La RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Si bien respaldamos las medidas del gobierno para afrontar la inseguridad ciudadana que tanto nos afecta, nos preocupa el anuncio que al respecto ha realizado el Presidente de la República Martín Vizcarra en medios de prensa: “si las Fuerzas Armadas podrían ayudar en el cuidado de los activos críticos del Estado, quedarían libres muchos policías que están cumpliendo esa función para que cumplan el rol de seguridad ciudadana”.
2. Estas declaraciones visibilizan un tema presente desde noviembre 2017, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), y el Ministerio del Interior dictó poco después la Directiva Nacional de Orden Interno para la protección de los Activos Críticos.
3. Los activos críticos nacionales son definidos por el reglamento como aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que requieren ser utilizados para satisfacer las necesidades vitales de la Nación (salud, integridad física, seguridad, bienestar social y económico de la población, servicios públicos, etc.). El operador o administrador de un activo crítico es una entidad pública o privada. Cada sector define sus activos críticos, en función de esas necesidades vitales. Son consideradas como tales, la energía y minería y, en consecuencia, el Ministerio de Energía y Minas define activos críticos, que serían los proyectos mineros, hidrocarburíferos y de electricidad. El propósito de definirlos es gestionar su seguridad,garantizando con ello la intangibilidad o continuidad de sus operaciones,
4. Lo que quiere decir es que, por esta norma se está brindado seguridad a emprendimientos que no necesariamente tienen una finalidad pública, como ocurre con la minería, y para ello se están utilizando recursos del Estado, proporcionando seguridad a través de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La pregunta es si la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben hacerlo. Consideramos que no.
5. La finalidad principal de la Policía Nacional es garantizar, mantener y restablecer el orden interno; y el de las Fuerzas Armadas, garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Distorsionar sus funciones constitucionales para beneficiar a privados debilitan la democracia y puede tener consecuencias lamentables, principalmente en zonas de conflictos socio ambientales.
6. Nos preocupa que se agrave la situación de violación a derechos humanos con la figura de los activos críticos. No debemos olvidar las distorsiones y consecuencias que ha generado en zonas de conflictos mineros, la celebración de convenios de seguridad entre policía y empresa. Consideramos que la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios dando seguridad a empresas mineras es un riesgo ya que están preparadas para otro propósito, el defender al país de una agresión externa. Añadido a ello, nos parece que asumir los costos de la seguridad privada de las empresas con personal y fondos públicos es algo que debería revisarse, más aún cuando el país tiene déficit significativo en servicios públicos.
7. Los conflictos mineros se producen no por un rechazo sin fundamento de la actividad, sino porque las comunidades y poblaciones que habitan en territorios tratados como zonas mineras, en su mayor parte no son informados debidamente sobre los proyectos mineros, no reciben asesoramiento técnico para comprender la información y tomar una decisión; no reciben apoyo del Estado como garante de sus derechos, que más bien prioriza criminalizar sus protestas y reprimirlas, sin escuchar ni entender sus demandas y propuestas.
8. En ese sentido, es evidente la presión que algunos empresarios mineros ejercen en el gobierno para que se realice el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, pese a la oposición de la población que defiende su actividad agrícola, agroindustrial y agroexportadora, y sus modos de vida alternativos. Nos preocupa el riesgo que se cree un “escenario propicio” para aplicar una eventual “militarización”, pese al “diálogo” anunciado por el gobierno.

Invocamos al Presidente de la República a revisar su política para enfrentar los conflictos mineros, a fin de que ésta sea acorde con los derechos humanos, cumpla con las condiciones de un Estado democrático, y no ceda ante la presión del poder económico, priorizando la paz social y el bienestar de todas y todos los peruanos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/891-pronunciamiento-no-a-la-militarizacion-para-abordar-conflictos-mineros?fbclid=IwAR0fKIeuzD2nOxPH6UFCDI1N55RLULKfP8A9iNWa4zPq6Bi9JK1tQ2QFwuc

Lamentablemente, la reunión del grupo de trabajo sobre el Corredor Vial Sur Andino, que estaba programada para el 26 de junio, en el distrito de Mara, en la provincia apurimeña de Cotabambas, fue suspendida. Esta ha sido reprogramada, pues los dirigentes comunales señalaron que no se dieron las condiciones previamente pactadas.

Recordemos que este grupo de trabajo forma parte de la mesa de diálogo impulsada por el Ejecutivo, tras el último estallido social en la zona de influencia del proyecto Las Bambas. El grupo sobre el corredor vial está conformado por representantes del Ejecutivo, las autoridades provinciales y distritales, dirigentes de los frentes de defensa y comunidades campesinas de la provincia y de los distritos de Mara, Haquira, Collique, Chalhuahuacho, Progreso y  Coyllurqui.

Los dirigentes cuestionaron una citación paralela que hizo el Ministerio de Transportes para una reunión informativa con presidentes comunales de Mara (reunión que en realidad había sido suspendida). También señalaron que en el acuerdo inicial se señalaba que la Ministra de Desarrollo Social, Paola Bustamante, debía coordinar con los titulares de los ministerios para la instalación de cada una de las mesas temáticas. Sin embargo, solo estuvo presente el viceministro de Transportes, Carlos Estramadoyro y funcionarios de ese sector.

Finalmente se acordó la reprogramación de las reuniones. La mesa del corredor vial ha sido reprogramada para el 4 de julio. Las organizaciones de la zona piden que se garantice la presencia de los representantes de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, Vivienda, así como del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental.

