Perú

Las Bambas: Presentarán proyecto de ley para la amnistía de comuneros denunciados tras manifestaciones

Primera Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos concluye en Challhuahuacho. No hay visos de manifestaciones ni toma del Corredor Minero del Sur

La primera Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos se instaló y desarrolló sin mayores problemas en la localidad de Challhuahuacho – Apurímac. Representantes del Ejecutivo, Defensoría del Pueblo y comuneros de Cotabambas y Grau se reunieron sin mayores sobresaltos, dejando atrás las amenazas de manifestaciones o bloqueos del Corredor Minero del Sur en reclamo a la minera Las Bambas.

Hasta el estadio Molinopampa llegó el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, el jefe de la Ocma, Vicente Walde, y demás representantes del Ministerio de Transportes, Defensoría del Pueblo y hasta la Iglesia, quienes se reunieron con las autoridades y dirigentes comunales por el lapso de siete horas.

Al cabo de la reunión y luego de haber escuchado la participación de los comuneros denunciados y sus defensas, quienes volvieron a solicitar el archivamiento de los procesos en contra de sus patrocinados, la representante de la Defensoría del Pueblo señaló que el defensor se había comunicado con por Poder Judicial y Fiscalía de la Nación, acordando recibir una delegación de Cotabambas para que puedan revisar los casos uno por uno.

Tras la reunión se firmó un acta con con los siguientes acuerdos:

-El jefe de la Ocma, Vicente Walde, designará un equipo de jueces que llegará a Cotabambas, el mismo  que investigará uno a uno los expedientes para luego dar las respuestas adecuadas dentro de la ley en cada caso.

-El Ministerio de Justicia citó que fortalecerá el equipo de trabajo para la defensa pública en la provincia de Cotabambas, así mismo dispuso que el director general de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia haga una evaluación integral de las denuncias y emitirá un informe caso por caso, además se instalará una oficina de Derechos Humanos en Cotabambas.

-Respecto a las viudas y los heridos producto de los conflictos sociales, el ministro de Justicia señaló que en una semana les dará una respuesta integral previa coordinación con los sectores competentes.

-El congresista Richard Arce señaló que en el lapso de una semana promoverá en el Congreso un proyecto de ley de amnistía, para lo cual se comprometió a tratar el tema con el presidente del Congreso el Ministerio de Justicia se comprometió a brindarle la asesoría legal que corresponde.

Gregorio Santos, dirigente de Fuerabamba, citó que en total son más de 370 los comuneros denunciados luego de las manifestaciones del 2011, 2015, 2016 y este año.

Cabe mencionar que esta mesa de trabajo debía instalarse todavía la anterior semana, sin embargo no rompió el diálogo debido que a la reunión no se permitió el ingreso de comuneros que no habían sido acreditados anteriormente.

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/las-bambas-presentaran-proyecto-de-ley-para-la-amnistia-de-comuneros-denunciados-tras-manifestaciones-883425/?ref=list_pri_10&fbclid=IwAR0NufN0G_LcbDbZV59cU9Fq6nw4vZ8ibRhh9pDIADwgwunl4gGynkuWNfw

Argentina

En un operativo inédito, sacan del país 100 toneladas de mercurio de la mina Veladero

El residuo contaminante, que estaba almacenado desde 2012, viajará desde San Juan por seis provincias y nueve países hasta llegar a Alemania. Los detalles. 

En un operativo logístico de grandes dimensiones, comenzó el transporte de 100 toneladas de mercurio de la mina Veladero, en San Juan, hasta el puerto de Santo Antonio, en Santiago de Chile. El residuo contaminante, que era almacenado en estado líquido desde 2012, viaja en botellones de acero, colocados en contenedores, que son transportados en camiones. Pasará por seis provincias del noroeste argentino y nueve países hasta llegar a su destino final en una mina de sal en Alemania, donde quedará sepultado.

“Es la primera vez que vamos a exportar mercurio para la disposición final”, dijo en exclusiva a Clarín Marcelo Álvarez, director ejecutivo de la Minera Andina del Sol, la alianza comercial de la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que opera la mina Veladero, que entre 2015 y 2017 tuvo tres derrames accidentales de cianuro.

El envío a Europa cuesta 1,5 millones de dólares cada 100 toneladas, y lo realiza la empresa suiza Batrec, especializada en el manejo de residuos peligrosos. El operativo es monitoreado por la policía ambiental de las distintas jurisdicciones que recorre.

“Serán varios camiones (se calcula que entre tres y cuatro) para transportar las 100 toneladas de mercurio, de un total de 440 toneladas que tenemos almacenadas”, explicó Álvarez. La caravana con el mercurio líquido dará una vuelta de más de 2.400 kilómetros para llegar al puerto de San Antonio, en la región chilena de Valparaíso, que está a solo 775 kilómetros de distancia de la mina.

La ruta del cargamento

“Dimos la autorización para salir, aunque la hora y el momento lo determina la empresa suiza por las condiciones climáticas”, aclaró en la noche del martes el gerente. El cargamento partió en la madrugada de este miércoles desde San Juan para atravesar La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Cruzará a Chile por el paso de Jama (4.200 metros sobre el nivel del mar), hasta el puerto chileno que se encuentra a solo 108 kilómetros de la capital, Santiago. “La empresa nos ha comunicado que han optado por esa ruta porque es la más segura y menos riesgosa”, dijo el director general de la mina Veladero.

Mendoza, una provincia de importantes movilizaciones sociales anti minería, no aparece en el itinerario de viaje. El secretario de Ambiente de la provincia del vino, Humberto Mingorance, dijo que “nadie avisó ni pidió autorización” para transportar estos residuos por Mendoza. Pero, aclaró, que en el caso en que hubiera existido la solicitud, “no veo el inconveniente de que el mercurio recorra el país, siempre y cuando la empresa que realice el transporte cumpla con los controles de seguridad medioambientales”.

