Perú

MINERÍA Y CORONAVIRUS*

Imagen: La República

No a costa de las vidas

Armando Mendoza, economista.

En principio, se justificaría que el sector minero siga operando, pues en la actual situación es necesario minimizar el daño a la economía y mantener funcionando, en lo posible, a sectores clave. Por supuesto, ello no puede ser a ciegas ni a costa de la seguridad de las personas. Se debe aprovechar el aislamiento en que operan muchos campamentos mineros para imponer estrictas medidas sanitarias, así como establecer una bonificación extraordinaria para los trabajadores por este periodo. Lo justo es lo justo, señores de Confiep. Además, urge reevaluar y corregir el marco tributario minero, pues sería inaceptable que en un año en que el Estado necesita más ingresos, la minería tenga un aporte negativo, tal como sucedió el 2015.

“Confiep ganó el pulseo”

José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental.

La Confiep ganó el pulseo. La minería seguirá operando en la emergencia. Si bien en un comunicado el MEM habla de operaciones críticas, lo cierto es que se incluyeron todas las operaciones mineras y sin la posibilidad para que un organismo de fiscalización haga su tarea. El Covid-19 es un problema urbano en Perú: 99% de los casos se presentaron en ciudades. Los territorios rurales no fueron tocados. La minería se ubica, sobre todo, en zonas rurales, pero sus trabajadores provienen de ciudades y por los sistemas de trabajo, tienen gran movilidad, entran y salen de campamentos, se trasladan a sus ciudades de origen. La decisión tomada representa un retroceso y aumenta el riesgo de expansión del virus.
*Entrevistas publicadas en La República el 22 de marzo de 2020

24/03/2020

Cooperaccion

Argentina

DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

21/03/2020
El 4 de marzo de 2020, la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) presentó una DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Considerando que el Sistema de Cuencas de Ríos Patagónicos es sujeto de derechos, por conocimiento ancestral y sentido natural, y debe protegerse como la unidad que es, en términos de región patagónica, que supera ampliamente el concepto de interjurisdiccionalidad. La destrucción del territorio, sus elementos naturales, su biodiversidad que nos incluye como parte a las personas, se llama genocidio, ecocidio, etnocidio.

Por: Unión de Asambleas Patagónicas (UAP)

Texto completo de la denuncia: Petición P-473-20 y Medidas Cautelares MC-185-20 (https://noalamina.org/wp-content/uploads/2020/03/Peticio%CC%81n-P-473-20-y-Medidas-Cautelares-MC-185-20-.pdf)

La Unión de Asambleas Patagónicas – UAP presentó el día 4 de marzo de 2020 una Denuncia y Solicitud de Medidas Cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, conjuntamente con Silvia de los Santos, Uapera y Mauricio Ruiz, Mapuche, Lof Comarca Chubut.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo:

el Sistema de Petición Individual
el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y
la atención a líneas temáticas prioritarias.
El caso:

El Sistema de Cuencas de ríos Patagónicos es sujeto de derechos, por conocimiento ancestral y sentido natural, y debe protegerse como la unidad que es, en términos de región patagónica, que supera ampliamente el concepto de interjurisdiccionalidad. La destrucción del territorio, sus elementos naturales, su biodiversidad que nos incluye como parte a las personas, se llama genocidio, ecocidio, etnocidio.

Hemos realizado diversas presentaciones a lo largo de más de 17 años. Ahora, hemos agotado los recursos internos judiciales, dos acciones de amparo rechazadas, una sin avanzar, para realizar esta denuncia al SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.

Por eso, solicitamos de manera cautelar:

Que el Presidente de la Nación se abstenga de enviar al Congreso un Proyecto de Ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero, que no cuenta con consulta previa al mundo indígena ni licencia social.

Que el Congreso Nacional se abstenga de tratar un Proyecto de ley de esas características, por idénticas razones.

Se suspendan todos los permisos de agua dulce vigentes a la industria minera e hidrocarburífera en todo el territorio patagónico.

Se suspenda la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos en todo el territorio patagónico.

Se suspenda la exploración y explotación de minería metalífera, nuclear, de arenas silíceas y de tierras raras en todo el territorio patagónico.

Como cuestión de fondo, entre otras cosas solicitamos:

El reconocimiento de la entidad jurídica de la Ñuque Mapu (Madre Tierra), del elemento natural Ko (agua) considerada desde lo orgánico Hermana Cultural; de los derechos de la Naturaleza, de los derechos humanos de las personas que pertenecemos al Mundo Indígena; y su protección.

