El nuevo jefe de Barrick Gold tiene la intención de seguir adelante con planes para aumentar la inversión en los depósitos ricos en minerales, pero complicados en materia ambiental, en la frontera entre Chile y Argentina.
“Si quieres encontrar elefantes, ve a un país con elefantes”, señaló su director ejecutivo, Mark Bristow, geólogo y cazador sudafricano, en una entrevista telefónica. Comentó que la empresa de Toronto pretende invertir más dinero en el cinturón de oro y cobre El Indio y agregó que sus alianzas con mineras chinas y chilenas siguen siendo clave para su estrategia en la región.
La minera de oro más grande del mundo, que completó su fusión con Randgold Resources a principios de año, había renovado su estrategia sudamericana desde que John Thornton se convirtió en presidente en el 2014.
Barrick formó una empresa conjunta en su mina Veladero en Argentina en el 2017 con Shandong Gold Mining y formalizó un acuerdo con la minera china para trabajar en otros proyectos. También vendió su participación de 50% en la mina chilena Zaldívar para formar una empresa con Antofagasta en el 2015.
“Zaldívar es un activo importante para nosotros, en sociedad con Antofagasta, y mi interés es cómo ampliar esa asociación”, declaró Bristow. “Primero que nada a América Latina, pero también a lo largo de todo el cinturón geológico de pórfido de oro y cobre, que se extiende hasta la costa oeste de América”.
El ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Rodríguez, admitió hoy la existencia de un «gravísimo problema» de contaminación por mercurio y la extracción ilegal de millones de dólares en oro en un fallido proyecto minero en el norte del país.
«El problema de mercurio es gravísimo. La actividad se sigue dando, no a la escala de meses anteriores, pero sigue», declaró el ministro en una comparecencia ante la cmisión de Medio Ambiente del Congreso.
Rodríguez dijo que un análisis propio con apoyo de un especialista determinó que en la zona de Las Crucitas los mineros ilegales han extraído al menos 90 millones de dólares en oro, aunque un informe de la Dirección de Geología y Minas cuantifica la cifra en 196 millones de dólares.
Desde el año 2017,cientos de mineros ilegales han invadido la finca donde iba a funcionar la mina de oro Las Crucitas, un fallido proyecto que fue descartado en 2015 tras un fallo judicial que encontró irregularidades en el proceso de concesión a la empresa Industras Infinito, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold.
El ministro Rodríguez comentó que en algún momento llegaron a haber unos 4.500 mineros ilegales en la zona, pero que en la actualidad se calcula que hay alrededor de 600.
El problema ambiental consiste en que estos mineros utilizan mercurio para separar el oro de las piedras, un proceso dañino para el ambiente y para la salud humana.
Datos del Ministerio de Seguridad indican que durante el 2018 fueron detenidas en el lugar 424 personas, la mayoría nicaragüenses indocumentados.
El ministro adelantó que pronto el Gobierno presentará un plan de acción «integral» para la zona de Las Crucitas, pues alrededor de la minería ilegal se han desarrollado una serie de actividades irregulares de alimentación, hospedaje, transporte y comercio de oro y mercurio.
«Tiene que haber un abordaje integral. No es con acciones policíacas exclusivamente que se soluciona. Es un tema que trasciende lo ambiental; es humano y de desarrollo», comentó el funcionario.
En materia ambiental, Rodríguez aseguró que se requiere «una inversión grande» para la remoción de mercurio y reconoció que «se debe hacer cuanto antes».
Un estudio de investigadores independientes efectuado en diciembre pasado y publicado esta semana en la prensa local confirma la contaminación con mercurio en la zona, la presencia de drenaje ácido y dispersión de metales tóxicos.
Rodríguez se mostró de acuerdo con las conclusiones del estudio, pero rechazó una de las recomendaciones acerca de la necesidad de que Costa Rica apruebe la minería de oro a cielo abierto, una actividad que está vetada por decretos presidenciales.
«No hay posibilidad de que la minería a cielo abierto sea sostenible, al igual que no hay deforestación sostenible», aseveró el ministro.