Una vez que el mercurio sube al barco en el puerto chileno emprende un camino por nueve países, donde también se pidió autorización para transitar: Perú, Panamá, Bahamas, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia y Suiza. El residuo peligroso recibirá un proceso de estabilización en Suiza, donde al mercurio líquido se lo transforma en sulfuro de mercurio para volverlo al estado sólido. Luego, será trasladado a una mina de sal en Alemania, donde quedará sepultado.

La empresa minera propiedad de la Barrick y Shandong Gold confirmó que son varios los organismos públicos que participan de la operación: “Obtuvimos los permisos de la Secretaría de Ambiente de la Nación y su par de la provincia de San Juan para hacer el retiro de los residuos tóxicos y la disposición final que será en Alemania”, dijo Álvarez. La Aduana Argentina hará la entrega del material tóxico a la empresa Batrec.

El ejecutivo aseguró que todo el operativo se lleva adelante en cumplimiento de los tratados medioambientales firmados por la Argentina: el Convenio de Basilea, que hace la gestión responsable del residuo peligroso, y la Convención de Minamata (2013), que identificó las aplicaciones del mercurio y las alternativas para reemplazar su uso y proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos.

Cómo se genera

El mercurio sale del proceso de lixiviación de la producción del oro y plata, en el proceso de mineralización de la propia roca. En Veladero, el mercurio comenzó a generarse desde el inicio de la operación minera, en 2005. En San Juan, se generan entre 35 y 40 toneladas de mercurio por año y hasta 2012, la minera lo comercializaba a Estados Unidos.

Con los cambios impulsados por los tratados internacionales, Barrick pidió la autorización para que el Ministerio de Minería de San Juan modifique las condiciones del mercurio, de considerarlo un subproducto minero a pasar a ser un residuo peligroso, y poder sacarlo del país. “Ahora, se trata como residuo peligroso y se dispone para su inutilización de por vida”, detalló Álvarez.

Barrick comenzó la fase operativa de Veladero en 2005 y su plan de explotación llega hasta 2026, aunque desde la compañía se evalúan alternativas para transformarla en una mina de clase mundial y continuar extrayendo oro y plata. La mina está ubicada en la cordillera sanjuanina, a pocos kilómetros del límite con Chile.

Entre 2015 y 2017, la empresa tuvo tres derrames accidentales de cianuro sobre el río Jachal que obligaron a paralizar algunas de sus áreas y retrasó el plan de extracción. Un informe de la Universidad Nacional de Cuyo detectó elevadas dosis de mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto en el río La Palca, que aporta el 70% del caudal del río Jachal. Las agrupaciones ambientalistas resisten esta explotación y sostienen que afecta los pocos reductos de agua pura y los glaciares de la cordillera andina.

Veladero produce 500.000 onzas de oro al año, lo que representan un ingreso de 600 millones de dólares al año.

Mendoza. Corresponsalía

Fuente:https://www.clarin.com/sociedad/operativo-inedito-sacan-pais-100-toneladas-mercurio-mina-veladero_0_CyG7_nOpG.html

Internacional

Minera de Luksic realiza polémica donación de equipos a policía local en Minnesota

En un intento por generar buena voluntad en la localidad de Ely, en las cercanías de uno de sus grandes proyectos mineros en Minnesota, Twin Metals, sucursal estadounidense de Antofagasta Minerals, aportó equipos de seguridad a la policía local. Lo hizo a través de una ONG cristiana ultraconservadora, según reveló el medio The Intercept.

El 19 de febrero pasado, siete oficiales de la policía de Ely en Minnesota, Estados Unidos, posaron detrás de una mesa junto a siete juegos de armaduras y equipos de primeros auxilios. Los oficiales y los demás miembros que se encontraban presentes, inclinaron sus cabezas y profirieron en tono de oración: «¡Nuestro agradecimiento a Twin Metals Minnesota por su generosa donación para equiparnos con el equipo Shield616!», cuenta un artículo dedicado al tema de The Intercept, un periódico digital estadounidense de investigación.

Twin Metals, es la sucursal estadounidense de la minera Antofagasta plc, controlada por el grupo Luksic, que en estos momentos se encuentra tramitando la construcción de un proyecto minero subterráneo para extraer cobre, níquel y platino de las orillas del refugio medioambiental Boundary Waters Canoe (BWCA) y el Parque Nacional Voyageur, zonas consideradas de las últimas áreas silvestres de Estados Unidos, las que cuentan con más 450 mil kilómetros cuadrados de lagos y bosques protegidos por la ley desde 1926.

La comunidad y los activistas medioambientales -cuenta The Intercept– están preocupados ya que las faenas de procesamiento del mineral estarán cerca de la orilla del lago Birch y del río Kawishiwi del Sur, cuyas aguas fluyen hacia zonas silvestres. El ácido sulfúrico liberado en el proceso minero podría filtrarse en el agua, dañando la vida acuática.

De acuerdo a la publicación, las sospechas de lobby por parte de Twin Metals se incrementaron cuando se supo que la minera del grupo Luksic donó miles de dólares en equipo a la policía de Ely a través de una organización cristiana poco conocida, llamada Shield616, cuya misión es proteger a los policías, dotándolos de elementos protectores de última tecnología.

Shield616 es una organización sin fines de lucro fundada por el ex oficial, Kke Skifstad, tiene su sede en Colorado Springs, y es de tendencia cristiana ultraconservadora. Como ejemplo de ello, en su página incluye el testimonio de Rajeev Shaw, un activista de The Focus on the Family, organización que ha sido una voz clave en la oposición a los derechos reproductivos y  LGBTQ.

