Chile, Litio

Tianqi Lithium evalúa la venta de activos para reducir deuda


17/04/2020

Tianqi Lithium, uno de los principales productores mundiales de litio, dijo este viernes que estaba explorando la venta de acciones y activos, además de atraer inversores estratégicos para abordar los problemas de liquidez, aunque no ha firmado ningún acuerdo hasta ahora.

La compañía china, que registrará grandes pérdidas tanto en 2019 como en el primer trimestre de 2020 por los bajos precios del litio, hizo los comentarios en una presentación a la Bolsa de Valores de Shenzhen, después de informes de que evalúa vender su participación en la alianza australiana Talison Lithium para reducir su carga de deuda.

Tianqi, con sede en Chengdu, ha estado luchando para pagar los préstamos tomados para financiar su adquisición de alto perfil de USD 4.100 millones de casi la cuarta parte de la minera chilena SQM, acordada en 2018 cuando los precios del litio eran mucho más altos .

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La compañía dijo que sus “presiones de liquidez aumentaron” en el cuarto trimestre de 2019 debido a la caída de los precios del litio, que actualmente son alrededor de dos tercios más bajos que hace dos años, así como al aumento de los gastos financieros.

Para enfrentar esto, Tianqi está analizando la viabilidad de varias herramientas de financiamiento, incluida “la introducción de inversores estratégicos nacionales y extranjeros, la venta de activos y participaciones”, indica el documento, sin especificar en qué lugares está dispuesta la firma a desinvertir.

Tianqi dijo que aún no había firmado ningún acuerdo legalmente vinculante para vender activos o atraer a un inversor estratégico.
Fuente: Mining Weekly

Tianqi Lithium evalúa la venta de activos para reducir deuda

Perú

LOS RIESGOS DEL PROTOCOLO DE TRASLADO DE TRABAJADORES MINEROS

CooperAcción
16/042020
Imagen: Red Maule

El día de ayer, 15 de abril, se publicó en el Diario Oficial el Peruano la Resolución Ministerial 111-2020-MINEM/DM, que aprobó el “Protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID – 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, incorporado por Decreto Supremo N° 068-2020-PCM”.

Como su nombre lo indica, este Protocolo tiene como finalidad establecer los lineamientos para el traslado del personal de las unidades mineras que se encuentran en los campamentos mineros desde los inicios del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno (a partir de la quincena de marzo), y con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. En otras palabras, se busca que el personal que ya cuenta con más de 30 días en los campamentos mineros pueda ser relevado de sus funciones por otros trabajadores mineros que actualmente se encuentran en Lima u otros centros urbanos donde tienen sus residencias habituales.

El problema con este protocolo es que no obliga a las empresas mineras a efectuar los exámenes de descarte del COVID-19 a los trabajadores que entran o salen de los campamentos mineros, sean los test rápidos (serológicos) o los moleculares. Esta cuestión resulta preocupante en la medida que el COVID-19 tiene una fase asintomática, que puede durar entre 7 y 14 días según comentan los expertos en salud. En ese sentido, podría generarse el riesgo que un trabajador minero que está infectado del COVID-19 regresa a su residencia habitual sin saber que tiene la enfermedad, contagiando a todo su entorno social. De igual manera, otro trabajador podría haberse infectado en su entorno de residencia, y al regresar al campamento (para relevar a otros trabajadores) podría terminar infectando a sus demás compañeros de trabajo.

La cuestión es que el protocolo debería incluir obligatoriamente que todo trabajador que entra y sale de un campamento minero tenga que pasar por una prueba de descarte del COVID-19. El protocolo aprobado por el MINEM solo exige una declaración jurada de que el trabajador no es un factor de riesgo, que puede deberse a varios motivos: por haber regresado del extranjero recientemente, haber estado en contacto con alguna persona sospechosa o infectada del COVID-19, no estar en un grupo de riesgo (por tener enfermedades crónicas declaradas o condiciones de riesgo), etc.

El sustento legal para elaborar este Protocolo se encuentra en el artículo 3.11 del DS 051-2020-PCM, modificado por DS 068-2020-PCM, normas dictadas en el marco del estado de emergencia, que señala lo siguiente:

3.11 Se autoriza, de manera excepcional, por razones humanitarias y previa coordinación con el gobierno regional que corresponda, el transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre y aéreo no comercial, que se encuentren fuera de su residencia o lugar de trabajo habitual, a consecuencia de la aplicación de las disposiciones de inmovilización social.

Lo señalado en el párrafo precedente, incluye al personal de las Unidades Mineras o Unidades de Producción que haya cumplido con la jornada de trabajo de acuerdo a su régimen especial laboral o hayan cumplido el aislamiento social obligatorio, a fin de que retornen a su residencia o lugar de trabajo habitual.

En todos los casos, se debe garantizar que se cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidas para su traslado y el aislamiento social obligatorio correspondiente en los lugares de destino.

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de resolución de su titular, dicta las medidas complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11; a excepción del traslado del personal de las Unidades Mineras o Unidades de Producción que se menciona en el párrafo precedente, en cuyo caso el Ministerio de Energía y Minas, a través de resolución de su titular, dicta las medidas complementarias que sean necesarias.

Revisando los protocolos y lineamientos aprobados por el MINSA, no se han encontrado referencia de medidas preventivas que refieran al traslado de población entre regiones (como es este caso) para evitar la propagación del COVID-19. Es posible que todavía no se hayan aprobado. Sin embargo, un documento emitido por la PCM, que se llama “Lineamientos de traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas de aislamiento social por la emergencia nacional por el COVID-19” señala lo siguiente en sus numerales 6 y 7:

6. El traslado de personas en situación de vulnerabilidad entre regiones constituye una medida excepcional a la declaratoria de inmovilización social dispuesta por el gobierno nacional y se encuentra justificado por razones humanitarias.

7. Ante esta situación, se considera necesario emitir estos lineamientos que orienten el traslado de estas personas que se encuentran fuera de su región de domicilio habitual en situación de vulnerabilidad, y/o aquellas personas que no cuentan con soporte familiar en esta ciudad. Y que requieren regresar a sus domicilios en diferentes ciudades del país, ante la ampliación del periodo de cuarentena, por su salud mental y física. Dichas personas no deben presentar ningún síntoma de contagio y deberían dar negativo en la prueba rápida.