Según el funcionario, en 2018 las labores de las autoridades se centraron en contener el problema de la minería ilegal y para 2019 y 2020 el objetivo será revertir los daños que se han causado en la zona, así como identificar a los proveedores de mercurio y a los compradores del oro. EFE
Luego de conocer que consumían agua con elevados índices de metales pesados, pobladores de Coata, en Puno, dejarán de proveerse del líquido. Comuneros han pedido al gobernador Aduviri tomar cartas en el asunto.
Pobladores de la cuenca del Coata, situada en Puno, han decidido dejar de abastecerse del agua de pozos para preparar sus alimentos. Campesinos acordaron la medida luego que la Dirección Regional de Salud informó que el líquido que consumían contenía altos índices de metales pesados y esto podría provocarles serias enfermedades.
De acuerdo a la cantidad permitida por el Ministerio de Salud, el agua solo podría contener hasta 0.01 miligramos de arsénico por litro. A pesar de ello, autoridades comprobaron que el nivel de arsénico alcanzaba los 0.9 miligramos por litro, en el pozo del centro poblado de Almo – Sánchez. La misma situación se repetía con metales como el boro y manganeso.
Estas cifras preocuparon profundamente a los pobladores por lo que convocaron a diversas reuniones para tomar una decisión al respecto. El dirigente Félix Suasaca, aseguró que campesinos esperan que la Empresa Municipal de Saneamiento Ambiente (Emsa) los provea de agua, como lo hacían en el pasado.
Por otra parte, pobladores esperan que el gobernador Walter Aduviri, tome una decisión sobre el problema. Además, esperan que la autoridad exija la declaratoria en emergencia la cuenca, para permitir que la zona sea más rápidamente atendida ante su crítica situación.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A, paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral; así como el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de beneficio de Shougang, de la unidad fiscalizable Marcona, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, hasta que implemente medidas de manejo ambiental para controlar la dispersión de material particulado que puede provocar alteraciones al ambiente de la bahía San Nicolas.
Durante acciones de supervisión, el OEFA detectó fugas de material particulado proveniente del stock de crudos y stock de concentrado de hierro de la planta Marcona que, por la falta de controles ambientales y acción del viento, se dispersaban en dirección a la bahía San Nicolás. En ese sentido, se ordenó a Shougang implementar de forma inmediata medidas de manejo ambiental para evitar que el material particulado se disperse hacia los alrededores de la bahía.
Asimismo, la empresa deberá presentar, en un plazo máximo de cinco (5) días, un cronograma de remediación del área comprometida. Dicho cronograma abarcará las zonas de influencia del litoral de la bahía e incluirá los componentes agua, suelo, sedimentos, flora, fauna y especies hidrobiológicas.
En caso de que la empresa no cumpla con las medidas impuestas se impulsarán las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes.
El OEFA continuará dictando medidas administrativas cuando se evidencie la afectación al ambiente o a la salud de las personas, y realizará el seguimiento del cumplimiento de dichas medidas por parte de las empresas supervisadas.
Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía
Cuando eran las siete de la mañana, un grupo de agentes de la Policía llegó a la comunidad campesina de Yavi Yavi, situada en el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, según información de la institución policial, para «desbloquear» el corredor minero del sur, que había sido obstruido con palos y piedras por unos 300 campesinos.
La versión de la comunidad es opuesta. El presidente de Yavi Yavi, Gregorio Rojas, señaló que fueron agredidos sin ninguna razón. «Ni siquiera estábamos en protesta. Habíamos ido al lugar para empezar a construir nuestras viviendas y nos provocaron», refirió.
No obstante, el jefe de la Región Policial Cusco, coronel Manuel Mar Pérez, insistió en que la vía usada por la minera MMG Limited, para el transporte de minerales extraídos desde su mina Las Bambas, en Cotabambas-Apurímac, hasta el puerto de Matarani, sí estaba cerrada.
EL CHOQUE
El intento de los agentes para habilitar la vía fue rechazado por los comuneros, refirió Mar Pérez, con un ataque de palos y piedras lanzados con huaracas (hondas). Desde el lado de la policía, empezaron a disparar bombas lacrimógenas a discreción. A esta versión, los comuneros añaden que también hubo disparos de perdigones y balas de goma.