Y, coetáneamente, la protección de derechos humanos al ambiente sano y al agua potable; siempre, en el estricto marco del diálogo intercultural que debe darse.

La abolición de la megaminería y la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos, y todas las actividades conexas, en todo el territorio.

La renaturalización del Sistema de Cuencas de Ríos Patagónicos, la prevención, recomposición y resarcimiento del daño ambiental colectivo producido.

La reparación integral de los daños al territorio y a las personas.

La investigación, identificación de responsables y sanción de los diversos hechos ilícitos, que a la fecha permanecen impunes.

La prohibición expresa para el Estado y todas las entidades autárquicas públicas, en especial universidades, de recibir fondos de empresas para el cumplimiento de sus fines y ejecución de sus políticas públicas sobre temas de: salud, educación, seguridad, sociales, ambientales,etc.

¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad!

Ya no hay tiempo.

Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando

la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.

Berta Cáceres, asesinada el 3 de marza de 2016.

Perú

Ejecutivo añade la minería en actividades permitidas en la cuarentena tras reparos de la Confiep

19/03/2020

El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), informó este martes que se incluyó a la minería en la relación de actividades que quedan exceptuadas durante el estado de emergencia decretado por 15 días ante el avance del coronavirus (COVID-19).

En el decreto supremo del domingo no figuraba, lo que motivó las quejas y reparos de la jefa de la Confiep, María Isabel León, quien remarcó que «no se puede pensar que los campamentos mineros van a paralizar durante 15 días»

«De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se ha incluido al subsector minero en la relación de actividades exceptuadas. La finalidad es garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con personal mínimo indispensable en resguardo de la salud, seguridad y ambiente», señaló.

Según el Minem, el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 059-2020-EF/10.01 del 17 de marzo de 2020, otorgó la conformidad a la propuesta que incluye en la relación de actividades exceptuadas previstas en el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM al subsector minero.

El dispositivo señala que durante la cuarentena se permitirá «la actividad minera y otras actividades conexas, que incluye explotación; beneficio; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional; transporte de minerales por medios no convencionales; así como transporte y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados».

Para tal efecto, las mineras deben cumplir las siguientes disposiciones:

◉ Las compañías mineras podrán trasladar hacia la unidad minera el personal indispensable para garantizar el sostenimiento de sus operaciones críticas y el restablecimiento de las mismas, a niveles normales pasada la emergencia. Cada empresa definirá el personal (propio y de contratistas) mínimo indispensable que garantice el sostenimiento de las operaciones críticas.

◉ La empresa debe adecuar y actualizar el Plan de Preparación y Respuestas para Emergencias de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 037-2017-EM.

◉ Cada compañía debe aprobar e implementar los lineamientos de monitoreo y seguridad durante el periodo de aislamiento social obligatorio en las Unidades Mineras que garantice la protección de la salud durante el estado de emergencia.

◉ Las empresas deben cumplir con el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud para prevenir, contener y mitigar el contagio del Covid-19, en el marco de las acciones de control sanitario.

Por último, señala el dispositivo, de conformidad con lo previsto en el numeral 8.3 del artículo 8 y numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional, las mineras quedan facultados para continuar con el transporte de concentrados de minerales, metal refinado, cátodos, doré y otros, carga y mercancías y actividades conexas para asegurar las operaciones y el ciclo logístico.

https://redaccion.lamula.pe/2020/03/17/ejecutivo-anade-la-mineria-en-actividades-permitidas-en-la-cuarentena-tras-reparos-de-la-confiep/redaccionmulera/

Bolivia

EN LA CAMPAÑA «LAS MUJERES SOMOS AGUA»

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL COVID-19
[observatorioextractivas]

En medio de tanta incertidumbre, hemos reencontrado el valor de los vínculos, el cuidado colectivo y la solidaridad. Hoy ante la crisis provocada por el coronavirus (COVID19), se evidencia la urgente necesidad de que todos y todas podamos gozar del derecho humano al agua. Según datos de la UNICEF, el 40% de la población mundial – alrededor de tres mil millones de personas – no tienen instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares. Así, esta medida tan básica para evitar la propagación del coronavirus es inaccesible para una gran cantidad de personas en Latinoamérica y a nivel global, especialmente para quienes ya viven en situación de vulnerabilidad.