Por tanto, este documento de la PCM plantea la necesidad de que los controles preventivos para las personas que se van a trasladar incluya, por lo menos, la realización de la prueba rápida de descarte del COVID-19. En ese sentido, no se entiende por qué en el caso del protocolo para traslados de trabajadores mineros no se ha establecido esta obligación, la que adquiere una mayor importancia por los diversos motivos: 1) ya se han reportado varios casos de trabajadores mineros que están infectados con el COVID-19, a pesar del supuesto confinamiento en el que estaban. De hecho, Antamina tuvo que cerrar sus operaciones porque tiene a 7 trabajadores infectados (al comienzo se reportó que eran muchos más); 2) a la población que está movilizándose por la carretera desde Lima se les ha aplicado el examen de descarte, a todos; 3) los funcionarios del OEFA que se han trasladado a realizar supervisiones ambientales a raíz de los últimos derrames ocurridos en la selva también pasaron por un examen de descarte previo al traslado; 4) la Defensoría del Pueblo se ha manifestado en un comunicado que se tiene que implementar la cantidad suficiente de pruebas de descarte a aquellas personas que se trasladan entre regiones1 ; 5) el factor más importante, que las unidades mineras se desarrollan en espacios territoriales donde habitan poblaciones vulnerables a este tipo de pandemias, como es el caso de las comunidades indígenas.

[1]https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-plan-especial-para-traslados-humanitarios-entre-lima-y-regiones/

www.cooperaccion.org.pe

Internacional

¿El bloqueo del coronavirus ha aumentado los riesgos para la salud en las zonas mineras?


Cientos de aldeanos en el distrito de Keonjhar de Odisha protestan y exigen el cierre de las operaciones mineras e industriales.
Kanchi Kohli
El | Actualizado: 17/04/2020
Kanchi Kohli , Sampada Nayak y Santosh Dora

Desde el 13 de abril de 2020, cientos de residentes que viven entre las aldeas de Kamarjoda y Jurudi en el distrito de Keonjhar de Odisha han bloqueado una importante ruta de transporte en la carretera estatal. Han utilizado grandes piedras y troncos de árboles para detener los movimientos de camiones y exigieron que se cierren las operaciones mineras e industriales cerca de sus hogares.

¿Por qué la gente debe estar en las calles, arriesgando sus vidas cuando hay un llamado para un bloqueo nacional? ¿Qué los empuja a reunirse en protesta cuando el gobierno y los profesionales médicos han pedido medidas de distanciamiento social? Desde que el gobierno nacional anunció medidas de «emergencia social» para enfrentar a Covid-19 el 24 de marzo, las imágenes de la migración inversa de la fuerza laboral a sus aldeas se han transformado en una crisis de proporciones épicas. Si bien esta realidad continúa desafiando las operaciones de ayuda del gobierno, hay problemas en otros lugares. Esta vez es en partes de la India donde la minería, la generación de energía y las industrias han continuado operando como servicios esenciales.

“Los camiones provienen de otros estados como Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Tamil Nadu y de otros distritos dentro de Odisha, como Jajpur, donde se han reportado casos positivos de COVID. Tenemos miedo por nuestra salud y seguridad. La gente local y otros trabajadores migrantes que trabajan en estas minas e industrias también tienen miedo de ir a trabajar. Sin embargo, algunos se ven obligados a trabajar por temor a perder sus empleos «, dijo Rabindra Khamania, residente de la aldea de Bada Kalimati en Keonjhar, Odisha.

Los aldeanos han usado grandes piedras y troncos de árboles para detener los movimientos de camiones y exigieron que se cierren las operaciones mineras e industriales cerca de sus hogares. Crédito: Rabindra Khamania, Badakalimati
No es una protesta de rutina contra la contaminación.
Vinod Karua, un residente de la aldea de Joribahal, bloque Joda en Keonjhar fue uno de los que no «se quedó en casa» y exigió el cierre completo de la minería, las industrias y el transporte de minerales por carretera. Su dice: «Hay un bloqueo estatal, pero no podemos ver ningún efecto de eso aquí. Aquí hay una incesante minería y transporte. Hay polvo dentro de nuestros hogares, en nuestra agua potable y en todas partes. Nos enfrentamos a dificultades para respirar y no podemos dormir por la noche. Hay polvo rojo por todas partes.

Esto puede sonar como un incidente de rutina en cualquier área minera altamente contaminada como Keonjhar, donde los aldeanos salen a las calles, llaman a las compañías mineras y envían quejas a las autoridades locales. Pero no lo es. Llega en un momento, cuando el mundo se enfrenta a una de las mayores crisis de salud pública y las personas en Joda temen por sus vidas como todos los demás en el mundo. Los aldeanos, que protestan, dicen que tanto el trabajo local como el migrante en el área se niegan a regresar al trabajo . Un entorno laboral inseguro y propenso a los accidentes empeoró con la nueva amenaza de la pandemia de Covid-19.


Como las autoridades no respondían a las quejas contra el trabajo minero, los aldeanos no encontraron otra opción que bloquear físicamente el camino, protegerse a sí mismos y a sus familias. Crédito: Rabindra Khamania, Badakalimati
El distrito de Keonjhar tiene 126 minas y 80 industrias, la mayoría de las cuales actualmente funcionan. Estas operaciones incluyen a Odisha Mining Corporation (OMC), administrada por el estado, y corporaciones privadas como Tata Steel Ltd, Jindal Steel & Power Ltd. El mineral de estas minas se transporta hasta Chhattisgarh y Andhra Pradesh. En diciembre de 2019 , el Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Ambiental (NEERI) y la Junta Estatal de Control de la Contaminación habían «expresado una seria preocupación» por la contaminación causada por la actividad minera en Keonjhar y, en particular, en el área de Joda-Barbil-Koira.

Un factor más reciente que contribuye a la contaminación por polvo es el movimiento de vehículos pesados ​​y maquinaria en National Highway (NH) 520, incluso cuando el trabajo de actualización sigue siendo incompleto. Esta carretera, que conecta Panikoili-Keonjhar-Rajamunda, pasa a través de los bloques de Joda y Barbil en Keonjhar. El año pasado, la administración del distrito de Keonjhar supuestamente pidió a las autoridades mineras locales que optimizaran el transporte, lo que no se tradujo en ninguna acción. Los informes noticiosos señalan inconvenientes para las escuelas y dificultades para «pacientes que van a hospitales en la ruta».


Los aldeanos, que protestan, dicen que tanto el trabajo local como el migrante en el área se niegan a regresar al trabajo. Crédito: Rabindra Khamania, Badakalimati
Cuando un bloqueo aumenta los riesgos
Durante varios años, personas de Joda y Barbil habían presentado reiteradas quejas ante las autoridades reguladoras. Es solo en el último año y medio que los proponentes del proyecto comenzaron a adherirse a medidas de mitigación como rociar agua y cubrir camiones, brindando un alivio parcial. Con el bloqueo en su lugar, estas salvaguardas legalmente obligatorias, prescritas en autorizaciones ambientales y órdenes de consentimiento, fueron las primeras en detenerse.