Skifstad explica que la idea de formar Shielfield616 surgió luego de su participación en dos tiroteos mientras trabajaba como oficial activo del Departamento de Policía de Colorado Springs. En la actualidad, la fundación ha entregado equipamiento en más de 19 estados, cada kit tiene un valor de US$1.500 y trae un chaleco antibala, un casco y un equipo de primeros auxilios.

Según The Intercept, la donación de Twin Metals refleja lo poco observada que está la alianza entre la policía y las industrias extractivas en las comunidades de Estados Unidos, país que ha experimentado un ascenso en los conflictos socioambientales derivados de la gran minería y la industria petrolera.

Con las protestas en auge, los gobiernos locales han tenido que reforzar al contingente policial. En Duluth, Minnesota, por ejemplo, el Departamento de Policía compró recientemente un equipo antidisturbios por un valor de US$ 84.000; la comprá en sí provocó una protesta.

Trump, el salvavidas de Twin Metals

Tal como informa en su página web en enero de 2015, Antofagasta Minerals adquirió el 100% de Twin Metals Minnesota, una compañía minera enfocada en el diseño, construcción y operación de un proyecto subterráneo de extracción de cobre, níquel, platino, paladio, oro y plata en la región de Iron Range en el noreste de Minnesota.

Tras un prometedor inicio, los avances para explotar la mina se empantanaron cuando en 2016, hacia el final del gobierno de Barack Obama, la Oficina de Administración de Tierras de Minnesota (BLM, pos sus siglas en inglés) le negó la renovación de dos concesiones mineras contempladas en el proyecto.

La decisión fue ratificada por el Servicio Forestal Federal de Estados Unidos y en diciembre de 2016 Twin Metals presentó una denuncia en la corte distrital de Minnesota en contra de los organismos de la administración federal, para recuperar sus licencias mineras. Posteriormente, a fines de 2017, la administración de Donald Trump revirtió la decisión y la sucursal de Antofagasta Minerals pudo recuperar sus permisos.

En enero de 2018 Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, comentó los avances del proyecto a La Tercera: “De acuerdo a nuestro programa, esperamos poder presentar a tramitación ambiental el proyecto el año 2019. Dado lo anterior, debiésemos tener los permisos ambientales hacia el año 2024 y comenzar posteriormente su construcción”.

A la fecha de las declaraciones, de acuerdo al mismo periódico, la minera había invertido US$ 400 millones, proyectando un presupuesto que contempla un gasto del orden de US$ 20 millones anuales, hasta llegar a la etapa de construcción, cuando se estima una inversión de US $ 1.000 millones.

Como dato de contexto, tal vez anecdótico, Andrónico Luksic en 2016 donó 670 dólares a la campaña de Donald Trump, conforme a datos oficiales de la Comisión Federal Electoral. Luego de que se supo esa información, el empresario chileno-croata dio su versión, diciendo que se trataba de una compra de merchandising, realizada en su calidad de coleccionista de objetos de campañas políticas, y que habia hecho lo mismo con Hillary Clinton, con lo que el asunto quedó ahí.

Conflicto de intereses

Mediante un correo electrónico, el portavoz de Twin Metals en Estados Unidos, David Ulrich, señaló a The Intercept que la compañía ha realizado donaciones por más de US$ 400 mil al interior de Minnesota, incluidos US$ 20 mil para United Way, una organización de caridad dirigida a comunidades locales con sede en Virginia, además de fondos para implementos técnicos para emergencias médicas, excursiones escolares, grupos de scout y clubes deportivos.

«Nuestra donación al Departamento de Policía de Ely no fue la primera y es parte de nuestro compromiso continuo con la comunidad de Ely», dijo Ulrich. «Esta donación en particular fue a solicitud del departamento, a la luz de los muchos incidentes relacionados con la seguridad en las escuelas de todo el país», prosiguió.

El jefe de la policía de Ely, John Lahtonen, quien desestimó las preocupaciones sobre el cambio del equipo Shield616 defendió los vínculos con Twin Metals. «Seamos claros aquí», dijo Lahtonen a The Intercept, «Twin Metals ha estado aquí durante varios años y han sido buenos con las comunidades».

En contraparte, Jason Zabokrtsky, propietario y operador de Ely Outfitting Company, una empresa dedicada al turismo, opina que las donaciones ayudan a las empresas a limpiar su imagen: «Es bueno que Twin Metals esté donando a la comunidad, pero esa es su estrategia de marketing. Es una forma de intentar y convencer a las personas para que apoyen un proyecto que es malo para la comunidad», dijo a The Intercept.

Para Radley Balko, autora del libro Rise of the Warrior Cop: La militarización de las fuerzas policiales de Estados Unidos, las cuestiones éticas planteadas por la donación de Twin Metals van más allá del equipo entregado: “Si se llama a la policía para protestar contra la compañía y la compañía les ha comprado este equipo, ¿dónde están sus lealtades? Tenemos que preguntarnos si el regalo afecta las políticas».

Jane Kleeb, fundadora de Bold Alliance, una red de grupos activistas que se oponen a proyectos de explotación de combustibles fósiles en áreas rurales, dijo que ha observado un fenómeno similar en Nebraska, donde la compañía de energía, TransCanada, busca construir el polémico oleoducto Key Sands.

«TransCanada durante la última década ha ido de comunidad en comunidad comprando equipos”, afirmó Kleeb en el reportaje mencionado, explicando que ha visto la entrega de camiones de bomberos y vehículos todo terreno para la policía, pero algunas comunidades han rechazado las donaciones.

