Guatemala

Más de 200 organizaciones denuncian demanda multimillonaria por empresa minera estadounidense contra Guatemala

227 organizaciones y redes guatemaltecas e internacionales firmaron la carta que fue entregada hoy a instancias del gobierno guatemalteco y la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. En ella se denuncia la demanda de US$300 millones de dólares de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en contra del estado centroamericano por ser un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en Guatemala. La empresa presentó su demanda en diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Miembros de la resistencia pacífica ‘La Puya’ presentaron la carta a representantes del gobierno durante una cita en el Congreso, incluyendo representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, además del Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.

Las organizaciones firmantes constatan que la demanda “representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala”. Señalando un aumento de presión sobre la Corte Constitucional por parte del Presidente Jimmy Morales por decisiones judiciales tomadas en torno a proyectos mineros, además de su intención de frenar investigaciones sobre corrupción en los altos niveles del gobierno.

“Nos preocupa que con esta demanda, KCA intenta presionar a las autoridades en Guatemala para lograr un arreglo y desestimar los múltiples problemas judiciales y la oposición social que le han prevenido operar su mina de oro Progreso VII Derivada. Esto sería otro claro ejemplo del ‘efecto escalofriante’ de las políticas regulatorias que tratados como el DR-CAFTA conllevan”, dijo Manuel Pérez-Rocha del Institute for Policy Studies de Washington D.C.

La suspensión de la mina de KCA fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia en Guatemala en el 2016 por falta de consulta previa con las comunidades indígenas de los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, al norte de la ciudad de Guatemala. Dicha suspensión sigue vigente, mientras que la decisión final de la Corte Constitucional está pendiente.

Sin embargo, aún y cuando la Suprema Corte ordenó la suspensión, la empresa siguió operando la mina. A consecuencia de ello, el propietario Daniel Kappes y el representante legal de la compañía también se encuentran bajo investigación penal en Guatemala por el delito de explotación ilegal de recursos naturales. Además, la empresa fue condenada por haber operado sin licencia de construcción.

“El proyecto de KCA está plagado de ilegalidades y aún así los dueños se sienten libres para entablar un arbitraje en contra de Guatemala. Este tipo de chantaje, el cual busca socavar las decisiones de la Corte, así como la resistencia pacífica y los derechos de las comunidades no se debería permitir. Desgraciadamente, ya hemos visto antes que se utilice este tipo de arbitraje por las mismas razones”, dijo Carla García Zendejas del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés).

En marzo de este año, la resistencia pacífica ‘La Puya’ celebró siete años de mantener un plantón las 24 horas al día, los 7 días de la semana afuera de la entrada de la mina. La oposición se ha centrado en los posibles impactos de la mina en el agua y el ecosistema de esta zona seca, la cual pone en perjuicio la salud pública y el ambiente. Por su lucha persistente, miembros de la resistencia han sufrido intimidaciones, amenazas y criminalización, además del intento de asesinato de un miembro del grupo en junio de 2012. Desde que KCA presentó su demanda surgieron preocupaciones por la militarización de la zona, además de nuevas amenazas y actos de intimidación en contra de miembros de la resistencia. El gobierno guatemalteco ha fichado a la resistencia pacífica ‘La Puya’ por estar en contra del desarrollo, acusando a las comunidades de ser las responsables de la demanda multimillonaria.

“La demanda de KCA es un ejemplo actual de colonialismo empresarial. Un miembro del elite de interés extranjero espera beneficiarse a costa del pueblo y del planeta empleando la violencia junto con maniobras legales y políticas”, comentó Laura Martin, Directora Ejecutiva de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada (PLAN por sus siglas en inglés).

Los representantes de PLAN también entregaron la carta a la empresa en sus oficinas en la ciudad de Reno en el estado de Nevada este miércoles.

En solidaridad con ‘La Puya’ y los residentes de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, las 227 organizaciones hacen un llamado a KCA y al Gobierno guatemalteco para que se abstenga de intimidar a los jueces de la Corte Constitucional, y se permita no solo la independencia del proceso judicial, sino la toma de decisiones conforme a derecho. Al respecto, exigen que la empresa KCA desista de su demanda.

Ver una copia completa de la carta y la lista de adhesiones acá.
To read the letter in english please click here.

Para más información:
Ellen Moore, Earthworks, emoore at earthworks.org, 202-887-1872×128
Laura Martin, PLAN, lmartin at planevada.org, 702-791-1965
Carla García Zendejas, CIEL, cgarcia at ciel.org, 202-374-2550
Manuel Perez Rocha, Institute for Policy Studies, manuel at ips-dc.org, 240-838-6623

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/mas-de-200-organizaciones-denuncian-demanda-multimillonaria-por-empresa-minera-estadounidense-contra-guatemala/

Honduras

Presentan recurso de inconstitucional contra decreto que permitió explotación minera en Parque Carlos Escaleras

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo beneficia a una minoría.

El cuerpo de abogados espera que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional revise los requisitos de admisibilidad del recurso y luego estudie los argumentos manejado con respecto a la violación de preceptos constitucionales y de tratados internacionales y resuelva conforme a derecho.

“Esperamos que lo hagan a la mayor brevedad posible porque esta situación de esta mina ha generado incluso violencia en la zona, confrontando a unos pobladores con otros. Porque la empresa tiene una especie de campaña que termina generando violencia y división entre los pobladores”, finalizó Zamora.

Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.

El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.

“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.

Guapinol y sus voces

Por otra parte, don Reinaldo Domínguez, uno de los criminalizados por la defensa del río Guapinol, detalló que “hay una ganancia, demuestra que la población ha despertado, las comunidades de Tocoa y la población en general se pusieron en acción, y eso no va a permitir que ninguna empresa extractivista se apropie de los recursos”.

El campamento de Guapinol libró una defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales, así lo manifestaron defensores y analistas ambientales.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/presentan-recurso-de-inconstitucional-contra-decreto-que-permitio-explotacion-minera-en-parque-carlos-escaleras/

Honduras

COYUNTURA DESDE LOS TERRITORIOS|Azacualpa: ¿hacia dónde avanza el conflicto con la empresa Minerales de Occidente?

I. Introducción al conflicto territorial de Azacualpa

A. El origen del conflicto territorial en Azacualpa. Los acuerdos y confrontaciones entre la población y las empresas mineras

La comunidad de Azacualpa en el municipio de la Unión, departamento de Copán, Honduras, es escenario de un conflicto territorial constante y de largo aliento. Tiene sus orígenes en 1998, cuando en la zona inició operaciones la compañía minera Greenstone Minerals, de capital canadiense (Orellana Peña, 2016). La problemática en Azacualpa evidencia las implicaciones de la actividad minera en los territorios de Honduras, bajo una política estatal que promueve el extractivismo de forma desmedida.

Prueba de lo anterior son las acciones de destierro que provocó la minera en sus primeros años de operación. Esta empresa minera generó el desplazamiento de tres aldeas en el municipio: San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa. En el caso de San Andrés, la empresa minera gestionó con el Gobierno la reubicación total de la comunidad. Mientras que, en el caso de San Miguel y Azacualpa, el desplazamiento fue parcial (CESPAD, 2017).

Estos desplazamientos han tenido enormes consecuencias para las comunidades. En los últimos años, la dinámica de la contienda territorial ha estado marcada por las intenciones de la empresa, ahora denominada Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), para explotar un cerro en donde se ubica el cementerio general de Azacualpa, que cuenta con una antigüedad de doscientos años.

De esta manera, la empresa, junto con las secretarías de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) y de Salud, han realizado esfuerzos reiterados por exhumar la totalidad de los cuerpos en el cementerio de Azacualpa. Estas entidades han contado, a su vez, con el resguardo de las empresas de seguridad de la empresa y elementos del orden público (policías y militares) de Honduras.

De forma paralela a estas acciones, el Comité Ambientalista y de Derechos Humanos de Azacualpa, ha sido la organización que, desde el 2015, ha logrado posicionar la problemática ante los medios de comunicación, el Gobierno de Honduras y la comunidad internacional (CESPAD, 2017). En consecuencia, este sector ha exigido al Gobierno de Honduras las garantías para el respeto de sus bienes, su dignidad y sus vidas.

No obstante, lo anterior, la situación en Azacualpa es relevante por las complejas relaciones establecidas entre los principales actores en el conflicto, es decir, la empresa minera, el gobierno local y las organizaciones sociales. Conviene apuntar que la empresa minera ha realizado acciones sistemáticas para generar división en la comunidad, mediante actos de intimidación, coacción, amenazas y compras de conciencia de algunos liderazgos, e incluso ha ofrecido dinero aprovechándose de la necesidad de los pobladores en uno de los departamentos con mayor pobreza extrema en Honduras (CESPAD, 2017).

Por otra parte, las demandas de los pobladores no han sido escuchadas en las instituciones estatales, lo que ha conllevado a que realicen medidas de presión como los plantones y la obstaculización de las vías que dan acceso a la empresa. Como consecuencia, la empresa minera, en complicidad con la institucionalidad local y estatal, ha emprendido sistemáticamente procesos de persecución penal y judicial orientados a criminalizar a los pobladores que defienden el territorio.