Rajen Champia de la aldea de Joribahal dijo: “Camiones, volquetes y volquetes se utilizan para el transporte en Joda y navegaban veinticuatro siete antes del cierre. Cuando protestamos, el horario cambió de 8 am a 8 pm durante unos días. Pero esto no duró mucho. De hecho, sin otro tráfico en las carreteras, más camiones pueden transportar material desde las minas ”.

Los aldeanos dicen que hicieron repetidas llamadas telefónicas a las autoridades de control de contaminación y a la administración del distrito. Sin embargo, las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento, como las Juntas de Control de la Contaminación y la oficina regional del Ministerio de Medio Ambiente, están trabajando de forma remota sin ningún mecanismo de reparación de quejas y monitoreo en el lugar. Entonces, no encontraron otra opción que bloquear físicamente el camino, protegerse a sí mismos y a sus familias.


Un factor más reciente que contribuye a la contaminación por polvo es el movimiento de vehículos pesados ​​y maquinaria en National Highway (NH) 520, incluso cuando el trabajo de actualización sigue siendo incompleto. Crédito: Rabindra Khamania, Badakalimati
¿Qué significa esto para el bloqueo 2.0?
La extensión de bloqueo está vigente hasta el 3 de mayo. El nuevo protocolo para el bloqueo de Covid-19 comienza el 20 de abril. Las pautas integrales emitidas por el Ministerio del Interior (MHA) el 15 de abril se han implementado para «mitigar el dificultades para el público «. Funciona bajo la premisa de que poner en marcha la actividad industrial y de construcción dará el impulso tan necesario a la economía nacional. Odisha había anunciado una extensión de bloqueo cinco días antes el 9 de abril y posteriormente emitió directrices para permitir la operación de minas de mineral de hierro, planta de pellets, producción de acero, aluminio y otras industrias. También se permiten los servicios de transporte inter e intraestatal para el movimiento de mercancías y carga.

Pero ni los anuncios ni las pautas alivian los temores de las personas que viven en áreas como Keonjhar. Keonjhar todavía no ha informado de ningún caso de Covid-19, pero ese no es el caso en áreas como Korba en Chhattisgarh. Lo que es común en ambos lugares es la historia de una fuerte contaminación, riesgos para la salud y una infraestructura pública débil que hace que el acceso a los servicios médicos sea muy limitado . Los médicos ya han señalado que «los altos niveles de contaminación también pueden aumentar el riesgo de contraer COVID-19, ya que las partículas tienen el potencial de actuar como portadores de contagio que conducen a una rápida propagación en áreas más grandes»

Desafortunadamente, la regulación ambiental no ha logrado construir evaluaciones epidemiológicas a largo plazo para monitorear los impactos del proyecto y revisar las aprobaciones del proyecto. Las evaluaciones independientes que atribuyen enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel y otros impactos en la salud en la minería, la industria a menudo se niegan o se consideran demasiado localizadas para informar la política de salud ambiental. No hay garantía de que estas inquietudes se aborden en el protocolo operativo estándar (SOP) para operaciones industriales, de construcción y minería cuando las pautas de bloqueo 2.0 entren en vigencia la próxima semana.

Los autores son investigadores del Centro de Investigación de Políticas.

Ecuador, Perú

LOS PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE AL COVID19 EN LA FRONTERA ENTRE PERÚ Y ECUADOR

Imagen: Mongabay
16/04/2020.- La frontera norte de Perú con Ecuador es desde hace varios años un territorio en disputa entre los pueblos indígenas de ambos lados de la frontera (Achuar, Awajun, Chapra, Shuar, Quechua del Pastaza y Wampis) y las personas dedicadas a actividades ilegales (tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico)1 , convirtiendo a esta zona de alta biodiversidad en el foco de diferentes conflictos socio ambientales.

Algunos de estos conflictos han sido tan graves que han ocasionado el recorte de un parque nacional2 (el Parque nacional Ichigkat Muja en la Cordillera del Cóndor). Esto a pesar de existir acuerdos previos entre el Estado peruano y el pueblo indígena Awajun – dueño ancestral del territorio en disputa – sobre la intangibilidad de este territorio y la importancia de su mantenimiento como parque nacional.

La falta de reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas que habitan estos territorios, unidos a la incapacidad de los Estados Nacionales de Ecuador y Perú para controlar la expansión de actividades ilegales en estas zonas han generado pérdidas que no se pueden contabilizar en la biodiversidad y en la calidad de vida de los pobladores.

La emergencia generada por la epidemia del Covid19 ha desnudado una vez más la falta de control, la ilegalidad y los conflictos que existen en la frontera entre Perú y Ecuador. Así, el pueblo Shuar “Arutam” de Ecuador pide la acción urgente de las autoridades ecuatorianas para evitar la expansión de la epidemia del Covid19 en sus territorios, la misma que habría sido desencadenada por las acciones irresponsables de empresas mineras formales que operan en sus tierras3. Adicionalmente los Pueblos Shuar “Arutam”4 de Ecuador junto a los Pueblos Awajun y Wampis de Perú enfrentan desde hace varios años la invasión de sus territorios por mineros ilegales, quienes son ahora una posible fuente de contagio de Covid19.

Alarmados por el riesgo de contagio de Covid19 entre los miembros de sus comunidades, el Pueblo Wampis (representado por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis), la Municipalidad Distrital de Santiago, y la Municipalidad Provincial de Condorcanqui han aprobado un plan de emergencia que afirma la necesidad de controlar y de cerrar las fronteras5. Asimismo, el Pueblo Awajun ha cerrado el acceso a sus comunidades a personas que vengan de otras zonas, incluyendo a quienes llegan de Ecuador.

Sobre este tema, la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo6 ha solicitado el “aseguramiento territorial de los pueblos indígenas amazónicos”, afirmando la necesidad de controlar el ingreso de personas por la frontera entre Perú y Ecuador para frenar la expansión de la epidemia del virus.

Esta situación muestra una vez más la urgencia de contar con un plan de Emergencia Covid19 para la Amazonía Indígena, que defina mecanismos de coordinación entre el Estado Peruano y los pueblos indígenas para evitar el ingreso de esta enfermedad por las zonas de frontera.