«Ha habido algunos departamentos de policía que han dicho que no», afirmó Kleeb, citando al condado de Holt, Nebraska, que rechazó las ofertas de TransCanada debido a preocupaciones por conflicto de intereses. Pero muchos gobiernos locales descartan esas preocupaciones y se llevan los regalos. Las donaciones más pequeñas, como el regalo de Twin Metals a la policía de Ely, son cada vez más comunes, explicó The Intercept.

“Si tenemos una necesidad de equipos se debe llamar la atención de los gobiernos locales, estatales y federales para asegurarse de que nuestros socorristas estén equipados adecuadamente para hacer frente a emergencias. No deberíamos recurrir a las corporaciones para equiparlos y, al mismo tiempo, comprar su lealtad «, remató Kleeb,

Nota de la Redacción: El título y la bajada de este artículo fueron modificados de su versión original publicada el lunes 22 de abril para reflejar mejor el contenido original del reportaje de The Intercept.

 

Fuente:https://interferencia.cl/articulos/minera-de-luksic-dona-equipos-policiales-para-reprimir-ambientalistas-de-minnesota?fbclid=IwAR3kR6OZt9lq8nJCVDVxY2M8IDmwNgpGKbdcy7NGPaic82hw-8FbWS1tXlw

Perú

Espinar: Comunidades tendrán reunión con ministros para exigir Consulta Previa

El próximo, lunes 29 de abril las comunidades las Comunidades Campesinas de Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Huano Huano, Cala Cala, entre otras; tendrán una reunión con el Ministerio de Energía y Minas para que se haga respetar su derecho de consulta previa.

Ayer en las instalaciones del Gobierno Regional del Cusco los dirigentes comunales de Espinar lograron sacar este compromiso a partir de una reunión que sostuvieron con el gobernador Jean Paul Benavente, el congresista Armando Villanueva y el ministro Fracisco Ísmodes Mezzano.

Esta importante reunión se llevará a cabo en la comunidad de Tintaya Marquiri, los dirigentes tendrán un espacio con el gobierno para informar sus problemáticas y pedir que se la consulta previa respecto a la Modificatoria de EIA del proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco de la empresa minera Antapacay – Glencore.

 

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-tendran-reunion-con-ministros-para-exigir-consulta-previa/?fbclid=IwAR23xs0BLH-_5773lWWLI-8ujwfJrktkGjJAkemBh2ZqMxDfrNisX8MRG48

Mexico

Comunidad de Ixtacamaxtitlán gana amparo contra concesiones mineras

Determina que las concesiones reclamadas son ilegales, por haberse violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

La Comunidad Nahua de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, ganó un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones mineras sobre su territorio sin consulta ni consentimiento.

En un comunicado, Fundar explicó que el juicio también fue interpuesto por la comunidad contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley minera cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución.

En su resolución, el Juzgado concede a Tecoltemi el amparo y protección de la justicia, reconociendo no solo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado, y determinando que las concesiones mineras, cuya titular es la canadiense Almaden Minerals, “devienen ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”.

Debido a esa ilegalidad, el Juzgado ordena a la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, teniendo presente que se trata de territorio indígena..

La autoridad judicial reconoce en su resolución que Tecoltemi tiene carácter indígena y que por ello cuenta con una protección jurídica específica, señalando que, con base en lo establecido por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, basta que la comunidad se auto adscriba al Pueblo Nahua para que se le reconozca tal calidad y protección.

En este sentido, el Juzgado rechaza las afirmaciones de la empresa minera, quien de manera reiterada aseveró durante el juicio que en el municipio de Ixtacamaxtitlán, afectado por las dos concesiones, no existe población indígena.

El juzgado estableció que el Congreso de la Unión ha incumplido con su obligación de adecuar la Ley Minera para incorporar en ella el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado.

En este sentido, la autoridad judicial señala que el poder legislativo ha incurrido en una omisión legislativa relativa, que genera una  situación inconstitucional.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el pasado 11 de abril y está sujeta a impugnación por cualquiera de las partes involucradas en el juicio.

 

Fuente:https://www.poblanerias.com/2019/04/comunidad-de-ixtacamaxtitlan-gana-amparo-contra-concesiones-mineras/?fbclid=IwAR3hiREvoY9igt0AONlE1f6l3KlEwYAthfmi5GhHv5rIVFtGrR2RsyLxy-g

Perú

Huancabamba marcha nuevamente contra proyecto Río Blanco

Los dirigentes de la Central de Rondas Campesinas de la provincia de Huancabamba y de la comunidad campesina de Segunda y Cajas de la región Piura, sí como la población en general, marchan este miércoles por la ciudad para rechazar el proyecto minero Río Blanco, asegurando que atenta contra el medio ambiente.

A las poblaciones de las provincias de Huancabamba se han sumado las de Namballe y San Ignacio de Cajamarca en rechazo a la imposición del proyecto minero Río Blanco (antes Majaz) y en defensa de los páramos, bosques de neblina y el agua de Piura

“Nosotros rechazamos a esta empresa porque en lugar de traer desarrollo para nuestros pueblos nos trae problemas”, expresó el presidente de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, Hilario Peña Huamaní.

La marcha que se realiza por las principales calles de la ciudad, hace un llamado a la población a la defensa de los recursos naturales, sobre todo del recurso hídrico, el cual viene siendo amenazado por la explotación minera.

El dirigente indicó que la empresa minera Río Blanco ha denunciado a más 40 comuneros y ronderos, por lo que este martes y miércoles, están acudiendo a rendir su manifestación ante el representante del Ministerio Público.