Finalmente, es válido hacer notar que esta problemática no solamente se debe a la falta de acuerdos entre las partes involucradas en el conflicto, sino que como se concluyó en el Foro Dignidad Humana y Explotación Minera realizado en abril de 2019[1], los pobladores de Azacualpa son víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

B. Impactos de la concesión en Azacualpa

La concesión minera ha tenido numerosos impactos ambientales, políticos y sociales en la comunidad de Azacualpa. Como se mencionó en apartados anteriores, la empresa minera provocó, inicialmente, el desplazamiento forzado de tres aldeas en el municipio La Unión (San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa).

La actividad de esta empresa minera también ha generado enormes y graves impactos ambientales que comprenden la deforestación de la flora, el daño del paisaje visual, la explotación de los recursos naturales, extinción de la fauna, contaminación del agua, las consecuencias del acarreo de materiales y la destrucción de los espacios (Orellana Peña, 2016).

Asimismo, de acuerdo con investigaciones periodísticas en el municipio de La Unión, existen 37 casos documentados clínicamente cuyos resultados reflejaron la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera (radioprogreso, 2017). En definitiva, la situación en la comunidad de Azacualpa es muy compleja, pues ha tenido que enfrentarse a enormes daños sociales y ambientales, careciendo del apoyo de la institucionalidad local y estatal para la resolución de sus demandas.

Una vez visto este panorama, en el presente análisis se propone realizar un abordaje a la problemática en esta comunidad teniendo en cuenta las dinámicas del conflicto y los actores involucrados; las demandas y posicionamientos de los actores y, además, se propone realizar un análisis de la correlación de fuerzas de los involucrados. Finalmente, en el último apartado, se aporta los posibles escenarios que podrían presentarse en un corto y mediano plazo en la comunidad de Azacualpa, Copán.

II. Coyuntura: La exhumación de los cuerpos y la criminalización de la lucha territorial en Azacualpa

A. Dinámica de la contienda política en el conflicto de Azacualpa

El actual conflicto territorial en Azacualpa, es un conflicto socio-político y ambiental motivado por las acciones de la empresa minera MINOSA que, en su afán de extraer y explotar los bienes comunes, ha destruido la biodiversidad y ecosistemas de la zona, y por si eso no fuera suficiente, ha despojado a las familias de los camposantos, donde han estado enterrados sus deudos, por más de doscientos años.

Aunque el conflicto en la zona es de larga data, se ha vuelto a agudizar a partir del 2018, cuando la empresa MINOSA, junto con la Secretarías de Estado vinculadas al conflicto (MiAmbiente-Salud), con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad pública y privada, retomó (febrero y marzo del 2018) la exhumación de los cadáveres ubicados en el cementerio de Azacualpa. Hasta ese entonces se habían realizado 126 exhumaciones.

Este proceso no contó con el respaldo de la mayoría de los pobladores. Tal como lo menciona un miembro de la comunidad: “Desde el 2015, en Cabildo Abierto, la comunidad de Azacualpa ratificó que no daba autorización para que la empresa explotara el Cerro… y el 60% de las familias se mostraron en contra de la exhumación de los cadáveres[2].

En mayo del 2018, las familias que se oponían a las exhumaciones, junto con los sectores organizados de la comunidad aglutinados en el Comité Ambientalista de Azacualpa, se tomaron el cerro El Cementerio como una acción de protesta. El cerro posee un terreno inestable con riesgo potencial de derrumbamiento, es decir que cualquier excavación que se realice aterraría por completo al cementerio y conllevaría a que la comunidad fuera desplazada totalmente hacia otra zona.

Consecuentemente, las acciones de la comunidad trascendieron del espacio territorial al regional y, entre los meses de mayo y junio, presentaron dos amparos ante un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, como una estrategia legal para que la empresa detuviera el proceso de exhumaciones. De forma sorpresiva, el amparo resulto favorable a la comunidad y MINOSA se vio en la obligación de detener las exhumaciones y las labores de explotación en el cerro El Cementerio.

No obstante, la resolución no fue del agrado de la élite extractivista y entre los meses de julio, agosto y septiembre, MINOSA pasó de la defensiva a la ofensiva actuando en tres direcciones:

En primer lugarla empresa implementó campañas de estigmatización y desprestigio contra líderes de la zona y de organizaciones acompañantes (pancartas mostrando nombres como ASONOG, MADJ y CIPRODEH). Asimismo, acciones de violencia contra líderes, que fueron agredidos verbalmente y físicamente.

La segunda acción implicó quela empresa promoviera “contra- movimientos”, con los pobladores que estaban a favor de la explotación minera en la comunidad, quienes a través de bloqueos/tomas de carreteras demandaban que el Juzgado revocara el fallo que impedía las exhumaciones.

En tercer lugar, la empresa minera puso en marcha un fuerte proceso de división en la comunidad con el respaldo de la Corporación Municipal y la ayuda del Patronato de Azacualpa. Este proceso consistió en permanentes acciones de intimidación y amenazas hacia las personas a favor de la lucha territorial, al igual que la obtención de la autorización de parte de la municipalidad, para que MINOSA comenzara a remover el cerro El Cementerio en la zona donde ya no había tumbas. De forma que como señaló un dirigente de la comunidad, “la estrategia de MINOSA era clara: empezar con las excavaciones en el cerro, para que este se derrumbe en partes y de esa manera poder explotar en su totalidad la zona[3].

Por otra parte, la respuesta de la élite encendió las alarmas del Comité Ambientalista y durante los meses de julio, agosto y septiembre, el Comité se reposicionó en la coyuntura, a través de las siguientes acciones:

Primero: campañas de información y sensibilización, evidenciando los impactos ambientales dejados por el trabajo de MINOSA. Segundo:acciones de presión a nivel local y nacional mediante pronunciamientos, plantones y movilizaciones. Tercero: proceso de incidencia a nivel de las instituciones del Estado para contener la concesión del cerro El Cementerio.

Estas acciones le permitieron al Comité Ambientalista lograr mayor legitimidad y posicionar su lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes, en un contexto local controlado políticamente y organizativamente por el Patronato de Azacualpa, Corporación municipal y MINOSA.

Entre los meses de agosto y septiembre del 2018, los principales actores en conflicto realizaron acciones de presión. Pero en ese momento, la correlación de fuerzas favoreció más al Comité Ambientalista, ya que la comunidad se volcó en solidaridad con los pobladores que tenía tomado el cerro y con las personas criminalizadas. Sin embargo, la élite extractivista reaccionó rápidamente por su preocupación ante un probable “efecto contagio”, en una zona donde MINOSA se juega grandes intereses políticos y económicos, por su presencia en distintas comunidades.

Lo anterior generó que en, siempre en octubre del 2018, MINOSA y la municipalidad desarrollaran una contraofensiva política que en el corto y mediano plazo debilitara al Comité, para continuar con la explotación del cerro.  Es así que se llevó a cabo un desalojo violento de los pobladores que desde mayo se habían tomado el cerro, dejando 19 personas judicializadas, 17 hombres y 2 mujeres acusados de usurpación y daños en prejuicio de MINOSA.

Por lo tanto, ese proceso de judicialización implicaría un cambio significativo en la correlación de fuerzas y en la dinámica de la contienda política. En este sentido, MINOSA interpuso un amparo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, para revocar la decisión de no seguir exhumando los cuerpos. Importante es mencionar que el fallo fue favorable a la empresa.

Debido a esa razón, el Comité Ambientalista de Azacualpa elevó el caso, relacionado con la explotación del cerro El Cementerio, a nivel de la Corte Suprema de Justicia, para poner fin a la concesión, ya que la comunidad lo ha considerado como un otorgamiento que viola su derecho a la soberanía comunitaria y a la cultura. Cabe mencionar que el fallo de la CSJ fue a favor de MINOSA, lo que implica que la empresa puede continuar con las labores de extracción en el cerro el Cementerio.

Entre febrero y marzo del 2019 el conflicto territorial se polarizó. En febrero la empresa retomó sus trabajos de explotación y reactivó inmediatamente las acciones de protesta en la comunidad. Y en marzo, además, se continuó con el proceso de persecución penal contra el liderazgo territorial, teniendo como telón de fondo la presión de MINOSA para enviarlos a la cárcel, en complicidad con el Sistema de Justicia. Lo característico de este proceso es que los líderes se defienden en libertad y las estrategias de defensa por parte de los abogados han permitido hacerle frente a la embestida de un sistema judicial parcializado con los intereses de MINOSA.

Con estas acciones, el Comité Ambientalista ha salido reforzado. Por un lado, su oposición a la explotación del cerro El Cementerio sigue siendo firme y, por otro lado, evidencia la trama/intereses políticos que se esconden detrás del actual proceso de judicialización.

Al cierre de la coyuntura se han suscitado dos hechos importantes. El Instituto Hondureño de Geología Minas (INHGEOMIN), otorgó licencia de exploración de tres mil hectáreas de tierra a una serie de empresas extractivas, entre ellas MINOSA, para un futuro proceso de explotación minera en San Agustín, Cucuyagua, Santa Rosa y la ampliación en el municipio de la Unión. Por otro lado, el reciente fallo de la CSJ a favor de MINOSA para que continué con sus labores de explotación.  Todo apunta a que nos encontramos ante un nuevo ciclo de lucha territorial en Azacualpa, con características distintas al pasado.

