Mexico

Mezcala, Guerrero: la maldición de una mina que no atrajo progreso, sino violencia

 “La mina se convirtió en la maldición de Mezcala”, expresó un habitante de este poblado ubicado en una de las vetas más importantes del país conocida como El cinturón de oro del río Balsas y que actualmente explotan empresas canadienses como Leagold Mining y Torex Gold, asentadas en los municipios de Eduardo Neri y Cocula, respectivamente.

En esta franja de la entidad, donde el aire quema la piel y los cerros cortados en tajo se tiñen de rojo al atardecer, actualmente operan grupos armados que mantienen una confrontación por el control de las ganancias que genera la industria minera a cielo abierto, así como la producción y trasiego de heroína de Guerrero a Estados Unidos, de acuerdo con reportes oficiales.

Los informes refieren que las autoridades estatales tienen identificado un grupo armado que opera en Mezcala, vinculado a la banda delictiva que dirige Onésimo El Necho Marquina Chapa, afincado en Tlacotepec, y quien mantiene una guerra con Issac El Señor de la I Navarrete Celis, señalado como líder del Cártel del Sur.

Esta situación ha provocado una espiral de violencia que ha dejado un número indeterminado de personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas en los municipios de la Sierra y la región Centro de la entidad, una zona que se caracteriza por la riqueza natural explotada por empresas extranjeras con el aval de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Incluso, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el alcalde morenista de Iguala, Antono Jaimes Herrera, firmaron un convenio con empresarios para exentar del pago de impuestos hasta en un 80% a empresas mineras canadienses asentadas en la entidad.

A principios de este mes, el gobierno estatal difundió públicamente la firma del convenio para el desarrollo económico, incentivos fiscales, fomento a la inversión y de transparencia municipal donde estuvo presente el presidente del Clúster Minero y representante de la minera Media Luna, Alfredo Phillips y Julián Urióstegui Carbajal, dirigente del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales del estado de Guerrero (Concaingro).

A pesar de que la industria minera genera empleos directos e indirectos, el grueso de la población que habita en la franja minera del río Balsas de la zona de Mezcala subsiste de la actividad agrícola, pecuaria y acuícola porque la falta de desarrollo profesional le impide ocupar cargos bien remunerados en las empresas mineras que explotan la riqueza de la tierra.

“La maldición de Mezcala es la mina, nosotros como campesinos no podemos trabajar y ganar buen dinero en las empresas y desde que ellos llegaron el pueblo está destruido, mire cómo está la situación”, expresó un habitante de este lugar, mientras observa cómo policías estatales desalojaban a un grupo de manifestantes que bloqueaban la carretera federal México-Acapulco.

El desarrollo minero en Mezcala atrajo a la delincuencia y “ahí están las consecuencias”, indicó el poblador.

El gobierno estatal informó ayer por la noche que detuvo a tres hombres y un menor de edad durante el desalojo de la vía federal, además de que anunció el decomiso de tres autos y dos motocicletas.

A través de un comunicado oficial, las autoridades estatales afirmaron que el bloqueo carretero fue realizado por “habitantes de diversas comunidades de la sierra”.

La protesta de los ciudadanos se realizó luego de que, un día antes, fueron detenidos dos jóvenes acusados por las autoridades estatales de participar en los asaltos contra turistas sobre la autopista del Sol.

La inversión minera

En marzo de 2016, Proceso publicó el reportaje titulado “Inversión millonaria en territorios del narco en Guerrero”, donde se informó que los proyectos de desarrollo de la industria minera y portuaria contemplados por el gobernador Héctor Astudillo Flores estaban enfocados en zonas controladas por el narcotráfico, donde la sociedad padece la extrema inseguridad y violencia, el desplazamiento masivo de personas y el colapso de la economía local.

De las cinco iniciativas incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) del gobierno estatal, destaca la construcción del puerto La Unión, obra anunciada desde 2007 por el entonces presidente panista Felipe Calderón en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, donde está la polémica termoeléctrica Plutarco Elías Calles que fue concebida como “una extensión” del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Igualmente, se planeó establecer un eje minero que abarca municipios de las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande Montaña, Centro y zona Norte, entre ellos Coyuca de Catalán, Zirándaro, Cutzamala, San Miguel Totolapan, Arcelia, Teloloapan, Buenavista de Cuéllar, La Unión, Eduardo Neri, Mochitlán y Quechultenango, indica el documento, cuya copia obtuvo Proceso.

Esta franja, donde Astudillo pretende impulsar dos de sus más importantes proyectos, es controlada por la delincuencia organizada. Ahí la confrontación entre bandas criminales ha exhibido también los nexos de políticos y autoridades de los tres niveles de gobierno y del Ejército con el narcotráfico, advirtió Proceso hace tres años.