Peña Huamani, sostuvo que esperan reunirse con el gobernador regional de Piura, Servando García Correa para solicitarle su compromiso en defensa de los recursos naturales, así como también con los Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente y Cultura, pues están abiertos al diálogo.

“Nosotros estamos abiertos al diálogo, lo que no queremos es que el gobierno actúe a nuestras espaldas”, manifestó el directivo comunal.

Cabe recordar que Río Blanco operaría en zonas de bosques de neblina de Ayabaca y Huancabamba. Solo la comunidad de Segunda y Cajas, ubicada en Huancabamba, tiene 47 hectáreas, de las cuales 27 fueron declaradas de conservación.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/04/24/huancabamba-marcha-nuevamente-contra-proyecto-rio-blanco/?fbclid=IwAR1jLbm0wft9faGTY_MFRU7uyjwYLbf5mjnHk0vh8m15m05YqgeuXdT2wLE

Perú

Ucayali: claves para entender la lucha de los nahua contra la contaminación de mercurio

Los nahua de la Comunidad nativa de Santa Rosa de Serjali, situados en el departamento de Ucayali, exigieron en diciembre exámenes más exhaustivos sobre la contaminación por mercurio.

En diciembre de 2018, Mongabay Latam publicó el Especial ‘Acorralados por mafias y enfermedades: la situación de los pueblos en aislamiento y contacto inicial’ y mostró la problemática de estos pueblos en cuatro países de la región: Colombia Ecuador, Venezuela y Perú. En el caso de este último, se narró la pelea de los indígenas nahua que viven en la Reserva Territorial Nahua Nanti Kugapakori y Otros (RTKNN), una población vulnerable y preocupada por la contaminación de mercurio a la que se ven expuestos.

Su temor es real y fundamentado. Entre noviembre del 2014 y octubre del 2015, el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS), por encargo del Ministerio de Salud (MINSA), recogió muestras de orina entre los nahuas de la RTKNN —situada entre los departamentos de Ucayali, Madre de Dios y Cusco— hasta en cuatro oportunidades. En todas estas ocasiones, se encontraron fuertes concentraciones de este metal pesado, especialmente en niños menores de 12 años.

Jader Flores, indígena nahua que vive dentro de la reserva, dijo en una reunión realizada en noviembre de 2018, frente a otros nahuas de Serjali, a representantes de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Atalaya (CORPIAA) y del Ministerio de Cultura: “No tenemos idea de lo que nos pasa, por eso exigimos a las autoridades que actúen”.

Mercurio en los nahua

El informe ‘Análisis de Situación de Salud del pueblo Nahua de Santa Rosa de Serjali en la RTKNN’, emitido por el Ministerio de Salud en el 2017, indica que la concentraciones de mercurio, tras las pruebas realizadas, fueron evidentes en el 78 % de las muestras, un signo literalmente alarmante de la situación en la comunidad de Santa Rosa de Serjali.

Jader Flores denunció en la publicación de Mongabay Latam que hasta diciembre de 2018 no se les había practicado un estudio de pelo, como lo recomendaba el documento del MINSA. Este análisis es el más recomendable, pues el pelo tiene la ventaja de contar con una memoria de largo plazo, tal como lo explica en un artículo reciente el doctor Héctor Solórzano de la Universidad de Guadalajara (México).

Tener  mercurio en el cuerpo es altamente peligroso. Puede originar desde diarreas y dermatitis hasta “varios tipos de cáncer y alteraciones al feto”, de acuerdo al Dr. Carlos Manrique, quien trabaja en Puerto Maldonado y ha visto varios de estos casos de contaminación. A eso se está enfrentando el pueblo nahua de Serjali.

En ese momento, Beatriz Huertas, antropóloga especializada en PIACI y que años atrás trabajó en el Ministerio de Cultura (MINCUL), llamó la atención sobre este problema con esta frase: “Pareciera que no se entiende que es una situación de emergencia”.

2016: el año de la emergencia sanitaria

Los problemas de salud en la población nahua de Serjali estaban presentes desde 2016. Ese año, en abril, el MINSA declaró en emergencia sanitaria a la comunidad de Serjali. Según quienes estuvieron presentes, se llevó agua, medicamentos, personal de salud. Pero la situación no mejoró sustantivamente, comenzando porque, como apunta Jader Flores, “la posta a veces está vacía”.

El propio MINCUL, a través de su Viceministerio de Interculturalidad, conformó al mes siguiente (mayo del 2016) un Grupo de Trabajo “para proteger a la población nahua de Ucayali”, en el que se integraron representantes de los ministerios de Salud, Ambiente, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y el Gobierno Regional de Ucayali (departamento donde se encuentra parte de la RTKNN).

Estaba previsto para que dure seis meses, pero a la fecha de la publicación del artículo seguía funcionando. Básicamente porque no se había encontrado una respuesta sobre el origen del mercurio presente en el organismo de los nahua. Además, en la modesta posta que hay en Serjali no solo falta atención. Faltan también equipos e infraestructura y hay escasas atenciones preventivas (solo 9,6 % de las que se deberían haber realizado entre el 2011 y el 2014), de acuerdo al informe del MINSA.

Actualmente, son aproximadamente 400 los miembros de del pueblo nahua asentados en Santa Rosa de Serjali. Su condición de vulnerabilidad los expone a enfermedades que un habitante urbano, o hasta rural, supera en unos pocos días. En más de una ocasión, un resfrío común puede causar una tragedia masiva.

El 61,2 % de los niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. Entre los Nanti, otra etnia de la RTKNN, esa cifra sube a 67,3 %, como señala el informe del MINSA.