B. Actores involucrados en el conflicto

En el conflicto de Azacualpa están presentes cuatro actores principales:

  • El Comité Ambientalista de Azacualpa
  • La Corporación municipal de La Unión
  • El Patronado de Azacualpa y
  • La empresa MINOSA.

En este apartado se realizará una descripción de los actores y sus posicionamientos en el conflicto territorial en Azacualpa.

  1. Comité Ambientalista de Azacualpa

El Comité Ambientalista de Azacualpa se fundó en el 2015, con el objetivo de defender el territorio y proteger los bienes comunes de la naturaleza, ante la avanzada del extractivismo en la zona occidental del país. Desde sus inicios, se han enfrentado a un contexto local y regional adverso, debido al fuerte proceso de división en las comunidades que lidera MINOSA y que ponen en práctica la Corporación municipal de la Unión y el Patronato de Azacualpa.

El Comité articula a organizaciones de base y a distintas familias que muestran su descontento y oposición al trabajo extractivo que realiza MINOSA. En esa articulación se pueden destacar tres elementos integradores: identidad, objetivos y un mismo adversario. Con respecto a la identidad: el comité está integrado por pobladores conscientes del impacto ambiental de la explotación minera; los objetivos se orientan a promover la defensa del territorio y la protección de los bienes comunes ante el impacto de la minería a cielo abierto. Finalmente, los adversarios son aquellos actores y sectores que promueven el modelo extractivista en la región.

Un aspecto importante en la conformación del Comité de Azacualpa, ha sido el respaldo y acompañamiento de la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG), organización que desde el comienzo del conflicto han fortalecido las capacidades del liderazgo del Comité, a través de procesos de formación, asesoría técnica y legal para sostener la lucha territorial y los procesos de incidencia para que el Comité posicione y defienda sus derechos. Además, ha abierto espacios de denuncia para que la comunidad de Azacualpa de a conocer los impactos negativos de la explotación minera en sus territorios.

2. Corporación municipal de La Unión

La Corporación Municipal de La Unión ha respaldado y legitimado el accionar de MINOSA, mediante una serie de acciones que dan cuenta de la manera en que la institucionalidad ha dado paso a la inversión extractivista, sin tener en cuenta el alto costo social, político, cultural y ambiental en el territorio.

Entre esas acciones podemos mencionar las siguientes:

  • desconocer el cabildo abierto que se realizó en el año 2015, en el cual la población ratificó que no quería que MINOSA explotara el cerro El Cementerio y exhumara los cuerpos.
  • promover la división en las comunidades, a través de la coacción de los principales liderazgos y
  • Contribuir a la falsificación de pruebas de incriminación de líderes y lideresas, de las cuales se ha valido el sistema de justicia para judicializar al liderazgo territorial.

3. El Patronato de Azacualpa

Este patronato empezó con una fuerte lucha en contra la empresa minera, pero debido a la estrategia de coacción impulsada por MINOSA y la Corporación municipal, su principal liderazgo terminó aliándose a los intereses de la empresa.

En el actual conflicto, el patronato juega un doble rol: divide a las comunidades y genera miedo mediante acciones directas de violencia[4]. Una de sus principales estrategias es desprestigiar el trabajo organizativo y político que realiza el Comité Ambientalista, es decir, ha sido el encargado de vender a la población el discurso desarrollista del extractivismo y mediante acciones de violencia directa, ha aumentado la tensión en las comunidades, a tal punto que ha generado un clima generalizado de inseguridad, temor y miedo. En definitiva, estas situaciones impactan negativamente en el trabajo de oposición que realiza el Comité Ambientalista.

4. Empresa minera MINOSA

MINOSA tiene una influencia muy fuerte en el municipio de la Unión, Copán.  En pocas regiones del país las empresas extractivas han logrado coaccionar al principal liderazgo de base y dividir de manera tan profunda a las comunidades, como ha ocurrido en Azacualpa.

Valiéndose del respaldo de la Corporación municipal, del trabajo divisionista que ejerce el Patronato de Azacualpa y del apoyo de la institucionalidad pública del país, MINOSA ha profundizado y radicalizado el conflicto a través de las siguientes acciones:

  • no haber cumplido con los acuerdos pactados con la comunidad de Azacualpa
  • la destrucción sistemática del medio ambiente
  • influencia directa en las acciones de violencia y división en las comunidades emprendidas por la Corporación y el patronato.

C. Demandas y posicionamientos de los actores involucrados

En la coyuntura entre mayo del 2018 a febrero de 2019, los principales actores en disputa pronunciaron una serie de demandas y posturas que dieron cuenta de los intereses que están en juego en el conflicto. Los posicionamientos demuestran que la salida al conflicto sigue estando entre los actores involucrados, teniendo como punto de partida la capacidad de las instituciones públicas en gestionar el conflicto.

El Comité Ambientalista de Azacualpa considera que establece una serie de demandas alrededor de los siguientes puntos:

  • que se retire la concesión en la zona del cerro El Cementerio por estar ubicado en un espacio sociocultural que representan las costumbres y creencias de la comunidad
  • que la empresa minera mitigue el daño/impacto ambiental de la explotación minera sobre las comunidades y, que cese la explotación minera alrededor de la comunidad de Azacualpa.

Po su parte, el posicionamiento de la Corporación Municipal gira alrededor de lo siguiente:

  • la empresa minera tiene que realizar su trabajo, ya que la concesión está con base en Ley
  • genera empleos para las comunidades
  • aporta una retribución monetaria a la municipalidad que permite desarrollar obras sociales en beneficio de la comunidad de Azacualpa.

El posicionamiento principal del Patronato de Azacualpa, es:

  • que el Comité Ambientalista detenga sus acciones de protesta
  • demandan a las instituciones del Estado y a la Corporación Municipal la permanencia y continuidad de la empresa minera
  • consideran que la empresa es un “oxigeno económico” para muchas familias de la comunidad y en general, para el municipio de La Unión.

Con el contexto anterior, el posicionamiento definitivo de MINOSA, es que van a continuar desarrollando el proyecto minero y la inversión en la zona, bajo el entendido de que están actuando con base en ley, llevando a cabo su trabajo de extracción respetando los estándares nacionales e internaciones de la explotación minera.

D. Correlación de fuerzas

En el conflicto territorial de Azacualpa se identifican dos bloques en disputa: Bloque dominante y bloque de resistencia territorial.

El bloque dominante

Este bloque está representado por MINOSA, la Corporación Municipal y el Patronato de Azacualpa. Asimismo, este bloque opera con el apoyo permanente de la institucionalidad pública del Estado (Gobernación Departamental, sistema de justicia, INGEOMINH y MiAmbiente) y con el acompañamiento en el terreno de las fuerzas de seguridad, policías y militares. Este bloque, a corto plazo tiene como objetivo debilitar el trabajo organizativo y político del Comité Ambientalista y a mediano y largo plazo continuar con sus trabajos de explotación, sin ningún tipo de oposición comunitaria.

Para alcanzar sus objetivos, el bloque dominante ha hecho uso de la institucionalidad pública para implementar el proyecto extractivista, instrumentaliza el marco jurídico para criminalizar a los líderes/as de las comunidades en oposición y ha logrado persuadir a instituciones como el Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), a las secretarías de Derechos Humanos y de Salud, para que MINOSA trabaje sin ningún tipo de supervisión y control de la institucionalidad pública.

El bloque de resistencia territorial

Este bloque está representado por el Comité Ambientalista de Azacualpa. A corto plazo tiene como objetivo lograr que no se continúe con la explotación del cerro El Cementerio y, a largo plazo lograr que la empresa repare los daños/impactos ambientales en temas de mitigación, estabilización de suelos y reforestación. Siempre a largo plazo, el Comité tiene como objetivo la cancelación de la concesión minera en la comunidad de Azacualpa.

Con respecto al alcance de sus objetivos, el bloque de resistencia en los últimos meses ha ido obteniendo mayor legitimidad y reforzando su posicionamiento político y organizativo en la comunidad de Azacualpa, lo que se ha traducido en una capacidad para articular y movilizar a los pobladores que están en oposición a la explotación del cerro y la exhumación de los cuerpos. Además, cuentan con el respaldo de distintas organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, al igual que con el acompañamiento de los movimientos sociales territoriales del país.

El bloque de resistencia, ante el fallo reciente de la CSJ a favor de MINOSA, replantea su estrategia política y legal para trazar un nuevo camino de incidencia que permita la cancelación de concesión en el cerro El Cementerio. Entre otras fortalezas del Comité, también se incluye el acompañamiento y asesoramiento legal que ha logrado que el liderazgo territorial que ha sido judicializado, se defienda en libertad.

En este caso, la correlación de fuerzas a niveles políticos y de control institucional ha favorecido a MINOSA, pero en términos organizativos y locales ha favorecido con mayor fuerza al Comité Ambientalista. MINOSA, en sus intentos de frenar el proceso de resistencia territorial, se ha visto en la necesidad de criminalizar y judicializar al liderazgo territorial, mientras que el Comité ha desarrollado una serie de acciones para capitalizar la solidaridad (ante el proceso de criminalización) y el descontento de la población contra la empresa luego del incumplimiento de los acuerdos.