En el actual contexto, no podemos dejar de remarcar que esta pandemia afecta de forma diferenciada a las mujeres, que son las principales responsables de gestionar alimentos, agua y cuidados para sus familias y comunidades, garantizando, con ello la seguridad alimentaria y la subsistencia misma de las poblaciones locales. Esta pausa en el ritmo habitual, expone la interdependencia de las ciudades con la ruralidad, evidenciando la necesidad de fortalecer la agroecología, el cuidado de los ríos, bosques y la protección general del territorio frente a todo tipo de explotación.

Cuidarnos, cuidar a otras personas y a nuestro entorno desde la solidaridad, la no discriminación y el respeto a la convivencia y la defensa de nuestros derechos, es precisamente una de las lecciones que nos han enseñado las defensoras del agua y que hoy, frente a esta emergencia global cobra más vigencia que nunca.

Desde hace muchos años, las defensoras ambientales han alertado al mundo entero sobre la urgencia de generar mecanismos para garantizar el acceso al agua limpia, sana y segura para mantener la salud y vida de todas las personas. Las mujeres son quienes se han organizado, promoviendo acciones e iniciativas para la defensa, conservación y gestión sostenible del agua; su capacidad de organización y respuesta es un ejemplo que hoy más que nunca queremos destacar con la campaña

#LasMujeresSomosAgua.

Las defensoras ambientales con sus luchas, promueven un mundo más justo y equitativo para todas las personas. Urge pensarnos en común-unidad, solidarizarnos con estas demandas y apoyar difundiendo estas causas, que también son nuestras.

Chile

Sindicatos de Chuquicamata presionan para detener faenas y evitar contagios de COVID-19

En el marco de dicha solicitud que reúne a trabajadores y supervisores, el Sindicato Minero presentó un recurso de protección, cuya solicitud de no innovar fue desestimada. Codelco, en tanto, asegura que implementó medidas más estrictas.

20/03/2020
Enviar por emailImprimirSuscribirse a newsletterNotas al editor
(El Mercurio de Calama) Los seis candidatos de trabajadores y supervisores de Chuquicamata solicitaron a Codelco, mediante una declaración conjunta, adoptar medidas que vayan en línea con el estado de excepción constitucional decretado el miércoles por el Gobierno para frenar el avance del COVID-19 , cerrando temporalmente las faenas y centros de trabajo de la cuprífera.

Esto, argumentaron los distintos directorios, pues “la alta concentración de personas en los casinos y en los traslados del personal en buses generan las condiciones adecuadas para la propagación del virus”, apegándose además a lo establecido en el artículo 184 del código del trabajo, que establece los procedimientos en caso de “un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores”.

[Puede seguir leyendo esta noticia aquí https://www.mercuriocalama.cl/impresa/2020/03/20/full/cuerpo-principal/6/]

Perú

¿CÓMO ME LAVO LAS MANOS SIN AGUA?

Luis Gárate
Cooperacción.org.pe
Imagen: Perú21 19/03/2020
En estos días, en los que atravesamos una de las crisis sanitarias más complejas de los últimos años y que nos encontramos bajo rígidas medidas de emergencia en todo el país, surge el tema de la importancia del agua como una de las principales vías para prevenir el contagio del Covid 19.

Según la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, el lavado de manos con agua y jabón es una de las formas más seguras para prevenir el contagio de diversas enfermedades, incluyendo el nuevo coronavirus. Pero como resulta obvio se requiere acceso permanente al agua potable para que las recomendaciones puedan ser implementadas adecuadamente.

Por lo tanto, se pone en el tapete la importancia de que el Estado garantice y salvaguarde las fuentes de agua que abastecen a las ciudades y poblaciones en general. Se sabe que sólo en la ciudad de Lima, medio millon de personas no tiene acceso a agua potable, cifra que a nivel nacional se eleva a cerca de 5 millones de personas. Estas cifras muestran la alarmante situación en la que viven de manera cotidiana millones de compatriotas y que se agrava aún más en una situación de emergencia.

En esa línea, es preciso recordar que una de las principales amenazas al abastecimiento de agua potable para la ciudad de Lima y el Callao –agua que proviene de tres cuencas: Rímac, Chillón y Lurín- es el tema de la contaminación ocasionada por las industrias y las poblaciones ribereñas y el riesgo que representan depósitos de relaves como el de Tamboraque y la construcción del proyecto minero Ariana. Este proyecto minero pretende construirse en medio de todo el sistema hídrico de Marcapomacocha, que es nuestra principal infraestructura para el abastecimiento de agua para la población de Lima y Callao.