El plan debería posibilitar el control de las vías fluviales, terrestres y aéreas de ingreso al país en la frontera amazónica. Adicionalmente,es necesario controlar el ingreso de personas aun cuando pertenezcan al mismo pueblo indígena que habita del lado peruano de la frontera. Si consideramos la existencia de la tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico, este control solo será posible con la participación del gobierno nacional y la coordinación con el gobierno ecuatoriano, pues de otra forma no sería posible controlar el ingreso de personas dedicadas a actividades ilegales en esta parte del país.

Anexos:
[1]Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada – RAISG. 2012. “Amazonía bajo presión.” www.raisg.socioambiental.org.
[2]Barclay Rey de Castro Frederica, Pedro García Hierro y Marco Huaco Palomino. 2009. “Perú: Crónica de un engaño: Los intentos de enajenación del territorio fronterizo Awajún en la Cordillera del Cóndor a favor de la mineria.” Informe IWGIA 5.
[3] Pueblo Shuar Arutam pide Acción Urgente por Emergencia Sanitaria: <https://www.servindi.org/actualidad-noticias/14/04/2020/ecuador-pueblo-shuar-arutam-pide-accion-urgente-por-emergencia> revisado el 14/04/2020.
[4] http://www.pueblo-shuararutam.org/
[5] https://www.facebook.com/evaristo.pujupat.3/posts/672651880160063 revisado el 14/04/2020.
[6] Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo – CORPI SL.: Carta N° 043-2020/JMC-CORPI-SL-P del 01 de abril de 2020, dirigida al presidente de la República de Perú.

Perú

EL REGRESO A CASA DE ALGUNOS Y LOS RIESGOS DE CONTAGIO DE OTROS

Gretta Zegarra
15/04/2020
Imagen: DIPROMIN

Debido a los casos de contagio de COVID-19 en las operaciones de Antamina, Cerro Verde y Tinka Resources[1] y las quejas de los trabajadores de MMG Las Bambas por su confinamiento en campamentos mineros[2], el Poder Ejecutivo ha publicado en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Supremo (DS) Nº 068-2020-PCM[3]. Este DS modifica el artículo 3 del DS N° 051-2020-PCM, que prorroga el estado de emergencia nacional, por las graves circunstancias que atraviesa el país como consecuencia del COVID-19.

Con este cambio se autoriza que el personal de las unidades mineras y unidades de producción que hayan cumplido con su jornada laboral o con el aislamiento social obligatorio, puedan regresar a sus casas o a los lugares de trabajo habitual. Adicionalmente, en ese mismo numeral se precisa que para el retorno se debe realizar coordinaciones con los Gobiernos Regionales correspondientes y se debe usar transporte interprovincial terrestre y aéreo no comercial.

En CooperAcción, saludamos que el Poder Ejecutivo permita el regreso a casa de los contratistas y trabajadores mineros que se encuentran laborando en plena cuarentena. Sin embargo, discrepamos con la decisión de permitir “el retorno al lugar habitual de trabajo” ya que con dicho fraseo, el Poder Ejecutivo estaría permitiendo el flujo o traslado de personal que reside en zonas infectadas por el COVID-19 (como por ejemplo, ciudades en las que viven los trabajadores mineros) a los campamentos mineros, lo cual originaría un posible círculo de contagio y un riesgo mayor de expansión del virus, sobre todo en los territorios en los que se encuentran las operaciones mineras.

Por este motivo, pedimos al Poder Ejecutivo que modifique el numeral 3.11 del artículo 3 del DS Nº 051-2020-PCM y que no permita el tránsito de trabajadores mineros (salvo los que retornen a sus lugares de residencia) hasta que el COVID-19 esté controlado en el Perú.

Anexos:
[1] https://www.servindi.org/actualidad-noticias/13/04/2020/covid-19-antamina-paraliza-sus-labores-tras-confirmar-7-contagiados
[2] http://cooperaccion.org.pe/en-la-emergencia-las-decisiones-deben-tomar-en-cuenta-a-todos-los-actores/
[3] http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/04/DS-068-2020-PCM-DS-que-modifica-el-artículo-3-del-DS-051-2020-PCM.pdf

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Chile, Sin categoría

COVID-19: indígenas chilenos contagiados y en peligro por el turismo clandestino

por Michelle Carrere
13/04/2020
El tránsito entre la ciudad y el campo, los turistas que continúan llegando a las comunidades del altiplano y las faenas mineras que se mantienen activas son las principales preocupaciones de la población indígena en Chile.
El 4 de abril, una mujer mapuche de 70 años perteneciente a la comunidad indígena Carilafquén en la región de la Araucanía, al sur de Chile, murió de coronavirus. Su hijo, el líder mapuche Pablo Huaiquilao, le dijo a Mongabay Latam que también su padre y su hermano están graves, internados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hernán Henríquez Aravena de la ciudad de Temuco.

Aunque la madre de Huaiquilao es por ahora la única indígena que ha fallecido por contagio de COVID-19 en Chile, expertos y líderes comunitarios señalan que el desplazamiento de personas desde la ciudad a las zonas rurales pone en riesgo a este sector de la población.

En la comuna de San Pedro de Atacama, en el extremo norte del país, el turismo y las actividades mineras continúan desarrollándose en una zona donde la mayor parte de la población indígena es adulto mayor. Por lo mismo, tanto líderes indígenas como el alcalde de San Pedro de Atacama y empresarios del sector turismo han solicitado al gobierno que instale un cordón sanitario para la comuna. Hasta ahora, sin embargo, la solicitud no ha encontrado eco.

Mapuches: indígenas de la región con más fallecidos

En la región de la Araucanía, donde la tasa de pobreza multidimensional es la más alta del país (28,5 %), el 33 % de la población es indígena y prácticamente todos ellos pertenecen a la etnia mapuche. Esta región es también la segunda del país con la mayor cantidad de contagios y muertes producto del COVID-19. Hasta la publicación de esta nota, 17 son los fallecidos y 775 los contagiados, según el Ministerio de Salud. El riesgo de propagación de la enfermedad hacia las zonas rurales —que es donde mayoritariamente se ubican las comunidades mapuches— es una preocupación.

La mayor parte de la población mapuche de la región de la Araucanía habita en zonas rurales. Foto: Alianza Territorial Mapuche.
“Las personas constantemente van desde sus comunidades a Temuco para abastecerse, para vender sus verduras y hortalizas o para asistir a control médico y luego regresan a sus casas”, dice Andrés Cuyul, trabajador social y académico del departamento de salud pública de la Universidad de la Frontera. Ese tránsito entre la ciudad y el campo es hoy, asegura Fernando Pairican, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), la principal amenaza que tiene el pueblo mapuche frente al COVID-19.