Alrededor de ese balance podemos establecer cuatro ideas centrales que nos permitan identificar la actual correlación de fuerzas:

Primero, el reciente fallo de la CSJ a favor de MINOSA, obliga al Comité Ambientalista a reabrir un nuevo proceso de incidencia orientado a lograr la cancelación del cerro el Cementerio. No obstante, este paso implica generar consenso entre los pobladores de la comunidad, una presión sobre el gobierno local y, finalmente, una estrategia de incidencia política y legal por parte del Comité Ambientalista para evidenciar la ilegitimidad del proceso de concesión en la zona del cerro.

Segundo, el bloque dominante, por un lado, seguirá valiéndose de la coacción que ejerce en las comunidades. Particularmente, luego de que la misma comunidad tomara posición en contra de la explotación del cerro y respaldara el proceso de lucha del Comité Ambientalista, buscará actuar de manera más estratégica y cautelosa para dividirla. Por otro lado, hay que tener presente que la concesión en Azacualpa, al igual que los intereses de MINOSA, están respaldados por el gobierno nacional y el gobierno local.

Tercero, la simpatía de la comunidad hacia el Comité Ambientalista ha venido en aumento. Las últimas acciones emprendidas por MINOSA han sido respondidas por la comunidad, lo que puede desembocar en un conflicto abierto y prolongado por la región. Los bloques enfrentados cuentan con recursos para seguir presionando y, por tanto, continuará abierta la conflictividad socio-ambiental, con el riesgo que se desate una crisis política regional, más profunda y prolongada que la del 2012.

Cuarto, el control por el territorio y los bienes comunes siguen en disputa, en un contexto regional en el que existen intentos por dar nuevas áreas de explotación a MINOSA. Todo parece indicar que nos encontramos a la puerta de una profundización del modelo extractivista y radicalización de la lucha territorial en Azacualpa.

En conclusión, las demandas de los actores involucrados en el conflicto y la actual correlación de fuerzas, brindan elementos para identificar tres escenarios que se pueden suscitar en el corto y mediano plazo.

III. ¿Hacia dónde avanza el conflicto? Escenarios probables

Escenario A. Cancelación del permiso de explotación en el área del cerro El Cementerio

Este escenario significa que la coyuntura actual encuentra una salida al conflicto mediante la cancelación del permiso de explotación a MINOSA, en el área del cerro El Cementerio. En este sentido, la cancelación se podría realizar a través de la siguiente vía: La autoridad minera (INHGEOMIN) suspende de forma temporal o definitiva las actividades de MINOSA en el cerro el Cementerio.

Para que este escenario se pueda materializar, se tendrán que presentar las características o condiciones siguientes:

  1. Ante el reciente fallo de la CSJ favorable a MINOSA, el Comité Ambientalista replantea su estrategia jurídica y refuerza su posicionamiento político estratégico para que la institucionalidad estatal incorpore las demandas de la comunidad, y se pronuncie de forma favorable.
  2. INHGEOMIN, ante el impacto ambiental y violación de derechos humanos en Azacualpa producto de la extracción minera, actúa según La Ley de Minería y el Reglamento del cierre de Minas y declara el cierre temporal, progresivo o definitivo y convoca a la Comisión Interinstitucional en el Marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)[5]
  3. El Comité Ambientalista establece alianzas con actores claves a nivel nacional e internacional para presionar al Estado e incidir en la autoridad minera.
  4. El Comité Ambientalista aumenta la presión política a nivel local, regional y nacional para que la institucionalidad minera agilice el proceso de suspensión temporal o definitiva de la concesión en el cerro el Cementerio.

Este escenario es el más deseable, pero poco probable, debido al control que ejerce MINOSA sobre la institucionalidad estatal. También, por las limitaciones políticas y organizativas del Comité Ambientalista, ante la fuerza de MINOSA y la presión que ejercen la Corporación Municipal y el Patronato de Azacualpa sobre la comunidad. Sin embargo, siendo el escenario más deseable el Comité Ambientalista debería reforzar y actualizar su estrategia de resistencia y continuar trabajando en esta dirección.

Escenario B. Un nuevo acuerdo para dar solución al conflicto territorial

Este escenario consiste en que los actores involucrados en el conflicto, tanto del bloque dominante y resistencia territorial, tengan voluntad y se sienten obligados a dialogar y a construir acuerdos políticos para darle una salida pactada al conflicto.

Para que este escenario ocurra deben producirse las características o condiciones siguientes:

  1. Los dos bloques en disputa llegan a acuerdos básicos de las condiciones mínimas para una salida al conflicto, se producen cambios sustanciales sobre la concesión, firman un nuevo acuerdo y definen mecanismos de consultas vinculantes.
  2. Sectores institucionales del Gobierno avalan una salida negociada del conflicto, modificando aspectos claves de la concesión (por ejemplo, el asunto del cementerio).
  3. Organizaciones nacionales y regionales (Iglesia Católica y organizaciones de Derechos Humanos), presionan para que los actores involucrados en el conflicto pacten una salida dialogada.
  4. Actores internacionales, sobre todo organizaciones de derechos humanos, presionan también para que se produzca una salida pactada al conflicto.

Este escenario se ubica en una situación intermedia. Es medianamente probable, porque los actores principales del conflicto se verían en la necesidad de pactar una salida al actual conflicto, en una situación muy polarizada, con limitados espacios para el diálogo. También es medianamente deseable porque las características de explotación practicadas por MINOSA son incompatibles con el medio ambiente y los intereses estratégicos de las comunidades.

Escenario C. Militarización del territorio, expansión del proyecto extractivista y la desaparición de la resistencia territorial.

Por las condiciones actuales, este escenario se desarrollaría en el marco de un eventual proceso de radicalización de la lucha territorial que estaría determinado por los siguientes aspectos: seguimiento de las labores de explotación en el cerro El Cementerio, profundización de los impactos ambientales, agudización de la criminalización y asesinatos selectivos del principal liderazgo territorial.

Este es un escenario de la polarización de la lucha territorial sobre una constante y fuerte militarización de la zona, lo que puede desembocar en la desaparición del actual proceso de resistencia territorial en Azacualpa. En conclusión, el proyecto extractivo de MINOSA se termina de imponer.

Para que este escenario ocurra deben de producirse las características y condiciones siguientes:

  1. La CSJ falla a favor de MINOSA.
  2. La estructura legal e institucional que dio origen a la concesión se mantiene vigente, y para ello se hace uso de la fuerza militar y policial para controlar la zona de explotación.
  3. Se implementan nuevas estrategias desde la institucionalidad estatal para la criminalización de los grupos en oposición, incluyendo el asesinato selectivo del liderazgo territorial.

Este escenario es el menos deseable, pero medianamente probable. Menos deseable, ya que implicaría la imposición del proyecto minero de MINOSA en una zona en la cual la población ha venido realizando grandes esfuerzos por defender su territorio y los bienes comunes. Medianamente probable por el costo social que este escenario representaría para la institucionalidad estatal y MINOSA. El Comité Ambientalista debe considerar los aspectos menos deseables de este escenario y buscar neutralizarlos con su estrategia de resistencia.

 

Fuente:http://cespad.org.hn/2019/04/29/coyuntura-desde-los-territoriosazacualpa-hacia-donde-avanza-el-conflicto-con-la-empresa-minerales-de-occidente/?fbclid=IwAR3MpuS2TAxtc8xiZPhfIBDbJ_L0QWI0xcQ8DbkYNZKUsRamLLq_JSAyL8k

Perú

Aumenta tensión en Espinar: funcionarios llegarán a Tintaya

El proyecto minero Tintaya Antapaccay de la empresa minera Glencore, que opera hace varios años en la provincia de Espinar, Cusco; empieza lentamente a colocarse – otra vez- en el ojo de la tormenta.

Como es sabido, desde hace unos meses Glencore, pretende conseguir las autorizaciones para empezar a explotar su nuevo proyecto: Coroccohuayco. Este, implica minar un nuevo tajo a cielo abierto, túneles subterráneos además de caminos de acceso y otros componentes, en un nuevo territorio de este distrito del sur andino. Estas operaciones su sumarán a las operaciones más antiguas de la empresa, que también serán modificadas: el tajo Antapaccay y sus botaderos serán ampliados, el Deposito de relaves Tintaya (antes el Tajo Tintaya) deberá aumentar su capacidad, entre otros. En conjunto, la empresa minera Glencore pretende integrar todos estos cambios en un solo instrumento ambiental denominado “MEIA del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”.

Las comunidades campesinas de la zona han reaccionado manifestando su preocupación y rechazo a las pretensiones de la empresa.  Tres comunidades del área donde se instalará el nuevo tajo, han presentado una demanda para que se consulte el MEIA presentado, antes de que este sea aprobado.  Otro grupo de comunidades, entre las que se encuentran Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Huano Huano, y Cala Cala, y otras; se han organizado para exigir que la empresa realice la consulta de las modificaciones a sus operaciones en Tintaya y Antapaccay, reclaman además la reparación por los daños causados al agua y la salud durante los 30 años de minería en la zona. Ello teniendo en cuenta que el nuevo proyecto de Glencore llega en medio de una crisis de agua por escasez y por contaminación de metales pesados en las fuentes comunales y distritales; con efectos negativos comprobados en la salud de sus habitantes.

Si va haber otro tajo minero y este causará impactos a las comunidades, está continuidad y ampliación de operaciones, debe ser consultado”, señaló Flavio Huanque, presidente de la comunidad Alto Huancané parte de la movilización comunal.