Precisamente, sobre el caso del proyecto minero Ariana un colectivo ciudadano y la campaña denominada “Día Cero Perú”, ha presentado una demanda de amparo ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, que lo que busca es detener la construcción del proyecto minero. Se argumenta que Ariana representa un riesgo inminente en la medida que se ubica en medio de varias lagunas y reservorios y, sobre todo, su cancha de relaves está muy cerca del Túnel Trasandino que trasvasa las aguas de la cuenca del Mantaro a la del río Rímac.

Como lo vimos en la crisis que atravesamos como consecuencia del Fenómeno del Niño Costero del año 2017 y lo estamos comprobando nuevamente con la llegada del Covid 19, los equilibrios son sumamente precarios, las carencias son enormes y se necesita actuar con mucha responsabilidad para cubrir las enormes brechas de acceso al agua y al saneamiento. Precisamente frente a la emergencia, se necesita que todos nosotros y sobre todo nuestras autoridades actúen con responsabilidad y previsión. No hay que poner en riesgo nuestras fuentes de agua; es más, la tarea es potenciarlas para afrontar en mejores condiciones situaciones de crisis como la que estamos viviendo.
Cooperacción.org.pe

Ecuador

ANTE LA CRISIS Y LA PANDEMIA:

… Frente a iniciativas mezquinas e insolidarias, proponemos un diálogo democrático que acoja las iniciativas populares

Alberto Acosta
18/03/2020

Pandemia y crisis económica
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha colocado a la humanidad ante la angustia de una posible muerte generalizada. Ataca a todos sin diferencias: han caído contaminados gobernantes, artistas, deportistas, sacerdotes, gente común, jóvenes, viejos, hombres, mujeres. Pero, sobre todo, amenaza a los más pobres, a quienes no tienen condiciones para protegerse ni aislarse.

La actual crisis mundial no es el resultado de la pandemia; venía gestándose desde antes, como consecuencia del capitalismo depredador y salvaje que nos han impuesto los poderes globales.

Desde las autoridades se privilegian las medidas de control y disciplinamiento, la estrategia del miedo. La primera preocupación del poder mundial es la salud del mercado, no la vida de los seres humanos. Nunca hablan de las otras pandemias: la especulación criminal del capital global, el extractivismo, la sobreexplotación de los trabajadores, el hambre, un modelo productivo que exacerba la contaminación ambiental. Nunca dicen que la crisis sanitaria que vive el planeta se debe al desmantelamiento de los sistemas públicos de salud y al debilitamiento del tejido comunitario y de las organizaciones que pueden responder a la emergencia desde las bases de la sociedad.

La primera reacción del gobierno ecuatoriano, hace un par de semanas, fue la aplicación oportunista de un mini paquete de medidas fiscalistas, atacando a los trabajadores públicos y a las clases medias a fin de obtener liquidez inmediata y hacer buena letra frente al Fondo Monetario Internacional. Completó el esquema con medidas policiales, ignorando, por ejemplo, el llamado de la CONAIE a coordinar acciones en zonas y territorios vulnerables y desprotegidos. El gobierno no cree -más bien le teme, como evidenció durante el paro de octubre- en la capacidad organizada de la sociedad.

Décadas de políticas populistas en el campo de la salud evidencian el colapso de un sistema que se basa en la curación y en la oferta de servicios, mas no en la prevención y promoción de la salud. Esto se potenciaría mucho más si se recuperaran los saberes ancestrales y se respetaran los territorios de los pueblos y comunidades que los desarrollan. La reducción del presupuesto, el despido masivo de personal médico, el despilfarro y la corrupción en los hospitales públicos confirman que los gobiernos han priorizado un modelo empresarial para favorecer a grandes grupos privados y transnacionales de la salud. Ante la pandemia, hasta voceros neoliberales, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se han visto obligados a reconocer que la salud no puede estar sometida al imperio del mercado.

Desde la sociedad empieza a emerger la fuerza de la solidaridad frente a la inopia del gobierno. El barrio, la familia, el ayllu se convierten en el espacio colectivo para protegerse y cuidarse, para alimentarse en conjunto y cuidar de los más vulnerables. Desde el gobierno, en cambio, hay una deuda sobre la transparencia de la información, que únicamente genera mayor angustia e incertidumbre.