La mina de Carrizalillo

La empresa Goldcorp comenzó en 2007 la explotación de oro y Plata en la mina de Los Filos y El Bermejal en las tierras comunales del poblado de Carrizalillo, ubicado en las inmediaciones de Mezcala, indican reportes oficiales.

Pese a que la trasnacional canadiense cuadruplicó sus ganancias, Goldcorp vendió en 2017, a su homóloga Leagold las minas de Carrizalillo en 438 millones de dólares.

A través de un comunicado, Goldcorp anunció que recibió 279 millones de dólares en efectivo y 71 millones en acciones, cifra que representa el 30 por ciento de su capital y señaló que obtendrá un reembolso de los impuestos por un monto de 88 millones de dólares.

Además, la empresa informó que, en 2015, generó 272 mil 900 onzas de oro y 194 mil onzas hasta septiembre de 2016 y en ese entonces el precio de la onza era de 854 dólares.

La mina de Carrizalillo tiene reservas estimadas de oro por 1.4 millones de onzas y 7.8 millones de onzas de plata, remata el comunicado de la empresa difundido hace dos años.

Este es el contexto de riqueza que genera la industria minera en la entidad que contrasta con la violencia y pobreza que se vive en la zona donde operan empresas extranjeras, principalmente de origen canadiense.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/mezcala-guerrero-la-maldicion-de-una-mina-que-no-atrajo-progreso-sino-violencia/

Perú

Campesinos marchan contra la minera en Huancabamba

Miles de comuneros y ronderos de la provincia de Huancabamba, Ayabaca e incluso de las jurisdicciones vecinos de San Ignacio y Jaén (Cajamarca), ratificaron el acuerdo de no permitir la inversión y explotación minera en la sierra de Piura.

Esto tras realizar una marcha de protesta en la provincia de Huancabamba donde exigieron el retiro de la compañía de dicha zona rural. Las comuneros indicaron que no otorgarán la licencia social para que opere la compañía Río Blanco. Además exigieron que se retire de la zona “donde opera clandestinamente”, desde el anexo de Quispampa.

El alcalde de Huancabamba, Ismael Huayama, pidió a la empresa minera no provocar a las comunidades,y respetar las normas del distrito luego de calificarla como criminal.

“La empresa ha presentado un recurso para que le reactivemos la licencia de funcionamiento del local que les fue clausurado, pero les digo aunque mañana me saquen de alcalde que nunca se le otorgará dicha licencia a la empresa ilegal y criminal”, enfatizó el burgomaestre.
La moradora Victoria Adriano Facundo explicó que al menos tres ciudadanos fueron golpeados por no apoyar las manifestaciones en dicha provincia.

Agregó que, incluso algunos ronderos fueron obligados a marcha, pues los habían amenazado con multarlos con 100 soles y con azotarlos con 4 latigazos.

“Muchos han ido a marchar porque estaban siendo amenazados, además las bases que no querían participar de dicha actividad debería pagar S/500 y eso se a exigido a las que son de los distrito como Canchaque, San Miguel del Faique, Huarmaca y otras que están alejadas de la provincia”, recalcó.
En la marcha también participó el congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos. Dijo que el rechazo a la minera en la sierra de Piura es legitimo por la voracidad como ingresan a las comunidades y contaminación que generan.

El parlamentario criticó que el Ejecutivo y el Congreso estén permitiendo a la empresa y esperando la oportunidad “para permitirle a Río Blanco que ingrese a Huancabamba” y calificó la protesta como una lección para el país.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/campesinos-marchan-contra-la-minera-en-huancabamba/

 

Brasil

Indígenas en Brasil denuncian expansión de la minería y agricultura en tierras de aborígenes

 Miles de indígenas brasileños instalaron este miércoles en Brasilia su tradicional “Campamento Tierra Libre”,donde se denunciaron ante el mundo su rechazo por las concesiones mineras y permisos de tala en territorios de propiedad de los pueblos ancestrales del amazonas, otorgadas por el gobierno de Jair Bolsonaro.

A pesar de la tensión política y de la presencia de decenas de patrullas y efectivos de seguridad alrededor del campamento, los manifestantes iniciaron sus actividades bailando y cantando para pedir fuerza e invocar protección.

“Nuestras tierras son sagradas. No a la minería en tierras indígenas”, proclamaba una pancarta instalada frente al edificio del Congreso. “Nuestros derechos no se negocian”, se leía en otro cartel.

“Vinimos aquí por una causa importante. Fue muy difícil para nosotros y nuestros antepasados conquistar estos derechos y poco a poco están disminuyendo. Vinimos a pedir más respeto”, dijo Camila Silveiro, de 22 años, una estudiante de secundaria de la etnia Kaingang, en el estado de Paraná (sur), refiere la agencia AFP.