Las comunidades insisten: no se oponen al proyecto, pero exigen el respeto de sus derechos y no permitirán condicionamientos. Esta vez, exigen que la consulta previa se realice por primera vez en una operación que tiene más de 30 años vigente y que se proyecta por lo menos por 20 más. Esta consulta deberá ser llevada a cabo de buena fe, esto es, antes de que se decida y apruebe el EIA,  de manera que sean las propias comunidades las que participen en la evaluación de las afectaciones a sus derechos, decidan las medidas de mitigación y puedan realmente opinar y decidir sobre el futuro de sus territorios. La Defensoría del Pueblo y diferentes instancias a nivel internacional han reconocido que realizar esta consulta recién después de aprobado el EIA – como proponen el SENACE y el MINEM- no garantiza realmente los derechos de las comunidades afectadas.

Con la presión por iniciar operaciones, la situación se va volviendo cada vez más tensa. Los dirigentes comunales han acudido a las autoridades y gestionado una reunión con el Ministerio de Energía y Minas para el día 29 de abril. Esta vez, los funcionarios del Ministerio viajarán a la zona de Tintaya, para reunirse con las comunidades e informar sobre el pedido de consulta previa del EIA formulado por las comunidades. Todo indica que estas reuniones serán claves para decidir el futuro próximo del distrito.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/04/25/aumenta-tension-en-espinar/

Perú

Inicia juicio oral contra defensores ambientales frente a minera Anabi

El viernes veintiséis de abril en la ciudad de Cusco se dio inicio al juicio oral en contra de 10 dirigentes, defensores del medio ambiente y el territorio, que entre diciembre del 2011 y febrero del 2012, reclamaron en contra de la empresa minera Anabi y otras, por contaminar, su Cuenca, sus ríos y su territorio entre Llusco y Quiñota, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

“Como no tuvieron respuesta de las autoridades, salieron a protestar. Eso les valió que la fiscalía les abriera una investigación penal por el delito de secuestro, daños a la propiedad privada, disturbios y otros, pidiendo 30 años de cárcel para ellos y corren el riesgo de ser condenados, aunque no existan pruebas concluyentes en contra de ellos” según refiere el abogado José Ramiro Llatas.

El caso ha sido asumido por las organizaciones Derechos Humanos Sin Fronteras, la Red Muqui Sur y Earth Rights Internacional, en modo conjunto con otros abogados particulares.

Junto con Llatas, la defensa de los acusados está siendo asumida por los abogados Pablo Ricardo Abdo, Sergio Sullca, Julissa Calle Godos. Los letrados –según refiere Llatas- respaldan el coraje de los campesinos chumbivilcanos que son defensores del medio ambiente y del territorio, que demandan que se haga justicia.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/04/26/inicia-juicio-oral-contra-defensores-ambientales-frente-a-minera-anabi/

Mexico

Derechos indígenas y políticas gubernamentales en minería

Malas noticias para el Presidente de la República. En su conferencia mañanera del 18 de marzo pasado el titular del Poder Ejecutivo anunció que

 

ya no se otorgarán más concesiones mineras en el territorio nacional, al tiempo que también afirmaba que no se cancelará ninguna de las que se otorgaron por gobiernos anteriores.
Se mantienen las concesiones, no se revocan, así de claro, para que no salgan nuestros adversarios a decir que se está perjudicando a la iniciativa privada o a la inversión extranjera. Ya no vamos a dar más, porque, ¿para qué quieren más?, ya es mucho.
Aprovechó para invitar a las mineras canadienses, sólo a ellas, a las de otra nacionalidad no, para que actúen como lo hacen en su lugar de origen donde, según dijo, las normas que regulan de la actividad minera son menos permisivas y por lo mismo provocan menos daños sociales, ambientales.

Las declaraciones del Presidente de la República no inquietaron a los empresarios mineros porque, como él mismo dijo, en los pasados 36 años, se entregaron concesiones como nunca, dejando un cuarto del territorio en manos de los empresarios mineros, que por su extensión tardarán mucho en explotar. Dada la situación, suspender el otorgamiento de concesiones no implica recuperar el mineral en beneficio de la nación, para hacerlo se requiere revisar el proceso de otorgamiento y cancelar las que no se hayan otorgado conforme a derecho que son, al menos, las que se han otorgado contraviniendo el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, el territorio, acceso preferente a los recursos naturales en ellos existentes y la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

En esa situación los pueblos indígenas han tenido que enfrentar las ilegales decisiones gubernamentales y la actitud belicosa de las empresas mineras que por nada quieren dejar de apoderarse de los minerales. Para hacerlo recurren a su organización, la movilización y el uso del derecho, exigiendo a los tribunales anulen las concesiones otorgadas a las empresas por ser violatorias de sus derechos. La combinación de la denuncia, la movilización y los argumentos judiciales ha dado buenos resultados y en la mayoría de los juicios el Poder Judicial ha reconocido la razón que asiste a los pueblos, ordenando que se declaren nulas o inexistentes las concesiones impugnadas. Contra la determinación del Presidente de la República de no cancelar las concesiones mineras que violentan los derechos de los pueblos indígenas, los tribunales lo están haciendo en los casos que los indígenas lo solicitan.

El caso más reciente es la sentencia dictada el 5 de marzo de 2019, en el juicio de amparo 445/2015, tramitado ante el juzgado segundo de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla, que fue presentado por el comisariado ejidal de Tecoltemi, cuyos miembros pertenecen a la comunidad nahua. En la sentencia la juez que conoció del caso afirma que si en un determinado cuerpo normativo en el que se afecten derechos de las comunidades indígenas, no está regulado el derecho a la consulta y, por ende, a la obtención del consentimiento libre e informado, debe concluirse que existe una vulneración a derechos fundamentes de dichas comunidades. Con base en base en ese argumento ordenó a la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía, dejar insubsistentes los títulos de concesión impugnados y al Congreso de la Unión que legisle sobre la materia.

Frente a la evidencia de que las concesiones mineras otorgadas sobre los territorios indígenas violan los derechos de los pueblos indígenas, el Presidente de la República tiene argumentos para matizar su postura y en lugar de no revocar las concesiones, inicie un proceso de revisión de ellas y las que se hayan extendido conforme a derecho dejarlas vigentes pero las que no, cancelarlas. Otra medida que puede tomar es enviar un memorándum a las autoridades correspondientes para que dejen de litigar contra los pueblos indígenas, como lo vienen haciendo cada que un pueblo les gana un juicio, porque eso equivale a defender de oficio a las empresas. De no tomar medidas en este sentido, el Presidente de la República podría seguir enfrentando el descontento de los pueblos. Y eso no es bueno para la Cuarta Transformación que se propone impulsar en el país.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/derechos-indigenas-y-politicas-gubernamentales-en-mineria/

Mexico

Poder judicial evita hablar sobre inconstitucionalidad de Ley Minera

La comunidad de Tecoltemi interpuso un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones a Minera Gorrión, filial en México de la empresa canadiense Almaden Minerals

Un juzgado federal tuvo la oportunidad de resolver sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera, luego de que la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, pidiera la revisión de las concesiones otorgadas sobre su territorio a la empresa canadiense Almaden Minerals, pero también el análisis a fondo de varios artículos de esa legislación, alegando que son contrarios a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Tecoltemi, acompañada por Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Consejo Tiyat Tlali, interpuso un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones a Minera Gorrión, filial en México de la empresa canadiense Almaden Minerals, sobre el territorio de la comunidad, sin consulta ni consentimiento previo.

La demanda fue también contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley Minera, cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos, reconocidos estos en tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en los artículos 27 y 2 de la Constitución.

Para emitirla, la jueza Yolanda Velázquez Rebollo debía revisar varios artículos de la legislación minera –entre ellos el sexto que establece a la minería como preferente por encima de cualquier otro uso en el terreno– y definir si son contrarios a la Constitución, “pero solo hizo la revisión a medias”, afirma Itzel Silva, abogada de Fundar. La defensora asegura que la jueza buscó una salida legal para no pronunciarse sobre los artículos que se le solicitaron.

“No hace el análisis de fondo alegando suplencia de la queja; es decir, argumenta que el problema es que hay una omisión en la ley minera, al no estar armonizada ésta para incorporar la consulta a las comunidades indígenas y su consentimiento previo antes de otorgar una concesión a una empresa, entonces decide ordenarle al Congreso de la Unión hacer esa armonización, pero eso puede resultar innecesario y hasta confuso”, sostiene Silva.

La abogada explica que la obligación de consultar a las comunidades en estos casos está considerada ya en la Constitución y en tratados internacionales que México debe cumplir, “cuando resuelve esto de armonizar la ley parece incluso que las autoridades no hubiera tenido la obligación legal de hacer la consulta y tener el consentimiento previo, porque la legislación minera no lo pide, y eso es falso”.

Al resolver de esa manera la jueza confunde y se queda corta, agrega Silva,“para no entrar a la revisión de fondo del artículos como el sexto constitucional que, al dar preferencia a la minería sobre cualquier otra actividad, faculta a las autoridades a entregar a empresas las tierras y territorios de los pueblos indígenas y de los ejidos”. Ante esto la defensa legal de la comunidad de Tecoltemi está evaluando si impugna la sentencia de Velázquez Rebollo.