En el Ecuador hay más de 60% de desempleados y subempleados que no están en condiciones de poner en práctica la mayor parte de las medidas impuestas. Si el gobierno no abastece de alimentos a las familias que presenten casos, la cuarentena y la restricción a la movilidad serán un fracaso.

La decisión desde abajo surge de la fuerza y la conciencia de los sectores subalternos del país, que propician un programa para atender las propuestas alternativas que vienen desde la resistencia al extractivismo y la construcción de otros modos de vida (soberanía alimentaria, agroecología, agricultura familiar campesina, turismo comunitario, seguridad social), en armonía con la naturaleza. Vienen desde la lucha de las mujeres contra el patriarcado y por la soberanía de los cuerpos, para construir desde el cuidado un mundo compartido por todos y todas, sin las violencias que destruyen a nuestra sociedad. Vienen desde las luchas de las nuevas generaciones por un mundo libre de los ataques a la madre naturaleza y a la vida. Vienen, en este momento de resistencia a la precarización y sobreexplotación del trabajo, de la resistencia al capitalismo del desastre.

Hay que potenciar los vínculos comunitarios y la solidaridad en esta hora difícil. Debemos estar preparados para que se concrete un efectivo cambio de rumbo en todos los ámbitos. No se puede tolerar que autoritarismo, extractivismo y neoliberalismo marquen el camino para cuando hayamos controlado la pandemia.

La crisis no la deben pagar los pobres, sino los responsables de la codicia y la desposesión como modos de vida. En el Ecuador, la crisis debe recaer sobre los que más se beneficia- ron de la bonanza petrolera y de las medidas neoliberales aplicadas en los últimos años. Es inadmisible que un grupo de economistas neoliberales, que han hecho una apología permanente de la desigualdad social, hoy propongan al pueblo ecuatoriano medidas duras para salir de la crisis, beneficiando a los grandes grupos económicos.

Frente a estas iniciativas mezquinas e insolidarias, proponemos un diálogo democrático que acoja las iniciativas nacidas de la dinámica y de la necesidad concreta de los sectores populares, campesinos e indígenas del Ecuador.

Declaramos nuestro apoyo a las propuestas y caminos abiertos por el Parlamento de los Pueblos, por el movimiento indígena, las mujeres, las y los jóvenes, los sindicatos y los movimientos sociales. Llamamos a fortalecer y juntar las resistencias y a construir una democracia diferente, un Estado plurinacional sin permiso, capaz de sostener y apoyar la unidad del movimiento indígena y los movimientos sociales, y preparar propuestas para enfrentar la decadencia del capitalismo planetario.

https://montecristivive.com/ante-la-crisis-y-la-pandemia/

Chile

Colegio Médico recomienda cerrar las faenas mineras y el aeródromo

04 de noviembre de 2013. Ministro Hales. Foto: Jose Salinas

Codelco, por su parte, amplió las medidas de prevención en los buses, ingresos y comedores, y solicitó permanecer en su casa a los mayores de 60 años.

19/03/2020

(El Mercurio de Calama) El presidente del Colegio Médico Regional Calama, Sergio Silva emplazó a las autoridades a tomar medidas más drásticas para detener el avance del COVID-19 en la comuna, pues considera que el aeródromo El Loa, con el segundo mayor tráfico de pasajeros del país, y las faenas mineras donde congregan cientos de trabajadores, constituyen un riesgo importante de contagio para los loínos.

Siga leyendo esta noticia aquí https://www.mercuriocalama.cl/impresa/2020/03/19/full/cuerpo-principal/6/

Venezuela

LA MINERÍA EN LA GRAN CRISIS VENEZOLANA:

EXTRACCIONES, TERRITORIOS Y SUBJETIVIDADES

PUBLICACION: http://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/03/17/la-mineria-en-la-gran-crisis-venezolana-extracciones-territorios-y-subjetividades/
Índice

