sus consecuencias durante la pandemia. https://latinoamericapiensa.com/brasil-registro-en-junio-el-mayor-numero-de-incendios-en-el-amazonas-en-13-anos-y-temen-por-sus-consecuencias-durante-la-pandemia/25806/

26 CONAIE. René Ortiz impulsará la minería a gran escala en medio de Covid 19.

René Ortiz impulsará la minería a gran escala en medio de Covid 19

27 GRAIN. Agribusiness must be quarantined!

28 Radio Nacional. Los intentos históricos de reactivación del Proyecto Potasio Río Colorado. http://www.radionacional.com.ar/los-intentos-historicos-de-reactivacion-del-proyecto-potasio-rio-colorado/

29 El Inversor. Salta: Ricardo Alonso destacó la inversión de Barrick en la provincia. http://www.elinversorenergetico.com/salta-ricardo-alonso-destaco-la-inversion-de-barrick-en-la-provincia/

30 Telam. Extractivismo a full en la pandemia. https://noalamina.org/mundo/item/43977-extractivismo-a-full-en-la-pandemia. Prensa GeoMinera. ¿Se abre una nueva puerta para la minería en Chubut? https://perfilindustrial.com/se-abre-una-nueva-puerta-para-la-mineria-en-chubut/

31 Cerlas. Resolución N° 0010: Una medida ilegal que agrava la destrucción y envenenamiento de nuestras fuentes de agua. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/13/resolucion-n-0010-una-medida-ilegal-que-agrava-la-destruccion-y-envenenamiento-de-nuestras-fuentes-de-agua/

32 El Mostrador. Indignación provoca la aprobación online de proyecto de sondajes mineros en Putaendo. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/04/22/indignacion-provoca-la-aprobacion-online-de-proyecto-de-sondajes-mineros-en-putaendo/

33 Asamblea por el Agua del Guasco Alto. La minería es una pandemia. Barrick no salva vidas, las pone en riesgo. https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/

34 SolGold. SolGold PLC Announces Regional Exploration Update. https://apnews.com/0541b735e32591f92ec34b4c56758caa

35 Gestión. Reactivación de proyectos Conga y Tía María “tiene que darse en algún momento”, dice el Minem. http://www.iimp.org.pe/actualidad/reactivacion-de-proyectos-conga-y-tia-maria-%E2%80%9Ctiene-que-darse-en-algun-momento%E2%80%9D,-dice-el-minem

36 Miguel Angel Melendres. Nuevo ministro de Minería propone ingresar a una exploración intensiva de minerales. https://eldeber.com.bo/economia/nuevo-ministro-de-mineria-propone-ingresar-a-una-exploracion-intensiva-de-minerales_178307

37 Cespad. Coyuntura desde los territorios | Honduras: Saqueo extractivista y defensa del territorio en tiempos de COVID-19. http://cespad.org.hn/2020/06/05/coyuntura-desde-los-honduras-saqueo-extractivista-y-defensa-del-territorio-en-tiempos-de-covid-19/

38 Priscila Alvarado. La Asamblea aprobó por unanimidad la Ley de la Palma Aceitera. https://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-aprobo-ley-palma-aceitera.html

39 José Carlos Solón y Guillermo Villalobos. Eucaliptos para matar la biodiversidad. https://fundacionsolon.org/2020/06/26/eucaliptos-para-matar-la-biodiversidad/

40 Karen Peña. Arauco aprueba millonario aumento de capital para financiar proyectos y fortalecer posición financiera. https://www.df.cl/noticias/empresas/industria/arauco-aprueba-millonario-aumento-de-capital-para-financiar-proyectos-y/2020-05-19/215132.html

41 Elam Náfate. Amparos detienen al Tren Maya. https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/amparos-detienen-al-tren-maya-proceso-legal-demandas-fonatur-gobierno-covid-19-coronavirus-5506854.html

42 Antonio Paz. Parque Yasuní: estudio muestra nueva carretera que se dirige a territorio de indígenas aislados de Ecuador. https://es.mongabay.com/2020/06/carretera-parque-yasuni-ecuador-indigenas-aislados-y-petroleo/