Se espera que todos los actores involucrados desplieguen todos los esfuerzos para que las mesas puedan llegar a acuerdos satisfactorios y sobre todo que los compromisos sean cumplidos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/27/las-bambas-preocupa-la-suspension-de-mesa-de-trabajo-sobre-el-corredor-vial-del-sur/

La publicación del libro “Lavado de oro”, del criminólogo suizo y experto anticorrupción, Mark Pieth, ha puesto el foco de atención en la producción de oro ilegal en países como el Perú y la conexión con las actividades de las refinerías en Suiza.

Como se sabe, Suiza es uno de los centros mundiales de refinación de oro: como señala Pieth, “en Suiza se mueve el 70% del oro del mundo y casi la misma cantidad sale después refinado”[1]. Además, desde hace tiempo, las cifras mostraban que el principal destino de las exportaciones de oro del Perú era Suiza y todo hacía suponer que un porcentaje de ese oro producido era de origen ilegal.

Por ejemplo, durante muchos años las estadísticas oficiales del Ministerio de Energía y Minas han mostrado una diferencia entre la producción oficial de oro y las exportaciones: las exportaciones de oro superaban la producción nacional. ¿Cómo se explicaba esta diferencia? Todo indica que era por la producción de oro ilegal que al parecer, se blanqueaba en plantas procesadoras y a través de complejos y poco transparentes mecanismos de comercialización.

Algunos estudios realizados en el Perú

Víctor Torres Cuzcano remarcó en una investigación publicada por CooperAccion (2015)[2], algunos aspectos claves que deben ser considerados para entender la real dimensión de esta actividad en las últimas décadas. Por ejemplo, hasta el año 2002 el volumen de oro exportado guardaba estrecha correspondencia con el volumen producido, sin embargo, desde el año 2003, cuando precisamente se inicia el súper ciclo de precios y la cotización del oro comenzó a aumentar de manera sostenida, las estadísticas oficiales comenzaron a mostrar que el volumen de oro producido se fue distanciando del volumen exportado (ver gráfico).

Todo indica que “conforme la producción de oro se hizo más rentable, la producción ilegal e informal de este metal se volvió más intensiva. En este contexto, el exceso de volumen exportado con respecto al volumen oficial de producción registrado, constituye una buena variable proxy para estimar la amplitud de la producción de la minería ilegal…”[3].

Según los cálculos de Torres Cuzcano, de cada 100 toneladas de oro que se produjo en el Perú en el período 2003-2014, poco más de 19 toneladas provino de la minería ilegal o informal: “es más, durante 2010-2013, la producción ilegal o informal representó -en promedio- poco más de la cuarta parte de la producción total de oro de esos años” (ver gráfico) y que “el valor total de la producción ilegal o informal de oro en el Perú, registrada y no registrada, ascendió a US$15,777 millones durante 2003-2014; monto que en promedio representó US$ 1,315 millones al año”.

Estas cifras alcanzadas por la actividad mineral ilegal o informal, coinciden con las proyecciones hechas por otros estudios que señalan que entre el 2010 y 2011, las exportaciones ilegales de oro superaron a las del narcotráfico[4].

Los retos pendientes de la lucha contra la minería ilegal

La lucha contra la minería ilegal ha abierto un nuevo capítulo en este primer semestre del año: el 18 de febrero se declaró el Estado de Emergencia  en cuatro distritos de la provincia de Tambopata y un mes después se puso en marcha la denominada Operación Mercurio 2019, un mega operativo multisectorial que tiene como objetivo principal erradicar la minería ilegal y los delitos asociados a ella en la zona de La Pampa que, como se sabe, se encuentra ubicada en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.

Según declaraciones a la prensa por parte de la Ministra Fabiola Muñoz, el Ejecutivo se ha propuesto erradicar la minería ilegal en La Pampa, implementando una serie de intervenciones multisectoriales y fortaleciendo la presencia del Estado en la zona. Han señalado que, a diferencia de otros operativos, en esta ocasión han llegado para quedarse.

Habrá que observar con mayor detalle cómo seguirá avanzando la intervención en esta región del país y, sobre todo, si la determinación del Ejecutivo se mantiene y si el operativo cuenta con el respaldo y las partidas correspondientes del Ministerio de Economía y Finanzas.

Madre de Dios ocupa actualmente el sexto lugar en la producción de oro y, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, tiene una participación del 6% de la producción nacional. Sin embargo, las cifras oficiales que se manejan sobre la producción de oro en Madre de Dios, siempre hay que mirarlas con cuidado, ya que no podemos dejar de anotar que no es la primera vez que se observa que un porcentaje del oro producido en esta región no tiene identificado un destino concreto.

Por ejemplo, en los últimos años se ha notado el incremento en las exportaciones de oro de países vecinos, como Bolivia que no son importantes productores. Una hipótesis que se baraja es que parte importante del oro extraído en Madre de Dios se estaría desviando de contrabando hacia Bolivia.

Lo cierto es que las rutas del oro ilegal cambian permanentemente, precisamente para evitar controles e interdicciones y así seguir llegando a destino. A todas luces las responsabilidades son compartidas entre los países productores y los mercados de destino.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/peru-el-principal-exportador-de-oro-ilegal-a-suiza/?fbclid=IwAR3Wd0Bcoll_ggcI5qmNGfMVyeBzRS7bXWgGjUPQqyzsjQeKb4x2rxScNDg