Un fantasma depredador recorre Venezuela – Francisco Javier Velasco Páez
LA DISPUTA SIMBÓLICA EN TORNO A LA MINERÍA EN VENEZUELA: Cinco falacias sobre el Arco Minero del Orinoco – Emiliano Teran Mantovani
Minería aurífera: la fiebre como síntoma de la enfermedad – María A. Oliveira Miranda
Los lodos rojos de Guayana: una bomba de tiempo socioambiental ENTREVISTA REALIZADA A GUSTAVO MONTES Por Francisco Javier Velasco
Oro, cocaína y control: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la minería ilegal del estado Amazonas – Alicia Moncada
Minería, territorio y opciones societales alternas: una mirada desde una perspectiva indígena. ENTREVISTA REALIZADA A JUAN CARLOS LA ROSA VELAZCO Por Francisco Javier Velasco
La Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco: una experiencia alternativa de resistencia antiextractivista en Venezuela – Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
El extractivismo minero al sur del río Orinoco: desafíos y resistencias de los afrovenezolanos – Karina Estraño
Minería en la Amazonía Venezolana. Organizaciones Indígenas y Aspectos legales – Luis Jesús Bello
Sobre los autores
Sobre los entrevistados
Introducción

El furor por los minerales y, en particular por el oro, hace estragos en Venezuela. Amparada y alentada por un discurso oficial que pregona el “desarrollo minero” como una panacea para salir de la descomunal crisis que estremece a nuestra nación, y aunque mayormente centrada en el sur del país, la frontera minera se extiende voraz y velozmente a otros ámbitos del territorio.

La actividad minera no es reciente en Venezuela, pero en el último lustro ha tenido una notable aceleración. En un contexto más amplio, este proceso forma parte de un saqueo acumulado de norte a sur en el continente en el que, a la búsqueda mercantil de minerales, se agregan nuevas estrategias de apropiación del suelo y los recursos presentes en los ecosistemas. Esta siniestra dinámica es causa de desastres ecológicos y constituye una forma de atentar directamente contra derechos fundamentales inherentes a la sociedad y la naturaleza. La minería a cielo abierto o subterránea, legal o ilegal, avanza impunemente, en un marco de convergencia entre intereses de una nomenklatura civil-militar que persigue perpetuarse a toda costa en el poder, grupos mafiosos e intereses de poderosas corporaciones transnacionales. La ambición de este verdadero flagelo no tiene límites y su lógica se impone a troche y moche propagando la injusticia social y ambiental. A pesar de pretensiones oficiales, empresariales y “expertas” de sustentabilidad, diversificación económica y beneficio social, la minería constituye hoy por hoy un grave y creciente problema que nos confronta como sociedad. La evidencia reciente y numerosas experiencias históricas muy bien documentadas, demuestran hasta la saciedad que los países y regiones que se especializan en la minería o hacen de ella un componente fundamental de sus políticas de “desarrollo,” no logran superar sus grandes males. Sucede todo lo contrario, quedando atrapados en una “lógica de la abundancia” que deja tras de sí desempleo, subempleo, pobreza, aculturación, devastación ambiental, violencia, enfermedades, fragmentación territorial y pérdida de soberanía.

Frente al pillaje minero, en medio de sistemáticascensuras, hostigamiento y criminalización,han surgido importantes iniciativas y procesos de resistencia y defensa de los derechos humanos y ambientales. No obstante, se necesita ampliar grandemente esta acción con una reflexión participativa más profunda y una incidencia política y colectiva más articulada y contundente, que sean capaces, con el concurso de las grandes mayorías del país, de detener y trascender el avance de esta catastrófica situación.

Reconociendo que las sociedades humanas, en su amplio espectro de diversidad y maneras de existir en el mundo, necesitan una determinada cantidad de minerales para poder satisfacer ciertas necesidades, apostamos por un orden de cosas en el que ciertas actividades mineras puedan realizarse con gran moderación y control estricto en todas sus fases, lo que a veces supone la moratoria o incluso la prohibición. Esto implica enfrentar con eficacia la vorágine extractiva minera, basados en criterios de soberanía expresada como modo y sentido del aprovechamiento sostenible de lo que nos ofrece la naturaleza, de autoafirmación, autodeterminación y justicia social.

Conscientes de que nos encontramos en una encrucijada histórica, en un marco de crisis nacional y global, que no admite postergaciones ni indiferencias ante la lucha por la preservación de la vida, desde Territorios Comunes hemos decidido dedicar este número 3 de nuestra publicación al fenómeno de la minería que se extiende peligrosamente en la Venezuela de nuestros días La secuencia de los contenidos seleccionados comienza con el abordaje que hace Francisco Javier Velasco Páez de la temática minera en términos de un marco de referencia general que incluye: aspectos relativos a la significación de la actividad minera en la historia de Venezuela; la conceptualización de la minería, su tipos, riesgos e impactos en el medio social y natural; y una problematización de la crecientemente compleja y aguda realidad de la minería en la Venezuela de hoy. Concluye el autor esta sección con una breve reflexión sobre la necesidad de superar la situación presente en nuestro país, configurada en torno al vórtice de la minería.