La prevalencia de la anemia, de acuerdo a este estudio, es de 76,7 % en el conjunto de la población, con menos incidencia en los niños, aunque eso no hace menos dramático el cuadro. La medición que se hace entre los años 1997 y 2014 revela que, en ese lapso, el 75 % de las muertes se produjeron antes de los 31 años. Un 25 %, a su vez, antes de los cinco meses de edad, todo lo cual sugiere que en Serjali la gente se va prematuramente.

“Hay mucha gente enferma de anemia, de tuberculosis, de diabetes, no hay medicinas y el enfermero no está siempre allí”, señala Jader Flores.

Territorio en disputa

Algunos nahuas de Serjali temen que la empresa Pluspetrol, operadora del Consorcio Camisea que extrae gas natural en el denominado Lote 88, ubicado en la RTKNN desde el 2004, sea la responsable por la presencia del mercurio. La compañía, sin embargo, se ha defendido. En enero de 2018 descartó “cualquier posibilidad de que las explotaciones de gas puedan generar contaminación por mercurio” tanto en la población como en el medio ambiente. Sostuvo, entonces, que en sus procesos productivos no se utiliza este metal, “ni se generan emisiones del mismo”. Y agregó que hay un constante monitoreo y que los organismos del Estado fiscalizan las actividades que se desarrollan en el campo.

Un informe de la ONG ecuatoriana Acción Ecológica, escrito por la investigadora Elizabeth Bravo en el 2007, indica que los cortes de perforación con fines de extracción de hidrocarburos pueden movilizar cadmio, plomo y también mercurio. La manera de saber si esa es la fuente de contaminación, o no, es precisamente hacer un estudio a fondo, in situ y que incluya la toma de muestras de pelo del pueblo nahua.

El Lote 88, donde actualmente opera el Consorcio Camisea, tiene 143 500 hectáreas, está allí dentro porque se estableció en los años 80, antes de que se creara la reserva, el 14 de febrero de 1990. La compañía tiene derechos preestablecidos, pero los Nahua y otros pueblos defienden su derecho también a la protección y la autodeterminación.

PlusPetrol ha tratado de ampliar su área de trabajo. Lo intentó en el 2012, cuando dos medios de comunicación peruanos informaron que el gobierno de Ollanta Humala planeaba entregarle a Pluspetrol el Lote Fitzcarrald que cubriría una parte de la RTKNN y una parte del Parque Nacional del Manu. Ante un requerimiento de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Perupetro, la empresa estatal encargada de negociar, suscribir y supervisar contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, informó que la ubicación exacta de dicho lote “estaba en elaboración”.

El tema se quedó congelado allí.

Un año más tarde, en setiembre de 2013, también durante el gobierno de Humala, la empresa solicitó la ampliación de sus actividades en el lote. Los Nahua respondieron un mes después enviando una carta al Ministerio de Cultura oponiéndose a dicha ampliación porque “afectaba su territorio ancestral”.

El tema se quedó congelado allí, hasta ahora. Pero ambos episodios evidenciaron que el territorio de la reserva puede despertar nuevas disputas.

El largo camino para convertirse en reserva indígena

Jader Flores contó que en los alrededores de Serjali cada vez es más difícil ver animales de monte, como la sachavaca o la huangana. “Ahora hay que irse más lejos”, dijo. Lo mismo ocurre con los peces: aún se encuentran palometas, pero la gamitana, una especie de carne muy apreciada, ya no es tan frecuente. El impacto para estos pueblos en contacto inicial se siente cada día más.

Las perspectivas de futuro no son muy claras. De las cinco reservas territoriales, hasta ahora tres han sido convertidas en reservas indígenas, vía el Decreto Supremo No.007-2016 del MINCUL: la Isconahua, la Mashco Piro, la Murunahua. Las otras dos siguen siendo revisadas por la Comisión Multisectorial, pero es quizás la RTKNN la más problemática por la existencia del Lote 88, que es motivo de controversia, disputa, y cuya influencia en la salud de los nahua no ha sido esclarecida oficialmente.

Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), una organización que vela por los derechos indígenas en sur del Perú, afirmó que la situación es “totalmente preocupante”. Conrad Feather, un antropólogo británico que ha trabajado en esa zona afirma algo central: “estos pueblos estaban acostumbrados a vivir dispersos, no tienen capacidad para aguantar la presencia de gente de otros lados”. Cuando los Nahua, hacia los años 90, comenzaron a aglomerarse en Serjali, se complicaron la vida, perdieron tierras, identidad, recursos.

Ha habido una serie de acciones para amortiguar ese proceso, como la carta que el 31 de mayo del 2018 AIDESEP y el IDL enviaron a seis Relatores Especiales de Naciones Unidas, entre ellos a Victoria Lucía Tauli-Corpuz, la relatora sobre derechos de los pueblos indígenas. En ella, alertan sobre la grave situación de salud de los Nahua que viven al interior de la RTKNN y afirman que el Estado peruano no ha cumplido con su obligación de garantizar los derechos de este pueblos y de los otros que viven al interior de esta reserva. Tauli expresó en ese momento su preocupación por el tema e instó al gobierno a tomar medidas más urgentes.

En noviembre las cosas empezaron a moverse un poco. En la reunión celebrada en noviembre en Atalaya, a la que asistió Jader Flores, representantes del MINCUL anunciaron que se daría impulso a la investigación sobre los orígenes del mercurio y la categorización de la RTKNN, para ver si pasa a convertirse en reserva indígena. También se mencionó que un Comité de Gestión ha elaborado un Plan de Trabajo 2019, que aspira a proteger la vida y la salud de los pueblos que la habitan.