43 Gonzalo Escribano. Energía y COVID-19 en América Latina: un impacto heterogéneo por sectores y países. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/5ac80f3d-042a-4043-b5aa-1e7202096445/ARI55-2020-Escribano-Energia-y-COVID-19-en-America-Latina-impacto-heterogeneo-por-sectores-paises.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5ac80f3d-042a-4043-b5aa-1e7202096445

44 Europa Press. La pionera del ‘fracking’ Chesapeake Energy se declara en quiebra. https://m.europapress.es/economia/noticia-pionera-fracking-chesapeake-energy-declara-quiebra-20200629102223.html

45 Alfonso López Suarez. Exxon, socio de Ecopetrol para pilotos de ‘fracking’. https://www.portafolio.co/economia/exxon-socio-de-ecopetrol-para-pilotos-de-fracking-542331

46 Fridays for Future Italia. VIDEO:Ricardo Salles, ministro dell’Ambiente brasiliano e la Shock Doctrine durante la pandemia. https://www.youtube.com/watch?v=QIMS34-PTto

47 OLCA. Informe sobre ingreso abusivo de proyectos al SEIA en tiempos de Pandemia, http://olca.cl/oca/informes/Informe-sobre-ingreso-abusivo-de-proyectos-al-SEIA-en-tiempos-de-Pandemia.pdf

48 El Ciudadano. La letra chica del «acuerdo covid» que acelerará la depredación ambiental en Chile. https://consumidoresorganicos.org/2020/06/18/la-letra-chica-del-acuerdo-covid-que-acelerara-la-depredacion-ambiental-en-chile/

49 Voces desde el territorio. Op cit. @ComiteSanturban: https://twitter.com/ComiteSanturban/status/1252783250625499143

50 Cespad. Op cit.

51 Chaski Clandestina. Bolivia en la vorágine agroextractivista. Trangénicos y la nueva ofensiva del estado, las multinacionales y el agronegocio. https://chaskiclandestina.org/2020/05/11/bolivia-en-la-voragine-agroextractivista-trangenicos-y-la-nueva-ofensiva-del-estado-las-multinacionales-y-el-agronegocio/

52 Gerardo Saravia. A los transgénicos se les acaba el toque de queda. https://www.servindi.org/actualidad-opinion/15/07/2020/los-transgenicos-se-les-acaba-el-toque-de-queda

53 Pedro Grigori. Em meio à pandemia, governo Bolsonaro aprova 118 agrotóxicos em dois meses. https://apublica.org/2020/05/em-meio-a-pandemia-governo-bolsonaro-aprova-96-agrotoxicos-em-dois-meses/

54 Por el País. El Gobierno incentiva el uso de agrotóxicos con una baja de aranceles. http://porelpais.com.ar/el-gobierno-incentiva-el-uso-de-agrotoxicos-con-una-baja-de-aranceles/

55 Gretta Zegarra. Un protocolo acorde a los intereses de las grandes mineras. http://cooperaccion.org.pe/un-protocolo-acorde-a-los-intereses-de-las-grandes-empresas-mineras/

56 Asamblea por el Agua del Guasco Alto. Op cit.

57 Voces desde el territorio. Op cit.

58 Debora Cerutti. Chubut: no hay cuarentena para el extractivismo. https://latinta.com.ar/2020/06/chubut-no-hay-cuarentena-extractivismo/

59 Voces desde el territorio. Op cit.

60 Cespad. Op cit.

61 REMA. Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de abril de 2020. https://otrosmundoschiapas.org/que-gobiernos-detendra-el-saqueo-de-carlos-slim/

62 Lola Allen. El covid-19, el pretexto para la represión de opositores políticos al Gobierno de Áñez en Bolivia. https://www.elsaltodiario.com/mapas/regimen-bolivia-covid-19-reprimir-rivales-politicos

63 América Digital. Maduro sataniza a los «Trocheros» que les urge regresar a Venezuela por la pandemia. https://www.youtube.com/watch?v=dFzINFin5sg

64 @ceofanb. https://twitter.com/Libertad020/status/1283181119031173120

65 Radio Nacional de Colombia. ONU alerta por asesinatos de líderes y excombatientes durante la pandemia. https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/onu-alerta-de-asesinatos-de-lideres-excombatientes-durante-la-pandemia