Lo bueno

Pese a todo, la sentencia resultó favorable a la comunidad nahua. La jueza concedió a Tecoltemi el amparo y protección de la justicia, al reconocer no sólo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado y al determinar que las concesiones mineras otorgadas a Almaden Minerals son ilegales.

Debido a esa ilegalidad, el juzgado ordena a la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, pero esta vez considerando que están en el territorio de una comunidad indígena

La autoridad judicial reconoce en su resolución que Tecoltemi cuenta con una protección jurídica específica, con base en lo establecido por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. También reconoce que basta que la comunidad se auto adscriba al pueblo nahua para que se le deba reconocer como tal.

En este sentido, el Juzgado rechaza las afirmaciones de la empresa minera, quien de manera reiterada aseveró durante el juicio que en el municipio de Ixtacamaxtitlán, afectado por las dos concesiones, no existe población indígena. De hecho, el Juzgado advierte que el territorio de Ixtacamaxtitlán “es el que legítimamente corresponde a los pueblos originarios de la zona”.

“La declaración de que son ilegales esas concesiones y la resolución de que se declaren inválidas son relevantes no solo para Tecoltemi, sino para que otras comunidades puedan impugnar estos permisos otorgados de forma ilegal en sus territorios”, subraya Silva.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/poder-judicial-evita-hablar-sobre-inconstitucionalidad-de-ley-minera/

Colombia

No existe la minería sostenible ni responsable, eso es un discurso corporativo

Una entrevista sobre las implicaciones ecológicas, sociales y humanas de los megaproyectos Minero-Energéticos en Colombia

En el mes de Octubre una comisión de líderes sociales colombianos estuvieron de gira por Europa con el apoyo y organización de Friends of the Earth International. Tras ubicarse Colombia, junto a Honduras y Palestina, como uno de los tres países prioritarios de la organización a causa de la situación de violación de derechos humanos, emprendieron camino en esta gira Danilo Urrea, miembro de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia, Blanca Nubia Anaya del Movimiento Social Ríos Vivos en defensa del Sogamoso en Santander y Jonathan  Ospina del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA – en el departamento del Tolima.

Nos reunimos con la comisión para ahondar en el estado de la situación y presentar las violaciones colectivas a los derechos de los pueblos que están teniendo lugar en el país por la participación del capital transnacional en la construcción de megaproyectos.

 

Colombia se ha caracterizado por décadas por su actividad económica de tipo extractiva. La extracción y exploración de hidrocarburos como principal fuente de ingresos nacionales, se vio sin embargo, consolidada junto al énfasis en los proyectos minero-energéticos a gran escala como uno de los pilares de desarrollo económico en el plan nacional de desarrollo 2014-2018.  ¿Qué implicaciones ha tenido esta afamada «locomotora minero-energética “en los territorios donde se ubican dichos proyectos?

Danilo: Señalaría un aspecto, sí es cierto que el modelo se consolidó entre 2014 y hasta 2018 por el plan de desarrollo, pero la viabilidad del modelo y su incursión firme en el país las entrega la política de “seguridad democrática” durante la presidencia de Uribe, en la que se hizo todo por atraer la inversión extranjera directa, causando 4 millones de desplazados, 5 millones de hectáreas de tierra tomadas por el paramilitarismo.  Es la seguridad democrática la que garantizó el modelo, Santos, el presidente actual, lo que hizo fue darle un impulso a esas garantías para el capital transnacional. Pero ya eso estaba bien consolidado.

Jonathan: Este modelo ha hecho que haya un desconocimiento de las comunidades en los territorios por parte del estado, desde la centralidad. Al perseguir esta estrategia de desarrollo, se han causado nuevos y numerosos conflictos con las comunidades, conflictos por la tierra y por el ambiente. Lo que se ve amenazado es la tradición y la permanencia en el territorio.

 

¿Es posible hacer minería a gran escala sostenible, responsable y respetuosa de los derechos?

Danilo: No existe la minería sostenible ni responsable. Es un discurso corporativo, que incluso ha calado en todo el sistema de Naciones Unidas que ha garantizado que a través de esos discursos lleguen a territorios específicos con esas falacias.

Es contradictorio. La misma actividad es de tipo extractivo. De explotación. No puede ser sostenible ni sustentable. Desde la mirada científica es contradictorio. Tampoco es responsable. De lo único que es responsable es del desplazamiento, de la criminalización de la lucha, de la contaminación de agua, de enfermedades respiratorias y estomacales. Lo demás es una falacia. Todo el modelo de responsabilidad social empresarial, que ha sido montado alrededor de la minería, es un favorecimiento del modelo corporativo. Porque una responsabilidad social corporativa que se hace por ejemplo responsable de pagar las fiestas patronales del Tolima para que la gente se comprometa a permitir la entrada  de la transnacional, o de pagar la construcción de escuelas en las que se les enseña a los niños indígenas que se tienen que convertir en mineros por fuera de toda su concepción tradicional y ancestral, un puesto de salud donde ni siquiera hay energía necesaria para poner a funcionar las máquinas para realizar exámenes y atender a la población, son claramente sólo lavados de imagen corporativo para lograr exención de impuestos como está comprobado hasta la saciedad en el caso colombiano. Por todo eso, ese modelo de responsabilidad social y el discurso de minería sostenible es sólo una estrategia para garantizar la entrada más fácil de los proyectos y las mineras a los territorios.

 

Y en últimas para liberar también al estado de su responsabilidad como garante de las condiciones para el desarrollo de los territorios y la vida de las personas.

Danilo: Suplantación ficticia del estado.

 

Y además dividen a la población para ganar adeptos. ¿Cómo hicieron por ejemplo en Cajamarca para reunir a la mayoría en contra del proyecto de minería de oro?

Jonathan: Sólo tuvimos 15 días  para organizar a la gente. Sobre minería ya habíamos hablado por muchos años. Para todos era claro que Cajamarca en su mayoría iba a votar No a la minería. Ese día de la votación, ofrecieron paseos para irse a otros lados, en otros casos ofrecieron 400.000 pesos para retener cédulas y después las devolvían al final de las votaciones. A pesar de esas maniobras de último minuto, nuestro proceso de información y sensibilización ya tenía efectos irreversibles. Los pequeños grupos que estaban a favor de la minería eran porque tenían contratos u otros beneficios directos con la empresa.

 

Colombia transita por un proceso de construcción de paz. Ya con la ley de víctimas, y después del acuerdo de paz, se comenzó a implementar y reforzar en Colombia la política restitutiva, reparativa y de redistribución de tierra.  Pero todo eso va en paralelo compitiendo con la “Locomotora Minero-energética” y con políticas o leyes como la ZIDRES- Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social- . ¿Uds. creen que esta competencia de políticas se constituye en un impedimento efectivo para la paz?

Danilo: En primer lugar es importante señalar que es un error tratar los temas agrarios  en el marco de los planes de desarrollo territorial integral. Cuando hablamos de desarrollo rural, se habla de la tierra en términos de explotación, de lo productivo. Diferente a cuando hablamos de lo agrario. Más allá de ésto, el obstáculo real es que todo el andamiaje normativo de Colombia está en contravía del acuerdo. Por ejemplo las ZIDRES van a crear clústeres productivos, es decir que la única vía será integrar a las Zonas de Reserva Campesina con las ZIDRES como anexo para fortalecer los megaproyectos en la zona. Esta anexión implica que las zonas campesinas, van a ser devoradas por el modelo corporativo que dirige las ZIDRES. Esa fue una jugada brillante del gobierno, ya que ahora todo ese esquema normativo y las políticas de desarrollo rural van a ser validadas y legitimadas en su totalidad por los Planes de Desarrollo Territorial – PDET-, que son parte del acuerdo de la Habana. No dejan ventana ni chance de articular de ninguna forma alternativa los territorios rurales y las actividades productivas. Todo queda atrapado en el modelo corporativo.

 

Se ha discutido ya ampliamente, que tras la retirada de las FARC de los territorios, éstos quedan totalmente libres para que el gobierno y las multinacionales entren con sus megaproyectos de minería o agricultura intensiva y monocultivo. ¿Puede ser que la ausencia de las FARC conduzca a una catástrofe natural y social en territorios que por tradición habían sido intocables por la protección del grupo guerrillero?

Blanca: De hecho en varias comunidades, la misma gente no ha querido que la guerrilla se vaya. La gente tiene miedo. Ha habido muchas amenazas a pobladores diciendo que apenas se vayan las FARC los van a ajusticiar.

Danilo: Es importante dejar claro que nosotros respaldamos cien por ciento el acuerdo como posibilidad de terminar un conflicto armado de tan larga data. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que se quiere implementar como paz. Las comunidades han construido paz desde siempre desde sus mismas formas de habitar el territorio, en una dirección totalmente diferente al modelo corporativo impuesto por el gobierno.

Nosotros como firmes defensores del proceso de paz, sabemos la importancia de la reconciliación como primer paso para construir paz. Pero la reconciliación debe ser completa. También debe haber reconciliación con la naturaleza. La guerra también ha sido declarada a la vida no humana. Reconocer, reparar y enmendar el camino es parte de la construcción de la justicia ambiental para una paz integral.