 

Fuente:https://mongabay-latam.lamula.pe/2019/03/28/ucayali-claves-para-entender-la-lucha-de-los-nahua-contra-la-contaminacion-de-mercurio/mongabaylatam/

Perú

Diálogo por Las Diálogo por las Bambas no se ha detenido con las comunidades, dice la ministra Bustamante

El diálogo con las comunidades de Cotabambas, en torno al conflicto minero por Las Bambas, no se ha detenido y que los acuerdos alcanzados hasta el momento avanzan en su cumplimiento, dijo este sábado la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Paola Bustamante.

Sostuvo que el miércoles 24 se instalará la Mesa Técnica de Justicia y Derechos Humanos, que será informativa y para la cual han a convocar a representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, a pedido de las comunidades.

Precisamente, este sábado, el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, advirtió del reinicio de las protestas si no archivan denuncias contra unos 500 comuneros«Nosotros hemos solicitado que para el día 24 tienen que estar los señores del Poder Judicial y la OCMA para que nos den una solución y nos expliquen de qué manera van a archivar (las denuncias). No somos terroristas», dijo.

El diálogo continuará de acuerdo a lo acordado, me sorprende que digan que irán a un paro cuando el dialogo continúa, nosotros estamos en dialogo permanente con las diferentes comunidades y autoridades», refirió por su lado Bustamante.

En declaraciones a radio Nacional, la titular del Midis dijo que el pasado miércoles conversó personalmente con Gregorio Rojas y que además hay un acta firmada en las cual se han comprometido a continuar dialogando.

«Me sorprende si dicen que el 24 se va al paro cuando no hemos incumplido nada, hemos avanzado en el cumplimiento de los compromisos», insistió la ministra, ante el anuncio de esta comunidad de retomar su medida de fuerza.

Bustamante, que preside la Comisión Multisectorial para el Cumplimiento de Compromisos del Proyecto Minero Las Bambas, dijo que no está en manos del Ejecutivo la liberación de los asesores de esta comunidad ni archivar los procesos en marcha contra algunos comuneros.

Precisó también que el viernes se recibió en la Mesa de Cotabambas la propuesta de modificación del decreto supremo que crea la Comisión Multisectorial en lo que respecta a los representantes de la sociedad civil.

Sostuvo que el Estado sigue presente en la zona para impulsar un enfoque de desarrollo de las comunidades a lo largo del corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa, lo que implica hacer seguimiento y cumplir acuerdos en Cotabambas sobre cómo mejorar los servicios básicos en cada distrito de la provincia.

En el marco del diálogo, aseguró que el lunes estará en el Cusco para reunirse con los representantes de la Mesa Chumbivilcas y Paruro, y el martes con Espinar.

 

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/04/20/dialogo-por-las-bambas-no-se-ha-detenido-con-las-comunidades-dice-la-ministra-bustamante/redaccionmulera/

 

Mexico

Juzgado concede amparo a comunidad indígena contra concesiones mineras

Determina que las concesiones reclamadas son ilegales, por haberse violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
Reconoce que Tecoltemi es una comunidad indígena, bastando su auto adscripción al pueblo Nahua, para tal reconocimiento.
Este 22 de abril la Comunidad Nahua de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, fue notificada de la sentencia que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios
Federales en el Estado de Puebla dictó el pasado 11 de abril dentro del juicio de amparo 445/2015. El juicio fue interpuesto por la comunidad, acompañada por Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones mineras sobre su territorio sin consulta ni consentimiento. La demanda fue también contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley minera cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución.
En su resolución, el Juzgado concede a Tecoltemi el amparo y protección de la justicia, reconociendo no
sólo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado, y
determinando que las concesiones mineras, cuya titular es la canadiense Almaden Minerals, “devienen
ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”.
Debido a esa ilegalidad, el Juzgado ordena a la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar
una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, teniendo presente
que se trata de territorio indígena.
La autoridad judicial reconoce en su resolución que Tecoltemi tiene carácter indígena y que por ello
cuenta con una protección jurídica específica, señalando que, con base en lo establecido por la
Constitución y el Convenio 169 de la OIT, basta que la comunidad se auto adscriba al Pueblo Nahua
para que se le reconozca tal calidad y protección. En este sentido, el Juzgado rechaza las afirmaciones
de la empresa minera, quien de manera reiterada aseveró durante el juicio que en el municipio de
Ixtacamaxtitlán, afectado por las dos concesiones, no existe población indígena. De hecho, el Juzgado
advierte que el territorio de Ixtacamaxtitlán “es el que legítimamente corresponde a los pueblos
originarios de la zona”.
Vale la pena apuntar que la titular del juzgado establece que “reconocer las especificidades de los
pueblos indígenas conlleva la obligación del Estado a consultarlos para evitar patrones de desigualdad
durante cualquier proceso de decisión, ya sea de carácter legislativo o administrativo”.
En cuanto a la solicitud de Tecoltemi de revisar diversos artículos de la Ley Minera, el Juzgado no
analizó los argumentos de inconstitucionalidad planteados por la comunidad, por lo que no examinó el