Rechazan las declaraciones del gobierno de Bolsonaro en contra nuevas demarcaciones de tierras indígenas y a favor de la expansión de actividades económicas cuestionadas por los pueblos originarios y defensores del medio ambiente en la Amazonía .

“Tenemos la mayor riqueza del mundo, que es nuestra floresta, nuestro río (…). El día en que se acabe la población indígena y se derribe el último árbol, se acabará el país. Y no solo nuestro pueblo, también se acabará el mundo”, dijo por la tarde en una rueda de prensa en una tienda el cacique guaraní Dará.

Derecho indígena

Según cifras oficiales, unos 800.000 indígenas de 305 etnias viven en Brasil, un país de 209 millones de habitantes.

La Constitución brasileña determina que esos pueblos tienen el derecho al usufructo exclusivo sobre las tierras que ocupan, pero la demarcación se ve amenazada por la tala ilegal, la expansión de la ganadería y el avance de la frontera agrícola.

Poco después de su elección, Bolsonaro apuntó a la continuidad de esa política. “¿Por qué mantener a los indígenas aislados en reservas, como los animales en un zoológico?”, si “como nosotros quieren evolucionar, quieren tener médicos, dentistas, acceso a internet, viajar en avión”, declaró.

Tierra, salud y educación

El Campamento Tierra Libre, realizado anualmente desde 2004, permanecerá en la ciudad hasta mañana viernes y servirá de espacio de encuentro para los líderes de las decenas de comunidades indígenas en Brasil y para la exposición de sus demandas, centradas en el derecho a la tierra, la salud y la educación.

“Desde el 1 de enero, el gobierno atacó a los indígenas en todos sus derechos, uno de ellos la educación”, dijo a la AFP Luana Kumaruara, de 33 años, nativa de Pará (norte), que cursa una maestría en antropología.

Recordó que el primer ministro de Educación de Bolsonaro, Ricardo Vélez (destituido este mes), llegó a afirmar que la universidad no era para todos, lo cual afectaría el acceso a una educación superior de los indígenas, tradicionalmente con menos recursos.

Representantes indígenas participarán el jueves en una audiencia pública en la Cámara de Diputados y realizarán discusiones sobre mujeres y jóvenes de esos pueblos.

El viernes, realizarán rituales tradicionales y una marcha y aprobarán una “agenda de lucha“.

FUENTE: https://www.elciudadano.cl/latino-america/brasil/video-indigenas-en-brasil-denuncian-expansion-de-la-mineria-y-agricultura-en-tierras-de-aborigenes/04/25/?fbclid=IwAR0PQGBTHaLJtEMH896atOOMr8ImJ-TFODlCUkzHTmQ0yMxMbCMbzihwU0E

Perú

Aumenta tensión en Espinar: funcionarios llegarán a Tintaya

El proyecto minero Tintaya Antapaccay de la empresa minera Glencore, que opera hace varios años en la provincia de Espinar, Cusco; empieza lentamente a colocarse – otra vez- en el ojo de la tormenta.

Como es sabido, desde hace unos meses Glencore, pretende conseguir las autorizaciones para empezar a explotar su nuevo proyecto: Coroccohuayco. Este, implica minar un nuevo tajo a cielo abierto, túneles subterráneos además de caminos de acceso y otros componentes, en un nuevo territorio de este distrito del sur andino. Estas operaciones su sumarán a las operaciones más antiguas de la empresa, que también serán modificadas: el tajo Antapaccay y sus botaderos serán ampliados, el Deposito de relaves Tintaya (antes el Tajo Tintaya) deberá aumentar su capacidad, entre otros. En conjunto, la empresa minera Glencore pretende integrar todos estos cambios en un solo instrumento ambiental denominado “MEIA del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”.

Las comunidades campesinas de la zona han reaccionado manifestando su preocupación y rechazo a las pretensiones de la empresa.  Tres comunidades del área donde se instalará el nuevo tajo, han presentado una demanda para que se consulte el MEIA presentado, antes de que este sea aprobado.  Otro grupo de comunidades, entre las que se encuentran Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Huano Huano, y Cala Cala, y otras; se han organizado para exigir que la empresa realice la consulta de las modificaciones a sus operaciones en Tintaya y Antapaccay, reclaman además la reparación por los daños causados al agua y la salud durante los 30 años de minería en la zona. Ello teniendo en cuenta que el nuevo proyecto de Glencore llega en medio de una crisis de agua por escasez y por contaminación de metales pesados en las fuentes comunales y distritales; con efectos negativos comprobados en la salud de sus habitantes.

Si va haber otro tajo minero y este causará impactos a las comunidades, está continuidad y ampliación de operaciones, debe ser consultado”, señaló Flavio Huanque, presidente de la comunidad Alto Huancané parte de la movilización comunal.