Continúa en la sucesión de contenidos Emiliano Terán Mantovani, quien desarrolla una argumentación con el fin de desmontar lo que él mismo denomina “Cinco falacias sobre el Arco Minero del Orinoco”, las cuales, en su opinión forman parte de un conjunto más amplio de operaciones de manipulación, deformación y engaño, con gran resonancia simbólica, que tienen por objeto legitimar los planes y proyectos megamineros en el sur del país. De esta manera, Terán se propone tributar al debate suscitado por el conjunto de personalidades, movimientos y agrupaciones que han expresado su firme rechazo al megaproyecto “Zona de Desarrollo Especial Arco Minero del Orinoco” impulsado por el gobierno nacional. Sigue en la cadena de artículos el texto elaborado por Tina Oliveira, en el cual, partiendo de una caracterización del contexto nacional del presente, acomete el análisis de la situación planteada con la expansión de la minería del oro y, en menor medida de otros minerales, en la Amazonía venezolana. En este sentido, destaca Oliveira la conexión de esta dinámica con la caótica realidad que se ha conformado en otras regiones de la región amazónica continental y pone de relieve sus dramáticas consecuencias ambientales y sociales, resaltando en este último caso sus impactos en los pueblos y comunidades indígenas.

Después, se presenta la entrevista realizada por Francisco Javier Velasco a Gustavo Montes en torno a la situación creada por los llamados “lodos rojos” en Guayana, resultantes del procesamiento de la bauxita para obtener a aluminio. Abunda el entrevistado en detalles relativos al proceso de generación de estos residuos tóxicos, sus características físico-químicas, su elevado potencial destructivo, los volúmenes y modo de almacenamiento en Venezuela y otros países, los riesgos y consecuencias de su derrame y dispersión, así como en referencias a grandes desastres socioambientales ocasionados por ellos en varias localidades y regiones del mundo. Cierra la entrevista con el llamado hecho por Gustavo Montes a emprender con urgencia una investigación científico-tecnológica interdisciplinaria que sirva de base a una acción ingenieril tendiente a conjurar la amenaza de los lodos rojos en nuestro país.

A continuación, Alicia Moncada diserta sobre la presencia de actores del conflicto armado colombiano, en combinación con organizaciones criminales, en el negocio de la minería ilegal del oro en estado Amazonas y sus vínculos con el narcotráfico. Aborda la autora dos casos de devastación minera que involucran a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), subrayando la fuerte incidencia de esta organización guerrillera en cambios socio-culturales que han afectado a pueblos indígenas asentados ancestralmente en territorios actualmente en disputa por diversos grupos armados. Este escrito concluye con un llamado a la creación de políticas y estrategias, centradas en el respeto a los derechos humanos y ambientales, para hacer frente a la acción de grupos irregulares. Igualmente, plantea la necesidad de lograr el apoyo a los procesos de resistencia indígena y campesina por parte de la sociedad civil.

En sexto lugar este número de la revista contiene una entrevista, también hecha por Francisco Javier Velasco, a Juan Carlos La Rosa, quien expone desde una perspectiva militante indígena, sus puntos de vista sobre la problemática de la minería, su relación con los fenómenos que ocurren en los territorios y las posibilidades de creación de opciones societarias alternas. Se extiende este activista en la crítica al modelo de Estado y sociedad rentistas que han dominado la escena nacional por más de un siglo, la consideración de la crisis estructural que hace eclosión en la Venezuela “bolivariana”, las incidencias en los pueblos indígenas de las políticas públicas impulsadas por el chavismo y la actividad actividad minera de los últimos años. Finalmente, La Rosa plantea la importancia de construir alternativas de sociedad no estandarizadas, conformadas desde abajo con criterio de diversidad y soberanía plural, y enraizadas en el conocimiento que deriva de la experiencia.