A causa del choque, hay ocho heridos. Según el coronel Mar, seis policías fueron afectados por el impacto de piedras, mientras que Gregorio Rojas reportó que una mujer y un menor de 12 años están gravemente heridos.
El enfrentamiento entre policías y comuneros también dejó otros daños. Se incendió el campamento que usaban los policías que resguardan el paso de los camiones encapsulados, que sacan los minerales de Las Bambas. Según el dirigente Rojas, fueron los propios policías los que incendiaron su campamento para «acusarnos luego a nosotros».
Como es evidente, la policía acusa a los campesinos del incendio. “Los comuneros quemaron las carpas térmicas del personal policial que se encontraba en la zona, continuando el bloqueo de la vía”, refiere la nota policial.
El coronel Manuel Mar invocó a la población a la calma y que evite hostigar «continuamente a la policía con el fin de victimizarse y poder encontrar solución a su demanda».
Asimismo, instó a «los actores del conflicto, para que hagan las labores de gestión. Estamos en el quinto mes del estado de emergencia y es inconcebible que los actos, tanto del MTC como de MMG y los pobladores, no hayan encontrado soluciones concertadas».
RECLAMO IRRESUELTO
El conflicto minero en Yavi Yavi viene de mucho tiempo atrás. El Ministerio del Interior lo catalogó en agosto de 2018 como activo en escalada. La comunidad espera la solución a sus dos reclamos: renegociación del precio pagado por sus terrenos por la minera MMG Limited y que el Ministerio de Transportes explique por qué calificó la vía como de categoría nacional, cuando debía ser comunal.
La historia es la siguiente. Una parte de la población de Fuerabamba del distrito de Chalhuahuacho, provincia apurimeña de Cotabambas, vendió sus tierras a la minera MMG y, como compensación, recibió terrenos en el fundo Yavi Yavi en Colquemarca, región Cusco.
Aquella vez, cuenta el dirigente Rojas, la comunidad no tenía carretera, pero unos meses después la empresa hizo una vía y el MTC la calificó como vía nacional sin autorización de los dueños de los terrenos. Lo hicieron para evitar que la minera pague una compensación a la comunidad. Desde entonces, los conflictos se suceden cada cierto tiempo. Ni la empresa ni el Gobierno atienden esas demandas.
Lo único que hizo el Ejecutivo es declarar en estado de emergencia el corredor minero del sur el 1 de septiembre del 2018. La medida cumple más de cuatro meses.
El sector minero se dispone a utilizar agua de mar y construye plantas desaladoras en Chile. El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1% y el uso de agua de mar se incrementará a una tasa promedio del 12,2% anual. Con ello, el consumo de agua total por parte del sector será del 56% para 2029.
Un estudio desarrollado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), evidenció que la demanda de agua de mar del sector pasará desde 3,28 m3/seg en 2018, a 10,82 m2/seg en 2029, alcanzando con ello el 43% del agua total requerida. El informe también evidenció que el consumo de agua de origen continental (dulce) esperada para 2029 alcanzará los 14,53 m3/s, un 12% más que lo estimado para 2018.
El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1%versus el agua de mar con una tasa promedio del 12,2% anual. Con ello, el consumo de agua total por parte del sector se incrementará en 56% en el período analizado.
El aumento del 230% (7,06 millones de toneladas de cobre fino) en la producción de cobre estimado para 2029 y la escasez de agua continental empujan a las empresas a utilizar agua de mar y para ello construyen plantas desaladoras.
Se resalta el cambio de la matriz de producción, ya que en los próximos años se vuelca a los minerales de sulfuros lo que implica uso más intensivo del agua: “La producción de concentrados pasa de una participación del 71,2% al 88,4% en el periodo 2018-2029. Los minerales sulfurados deben ser procesados a través de flotación, proceso que es mucho más intensivo en el uso de agua”, explicó.
Situación regional
Cochilco también demostró que al analizar el consumo de agua de mar por región se observó una fuerte participación de la región de Antofagasta, seguida en menor medida por las de Atacama y Coquimbo.