Las comunidades insisten: no se oponen al proyecto, pero exigen el respeto de sus derechos y no permitirán condicionamientos. Esta vez, exigen que la consulta previa se realice por primera vez en una operación que tiene más de 30 años vigente y que se proyecta por lo menos por 20 más. Esta consulta deberá ser llevada a cabo de buena fe, esto es, antes de que se decida y apruebe el EIA,  de manera que sean las propias comunidades las que participen en la evaluación de las afectaciones a sus derechos, decidan las medidas de mitigación y puedan realmente opinar y decidir sobre el futuro de sus territorios. La Defensoría del Pueblo y diferentes instancias a nivel internacional han reconocido que realizar esta consulta recién después de aprobado el EIA – como proponen el SENACE y el MINEM- no garantiza realmente los derechos de las comunidades afectadas.

Con la presión por iniciar operaciones, la situación se va volviendo cada vez más tensa. Los dirigentes comunales han acudido a las autoridades y gestionado una reunión con el Ministerio de Energía y Minas para el día 29 de abril. Esta vez, los funcionarios del Ministerio viajarán a la zona de Tintaya, para reunirse con las comunidades e informar sobre el pedido de consulta previa del EIA formulado por las comunidades. Todo indica que estas reuniones serán claves para decidir el futuro próximo del distrito.

FUENTE: http://conflictosmineros.org.pe/2019/04/25/aumenta-tension-en-espinar/?fbclid=IwAR23VGilen7RhbjTXsU1kAItSbEnlthGMDdeZr1GpItfEUFABi25hqrOAg0

Ecuador

“Ni Kimsakocha ni Río Blanco serán burlados para que se haga minería”

 En rueda de prensa, la Federaciones Indígenas y Campesinas del Azuay -FOA, anunció su rechazo ante el anuncio del gobierno de considerar al proyecto minero Kimsakocha como parte del acuerdo del Fondo Monetario Internacional y la firma del Decreto Ejecutivo 722 para que el Ministerio de Energía emita una nueva política minera en un plazo de 30 días.

El presidente de la FOA, Lauro Sigcha, calificó como una “ofensa” al Azuay cuando más del 86% del pueblo Girón dijo no a las actividades mineras. “Si no hubiera fuentes de agua fuera factible, pero el Macizo de Cajas y Kimsakocha son fuentes de vida de los azuayos”, recalcó el dirigente.

Para el titular de la organización, estas dos acciones significan acelerar “agresivamente” los proyectos mineros, la destrucción de la vida de los pueblos indígenas y una “subordinación” del gobierno a los intereses de las empresas transnacionales y privadas.

Ante este contexto, las organizaciones defensoras del agua se unirán para no permitir el ingreso de las empresas mineras. Para lo cual se movilizarán “masivamente” el primero de mayo para propagar el mensaje de que Kimsakocha ni Río Blanco no se tocan. Otras acciones son: participar el 06 de mayo en la reunión del Cabildo por el Agua para decidir una acción de protesta, promover la consulta popular a nivel provincial con el respaldo de la Prefectura del Azuay y agotar las instancias nacionales para que se respete la voluntad popular.

La FOA fue la organización proponente de la consulta popular Kimsakocha. El jueves 25 de abril, el Consejo Nacional Electoral-CNE entregó el certificado a la organización donde reconoce el triunfo por el agua.

Fuente: https://foazuay.org/2019/04/26/ni-kimsakocha-ni-rio-blanco-seran-burlados-para-que-se-haga-mineria/?fbclid=IwAR1n96MpAswjjwuM2hP2lsOphafwXRuDPNVJVWYpKC0Po_-czxh60Gt3sHE

Colombia

Filtran video que evidencia campaña de estigmatización de Minesa contra ambientalistas

El Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán compartió ayer un video filtrado que muestra a Santiago Urdinola, presidente de la Sociedad Minera de Santander (Minesa), detallando una estrategia mediática para impulsar la solicitud de licencia ambiental que presentaron para la construcción de Soto Norte, un proyecto minero de extracción de oro que, según organizaciones ambientalistas,  afectaría nocivamente al Páramo de Santurbán.

En este video de una reunión privada de Minesa, se ve a Urdinola hablando de una estrategia de comunicaciones que tiene como prioridad tener «tranquilos» a las autoridades competentes en Bogotá, durante el proceso de la solicitud de la licencia ambiental, esto a pesar de las manifestaciones públicas de las comunidades en contra de este megaproyecto. «Si yo tengo el mundo incendiado, pero en Bogotá sienten que estamos bien, estamos bien«, sostuvo.