El desplazamiento colectivo, sin embargo, se encuentra suspendido desde que las ciudades de Temuco y Padre Las Casas entraron en cuarentena total el 27 de marzo. Los trayectos se han reducido notablemente, asegura Cuyul. El académico, quien es asesor de organizaciones mapuche en el Hospital Makewe, asegura que un segundo problema es que no ha habido una buena comunicación hacia la población indígena respecto de las medidas de control sanitario. “La cultura mapuche comprende la casa como la comunidad, por lo que el mensaje de no salir de casa no llega correctamente. Ellos continúan visitándose diariamente entre vecinos y familiares donde comparten la bombilla del mate o el vaso”, dice. “Recién ahora la gente está entendiendo que no puede hacer eso”, agrega.

El tránsito entre la ciudad y el campo es un riesgo para la comunidades mapuches frente al COVID-19. Foto: Alianza Territorial Mapuche.
El trabajador social especializado en salud pública asegura que la imposibilidad de viajar a Temuco ha comenzado a generar cierto desabastecimiento en las comunidades, sin embargo, agrega que los comunitarios se han organizado a través de whatsapp para ofrecerse entre ellos los productos que cultivan y producen en sus territorios y así evitar viajar a la ciudad. El problema, dice Cuyul, “es que el dinero en efectivo para hacer esas compras se va a acabar”.

Continúa el turismo en comunidades atacameñas

Ana Ramos, presidenta de la comunidad atacameña de Solor y vicepresidenta de la comisión de turismo del Consejo de Pueblos Atacameños, asegura que “están llegando algunos turistas al territorio”. Ello, a pesar de que los 23 sitios que conforman la oferta turística de San Pedro de Atacama y que son administrados por las comunidades indígenas atacameñas se encuentran cerrados desde el 18 de marzo. Según Ramos, “existen hospedajes que están actuando clandestinamente” y que reciben a “turistas nacionales y extranjeros que están rezagados en el país”.

Eduardo Yanjarí, presidente de la cámara de comercio y turismo de San Pedro de Atacama, señaló a Mongabay Latam que “estas personas que tienen clandestinos también tienen minibuses y los están llevando a diferentes lugares. Obviamente a los sitios que están cerrados, que tienen barreras, no pueden acceder, pero aquí en San Pedro hay muchos lugares que tienen vistas hermosas”, dice.


Turistas continúan llegando a los poblados de San Pedro de Atacama. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
Por otro lado, el Consejo de Pueblos Atacameños ha solicitado que se detengan las faenas mineras que continúan operando en la zona. “Pedimos que se suspendan las actividades mineras porque en ellas se aglomera mucha gente y vienen personas de otros lados”, dice Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños.

Al respecto, la empresa minera Albermale señaló a Mongabay Latam que “trasladó a todo el personal propio y contratista fuera de la localidad [de Peine, el poblado más cercano a las faenas de la empresa]». Además, la compañía señaló que se estableció la prohibición absoluta de circular fuera de las instalaciones del campamento, que se realiza un control diario de temperatura a los trabajadores, así como la limpieza de buses, espacios comunes y del campamento después de cada turno. A esto hay que sumarle que se realizan encuestas de manera permanente para mantener la trazabilidad en los desplazamientos.

La empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), por su parte, la principal empresa explotadora de las reservas de litio en Chile, señaló que “se disminuyó la presencia de trabajadores privilegiando aquellos que son de cada región, así como también se instruyó a todos los contratistas a retirarse de los pueblos” y que “mientras se mantenga la contingencia actual, se ha establecido el traslado directo de buses con personal de las comunidades vecinas desde su embarco en plantas hacia sus pueblos de destino y viceversa”.


El Consejo de Pueblos Atacameños ha solicitado que se detengan las faenas mineras que continúan operando en la zona. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
Si bien Cubillos reconoce que las mineras han tomado la medida de sacar a todos sus trabajadores de los pueblos, el líder indígena precisa que “hay gente nuestra trabajando dentro de las faenas”. Esas personas, al volver a sus casas, podrían poner en riesgo la salud de los habitantes de las comunidades al haber estado en contacto con personas que vienen de otros lugares, precisa Cubillos.

Debido a estas dos preocupaciones, turismo y minería, ciertas comunidades han decidido cerrar su acceso. Tal es el caso de Peine, el pueblo más cercano a las plantas extractoras de litio en el Salar de Atacama y que, desde el 30 de marzo, no permite la entrada de nadie ajeno al lugar. “Entendemos que somos una comunidad de alto riesgo por la cantidad de trabajadores que circulan y por la cantidad de visitas que se reciben, sobre todo el fin de semana”, señalaron en un comunicado los habitantes de Peine quienes, para hacer efectiva la medida, han organizado turnos para el control de las barreras.


Ciertas comunidades han decidido cerrar su acceso. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
El alcalde San Pedro de Atacama, Aliro Catur, solicitó a la Gobernación de Antofagasta “implementar el aislamiento de la comuna de San Pedro de Atacama para prevenir drásticamente el contagio y propagación del coronavirus”. Sin embargo, según Sergio Cubillos, “lamentablemente no hemos sido escuchados por las autoridades a pesar de que en nuestra comuna la infraestructura hospitalaria es muy deficiente y la mayor parte de la población indígena es adulto mayor. No tenemos insumos ni tampoco infraestructura física para poder albergar personas que estén contagiadas o poder reaccionar en caso de que algunas persona esté grave”, concluye.
https://www.business-humanrights.org/es/chile-pueblos-ind%C3%ADgenas-denuncian-contagiados-y-muertes-por-covid-19-relacionados-con-la-miner%C3%ADa-y-turismo-en-sus-territorios

Latinoamerica

La salud en manos mineras: La minería en America Latina en tiempos del Covid-19

Muqui Informa, Noticias
César Padilla / Observatorio de Conflictos Mineros en America Latina (OCMAL
Abril 2020

Sin duda, la nueva situación que han tenido que enfrentar un sinnúmero de actividades económicas en los últimos meses han puesto de manifiesto una enorme falta de preparación para coordinar las acciones necesarias tendientes a proteger a la población de un invitado de piedra, la COVID 19.

La gran minería siempre se ha jactado del número de empleos que proporciona y con ello ha intentado legitimar una actividad tan lucrativa como destructiva.

Mas allá del hecho que la gran minería emplea relativamente poca gente comparada con otras actividades económicas, lo cierto es que esa masa de trabajadores mineros se mueve como rebaño desde las faenas a sus lugares de vivienda y viceversa.