66 Voces desde el territorio. Op cit.

67 Anred. Bajo el lema “Nos deben una ley” Chubut lanzó la Segunda Iniciativa Popular contra la megaminería. https://www.anred.org/2020/06/30/bajo-el-lema-nos-deben-una-ley-chubut-lanzo-la-seguna-iniciativa-popular-contra-la-megamineria/. La Izquierda Diario. Chubut: el extractivismo no se toma cuarentena. http://www.laizquierdadiario.com/Chubut-el-extractivismo-no-se-toma-cuarentena

68 Diario UChile. Putaendo resiste ante la invasión minera en el valle de Aconcagua. https://radio.uchile.cl/2020/04/28/putaendo-resiste-ante-la-invasion-minera-en-el-valle-de-aconcagua/

69 Yvette Sierra. “Esta pandemia nos está quitando a nuestros sabios”: la tragedia del COVID 19 en los pueblos awajún y wampis. https://es.mongabay.com/2020/07/peru-santiago-manuin-lideres-indigenas-awajun-covid-19/

70 Elam Náfate. Op cit.

71 https://pactoecosocialdelsur.com/

72 https://asambleamundialamazonia.org/

https://www.alainet.org/es/articulo/208103

Colombia

Avanza protesta en redes sociales para impedir minería en el Páramo de Santurbán

28/07/2020
Páramo de Santurbán.
Foto: Colprensa – Vanguardia Liberal

Bajo el hasthtag #ConMinesaMásPobreza, usuarios en redes sociales se han manifestado este martes en contra de las intenciones de la empresa árabe de desarrollar extracción de oro en cercanías al Páramo de Santurbán, región de Soto Norte, en el departamento de Santander,

La protesta, que se adelanta desde las 8:00 de la mañana en Twitter, se desató tras las recientes declaraciones de la viceministra de Minas, Carolina Rojas, en las que comentó que el objetivo del Gobierno es duplicar la producción de oro en el país, a partir de la adjudicación de este y otros proyectos.

De esta forma, ambientalistas muestran su descontento ante el proceso de licenciamiento que adelanta Minesa ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA- para extracción minera en las inmediaciones de dicha reserva natural

Lea también: Habla mujer víctima de robo en Barrancabermeja cuya defensa se hizo viral

Los defensores de los recursos naturales del páramo temen que se aproveche la crisis de la pandemia para avanzar este tipo de proyectos.

Mayerly López, miembro de la defensa del páramo de Santurbán, dijo que la ministra confundía minería artesanal con minería a gran escala, y rechazó las afirmaciones que dicen que el proyecto no se daría en áreas protegidas, sino por fuera del páramo. Según ella, las autoridades ambientales han sido enfáticas en que el proyecto sí comprendería áreas protegidas.

Según López, la preocupación aumenta porque la ministra dio por hecho el proyecto.
https://www.elpais.com.co/colombia/avanza-protesta-en-redes-sociales-para-impedir-mineria-en-el-paramo-de-santurban.html

Mexico

Minera canadiense contaminó capa freática en Magdalena Ocotlán, Oaxaca

Jorge A. Pérez Alfonso, corresponsal, 27/07/2020
Imagen tomada de la página de internet del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.
Oaxaca. Integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos denunciaron que la minera Cuzcatlán, operada por la empresa canadiense Fortuna Silver, ha contaminado la capa frieática del municipio de Magdalena Ocotlán.

El presidente municipal de Magdalena, Pedro Máximo Aquino, cuya localidad se ubica en el Valle de Ocotlán a 50 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, dijo que lamentablemente hasta este lunes las autoridades estatales y federales no han intervenido.

Pese a esto la empresa ha solicitado, por segunda ocasión, un nuevo permiso de explotación para el proyecto «San José II», mismo que está en análisis por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El funcionario demandó, a nombre del frente y de sus ciudadanos, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realice una investigación de la contaminación ocasionada por esta minera la cual, se ubica en San José del Progreso.