El presidente continúa, diciendo que la manera indicada de minimizar las voces contradictorias a la mina es desarrollar una narrativa que presenta a los manifestantes como militantes de la oposición, vinculados a los movimientos políticos del Senador Gustavo Petro, al Partido Verde, al Polo Democrático y a algunos élites de Bucaramanga, que estarían buscando a través de estas manifestaciones tumbar el Gobierno del Presidente Iván Duque. (Le puede interesar: «Páramo de Santurbán nuevamente amenazado por solicitud de Minesa«)

Mayerly López, vocera del Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán, señala que este video filtrado confirma las denuncias que los ambientalistas organizados en contra de este proyecto habían publicado por años y que es la empresa la que emprende en una campaña de estigmatización para deslegitimar a los manifestantes señalándolos como politiqueros de izquierda, por el solo hecho de que algunos contradictores son integrantes de partidos políticos.

El Comité también compartió otro video de la misma reunión en que el presidente afirma que el proyecto minero Soto Norte, al ser aprobado, estaría desplazando a 50 familias, «de sus territorios donde han vivido por 100 años porque están en la huella del proyecto».

Frente estos hechos, el Comité planea mandar una denuncia a la ANLA para que este video se tenga en consideración al tomar una decisión frente la solicitud de licencia ambiental que presenta la empresa y esperan que las autoridades competentes investiguen los procederes de la empresa. Adicionalmente, el Comité realizará una marcha el próximo 10 de mayo para presionar a las autoridades a rechazar la solicitud de Minesa.

 

Fuente:https://www.contagioradio.com/filtran-video-que-evidencia-campana-de-estigmatizacion-de-minesa-contra-ambientalistas/?fbclid=IwAR3H3Peo3eT5akPdi9gYjjWyt-VzXrPH4edo9v7T0RYzZhWCgcHwO744-qM

Perú

Piura: Más de 10 mil ronderos y campesinos dicen NO a la minería

Desde tempranas horas, miles de ronderos y campesinos de las distintas comunidades de la provincia de Huancabamba y Ayabaca de Piura, y Namballe y San Ignacio de Cajamarca, se concentraron en la ciudad de Huancabamba, realizando un mitin de cierre en la plaza principal de la ciudad, en el que hicieron uso de la palabra autoridades locales, dirigentes de las rondas campesinas y presidentes de distintas comunidades que rechazan el proyecto minero Río Blanco del consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation; y otros proyectos mineros que quieren realizarse en la región. También participó el congresista por Piura, Hernando Cevallos.

Como es de conocimiento público el 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y es necesario que todos los páramos sean declarados áreas de conservación para así proteger las fuentes de agua que representan estos ecosistemas. Asimismo, los bosques de neblina que se encuentran en estas provincias proveen de agua a las comunidades.

Palabras de los dirigentes y autoridades

En palabras del presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba, José Octavio Cunayque, el presidente Martín Vizcarra; el presidente regional de Piura, Servando García; no deben imponer el proyecto minero Río Blanco en la región. “Vamos a luchar por nuestro medio ambiente y no queremos que nos impongan un modelo extractivista que solo contamina. Alcaldes de Pacaipampa, Ayabaca, Huancabamba, Carmen de la Frontera: hay que trabajar proyectos productivos que permitan que nuestra gente tenga mejores condiciones de vida”, señaló el dirigente; enfatizando que es necesario demostrar las alternativas a la minería existentes en la región. Hizo el llamado a que se invierta no solo en piedra y cemento sino también en proyectos alternativos que permitan el desarrollo de los pueblos.

Asimismo, señaló que anteriormente se acusó de terroristas a los dirigentes, de narcotraficantes, y que ahora tienen 3 juicios por delitos que no han cometido. “Nos acusan de secuestro, de cohecho, de robo agravado. 30 dirigentes nuevamente enjuiciados. La persecución que se nos hace no la podemos permitir, por eso esta jornada de lucha nos fortalece. Solo unidos vamos a poder vencer”, finalizó.

El alcalde de la provincia de Huancabamba, Ismael Huayama Neira, ex rondero; señaló que a pesar de los 30 juicios que tuvo por parte de la empresa minería siguió adelante escuchando su pueblo y que ahora como alcalde de la provincia seguirá ratificando la voluntad popular expresada el 16 de setiembre del 2007 en qué a través de consultas populares realizadas en los distritos de la provincia Huancabamba y Ayabaca, la población votó en un 95% por el No a la realización de actividad minera en sus tierras.

Actualmente señaló que está denunciado por la empresa minera en el poder judicial por no otorgarle la licencia de funcionamiento para la oficina de la empresa en la provincia. “No daremos licencia a esta empresa criminal que nos asesinó, secuestró Y persiguió a nuestros dirigentes, dejando viudas y personas discapacitadas”, enfatizó fuertemente.

Agregó que “debemos preocuparnos por conservar, reforestar las cuencas donde están los colchones acuíferos; ahí están las nacientes de agua, los bosques de neblina. No permitiremos que lo malogre una inversión minera. Saludo que varias comunidades como Paicampampa se hayan plegado a la lucha al darse cuenta que en sus zonas también hay otras concesiones mineras de otras empresas”. Señaló que al aprobarse el ingreso del proyecto minero río blanco sería carta blanca para que otras empresas operen en la región.