También es cierto que esos desplazamientos generalmente desde y hacia lugares alejados, se realiza en masa, es decir cientos de trabajadores, en su mayoría hombres, se trasladan en buses hasta las ciudades mas cercanas y también muchas veces en avión a sus lugares de origen.

El empleo local es poco y lo que vemos es la instalación de tercerizados que ocupan los pueblos y localidades cercanas para desde allí, prestar servicios a la gran compañía minera. Son trabajadores mineros, pero ciertamente de segunda o tercera categoría pues no dependen de la planilla de sueldos de la empresa minera sino de intermediarios contratistas que son quienes tienen los contratos con la gran minera.

Estos dos grupos de trabajadores tienen ciertas características: trabajan en el entorno de las faenas mineras y tienen un contacto intensivo, tanto en los campamentos como en los medios de desplazamiento hacia la faena, en los comedores de los casinos, en los espacios abiertos y cerrados donde tienen que realizar las labores mineras.

También es imprescindible mencionar que la cadena extractiva de la minería requiere protocolos que no son de fácil alteración. La cadena extractiva es muy estricta en sus prodecimientos y muchos de ellos no pueden alterarse sin riesgo de que algo colapse en medio de tantas actuaciones humanas.

Cabe por otro lado señalar la sorpresa que han experimentado las poblaciones cercanas a las grandes faenas mineras al ver que los decretos de cuarentena y confinamiento afectaron a casi todas las actividades económicas excepto las mineras.

Ha sucedido en varios países de la región, bajo la presión de los gremios mineros con apoyo de los Estados, con el objetivo de sostener la actividad minera a modo de discriminación positiva para el bien del país.

Si bien es cierto, los precios de los minerales, exceptuando el oro, han descendido producto de la menor actividad que ha generado la emergencia sanitaria mundial, también es cierto que los stocks deberían soportar una menor producción, compensada con un menor consumo.

Pero la lógica minera ha funcionado siempre al revés: a menor precio de los minerales, mayor producción para compensar las pérdidas por precio. La OPEP, que intenta de manera articulada regular los precios del petróleo, hace exactamente lo contrario: reduce la producción para impulsar los precios.

Sólo se piensa en suspender actividades mineras cuando los costos de producción son mayores al precio de venta.

Esta parece ser la situación minera actual en la región. Las preocupaciones se dirigen a la productividad y comercialización en primer lugar y luego las otras prioridades, entre ellas la salud.

“Esta semana tomamos la decisión de contratar vuelos chárter y buses especiales para el traslado de nuestros trabajadores desde sus ciudades de origen, hasta llegar a las faenas. Con este transporte ida y vuelta, aseguramos que las medidas sanitarias se mantengan durante el trayecto completo”

Lo anterior suena al menos extraño. Con ciudades con cercos sanitarios que controlan a quienes ingresan y salen, con municipios con cuarentena total o parcial, con vuelos prácticamente suspendidos en su totalidad por la misma situación, la minería contrata vuelos chárter para distribuir a los trabajadores desde y hacia la mina.

Conociendo el comportamiento de la COVID 19 que entre sus características más particulares y al mismo tiempo más riesgosas tiene aquella que hace que el período de incubación sea de hasta 14 días, las mineras ponen énfasis en los desplazamientos de los trabajadores invirtiendo en buses y vuelos especiales para repartirles sin reparar en las probabilidades de contagio, tanto en las faenas como en los lugares de vivienda de los trabajadores.

Hemos visto también con asombro, cómo las empresas mineras en este caso se hacen cargo de decisiones que deben estar exclusivamente en manos de la autoridad y mejor aún, con apoyo de la población.

Es que la minería no sólo goza en la mayoría de los países de la región de un estatus especial, sino que tiene el poder de permear la autoridad e incidir en sus decisiones, desde criterios económicos, por sobre la salud, como ya mencionamos. (https://www.ocmal.org/ejecutivo-anade-la-mineria-en-actividades-permitidas-en-la-cuarentena-tras-reparos-de-la-confiep/)

Actividad de “utilidad pública” y con eso, lo que venga será tratado con la misma deferencia. Mientras tanto sabemos que lo que algún día pudo haber sido considerado de “utilidad pública” ya ha dejado de ser hace tiempo.

Si observamos el aporte fiscal que realiza la minería en América Latina vemos que no sólo es muy restringido, sino que en muchos casos los Estados terminan subsidiando la actividad minera. (https://www.ocmal.org/subsidiando-a-las-empresas-mineras/)

Las medidas drásticas se toman cuando la sangre ha llegado al río como ha sido el caso de Panamá que a fuerza de comprobar contagios ha tenido que clausurar una actividad minera considerada importante y estratégica para alimentar el extractivismo. (https://www.business-humanrights.org/es/ordenan-suspender-proyecto-minero-panam%C3%A1-0)

Finalmente, vemos que la delicada situación de crisis sanitaria que viven los países de América Latina es muy bien aprovechada por el empresariado minero. Reparten elementos de protección a la población y donan equipamiento médico. Una forma de quedar bien en tiempos de crisis y de paso blanquear la imagen deteriorada que tiene el sector por las consecuencias ambientales y sociales por las afectaciones a las comunidades, las destrucciones de fuentes de agua, la contaminación con metales pesados y tantos otros ejemplos de desprecio por la vida y seguridad ecológica del planeta.

Por cierto, sus donativos no compensarán el enorme daño causado a comunidades y ecosistemas; por el contrario, agravarán su responsabilidad en el contagio en este delicado momento que viven las comunidades. Y todo ello con la aprobación de nuestros débiles Estados.
15 abril, 2020/por RED MUQUI

Chile

Tribunal acoge demanda del CDE contra Minera Escondida por daño ambiental en salar

15/04/2020
Punta Negra

Consejo de Defensa del Estado acusó que la minera, operada por BHP, ha provocado un daño “continuo, acumulativo, permanente e irreparable” al salar de Punta Negra.

El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, acogió hoy a trámite una demanda por daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Minera Escondida, de la australina BHP. Esto, “por el daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del salar de Punta Negra”.

En su demanda, el CDE señaló que el daño ambiental causado se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo del sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta a la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.

Entre los argumentos entregados por el organismo de defensa fiscal está en que se sustenta “por la conducta de la empresa al mantener una extracción permanente y continua de agua fresca subterránea proveniente del acuífero del salar para satisfacer las necesidades de sus faenas mineras entre los años 1990 a 2017”.

Se funda, además, en que “dicha extracción sostenida fue tal que el acuífero no podrá recuperarse por sí solo en un orden de 100 años, lo cual a provocado a su vez, un impacto significativo” sobre la flora, fauna y biodiversidad del sector.