En ese sentido, algunos de los proyectos que podrían concretarse en estos diez años son la ampliación de la desalinizadora de Escondida, inaugurada a principios de 2018; la planta desaladora Distrito Norte de Codelco; la ampliación de tuberías para Distrito Centinela de Antofagasta Minerals; el uso de agua de mar para la expansión de Sierra Gorda de KGHM y la puesta en marcha progresiva para el proyecto de hierro Dominga a partir del 2020, entre otras.
Así, se espera que el uso de agua de mar a nivel regional para el 2029 sea de un 32% para la región de Tarapacá, un 64% para la región de Antofagasta, un 32% para Atacama y de un 51% para la región de Coquimbo.
“En los próximos años, Antofagasta será la región que más consuma agua de mar, lo que permite una disminución importante en el uso de agua continental, pues es en esta región donde se concentra la mayor cantidad de actividad minera del cobre.
En el caso de la región de Coquimbo, el 50% de las operaciones mineras del cobre serán abastecidas por agua de origen marino al 2029.
Es importante destacar que empresas mineras que operan en Atacama, región que atraviesa una severa sequía, también están realizando un importante esfuerzo por incrementar el uso de agua de mar, el que llegará a un 33% al año 2029”, concluyó Cantallopts.
Congresistas recorrerán el salar y se reunirán con los representantes de las comunidades, para conocer los efectos de la explotación de litio en la cuenca.
Analizar la explotación del litio desde sus distintas dimensiones es lo que plantea la Comisión de Minería del Senado para la sesión del viernes 11 de enero, cuando el organismo parlamentario se reúna en San Pedro de Atacama con el Consejo de Pueblo Atacameños (CPA), que integran 18 comunidades de la cuenca del salar donde SQM y Albemarle tienen sus operaciones.
“Esta reunión tiene como primer objetivo que los senadores conozcan el salar, hay otros salares, pero el de Atacama es el principal. En segundo lugar, conversar con las comunidades para ver cuál es el impacto local de la extracción del litio y cuáles son los derechos que están en juego, como el de agua”, explicó el senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guillier.
Debate pendiente
El parlamentario dijo que dentro de las conversaciones y el debate que se tiene que dar con las comunidades y la ciudadanía en general, está el integrar el litio en las cadenas de valor, y para eso no se tiene que nacionalizar el recurso, recalcó, pues pertenece al Estado. Sin embargo las concesiones, dijo, han sido negativas, como en el caso de SQM que además vinculó en la corrupción de la clase política.
En esto contexto, agregó el congresista, “hicimos (en la Comisión) un montón de gestiones, ante todos los organismos: Superintendencias, Contraloría, Fiscalía, Impuestos Internos, pedimos todos los antecedentes para tener un pronunciamiento y ni siquiera la Fiscalía Nacional Económica dijo tener facultades reales y Corfo dijo que no estaba en condiciones de administrar el salar, es decir, estamos en el peor de los mundos”, lamentó Guillier sobre la falta de fiscalización en la industria.
El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, mencionó en la Comisión de Ambiente del Congreso que no es de recibo para el Gobierno impulsar una derogatoria a la ley que prohibe la minería metálica a cielo abierto.
Rodríguez indicó que está de acuerdo con una minería artesanal pero que el Gobierno no abordará el problema en la mina de Crucitas legalizando la minería a cielo abierto.
Con respecto a soluciones, el jerarca de Ambiente indicó que es necesario formalizar pequeños y medianos empresarios que quieran extraer oro, en conjunto con las cooperativas que quieran hacer uso de ese mismo recurso.
En Latinoamérica los grandes proyectos generan controversia. Construcciones de hidroeléctricas, explotación minera o carreteras, entre otros, se convierten, algunas veces, es la causa de conflictos con comunidades indígenas o en amenazas para la biodiversidad. Mongabay Latam ha seleccionado cinco casos de megaproyectos que estuvieron en el ojo de la tormenta en el 2018 que reflejan los problemas de las grandes inversiones en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
1.- Bolivia: el avance de la coca en el Tipnis
Los cultivos ilegales de hoja de coca han entrado al área protegida del Tipnis. Foto: El Deber
Cuando en el 2011, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la construcción de la carretera que uniría a los departamentos de Cochabamba y Beni atravesando Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) estalló una protesta. Ocho años después, con el proyecto suspendido, los males dentro del área protegida del Tipnis se están extendiendo.