 

Ustedes representan procesos colectivos locales de resistencia y rechazo a los megaproyectos minero-energéticos. En Cajamarca se llegó a ese punto culmen con la consulta popular en la que el 97% votó en contra de la mina de Oro “La Colosa”. En Sogamoso, la represa siguió su curso como proyecto pero es conocido que la resistencia de la comunidad ha obligado a gobierno y a empresa a hacer un pare y negociar con la gente ¿Cómo fue el proceso colectivo del pueblo para llegar a esos puntos determinantes en la defensa del territorio?

Blanca: En Sogamoso, no ha sido nada fácil, duramos 6 meses en protesta y en paro organizado en uno de los parques de la localidad. Nuestras condiciones fueron muy difíciles. En últimas la sede de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores- fue la que nos prestó techo y refugio sobre todo para nuestros ancianos y niños. Tal fue nuestra resistencia que la empresa ofreció 1.300 millones de pesos (39.000 euros) para solucionar la situación. Pero eso no era ninguna solución. Somos más de 2000 familias, y no se nos ofrecen tierras para cultivos ni soluciones de vivienda. Tras seis meses rompimos la huelga pues no aguantábamos más a sol y a lluvia todos los días. Seguimos movilizándonos y exigiendo. Requerimos apoyo internacional.

Jonathan: Un año antes de la llegada del proyecto “La Colosa”, ya existían algunas organizaciones sociales. Con la llegada de la minera y su gran campaña de prensa y su discurso de progreso económico en las jornadas de socialización con la comunidad, ya comenzaron con gran escepticismo a organizarse los mismos pobladores en comités como el Comité Ambiental en Defensa de la Vida -CADV-. Se formaron redes locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales en apoyo a la causa. Se utilizó muchísimo el “voz a voz” y se generaron iniciativas de movilización ciudadana como las marchas-carnaval. También se produjeron materiales, cartillas, y contenidos de tipo informativo y didáctico en las que se lograron explicar todas las implicaciones de la minería a cielo abierto a gran escala.

De igual forma nos asesoramos con abogados y fuimos muy activos en usar todas las herramientas jurídicas para no sólo hacer respetar el derecho a la consulta previa, sino el hecho de hacer valer la presencia de representantes de la comunidad en sesiones de consejos locales o nacionales y mantener vivo el tema de la minería en el agenda pública.

 

Y después de la consulta, la empresa también se agarró de argumentos jurídicos para deslegitimar los resultados. El argumento de que habían ya adquirido los derechos de explotación tras haber obtenido la licencia para exploración durante 10 años, fue utilizado decididamente por la minera para argumentar su negativa a dejar el territorio. ¿Cómo se alegó contra esos argumentos?

Jonathan: En primer lugar, esos argumentos no tienen un peso jurídico real. En la legislación colombiana, la licencia para exploración no concede de manera automática la licencia para explotación. Es una mera expectativa. Entonces la empresa no tenía ningún derecho adquirido real. No cuentan con licencia ambiental y con los resultados de la consulta tampoco la obtendrán.

Danilo: En todo caso, los resultados de la consulta sí son vinculantes. Lo que pasa es que hay un vacío jurídico. Esos mecanismos de participación están garantizados en la constitución, pero no hay gran desarrollo en su reglamentación. Por esta razón después de los resultados hay un gran bloqueo porque no hay claridad de cómo implementar o seguir el proceso. En eso se excusa el gobierno Colombiano para no actuar de acuerdo a la voluntad de los votantes. Sin embargo, sí existe la jurisprudencia de la corte constitucional que indica que toda decisión de los entes territoriales debe ser previamente consultada y que los resultados de las consultas son vinculantes.

La verdadera pregunta es cómo se están interpretando los desarrollos de la corte constitucional y las discusiones alrededor de éstos. Y eso va para largo.

 

Entonces en el caso de Cajamarca ¿tampoco se ha implementado?

Jonathan: El proceso de implementación en principio sigue tres etapas. El local,  luego el departamental y por último el nacional. Los consejos municipales tienen que reglamentar los resultados de la consulta en el ordenamiento territorial, entonces en Cajamarca, el consejo municipal sacó el decreto por el cual adopta los resultados de la consulta popular pero lamentablemente lo hizo a espaldas de la comunidad  y quedó un decreto muy  vulnerable que puede ser atacado en cualquier momento  por la empresa. Pero bueno, desde lo local ya se puede decir que se implementó. En el nivel regional, la Corporación Autónoma del Tolima – CORTOLIMA- falta que le quite los permisos ambientales a la empresa; los que tiene de exploración. Y de orden nacional falta que los ministerios le quiten los títulos mineros. 80% del territorio en Cajamarca está titulado como territorio minero, entonces seguimos exigiendo que esos títulos se deroguen, pues si la actividad minera está prohibida pues no tendrían por qué estar activos. Al día de hoy la empresa sigue como titular de los territorios, tienen seguridad privada.  La empresa expresó que estaría esperando la resolución del tema minero y allí retornarían o se irían; en un total desconocimiento de la voluntad de Cajamarca.

 

¿Cómo ha sido la situación en relación a la seguridad e integridad de los líderes sociales que defienden los territorios de los mega proyectos y las grandes empresas?

Danilo: En Colombia ha habido un cambio del dispositivo de criminalización en los últimos diez años y el cambio no significa que se haya dejado de usar la forma clásica que es el asesinato y el encarcelamiento. En los últimos diez años hubo todo un desbloqueo de las tecnologías del poder y cambiaron a tener otras estrategias como la deslegitimación del trabajo de la gente. Tiene que ver con mostrar a esas personas como que tienen problemas diversos, más allá de lo que se refiere a su trabajo y tiene que ver con un intento de presentar a los líderes y lideresas como si hicieran parte de grupos insurgentes. Aun cuando eso no se lleve a escenarios penales, genera bastante desconfianza en la población local. Este nuevo dispositivo de criminalización ha tenido un resultado. La estigmatización ha sido producto de una muy buena coordinación entre los medios que están asociados a las empresas privadas y a éstas que a su vez aportan dinero a esos medios.

Blanca: Cuando empezó a entrar con fuerza la empresa en el territorio para construir la represa, sucedieron 4 asesinatos de líderes. Aún siguen esos y otros casos en la completa impunidad. Así mismo tenemos compañeros y compañeras a quienes les han ensuciado su imagen de manera tal que es casi imposible poder recuperar la credibilidad o confianza por parte de los demás. Es muy lamentable. Apenas ven cabezas visibles en la resistencia y defensa de la causa, se implementan varias estrategias para afectarlos. En el peor de los casos, desaparición o asesinato.

Jonathan: En Cajamarca sucedió lo mismo, el asesinato de 3 líderes, dos en 2013, otro en 2014. Según las investigaciones siempre se ha arrojado que los crímenes fueron aislados y desvinculados de su protagonismo en la lucha por la defensa del territorio, sin embargo, se han encontrado también inconsistencias en estas investigaciones. Además también ha habido muchas amenazas al movimiento y sus líderes por parte de grupos paramilitares; en otros casos por personas desconocidas.  La empresa incluso ha tenido históricamente escándalos de vínculos con grupos paramilitares en otras partes del mundo, en Ghana o Sudáfrica, por ejemplo.

Causa curiosidad que las amenazas realizadas por el grupo paramilitar “Las Águilas Negras” utilicen el mismo lenguaje y discurso utilizado por la empresa: El famoso discurso del progreso. Existen muchos indicios que ponen a pensar que realmente existen nexos entre estos grupos y la empresa, teniendo en cuenta que la empresa tiene convenios de seguridad con cuatro batallones de alta montaña del ejército. Es bien sabido por todos cómo no sólo en Cajamarca, los grupos militares han trabajado de la mano con grupos paramilitares. La misma fuerza pública además ha sido de los principales actores que han vulnerado los derechos de los líderes y las comunidades en defensa del capital y los megaproyectos asociados. Este año volvieron a intentar nuevos asesinatos; hubo disparos por parte de una persona desconocida. Se trató que la investigación se hiciera de una manera efectiva pero no hay respuesta ni intención explícita de investigar a fondo. Vemos que los derechos se vulneran constantemente no sólo por los directamente involucrados en las agresiones sino por parte del estado entero al no tener voluntad ni disposición para investigar y esclarecer los hechos. Muestra de ello la impunidad total en la que quedan todos estos casos.

 

¿Qué mensaje principal quieren dejarle a nuestros lectores y cómo se pueden vincular y participar para lograr el mejoramiento de la situación?

Jonathan: Visibilizar los casos. Que no se quede la información en los territorios. Difundir la información. Presionar al gobierno colombiano en dirección a que respete la democracia participativa, los derechos y que implemente las medidas para que se dejen e vulnerar éstos de manera sistemática. Así mismo hacemos un llamado a que las personas cuestionen y cambien sus prácticas del día a día. El consumo excesivo e innecesario está conduciendo a que las empresas vayan a los países “subdesarrollados” para extraer los recursos naturales y así garantizar que otras personas en otros países vivan lo más cómodamente posible a costa de la vida de otras personas. Si cambiamos nuestras prácticas  de consumo no habría necesidad de ir a otros países a explotar y extraer sus recursos hasta acabar con los territorios. Antes de comprar o desechar algo, hay que pensar que otras personas están sufriendo o perdiendo la vida para que ese producto o servicio esté al alcance.