Lo más importante es que se repare el daño que se ha ocasionado, pero también que se les impongan sanciones ejemplares para que este tipo de situaciones no ocurran; pero además, que de ser posible se suspenda la concesión de dicha empresa, comentó

Esta es la segunda ocasión en que se contaminan la capa freática, lo que afecta a la comunidad que se dedica a la producción agrícola, explicó.

De igual manera, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que acudan a la comunidad y realicen un estudio de los mantos freáticos, para determinar en qué condición de encuentran luego de la contaminación.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/27/minera-canadiense-contamino-capa-freatica-en-magdalena-ocotlan-oaxaca-5466.html

Perú

TANTAS VECES ESPINAR

EDITORIAL – TANTAS VECES ESPINAR (BOLETÍN AMP N°253, JULIO 2020 COOPERACCION)
Espinar es el primer gran estallido social en tiempos de pandemia que involucra a casi toda una provincia en una zona con presencia minera. Desde el pasado 15 de julio organizaciones sociales y comunidades campesinas de Espinar, agrupadas en el Comité de Lucha Provincial, iniciaron un paro luego de intentar llegar a un acuerdo en […]

Espinar es el primer gran estallido social en tiempos de pandemia que involucra a casi toda una provincia en una zona con presencia minera. Desde el pasado 15 de julio organizaciones sociales y comunidades campesinas de Espinar, agrupadas en el Comité de Lucha Provincial, iniciaron un paro luego de intentar llegar a un acuerdo en una mesa multisectorial, sobre todo con la empresa minera, para hacer frente a la difícil situación por la que atraviesa la población.

¿Cuáles son los significados de lo que ha estado pasando en Espinar en todos estos días? Para los que siempre intentan leer conflictos vinculados a la minería con códigos e indicadores construidos muy lejos de los territorios y sobre todo desde Lima, vamos a intentar descifrar lo ocurrido estas últimas semanas en esta provincia alto andina cusqueña, relacionando los hechos con la coyuntura pero también con los antecedentes, es decir los conflictos previos y una larga lista de temas pendientes.

En primer lugar y pensando en el actual contexto, Espinar es una clara muestra del enorme error cometido por el gobierno al inicio del estado de emergencia y haber optado por bonos focalizados que llegaron tarde mal y nunca a los supuestos beneficiarios. A la gran mayoría de la población de Espinar, como a muchas otras en todo el país, no les llegaron los distintos bonos focalizados y han tenido que enfrentar este difícil momento sin ningún tipo de respaldo.

Es en este contexto extremo que la población de Espinar volteó a mirar los fondos del convenio marco provincial, un acuerdo firmado el año 2003 entre la empresa minera de entonces y la provincia representada por el Municipio y las organizaciones sociales más representativas. El hoy en día tantas veces mencionado convenio marco, tiene 21 cláusulas y en una de ellas -la quinta-, la empresa se compromete a aportar cada año el 3% del total de sus utilidades antes de impuestos.

Se ha dicho que la población de Espinar quiere aprovecharse de la empresa y busca beneficiarse con un aporte sin hacer nada. Lo primero que hay que decir es que el convenio marco ya tiene 17 años de vigencia y en todo este tiempo en ningún momento se había demandado un bono de estas características. Siempre se entendió que los fondos del convenio estaban destinados para respaldar “proyectos de desarrollo” para toda la provincia. Por lo tanto, desde nuestro particular punto de vista está claro el carácter extraordinario del pedido en un contexto de emergencia nacional como el que vivimos.

Pero la otra mirada que hay que darle al conflicto de Espinar es la histórica y la de la enormes deudas pendientes que se tiene con esa zona del país. Desde que la minería se instaló hace aproximadamente 35 años, está claro que la población de Espinar más es lo que ha perdido que lo que ha ganado: la llegada de la minería significó el desmembramiento de comunidades madre, como la de Antaycama (una de las comunidades más extensas del sur andino del país) que fue dividiéndose en varias comunidades para facilitar la entrada de la minería. Divide y reinarás dirán algunos. Además, a una de esas comunidades que se crearon en la década del 80, la de Tintaya Marquiri, le expropiaron 2,368 hectáreas, dejándola prácticamente sin tierras, convirtiéndola en apenas un asentamiento humano. Todo esto ocurrió para que la minería y el proyecto Tintaya se pueda instalar y desarrolle su actividad.