contenido del articulado a la luz de la protección que los tratados internacionales y la Constitución
reconocen para pueblos indígenas y ejidos. En su lugar, el juzgado estableció que el Congreso de la
Unión ha incumplido con su obligación de adecuar la Ley Minera para incorporar en ella el derecho a la
consulta y al consentimiento previo libre e informado. En este sentido, la autoridad judicial señala que
el poder legislativo ha incurrido en una omisión legislativa relativa, que genera una situación
inconstitucional. La titular del juzgado de amparo señala que “el resultado del derecho a la consulta
previa de los pueblos y comunidades indígenas debe reflejarse en el contenido de la norma, que
garantice a su vez su derecho a la libre determinación y a la obtención del consentimiento libre e
informado”.
Hay que recordar que la comunidad reclama centralmente que la Ley Minera contraviene la
Constitución y los tratados internacionales porque, al dar preferencia a la minería, permite que las
autoridades entreguen a las empresas los territorios de las comunidades. Tecoltemi y quienes le
acompañamos seguiremos reclamando tales violaciones.
Es importante aclarar, dadas recientes declaraciones de Almaden Minerals relacionadas con la
sentencia, que las concesiones mineras materia del juicio de amparo (Cerro Grande y Cerro Grande 2,
otorgadas en 2003 y 2009 respectivamente), son aquellas sobre las que la empresa pretende instalar
una mina de oro y plata a cielo abierto. Es falso que dichas concesiones hayan sido canceladas
previamente y que su proyecto de extracción se encuentre sobre unas concesiones diferentes. Ya
Fundar y el Consejo Tiyat Tlali han informado previamente que durante más de tres años, la empresa
intentó cancelarlas para que el juicio concluyera sin sentencia, pero un Tribunal Colegiado determinó
en febrero de 2018 que la Secretaría de Economía no podía autorizar a la canadiense dicha cancelación
porque ello iría en contra de una orden de suspensión que el Juzgado de amparo otorgó a la
comunidad desde el inicio del caso.
1

Cabe señalar que la sentencia emitida está sujeta a impugnación por cualquiera de las partes
involucradas en el juicio, por lo que aún puede pasar algún tiempo para contar con la definitiva.

Contacto:
[email protected] Cel. (044) 2331045534 y (044) 2225488060
Diana Amador. Coordinadora de Comunicación Fundar: [email protected]

 

 

Perú

La dictadura de las empresas mineras en el Perú

En los últimos días el tema minero nuevamente se ha puesto en agenda pública; en especial, a partir de los conflictos sociales generados en Las Bambas en Apurímac, pero también por el incremento de la conflictividad a nivel nacional.

Los 10 años de lucha frente a la imposición del proyecto minero Tía María conmemorados el 23 de marzo en Cocachacra, Arequipa; las articulaciones en las provincias andinas de Piura que impulsan una próxima paralización en rechazo al proyecto minero Río Blanco; las protestas de las poblaciones y comunidades en Moquegua; Cajamarca; Pasco; Junín; por el impacto de la contaminación y de los pasivos ambientales mineros en la salud de las personas, en particular de los niños; son sólo algunas de las protestas sociales que van incrementándose. Todas esas luchas generadas o por incumplimientos de acuerdos de las empresas y el Estado con las poblaciones afectadas, o por falta de decisión, o más bien por decisiones políticas que ha tomado el gobierno para no responsabilizar a las empresas mineras a fin de no afectar el negocio minero.

En necesario abrir los ojos y percatarse qué sucede en el gobierno y tener claro quién gobierna hoy en día para mantener ésta situación de impunidad. El caso Las Bambas ha desnudado públicamente lo que era un secreto a voces: son las empresas, fundamentalmente mineras, y los gremios empresariales, que en el caso de la CONFIEP tiene como su presidente al empresario minero Roque Benavides, los que toman las decisiones en materia de política económica y social en el país. Esto se ha agudizado desde la asunción de Kuczynski en el gobierno y con la continuidad Vizcarra.

Luego de dos días de discusión en Lima con el Ministerio de Energía y Minas y otras instancias de gobierno; y como fue público, cuando ya se había avanzado el diálogo para llegar a acuerdos con la población afectada, que exigía a la empresa que cumpla acuerdos y al Estado que haga respetar sus derechos, como nos confirmara el Viceministro de Minas Incháustegui; se produjo la detención del presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y de los abogados Chávez Sotelo.

Hemos planteado desde la Red Muqui en un comunicado que se debe investigar y establecer las responsabilidades de dichos abogados, si las hubieran; pero lo que sí se evidencia es que en el gobierno hay al menos dos puntos de vista muy diferentes sobre las estrategias a seguir para abordar los conflictos. Una estrategia que busca diálogo y acuerdos y, otra; confrontacional, presionado por las empresas y sus gremios, que pareciera tener como figura emblemática al nuevo flamante presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, que busca sí o sí llevar adelante los proyectos sin evaluar las consecuencias de dicha decisión.

En su momento el propio Presidente Vizcarra y el Ministerio de Energía y Minas planteaban públicamente que impulsaban llegar a un acuerdo dialogado en el caso Las Bambas. ¿De dónde llegó la orden de aplicar en éste momento la estrategia de criminalización de la protesta? ¿Fue por encima de la disposición de Vizcarra? ¿Qué papel juega actualmente el Premier Del Solar en el gobierno? ¿Quién puso a Del Solar en la PCM, el Presidente Vizcarra o se lo impusieron las empresas mineras y los gremios empresariales?

Durante el gobierno del Fujimorismo fue el momento más álgido de la cooptación del poder por parte de intereses fácticos. Los diversos gobiernos no han estado exentos de ello, pero éste momento del gobierno actual ha mostrado no tener respuestas a dicha presión, y más bien ha sido servil a la toma del poder de parte de las empresas; que genera una verdadera dictadura, que se puede comprobar con marcos normativos y políticas como la Política Nacional de Competitividad y Productividad con el D.S. N° 345-2018-EM; la flexibilización de estándares ambientales y sociales; y con la “Visión Minería al 2030”, que plantea un enquistamiento en el poder por lo menos hasta el 2030.

Es urgente tener clara la situación para ejercer una defensa del Estado de Derecho, porque el Estado debe recuperar su rol garante de derechos de las peruanas y peruanos, según lo establece la Constitución, y no puede seguir en manos de intereses que sólo buscan su propio beneficio.

 

Fuente:Red Muqui.org