En agosto, la comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza visitó la zona reservada para dialogar con quienes están a favor y en contra de esta gran obra. El recorrido se vio frustrado cuando la comisión intentó llegar al Polígono 7, una zona autorizada para el cultivo de coca, poblada por colonos que se dedican a esta actividad y que apoyan el avance de la carretera.
Los cocales han avanzado más allá de la zona permitida y se están extendiendo dentro del área protegida. El Informe Anual de Monitoreo de Coca señala el Tipnis es una de las áreas protegidas más amenazadas por el cultivo ilegal. Los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de la carretera aseguran que el interés de debe a que los cocaleros quieren sacar sus cultivos por esta vía.
2.- Colombia: la catástrofe de Hidroituango
El proyecto hidroeléctrico más grande y ambicioso en la historia de Colombia se convirtió también en una amenaza en el 2018. La Hidroeléctrica de Ituango, más conocida como Hidroituango, mantuvo en vilo a por lo menos 120 000 personas debido al riesgo de una avalancha que se presentó cuando se taponearon los tuneles construidos para desviar el Río Cauca.
Para evitar el desborde, Empresas Públicas de Medellín —que ejecuta la obra— desvió el agua hacia el cuarto de máquinas. Pese a esta medida, el nivel del agua siguió subiendo y el 12 de mayo se produjo la inundación de Puerto Valdivia. El peligro continuó hasta el 23 de mayo cuando se logró controlar la situación. Las pérdidas fueron grandes para una obra valorizada en 11 billones de pesos (aproximadamente 3800 millones de dólares) y que ya lleva ocho años en construcción.
La megaobra también ha levantado inconformidades en las comunidades de los 12 municipios en los que tiene influencia, que reclamaban porque sus actividades de barequeo —minería manual— y pesca se han visto afectadas. Alertan, además, sobre el peligro que corre el bosque seco tropical en Colombia y el desplazamiento de la fauna, entre otros reclamos. Las protestas contra Hidroituango han cobrado dos vidas, Hugo Albeiro George y Luis Alberto Torres, que se oponían al proyecto, fueron asesinados.
3.- Chile: el proyecto minero Dominga en la recta final
La propuesta es instalar el proyecto Dominga en un área de alta biodiversidad. Foto: Oceana / Eduardo Sorensen.
El gobierno chileno tiene entre sus planes instalar el proyecto minero y portuario Dominga en una zona cercana a un área de alta biodiversidad en el mar de Chile: la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e Isla Choro y Damas.
Esta propuesta ha generado serias controversias en el país y motivó que 200 científicos enviaran una carta al presidente Sebastián Piñera explicando la necesidad de proteger dicho espacio, considerado un Sitio Prioritario para la Conservación. El Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) y la Corporación Nacional Forestal (CORFO) —organismos encargados de administrar las áreas protegidas del país— han manifestado que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Andes Iron —a cargo del proyecto— ha subestimado los impactos del mismo.
Luego de que el EIA fuera desaprobado por la Comisión de Evaluación y por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, la empresa Andes Iron acudió al Tribunal Ambiental que en abril de 2018 falló a su favor. La controversia se encuentra actualmente en la Corte Suprema, luego de que la ONG Oceana interpusiera un recurso de casación para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental. Lea la historia completa aquí.
4.- Ecuador: los bosques que se pierden por la mina Mirador
Los proyectos mineros en Ecuador se han incrementado exponencialmente en la última década, principalmente en la Amazonía y en la Cordillera del Cóndor. Mirador es uno de ellos, instalado en la provincia de Morona Santiago, donde el 90 % de las concesiones se superpone sobre territorio indígena. Se trata de una mina a cielo abierto que se extiende sobre 9928 hectáreas, y que está destinada a la extracción de cobre, principalmente, pero también a la explotación de plata y oro.