Le sigue a esta entrevista un artículo en el que se narra de manera sucinta la experiencia de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco (A.M.O), en tanto que fórmula alterna de resistencia anti-extractivista en Venezuela. En clave histórica, el equipo de esta organización, examina pluralmente los antecedentes y el surgimiento de la plataforma al calor del rechazo generado por el anuncio de la creación de este megaproyecto minero, analiza el contexto indígena en el que se impone el Arco Minero del Orinoco, presenta un panorama de las limitaciones que afronta la resistencia anti-extractivista y culmina con una reflexión sobre los desafíos que plantea en el futuro inmediato la lucha contra el A.M.O, enmarcada en una estrategia orientada hacia la consolidación de un escenario social post-extractivista.

Se agrega al corpus de la revista un artículo de Karina Estraño acerca de los retos y resistencias que plantea la minería presente en el sur del Orinoco a los pueblos afrodescendientes de la región de Guayana, en particular a las comunidades que hacen vida en la cuenca del río Caura. Esta autora señala una serie de factores que, a su parecer, se oponen a los planes y estrategias que buscan prestar atención a las poblaciones afrovenezolanas de Guayana. Cierra el artículo con una recomendación hecha a investigadores y activistas involucrados en la preocupación por los temas ambientales, para que tomen más en cuenta a las poblaciones afrodescendientes y, muy especialmente, a aquellas que hasta la fecha han permanecido fuera del imaginario predominante referido a la afrovenezolanidad.

Llega a su fin la sucesión de artículos con el trabajo de Luis Bello que pone de relieve la intensa y creciente penetración de la minería en territorios indígenas de la porción amazónica que se sitúa al sur del Orinoco. Aunque el autor reconoce que la minería es un fenómeno de vieja data en el estado Amazonas, destaca el surgimiento de nuevas realidades vinculadas a la expansión experimentada por la minería en la región en los últimos años. Bello hace referencia a las consecuencias, abordadas desde la visión indígena, de esta actividad minera en los planos ecológico y sociocultural. Por último, incorpora la consideración de ciertos aspectos legales vinculados a la extracción de minerales.

Con la mejor intención y en solidario espíritu de compromiso, esperamos que este material sea de utilidad para la reflexión y el debate sobre los temas planteados, así como para apuntalar las acciones de resistencia y búsqueda de alternativas que pudieran derivarse de dichas actividades.

Mexico

Persiste conflicto en minera en PC

La empresa seguirá con la construcción de presa para depositar los residuos de material minero
Foto: Marco A. Robles | El Sol de Durango
PÁNUCO DE CORONADO, Dgo. (OEM).- Reunidos en el salón ejidal de esta comunidad, un grupo de ciudadanos originarios de la población, negaron de manera rotunda que la compañía minera canadiense ubicada en la comunidad de San José de Avino, continuará con la construcción y puesta en marcha de la presa de jales, la cual sirve para depositar los residuos del trabajo realizado con el material minero.

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En esta reunión asistió el subsecretario de la Secretaría de Gobierno del Estado, José Luis López Ibáñez, el alcalde Mauricio Gándara González, personal de la empresa minera y un grupo de aproximadamente 70 personas originarias de la comunidad de Pánuco de Coronado, quienes después de escuchar la explicación técnica de la empresa minera, en la cual aseguran que no habrá devastación de la naturaleza, que no se contaminarán los mantos friáticos, así como que no habrá ningún efecto negativo en la salud de la población, pero la explicación no sirvió de nada puesto que la comunidad les pidió que buscaran otro terreno donde poner su presa de jales, más no en ese lugar que queda en la parte alta cercana a la población de Pánuco de Coronado.

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Los representantes de la mina explicación que en esa empresa se tienen 480 empleos directos, tres mil 360 indirectos y una derrama económica mensual por más de cuatro millones y medio de pesos, todo lo que se pudiera llegar a perder si por esta negatividad del pueblo se cierra el trabajo permanente de la mina, a lo que los habitantes señalaron que no les interesaba, porque ellos asegura que su salud está en riesgo y esa no tiene precio, recalcaron.

El alcalde Mauricio Gándara González, fue claro al señalar que su trabajo en esta ocasión es de ser conciliador en el problema, reconociendo que de cerrarse la mina sería un golpe fuertísimo para la economía de la región, puesto que es la segunda fuente de ingresos más importante que se tiene, siendo la primera las remesas de los paisanos, pero también reiteró su compromiso de apoyo a la ciudadanía en el cuidado de la salud, aunque las dependencias de Profepa y Semarnat aseguran que no hay ningún riesgo para la salud de los pobladores.
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