Otro de los aspectos de la demanda fue que hasta el año 2017 (fecha en la cual se cesa la extracción de agua) a lo menos cinco proyectos o actividades de la empresa contemplan el uso de aguas extraídas desde campos de pozos ubicados en el salar, los que tenían Resolución de Calificación Ambiental, RCA, favorable, no obstante, “en ninguno de ellos se reconocen ni evalúan los impactos significativos sobre el componente hídrico, ni tampoco medidas de mitigación o compensación asociadas”.

Para el Consejo de Defensa del Estado, si bien la empresa históricamente hizo uso de sus derechos de aprovechamiento de aguas previamente constituidos, ello no evitó que la extracción causara un menoscabo o deterioro significativo sobre el acuífero del salar.

Según el abogado y jefe del área de Medio Ambiente de Elías Abogados, Jorge Cash, es especialmente relevante analizar los argumentos de la demanda del CDE, en lo referido a la calificación “continua” e “irreversible” del daño.

“Por un lado, está indicando que la prescripción de la acción solo podrá comenzar a computarse una vez que cesa el daño, lo que a juicio del CDE no ha ocurrido, más aún, persiste la extracción permanente de agua subterránea que ha impedido la capacidad de regeneración del acuífero. Por otra parte, será importante determinar cómo se acredita la irreversibilidad del daño generado en el acuífero, por cuanto dicha supuesto abre una discusión muy relevante en materia de indemnización de perjuicios”, indicó.
Fuente: Pulso
http://www.nuevamineria.com/revista/tribunal-acoge-demanda-del-cde-contra-minera-escondida-por-dano-ambiental-en-salar/

Mexico

Ejidatarios recuperan su tierra; piden a AMLO garantías contra minera

Después de que la Guardia Nacional abandonó el territorio donde operaba la minera Penmont de Alberto Bailléres, los ejidatarios recuperaron sus tierras pero se mantienen en la incertidumbre porque no se ha ejecutado la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario desde 2014
Tomado de: Reyna Haideé Ramírez
10/04/2020

El pasado 26 de marzo, ejidatarios de El Bajío en Caborca, Sonora, recuperaron físicamente los terrenos que eran ocupados de manera ilegal por la minera Penmont. Sin embargo, viven en la incertidumbre de que la minera vuelva a irrumpir, por lo que demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador garantías para que el Tribunal Unitario Agrario ejecute en definitiva la sentencia que es Cosa Juzgada desde 2014.

Esta semana, los ejidatarios informaron al presidente que la recuperación fue posible porque el mismo 26 de marzo se retiró la Guardia Nacional de su territorio, luego de que en la conferencia matutina él se comprometiera a revisar su denuncia.

Los ejidatarios denunciaron, en una protesta en Palacio Nacional, que la Guardia Nacional se unió a corporaciones estatales para proteger los intereses de la minera Penmont, cuyo socio mayoritario es Alberto Bailléres. Lo que impedía además restituirles sus tierras ganadas en juicio desde 2014.

Los ejidatarios entregaron a Presidencia una misiva que tiene sello de recibido el 6 de abril de este año. En ella explican que también salió de su propiedad el Ejército y la Policía Estatal.

“Sirva este escrito para hacerle saber que el jueves 26 de marzo… (sic) la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano abandonaron nuestras tierras dejando sola a la minera con la Policía Estatal, que también tuvo a bien retirarse horas más tarde”, indican en la carta sellada por Atención Ciudadana de Presidencia.

“La Guardia Nacional a semanas de existir ya se encargaba de proteger los intereses de la minera, confiamos y creemos también que dicha corrupción en la Guardia Nacional y Ejército Mexicano sólo se haya dado en los mandos más bajos y no venga desde arriba como en anteriores administraciones donde se le protegía desde el Ejecutivo Federal”, señalan en la carta.

El 26 de marzo, Pie de Página cuestionó al presidente López Obrador en su conferencia matutina respecto a la protección que las corporaciones brindaban a la minera. Días antes, el 22 de marzo, se publicó en este medio el conflicto de los ejidatarios de El Bajío.

En la carta acusan también que Bailléres ha movido sus influencias para detener la ejecución de las sentencias ante el Tribunal Unitario Agrario.

“Con influyentismo ha logrado lo que su extenso equipo de abogados no pudo. Ha logrado evadir la justicia deteniendo la ejecución de las sentencias”, exponen.

“Después de más de seis años de tener 67 sentencias firmes contra la minera Penmont S de RL de CV, de Alberto Bailleres González, no han sido ejecutadas las mencionadas sentencias por el Tribunal Unitario Agrario 28 con sede en Hermosillo. Pues los siete magistrados que han pasado por dicho Tribunal de 2015 a la fecha se han negado a ejecutar las sentencias.

“Nos oponemos a que la minera regrese pues vivíamos mucho mejor antes de que esta llegara y sólo pedimos interceda para que la Magistrada Janette Castro Lara, del Tribunal Unitario Agrario del distrito 28, en Hermosillo ejecute las 67 sentencias que se dictaron a favor y que causaron Estado desde el 28 de noviembre del 2014”, precisan.

Piden audiencia con el presidente

Los Tribunales Agrarios del país son de carácter administrativo, dependen del Ejecutivo, no del Poder Judicial. Por ello en la carta solicitan una audiencia. Mencionan la entrega de una copia de una de las 67 sentencias que son Cosa Juzgada y solicitan la intervención de López Obrador para que en forma definitiva les restituyan sus tierras.

“Anexamos a la presente, una copia simple del expediente 495/2013, una de las 67 sentencias de las que hablamos”, precisan.

Indican también la entrega de otras dos cartas dirigidas al presidente. Una es del 20 de marzo en la primera manifestación que realizaron en Palacio Nacional; otra del 28 de marzo, cuando López Obrador visitó San Luis Río Colorado, Sonora; y otra más entregada a la 45 Zona del Ejército con sede en Sonora, para solicitar que retiraran el apoyo a la minera.

Los ejidatarios rechazan que su intención sea explotar la región como mineros. Desde agosto de 1971, usan esa tierra para sembrar mezquite para el ganado.

Caborca es una zona agrícola y ganadera. Pero desde que llegó Penmont se explota la minería a cielo abierto.

“Deseamos dedicarnos a actividades agrícolas y ganaderas. Son tierras en condiciones aptas para esto, como lo eran antes de la ocupación ilícita que mantuvo la minera.