Hasta ahora, este proyecto ya ha causado la deforestación de 1307 hectáreas de bosque entre el 2009 y el 2017, solo por la construcción de las vías de acceso a la mina, según el análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
Pero no solo la deforestación está causando problemas en este proyecto minero. También se cuestionan las negociaciones que la empresa ECSA realizó para adquirir los terrenos en la zona donde se ha instalado la mina. La situación se agrava porque no se realizó el proceso de consulta previa en las comunidades afectadas por Mirador. El Ministerio del Ambiente suspendió, en mayo de 2018, el 40 % de las obras en este proyecto minero por irregularidades en la apertura de vías, inadecuado manejo de los pozos de sedimentación y mal manejo de escombros, entre otros incumplimientos. Lea la historia completa aquí.
5.- Perú: los problemas de la Hidrovía Amazónica
La Hidrovía Amazónica se desarrollará en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. Foto: Yvette Sierra Praeli.
Cuestionamientos y reclamos rodean al megaproyecto Hidrovía Amazónica, una propuesta del Estado peruano para implementar un canal de navegación a lo largo de más de 2600 kilómetros en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas. Las críticas han llegado desde las federaciones indígenas y la comunidad científica, que temen por los impactos que ocasionen las obras que se ejecuten en los ríos.
Un estudio científico señala que el dragado o extracción del lecho fluvial podría afectar diversos hábitats de la Amazonía peruana. Mientras que las comunidades indígenas de las zonas donde se implementará el proyecto reclaman por las irregularidades presentes en el proceso de consulta previa y han presentado demandas en contra del Consorcio Hidrovía (Cohidro) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), responsables de la obra. Lea la historia completa aquí.
El año pasado tres mil mineros antioqueños dejaron de usar mercurio para la extracción de oro, así lo aseguran desde la Secretaría de Minas del departamento que, además, ha intervenido esta práctica en 41 municipios. Estas acciones hacen parte del plan Antioquia sin mercurio que busca reducir a cero el uso del tóxico metal que el 15 de julio es ilegal en Colombia.
“Hoy somos referente nacional en la lucha contra el mercurio: innovando con nano y biotecnología para el beneficio del mineral; formalizando y capacitando a más de 1.000 mineros ancestrales en el uso de tecnologías limpias”, dice el gobernador de Antioquia, Luis Pérez. A pesar de estas acciones, el rastro del mercurio aún no se va de las montañas antioqueñas. Este sigue siendo el departamento con más municipios (57) afectados por el mercurio y Zaragosa tiene el penoso título de aportar el siete por ciento de toda la contaminación del químico a nivel nacional.
El experto en toxicología Jesús Olivero Verbel, explica: “Se trata de uno de los elementos más tóxicos. Aun en bajas concentraciones puede generar efectos perjudiciales a la fauna silvestre y los seres humanos”, pues su uso en la extracción aurífera contamina fuentes hídricas. Olivero advierte que “el problema por lo general proviene del consumo de alimentos, en especial peces capturados en zonas contaminadas, los cuales –en muchos casos– representan la única fuente de proteína para las comunidades”.
Y aunque es difícil combatir la contaminación en personas mayores, estos daños comienzan, muchas veces, antes del nacimiento y se prolongan durante los primeros meses a través de la leche materna. Pero el rastro del mercurio es solo una de las consecuencias de la minería ilegal, otro de los frentes en los que la Gobernación y la Secretaría de Minas trabajan para erradicar. Y no es para menos, pues Antioquia es una de las cinco zonas en las que el Ministerio de Defensa alertó sobre el crecimiento de la explotación ilícita de minerales.“De todas las zonas en las que hay actividad de minería ilegal, el departamento de Antioquia es el de mayor afectación”, dice el coronel Carlos Alberto Montenegro, comandante de la brigada contra la minería ilegal en Colombia.
La cifra más reciente sobre los títulos mineros que tiene el departamento es 1.448, lo que lo convierte en la región con más títulos, seguida muy de cerca por Boyacá con 1.446. Esto tiene que ver no solo con la próspera extracción minera de Antioquia, que le representa al país el 45 por ciento del total, sino con que el departamento es, como autoridad minera desde hace varios años, el encargado de otorgar estos títulos.