Blanca: Toda la explotación que se hace, se hace de recursos naturales que no son renovables. El agua es vital para sobrevivir. La gente debe ser consciente de que cuando un bombillo está prendido innecesariamente, es el agua la que se está acabando, cuando usamos y botamos mucho papel, también. Al atentar contra el agua, atentamos contra la vida misma. La gente debe despertar y enterarse de dónde y cómo se producen las cosas que adquieren o tienen.

Danilo: Lo principal es tener una mirada crítica frente al modelo global de producción y consumo y lo que implica que una sociedad participe en el modelo de producción y consumo de otras sociedades. En el fondo, la discusión debe ser cómo una situación como la Colombiana, depende de una presión internacional muy fuerte; desde los pueblos de otros países. Se debe saber que no es una democracia la que se vive en Colombia, que la idea de que Colombia ha vivido como la democracia más antigua de Suramérica es una idea falsa. Es una creencia justificada en un modelo legal pero falsa. Creo que como mensaje quiero decir que en Colombia no hay garantías democráticas para el ejercicio de la defensa del bien natural y el territorio y que hasta que no cambie esa concepción de las sociedades europeas de que Colombia es una democracia, no va a ser posible intervenir para acabar con el modelo de dominación, que es un modelo de dominación oligárquico, de una clase social sobre las otras y sobre la naturaleza. El mensaje sería que hay que construir una democracia basada en la autodeterminación de la gente.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/no-existe-la-mineria-sostenible-ni-responsable-eso-es-un-discurso-corporativo/

Perú

Las tendencias de la inversión minera a nivel global

En medio del conflicto de Las Bambas y una tendencia al alza de los conflictos vinculados a la actividad minera, no está de más darle una mirada a las cifras globales de inversión minera y ver cómo se ubica el Perú en este escenario. La tarea es no sólo constatar tendencias, también es importante revisar las narrativas que se han impuesto en el país en los últimos años. Vamos por partes.

¿Qué dicen las cifras?

Las últimas cifras presentadas el pasado mes de marzo en la ciudad de Toronto, en la convención minera más importante del mundo (PDAC), confirman la estrecha relación que existe entre la evolución de los precios internacionales de los minerales y los flujos de inversión. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico cuando los precios suben las inversiones aumentan y cuando bajan, todo indica que no hay manera de evitar que las inversiones también retrocedan.

Esto es bueno subrayarlo porque en nuestro país se construyó una narrativa a partir del año 2012, que explicaba el descenso de las inversiones en minería básicamente por factores internos: “la tramitología está espantando a los inversionistas”, “nos hemos vuelto demasiado exigentes en materia ambiental y social”, decían los voceros de la Confiep, la Sociedad Nacional de Minería y algunos analistas vinculados a estos gremios. La realidad era que la inversión minera se estaba cayendo después del súper ciclo de precios en todo el mundo, incluso a mayores tasas que en el Perú y comenzaron a recuperarse cuando los precios mejoraron.

Coincidente con la tendencia global, la inversión minera en el Perú se ha recuperado en los dos últimos años y todo indica que esta tendencia se mantendrá este año. Los sub rubros más dinámicos de la inversión minera en el Perú han sido el de la construcción de plantas de beneficio, equipamiento, preparación y desarrollo de proyectos.

Otro dato clave es que América Latina sigue siendo la región que capta los principales flujos de inversión a nivel global. Desde mediados de la década del 90 del siglo pasado América Latina se mantiene, con algunas altas y bajas en el primer lugar. El año pasado ha recibido el 28% (una participación menor en dos puntos porcentuales que el año 2017) de la inversión minera en exploración, superando a Norteamérica (23%), Asia/Europa (17%), África (13%), Oceanía (14%) y Asia Pacífico (3%).

El Perú ha mejorado su ubicación a nivel mundial: el año pasado ocupó el cuarto lugar como principal destino de la inversión minera y comparte con México el primer lugar en América Latina. Seis países (Perú, México, Chile, Brasil, Argentina y Ecuador) concentran el 90% de la inversión minera en América Latina.

Otro dato a tomar en cuenta es que mientras que a nivel global las inversiones en proyectos de oro representan el 50% del total de los emprendimientos mineros, en América Latina son los proyectos de cobre los que concentran los mayores montos de inversión. En varios países de la región ha aumentado la producción de cobre y de hecho dos países, Chile y Perú, ocupan los primeros lugares en la producción del metal rojo.

Finalmente es importante notar que tanto los presupuestos como las compañías que exploran litio y otros metales menores como el cobalto a nivel global han estado aumentando de manera sostenida. Este dato es importante ya que en nuestro país se ha conocido el descubrimiento de un yacimiento de litio de talla mundial, en la meseta de Macusani, distrito del mismo nombre en la provincia de Carabaya.

Desde hace una década y media se venía explorando en la zona, aunque la pista seguida por varias empresas era la del uranio. Si uno revisa la cartera de proyectos de inversión que publica regularmente el Ministerio de Energía y Minas, hasta hace muy poco el proyecto de la empresa Macusani Yellowcake, filial de la canadiense Plateau Energy, aparecía como de uranio. Ahora el proyecto ha cambiado de nombre, se llama Falchani y aparece como un emprendimiento principalmente de litio que espera entrar en producción el año  2021.

El litio es un metal liviano, excelente conductor de calor y electricidad, que desde mediados de la década del 90 del siglo pasado comenzó a ser utilizado en las baterías que aportan autonomía energética a artículos tecnológicos y a los autos eléctricos. En la actualidad, el 40% de la demanda mundial de litio se utiliza para la fabricación de baterías y además el 90% de las refinerías se ubican en China. En la última década la cotización del litio prácticamente se ha triplicado.

Algunas conclusiones

– Una primera reflexión gira en torno a cómo caracterizar el momento que vive la minería. Repasemos: el período 2003-2012 fue la etapa del súper ciclo de precios de las materias primas, entre ellas las mineras, que alcanzaron picos históricos de cotizaciones y flujos de inversión. A partir de 2013, con la caída de las cotizaciones de los minerales, se inicia el denominado post súper ciclo, que, nos animamos a afirmar, llegó a su fin el año 2016.

Desde el año 2017 se ha iniciado un proceso de recuperación de las cotizaciones de los minerales que, como se ha visto, ha traído consigo la recuperación de las inversiones. Si bien las cotizaciones no se encuentran en niveles comparables con los momentos pico del súper ciclo, son lo suficientemente atractivas para dinamizar los flujos de inversión en varias regiones en el mundo: es el caso de América Latina y de países como el Perú, que presentan los más bajos costos de producción a nivel mundial, por ejemplo en metales como el cobre.

¿Cómo denominar este nuevo momento? En primer lugar habrá que observar si se confirma la tendencia de recuperación este año 2019 y si se sigue proyectando en los próximos años. En todo caso, estamos hablando de un proceso de recuperación de las inversiones y del dinamismo del sector a tasas más modestas, que se ha iniciado el año 2017 y que se apoya en la producción del cobre, otros metales no ferrosos y en menor medida en metales preciosos como el oro y la plata. Hay que destacar en esta etapa, el dinamismo de otros productos como el litio: América Latina cuenta con las reservas más importantes de litio a nivel mundial y países como Chile, Argentina, Brasil y Bolivia, ya se ubican entre los principales productores.

– A estas alturas, queda totalmente desmentida la narrativa que construyeron los sectores empresariales (Confiep y Sociedad Nacional de Minería) a partir del año 2013. Las inversiones mineras no cayeron por factores internos; cayeron sobre todo porque las cotizaciones internacionales comenzaron a retroceder. Lo mismo estaba pasando en todo el mundo, incluso a tasas mayores que en el Perú. Las cifras globales son concluyentes.

Sin embargo, la narrativa de la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería dio sus frutos: desde el año 2013, el gobierno comenzó con los paquetazos ambientales, y la institucionalidad y los sistemas de certificación ambiental fueron duramente golpeados. En el conflicto de Las Bambas, se ha podido apreciar que un proyecto minero hoy en día puede ser modificado nueve veces, utilizando en gran medida los nuevos instrumentos creados por los paquetazos ambientales, como los Informes Técnicos Sustentatorios (Decreto Supremo 054 del año 2013), en tiempo récord y sin ningún mecanismo de rendición de cuentas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Un tema de reflexión adicional para nuestros gobernantes y para las propias empresas mineras es sobre la relación entre la rebaja de las exigencias ambientales y la conflictividad social. Queda claro que en el caso de Las Bambas, varios de los estallidos sociales han estado vinculados a los cambios realizados al proyecto. Se podría decir que, lejos de que más normatividad ambiental ahuyente la inversión, es al revés: la débil institucionalidad ambiental puede causar problemas serios a las inversionistas.

– ¿El conflicto de Las Bambas puede afectar el proceso de recuperación de las inversiones mineras en el país? Al margen de algunos impactos coyunturales que puede ocasionar un conflicto social, debe quedar claro que las inversiones en minería se mueven con criterios y perspectivas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, no hay que olvidar que lo mismo se dijo en el contexto del conflicto de Conga: “las inversiones se van a ir del país”. Si uno revisa las cifras (ver gráfico 2), las inversiones mineras alcanzaron picos históricos, precisamente en los años siguientes al conflicto de Conga, lo que permitió prácticamente duplicar la producción de cobre en el país; nuevas minas (como Las Bambas y otras) y varias ampliaciones se concretaron y entraron a fase operativa.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-tendencias-de-la-inversion-minera-a-nivel-global/