Minera rechaza acusaciones

El mismo lunes 6 de abril, la minera Penmont aseguró en un comunicado que desde el 2013 regresó los terrenos ejidales. Acusó que un grupo de personas pretende engañar a las autoridades estatales y federales. Se hacen pasar por ejidatarios y les intentan despojar de un predio denominado El Bajío que, aseguran, es de su propiedad.

“Minera Penmont reitera que siempre ha actuado legalmente y reitera su total disposición a colaborar con las autoridades competentes”, indican en el texto.

Intervención de Rafael Pavlovich

El 13 de julio del 2013, policías federales restituyeron las tierras ejidales a El Bajío, pero según acusan los ejidatarios, la empresa regresó a explotar una parte del predio en el 2015, a través de Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

La minera consiguió un título de propiedad, fechado en junio de 2017 y firmado por la entonces titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga. Con este documento regresó a explotar 571 hectáreas del ejido, en 2018..

Esta nueva incursión de la minera derivó en un nuevo juicio agrario, el 297/2019. Tres ejidatarios lo interpusieron el 8 de julio del 2019. Reclaman en particular esas 571 hectáreas. En este nuevo juicio la minera solicitó un amparo para continuar la explotación del lugar, pero le fue negado. Eso le impide legalmente ingresar al predio, hasta que se resuelva en definitiva esta demanda. Aunque nunca hizo caso y siguió extrayendo el oro del lugar, según denuncian los ejidatarios.

El ejido no presentó demanda, según explican, porque consideran que dicho título o es falso o se obtuvo de manera ilícita. Argumentan que el predio ya tiene como dueño al ejido y, sobre todo, está dentro de las 20 mil hectáreas que en el 2014 el Tribunal Unitario Agrario ordenó que se les restituyeran. También condenó a la minera a remediar el daño ambiental y devolver el oro que extrajo del lugar durante el juicio.

Por los hechos del 26 de marzo, la minera Penmont acusa a ejidatarios de diversos actos delincuenciales, por lo que interpuso demandas correspondientes.

“Estas incursiones criminales y violentas en terrenos de propiedad privada representan una situación insostenible para la mina que emplea 4,500 personas en la región, suma inversiones por cientos de millones de dólares y es una empresa altamente comprometida con el desarrollo sustentable, acreditada por instancias internacionales al respecto”, señala el comunicado.

En el escrito también demanda la actuación de las autoridades estatales y federales.

“Se espera su pronta intervención para brindar las garantías de seguridad necesarias para mantener la operación del complejo minero que localmente es uno de los más importantes polos de empleo de la región”.

Para los ejidatarios los presuntos “delincuentes” son los dueños de la mina. Ya que a pesar de que existe una sentencia como Cosa Juzgada, insisten en explotar ilegalmente el predio. Y mueven sus influencias para que las autoridades agrarias no ejecuten la sentencia. Esto último también se da a conocer al presidente en las cartas que le han enviado.

“La mina se amparó cuando le ordenaron no entrar y se lo negaron y aún así se mantenía explotando: ¿quiénes son los delincuentes?”, cuestiona el presidente ejidal Jesús Thomas.

Guardia Nacional rechaza proteger mina de Bailléres

El gobierno federal entregó a Pie de Página una nota informativa de la Guardia Nacional. La corporación rechaza mantener presencia en la mina Dipolo, que es el predio en disputa entre la minera Penmont y los ejidatarios de El Bajío.

Añaden que su presencia en el lugar ocurrió sólo en dos ocasiones.Obedeció, señalan, a reportes de dos hechos violentos en esa región, uno ocurrido el 1 de marzo y otro el 26 de marzo. En este último refieren que el enfrentamiento se dio entre ejidatarios y guardias de la minera Penmont.

“Se informa que la Guardia Nacional NO mantiene presencia en la mina DIPOLO, acudiendo en ambas ocasiones solamente para atender reportes del C5i respecto a los hechos mencionados (sic)”, indica la corporación.

“En ambas ocasiones, la Guardia Nacional fue alertada sobre la presencia de personas armadas en las cercanías de dicho Ejido, por lo que se atendió esta información y se realizaron patrullajes hacia el área donde se encuentra el multicitado Ejido, permaneciendo en el mismo solo el tiempo necesario para verificar la información respecto a la presencia de personas armadas, continuando con su patrullaje y posterior retorno a Caborca”, añade.

En el documento de la Guardia Nacional también se destaca que:

“La Base de Operaciones de la Guardia Nacional más cercana al Ejido El Bajío se encuentra en Caborca, Son. (90 Kms. de distancia del Ejido) (sic)”.

En su comunicado la minera también intenta desacreditar el trabajo de esta reportera con acusaciones falsas.

Ejidatarios recuperan su tierra; piden a AMLO garantías contra minera


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Perú

Mina peruana Antamina anuncia “parada estratégica” por Covid-19


Conflicto Relacionado: Antamina-Juprog-Huari


14/04/2020
Foto: Antamina

Antamina, minera de cobre y zinc, controlada por BHP Billiton y Glencore, realizará una “parada estratégica” durante dos semanas para tomar medidas de seguridad y adaptar sus operaciones para cuando termine una cuarentena ocasionada por el nuevo coronavirus en Perú.

La minera viene realizando labores esenciales en áreas de producción y mantenimiento desde que Perú decretó en marzo un estado de emergencia, que se extendió recientemente hasta el 26 de abril.

Los accionistas de Antamina, una de las mayores cupríferas en Perú, son BHP Billiton con 33,75%, Glencore 33,75%, Teck con 22,5% y Mitsubishi con 10%.

“Se trata de una detención temporal de operaciones con la que buscamos adaptar nuestras operaciones y servicios a esa nueva etapa a la que ingresará el Perú cuando haya terminado el Estado de Emergencia Nacional“, dijo Antamina en un comunicado.

La compañía detalló que durante ese periodo realizarán exámenes médicos a todos sus trabajadores y que “nadie saldrá o ingresará” de sus campamentos sin haber sido evaluados.

“No solo estamos buscando brindar un retorno seguro a nuestros trabajadores; también deseamos ofrecer tranquilidad y confianza a las comunidades vecinas”, refirió en su comunicado.

Antamina informó en marzo que uno de sus trabajadores, que había tenido interacción con otros dos empleados, había sido diagnosticado con coronavirus y que estaba evolucionando de forma favorable. Dirigentes sindicales de la compañía han denunciado sin embargo que los casos de infectados serían más.

La minería es clave para la economía local pues sus ventas representan el 60% de todas las exportaciones de Perú.

Fuente: Infobae

Mina peruana Antamina anuncia “parada estratégica” por Covid-19