Sin embargo, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Minera, solo el 22 por ciento de la extracción aurífera de Antioquia se hace de manera legal, mientras que el 78 por ciento restante corresponde al llamado ‘barequeo’ o minería de subsistencia, pequeña minería y minería ilegal.
Ante esta situación, la Gobernación del departamento, de la mano de las secretarías de Minas y Ambiente ha empezado a encarar esta problemática con estrategias directas como el convenio interadministrativo con el Ejército Nacional a través del cual fue posible clausurar, a octubre de 2018, 75 minas en áreas sin títulos mineros.
Ese mismo mes, la Secretaría expidió el decreto 2989 del 08 de octubre de 2018, con el que se pretende monitorear y controlar la maquinaria necesaria para la minería mediante herramientas de georreferenciación. Esto le permite a la Policía Nacional hacer un seguimiento en tiempo real y determinar si cada máquina se está usando en un área con título minero o no.
La cartera de minas del departamento también trabaja en el mejoramiento de las condiciones de las minas y la formalización de los mineros. En 2018 cerca de 1.800 mineros fueron capacitados en dos jornadas especiales realizadas en los municipios de Segovia, Remedios, El Bagre y Amará. Además se invirtieron más de 395 mil millones de pesos en asistencia técnica, jurídica y acompañamiento a 335 titulares y pequeños mineros en el suroeste, nordeste, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio.
Por otro lado, las acciones contra el mercurio han resultado en la incautación de más de 270 kilogramos del químico, cuyo kilo puede llegar a costar hasta 40 millones de pesos en el mercado negro. Además, en 2018, se capturaron 1.566 personas vinculadas con el tráfico del químico y la minería ilegal.
A pesar de estos resultados, la Secretaría de Minas enfrenta ahora dos problemas serios. Por un lado está el rechazo de la comunidad por la reactivación de actividades de exploración en regiones que han sido históricamente de vocación agrícola, como el suroeste antioqueño, por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti. Los habitantes denuncian que la minería pone en riesgo el tejido social de la región y traerá impactos negativos para su economía y el medioambiente. Además, el diputado del Centro Democrático, José Luis Noreña, denunció el pasado diciembre que la Secretaría de Minas ha estado recibiendo sobornos de particulares para favorecerlos con la entrega de títulos mineros desde 2008. Ante las acusaciones, el gobernador Luis Pérez envió una carta al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, donde lo ponía al tanto de la situación.
El nuevo jefe de Barrick Gold tiene la intención de seguir adelante con planes para aumentar la inversión en los depósitos ricos en minerales, pero complicados en materia ambiental, en la frontera entre Chile y Argentina.
El ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Rodríguez, admitió hoy la existencia de un «gravísimo problema» de contaminación por mercurio y la extracción ilegal de millones de dólares en oro en un fallido proyecto minero en el norte del país.
Luego de conocer que consumían agua con elevados índices de metales pesados, pobladores de Coata, en 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A, paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral; así como el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de beneficio de Shougang, de la unidad fiscalizable Marcona, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, hasta que implemente medidas de manejo ambiental para controlar la dispersión de material particulado que puede provocar alteraciones al ambiente de la bahía San Nicolas.
Cuando eran las siete de la mañana, un grupo de agentes de la 
El sector minero se dispone a utilizar agua de mar y construye plantas desaladoras en Chile. El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1% y el uso de agua de mar se incrementará a una tasa promedio del 12,2% anual. Con ello, el consumo de agua total por parte del sector será del 56% para 2029.
Congresistas recorrerán el salar y se reunirán con los representantes de las comunidades, para conocer los efectos de la explotación de litio en la cuenca.
El ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, mencionó en la Comisión de Ambiente del Congreso que no es de recibo para el Gobierno impulsar una derogatoria a la ley que prohibe la minería metálica a cielo abierto.
El año pasado tres mil mineros antioqueños dejaron de usar mercurio para la extracción de oro, así lo aseguran desde la Secretaría de Minas del departamento que, además, ha intervenido esta práctica en 41 municipios. Estas acciones hacen parte del plan Antioquia sin mercurio que busca reducir a cero el uso del tóxico metal que el 15 de julio es ilegal en Colombia.