A su turno, el presidente de la comunidad campesina de Segundo y Cajas señaló que son más de 36 empresas mineras que quieren entrar en la zona, y que unidos como el día de hoy van a vencer. “Hace tiempo no se veía una movilización tan grande y unida”, enfatizó. El alcalde del distrito de Carmen de la frontera, Sebastián Meléndez Ubilluz, coincidió con lo señalado y agregó que “hoy se ha demostrado que las rondas campesinas, los pueblos y autoridades, estamos unidos”.

Amanda Cruz, secretaria de la mujer de la Central Única Provincial de rondas campesinas de Huancabamba, señaló: “nosotros seguimos más fuertes que nunca, los que queremos nuestra tierra, los que defendemos nuestra naturaleza, estamos aquí presentes y seguiremos fuertes. A pesar que los medios de comunicación nos calumnian, seguiremos adelante.

Entre la participación de los dirigentes mencionados, todos coincidieron en que el pueblo nunca va a olvidar las mueres, mutilaciones y torturas, y que la señal de ello es la masiva movilización que se presenció el día de hoy.

Casi finalizando el mitin, el congresista por Piura, Hernando Cevallos señaló que no se puede permitir que el poder Ejecutivo y el Congreso estén esperando la oportunidad para permitirle al proyecto minero Río Blanco que entre a Ayabaca y Huancabamba. Afirmó que la única garantía que se tiene es al pueblo movilizado; “es una lección en el país lo que hacen para parar a las mineras y a la corrupción. Constitucionalmente a 50 km de la frontera no debería haber una empresa transnacional”, enfatizó. Agregó que la bancada del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que la consulta previa sea vinculante, en alusión a que el gobierno no ha respetado a la voluntad popular expresada el 2007, que le dijo no a la minería en Piura.

Finalmente, el presidente de la Federación Regional de las Rondas Campesinas, Marcial Calle; denunció el olvido y la marginación de las autoridades del gobierno central y regional. “Para ellos nuestras comunidades están olvidadas; no nos ven, no nos dan desarrollo de nuestros proyectos, especialmente la agricultura. Por eso a nuestros alcaldes que tenemos como aliados, son los más cercanos. Pero sabemos que su presupuesto es pequeño. Por eso le decimos al gobierno nacional y regional que no traicione la voluntad popular”.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/876-piura-mas-de-10-mil-ronderos-y-campesinos-dicen-no-a-la-mineria

Ecuador

En Intag queda demostrado que la minería no debe continuar

En días recientes, la Contraloría General del Estado, publicó el infomre final sobre el proyecto minero de Llurimagua; concesión administrada por la Empresa  Minera del Estado y la empresa estatal de Chile CODELCO. En este Informe muestra más de 10 irregularidades sobre el proceso de adjudicación y exploración avanzada en el Valle de Intag, cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura.

Desde 2018, la Contraloría General del Estado analiza una serie de irregularidades denunciadas por comunidades y organizaciones sociales respecto de varios proyectos de minería a gran escala, en Ecuador. Tal es el caso del proyecto LLurimagua acerca del cual la Contraloría General del Estado ha emitido su informe final.

El proyecto minero LLurimagua, ubicado en la zona de Íntag en el cantón Cotacachi, está a cargo de la Empresa Nacional Minera (ENAMI) y de la Corporación Nacional de Cobre de Chile (CODELCO) empresa que, hasta la presente fecha ha financiado la mayoría de las actividades exploratorias que se llevan a cabo desde 2015. Las actividades mineras realizadas al margen del control de las entidades gubernamentales, han devenido en una serie de irregularidades legales y de atropellos a los derechos humanos. Esto ha sido tan grave, que la Contraloría General del Estado ha determinado doce irregularidades, concluyendo en su informe final que la concesión minera LLurimagua debió haber sido REVOCADA. (ver boletín completo aquí)

ilvia Quilumbango, presidenta de la DECOIN en Rueda de Prensa nos explica hacia dónde va la estrategia para lograr que se cumpla el Informe de la Contraloría General del Estado y lo que ratificó la Defensoría del Pueblo

José Cueva, exfuncionario del cantón Cotacachi y habitante del Valle de Intag, defensor de la Naturaleza habla sobre la contaminación ya existente en los ríos y los fuertes niveles de irregularidades que deberían provocar el cierre definitivo de la empresa y por tanto de la concesión minera.

Javier Ramirez es habitante de Junín, una de las zonas donde la minería entró gracias al apoyo del Ejército ecuatorinao y las fuerzas especiales de la Policía en el 2014. Javier fue preso injustamente y en el 2015 salió cumpliendo su condena por casi un año. Expresó la importancia de defender el territorio y el trabajo comunitario que ha posibilitado que sigan unidos; aunque el Estado y las empresas han hecho todo para dividirlos.