Luego han venido los episodios de contaminación y los dramáticos efectos en la población de Espinar y en una de las principales actividades económicas de las comunidades, la ganadería. Todas las demandas y los momentos de movilización social, como las ocurridas el año 1990, 2005, 2012, entre varias otras, dieron lugar a varias mesas de diálogo y la firma de varios acuerdos que, lamentablemente, no han sido cumplidos.

Que quede claro, la minería, el Estado peruano y todos los que miramos desde lejos el conflicto en esta provincia cusqueña, tenemos una deuda pendiente con su población. No es al revés.

Argentina

Que el saqueo no pare…

25/07/2020
Para que el personal de las mineras pueda llegar a los proyectos en explotación en las distintas provincias en forma rápida y segura, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), junto a la Secretaría de Minería de la Nación, trabajan en la puesta en marcha de un sistema denominado «Corredor Minero Federal» con Aerolíneas Argentinas.

Los trayectos que compondrían el corredor fueron diseñados a partir de un exhaustivo estudio de la cantidad de personal minero qué transita por el país, que se estima que son unas 4.000 personas, de las posibilidades de utilización de aeropuertos y las posibles frecuencias de traslado. En San Juan calculan que son unos 350 los profesionales, entre geólogos, ingenieros y técnicos que se desempeñan en otras provincias y que deben viajar periódicamente para que la actividad no se paralice

El «Corredor Minero Federal» se compone de una planificación nacional para que transite el personal técnico y profesional de las mineras desde sus lugares de origen y hacia su destino de trabajo y viceversa, buscando unificar y optimizar rutas aéreas y terrestres, para lograr un mayor control y eliminar -en la medida de lo posible- los transbordos y viajes adicionales, explicó Alberto Carlocchia, presidente de CAEM.

Las rutas aéreas que se están barajando son Salta-Jujuy, Jujuy-Catamarca, Catamarca-San Juan, San Juan-Santa Cruz y Santa Cruz-Salta.

El secretario Hensel sostuvo que «todo el plan en el que se está trabajando va a ser debidamente coordinado con las autoridades provinciales, tanto mineras como sanitarias. Para una observancia estricta de los aspectos sanitarios en virtud de la situación de pandemia».

Uno de los problemas que se presenta en esta actividad, en la que el personal suele estar 14 días en la mina y otros 14 en su casa, es el cumplimiento de la cuarentena obligatoria que disponen las autoridades sanitarias. Por eso el secretario explicó que «todo se va a coordinar». Y puntualizó que «las empresas son concientes de que nada se puede hacer sin un cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, nacional y provincial». (sic)

El plan en el que trabaja la CAEM, junto con Minería de la Nación, y el aporte de las cámaras mineras provinciales, también incluye el estudio de la logística para el traslado terrestre tanto desde los aeropuertos a los emprendimientos mineros, como así también al domicilio del personal.

Mientras tanto, en Jujuy, denuncian la falta de valor por la vida de los trabajadores puesta de manifiesto por parte de los empresarios de minera Exar (litio) y los malos tratos recibidos por exigir medidas básicas de sanidad ante el creciente foco infeccioso de Covid-19 entre los obreros de la multinacional. Evidentemente, el modelo chileno elogiado desde las políticas neoliberales sigue haciendo punta.

Como sabemos, en Chile, los contagios en la industria rondan los 5 mil y solo Codelco reporta 3.400 casos positivos confirmados, sostuvieron los parlamentarios en un comunicado. Hasta el momento, las regiones más afectadas son las de Antofagasta y O´Higgins, según informó el diario La Tercera. Tal es así que diversos parlamentarios de oposición presentaron un proyecto de ley para que la minería entre en cuarentena y funcione con servicios mínimos durante 14 días, para frenar los contagios de Covid-19 en la industria minera y resguardar a los trabajadores y a las comunas productoras. En la iniciativa se dispone la suspensión parcial de las faenas que funcionen con más de 100 trabajadores en el territorio nacional.
Fuentes: Diario de Cuyo – La izquierda diario – Diario El Zonda

Que el saqueo no pare…