Patricia Carrión, abogada de la CEDHU, ha acompañadao diferentes procesos sociales; explica que el Informe, arroja las irregularidades en el proceso adminsitrativo y de concesión al proyecto Llurimagua, que permiten su clausura definitiva; y que además es importante destacar que las sanciones propuestas por el Informe de la Contraloría General del Estado y que ratific la Defensoria dle Pueblo, no sólo deben ser administrivas, sino judiciales en donde se pueda determinar.

 

Fuente:http://agenciaecologista.info/2019/04/24/audios-intag-queda-demostrado-la-mineria-no-continuar/?fbclid=IwAR20jt2aN9jNVEgA8X8cg_cxSUavwV6c1MM5xTkir5pMfh2CIVwzfYXN53Q

Mexico

Megaminería tóxica en Baja California Sur: la lucha que no acaba

En marzo del año en curso el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una reunión pública en Cabo San Lucas, les dijo a miles de sudcalifornianos: “No a la mina”, en referencia al proyecto de megaminería a tajo abierto Los Cardones; proyecto que con otros nombres diferentes empresarios y corporaciones de capital transnacional han intentado establecer durante más de una década en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna.

Tras años de lucha en contra de la minería, los diferentes grupos de activistas apoyados por miles de ciudadanos lograron, al parecer, tener el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues el presidente municipal de La Paz Rubén Muñoz del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis del Partido Acción Nacional (PAN) han señalado en diversas ocasiones que no permitirán el establecimiento de la megamina a tajo abierto; pero hasta ahora sólo ha sido de palabra, con dictámenes y con proyectos de ley. La tan anhelada prohibición aún no ha sido estipulada en un decreto oficial.

Cuando la ciudadanía se aprestaba a enfocar sus baterías para la integración de una ley que establezca zonas de salvaguarda contra la megaminería tóxica, principalmente en la Sierra de la Laguna, y en general en toda la entidad, se reactivó otro conflicto medioambiental: el del Proyecto Unidad Minera San Antonio, de la compañía minera Pitalla, SA de CV, que depende de Argonaut Gold Inc: complejo minero que también pretende ser establecido en la Sierra de la Laguna, en el municipio de La Paz, a sólo 45 kilómetros de la capital del estado, al centro de la parte sur de la media península.

Una nuevo trámite de aprobación para el cambio de uso de suelo de los terrenos en donde pretende ser emplazada la megamina, solicitado en febrero pasado a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reactivó el conflicto minero; pues los permisos de operación para tal proyecto ya han sido negados anteriormente. Los promoventes y los ciudadanos opositores se encontraron el pasado jueves 11 de abril en el Casino Bellavista en La Paz, para celebrar una Reunión Pública de Información coordinada por la Semarnat, sobre las implicaciones que el emplazamiento minero tendría en la región. A la entrada del edificio los opositores colocaron una lona que decía: “LA PAZ B.C.S. POR El AGUA Y LA VIDA NO A LA MINERÍA TÓXICA” (sic). Por un lado, los promoventes hablaron de los grandes beneficios económicos y laborales que según ellos dejan este tipo de proyectos; y por el otro, los activistas opositores expusieron los riesgos de contaminación de suelos y acuíferos, así como los altos niveles de consumo de agua que una empresa de tal magnitud conlleva y lo que ello significaría en un estado como Baja California Sur donde el agua escasea.

Cabe resaltar, además, la participación de varios expertos en el tema minero contaminante del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y de otras agrupaciones, y la actitud de prepotencia e intimidación que los promoventes desplegaron ante la ciudadanía, pues a bordo de una camioneta llegaron al lugar alrededor de 15 guardias de seguridad privada del Grupo MAPIGA. Los elementos iban uniformados y portando esposas, gas pimienta así como detectores de metales. Algunos de éstos se apostaron en la entrada del edificio y revisaron las pertenencias de las personas opositoras al proyecto así como a los reporteros, en un acto a todas luces intimidatorio. El vocero de la Semarnat se limitó a hacer llamados a los guardias de seguridad para que abandonaran el lugar, pero éstos hicieron caso omiso. Además, algunos de ellos así como otros individuos vestidos de civil se dedicaron a fotografiar a los ciudadanos opositores y a los reporteros.

Durante el conflicto minero generado por el proyecto Los Cardones y en una reunión informativa, pero realizada en la cede del Cabildo Municipal en agosto de 2015, los empresarios mineros desplegaron una táctica similar, y además de acarreados llevaron al lugar a guardias de seguridad uniformados, quienes incluso estuvieron custodiando a los promoventes durante su exposición al interior de la sala de sesiones del Cabildo; los guardias fotografiaron y filmaron a varios activistas y reporteros en un acto, entonces sin precedentes, pero parece ser que los del proyecto La Pitalla aprendieron las marrullerías de sus colegas, además de que instauraron la revisión de efectos personales y emplearon un carro de sonido con un animador.

Los promoventes de La Pitalla llevaron a cientos de acarreados de las colonias más humildes de La Paz, así como a vecinos de otros lados, incluidas las comunidades de el Triunfo, San Antonio y Los Planes; y puede que algunos de los que llegaron con ellos, en los 17 camiones turísticos que usaron para la transportación, sean promineros convencidos a partir del conocimiento cabal de las negativas implicaciones de una megamina a tajo abierto para la extracción de oro; pero la mayoría fueron cooptados por un desayuno y una comida, una playera blanca con la leyenda “Sí a la mina” en letras verdes y 250 pesos pagaderos al final del evento. En internet, en diversos sitios y páginas de Facebook, están los testimonios: mensajes de texto, llamadas con las que convocaron a los acarreados, fotografías, así como declaraciones de algunos participantes (Consultar https://www.facebook.com/frenteaguayvidabcs/).

Los partidarios del proyecto minero La Pitalla han intentado amedrentar a los ciudadanos interesados en su devenir político-ambiental con un aparatoso grupo de seguridad privada; han pagado unos cuantos pesos por el aplauso de centenares de personas que acarrearon a la reunión informativa, y han comprado las fanfarrias de los ciudadanos más humildes del municipio de La Paz. Todo, ante una ciudadanía opositora a la megaminería que lleva luchando contra ésta más de una década, dentro de una sociedad cada vez más politizada y activa en el defensa de su territorio contra cualquier tipo de despojo, sobre todo el del extractivismo minero.

Roberto E Galindo

*Maestro en apreciación y creación literaria, arqueólogo y diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm. Miembro del taller literario La Serpiente.

 

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/04/24/megamineria-toxica-en-baja-california-sur-la-lucha-que-no-acaba/?fbclid=IwAR2AzSyLjJIwGY5CUsH9_Z7dyWe4gEn5l_iwzVfxo7wEd4FzDU1n4jv9Y-E

Perú

Las Bambas: Logran instalar la Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos

La mesa técnica provincial de Justicia y Derechos Humanos de Cotabambas logró ser instalada y representantes del Ejecutivo y pobladores se reúnen en Challhuahuacho

Hace instantes logró ser instalada la denominada Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos en el estadio Molinopampa de Challhuahuacho – Apurímac.

Representantes del Poder Ejecutivo inician la reunión con autoridades, dirigentes y pobladores de Cotabambas a fin de tratar el tema sobre las denuncias a comuneros por las manifestaciones contra la minera Las Bambas.

El escenario elegido esta vez es el estadio Molinopampa, ya que en el anterior lugar escogido, salón comunal El Salvador, no pudieron acceder todos los representantes de las comunidades, quebrándose el diálogo el anterior sábado.

*Ampliaremos en breve.

 

NOTA PREVIA:

Este miércoles se instalará en las próximas horas la mesa técnica provincial de Justicia y Derechos Humanos de Cotabambas para abordar el primer tema de la agenda de nueve puntos consensuada entre el Ejecutivos con autoridades y dirigentes de esta provincia apurimeña.

El acuerdo fue dado a conocer por la ministra, Paola Bustamante, al término de la reunión preparatoria que tuvo lugar anoche en el local de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho.

La titular del Midis que además preside la Comisión Multisectorial precisó que por la tarde de hoy se discutirá con los alcaldes y dirigentes comunales la metodología y forma de trabajo de las mesas temáticas para el funcionamiento de este espacio de diálogo.

“Nunca se rompió el diálogo. Seguimos avanzando hacia el desarrollo de la provincia con el apoyo fundamental de los gobiernos locales y las comunidades, sin amenazas ni medidas de fuerza. Mi disposición es para continuar caminando hacia ese tan ansiado desarrollo”, resaltó.

Para instalar la mesa de Justicia y Derechos Humanos estará presente este miércoles en Challhuahuacho, el ministro de ese sector, Vicente Zeballos, informó la ministra.

Asimismo, Bustamante precisó que se analizará la propuesta presentada por los alcaldes y dirigentes respecto a la acreditación de los representantes comunales para que participen en la Comisión Multisectorial creada por D.S. 075-2019-PCM y cuya tarea será impulsar el desarrollo de Cotabambas.

En la reunión preparatoria participó por parte del Ejecutivo el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

También estuvieron presentes el alcalde provincial de Cotabambas, Rildo Guillén; el alcalde distrital de Challhuahuacho, Porfirio Gutiérrez; el subprefecto de ese distrito Elmer Mora, y los alcaldes distritales de Haquira (Cotabambas) y Progreso (Grau).

*Con información de P. Pilco.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-logran-instalar-la-mesa-tecnica-de-justicia-y-derechos-humanos-883361/?ref=scroll_preload