Perú

La mujer que demandó al Estado para hacer justicia por su comunidad

Lideresa indígena. Desde hace varios años la dirigente Melchora Surco lucha para que el Estado les otorgue atención especializada de salud. Ella junto a otros 179 comuneros de Alto Huancané y Huisa de la provincia de Espinar, tienen 17 metales en su cuerpo. Ayudada por ONG’s, la comunera demandó al Gobierno para que cumpla con su deber.

Melchora Surco Rimachi ama a su pequeña oveja como si se tratara de su hijo. La lleva a todas partes y el mamífero la sigue gustoso moviendo la cola. Si ella viaja, la cría la acompaña.

Antes, cientos de estos animales pastaban en su pueblo de la provincia cusqueña de Espinar llamado Paccpaco, pero inexplicablemente empezaron a morir junto a las vacas, eso en los primeros años de la década pasada. Caían babeando y tumbadas por algún mal. “Era como un cementerio de ganado”, recuerda llorando la mujer.

Para no perder todas las reses enfermas, algunas eran degolladas para aprovechar su carne, en cambio las vísceras ni las aceptaban los perros. “El hígado y los pulmones – cuenta – se deshacían en las manos como mazamorra”. Preocupada Melchora Surco acudió cargando las vísceras a buscar explicaciones de la mortandad a las oficinas comunitarias de Xtrata Tintaya S.A., la empresa que operó la mina Tintaya desde el 2006 al 2012.

Suplicó que manden veterinarios y que los reubiquen porque ya no querían vivir más en Paccpaco. Los coordinadores le dijeron que no se preocupara, que buscarían una solución, pero que no hablara. Melchora no hizo caso y desde esos años ya salía de su boca y de sus vecinos la palabra contaminación.

Las aguas que ingirieron los animales las habrían fulminado en aquella época. La bebían del riachuelo que pasaba junto a las casas y que más abajo alimentaba al río Salado. Entre el 2012 y 2013, el Ministerio del Ambiente (Minam) tomó muestras de agua en 58 puntos de la Cuenca del Salado y del Ccañapía en 15 comunidades de Espinar. Encontraron que en 41 de ellos había al menos un metal que superaba los límites máximos permisibles de calidad para consumo. En Paccpaco, sector de la comunidad de Alto Huancané, donde siempre vivió Melchora, predominó el aluminio, el mercurio y plomo. Pero no fue lo peor que les pudo pasar.

En 2013, 180 comuneros de Alto Huancané y Huisa, se enteraron que 17 metales pesados estaban alojados en sus cuerpos. Entre ellas Melchora Surco. En las muestras de sus orinas que les tomó el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente Para la Salud (CENSOPAS), se les halló plomo, talio, manganeso, cadmio, arsénico, mercurio, entre otras sustancias mortíferas para el organismo.

Pese a los resultados hechos públicos, el Estado hasta hoy no estableció cuál es la fuente de que haya metales pesados y otras sustancias químicas en el líquido y en los comuneros. De eso ya pasaron 5 años. La única respuesta que tiene Melchora, es la actividad minera. Ni su pequeño tamaño, ni la humildad en la que vive, la amilana para decir que su tierra está contaminada y que han sido “envenenados”. Es por eso que esta comunera, presidenta de la Asociación Para la Defensa de Paccpaco Afectada por la Minería (ADEPAMI), se ganó la antipatía de muchos. Unos la han estigmatizado de no querer el progreso ni el desarrollo de su pueblo. Otros consideran su lucha justa en defensa de la tierra  y por el derecho a la salud.

SOLA

Una mañana de abril del 2018, Paccpaco está en silencio. Apenas tres vacas sin mugir pasan las horas en un rebaño cercano. En cambio Melchora Surco, de 64 años, trasladó a sus seis reses a kilómetros de aquel lugar porque teme que mueran. En Paccpaco el boom del ganado acabó y también, de la gente. Los jóvenes del pueblo se han ido espantados por la contaminación. Los cuatro hijos de la comunera igualmente partieron. Hace varios años vive sola.

Desde la puerta de su casa, enclavada en los 4 mil 100 metros sobre el nivel del mar, puede ver en la cima de la colina el borde del depósito de relaves llamado Camacmayo. No está lejos, solo la separan 300 metros. Camacmayo, junto a la relavera Huinipampa, sirvieron para descargar parte de los desechos tóxicos del yacimiento de cobre Tintaya, explotado durante 27 años (1985-2012). ¿Es solo coincidencia de que todos los comuneros que conviven con metales en sus organismos estén tan cerca de Camacmayo y Huinipampa?

– Gracias a la minería y los relaves ya no tenemos nuestros animales, ni agua sana, ni aire sano. Por último nuestros cuerpos están en peligro. No tenemos cura tampoco- responde Melchora Surco.

Acompañada de su oveja sube hasta la malla que separa la propiedad de la minera. Al fondo se puede ver que la superficie de ese depósito ahora está cubierta de suelo órganico, ya que está en proceso de cierre, al igual que todo el complejo minero Tintaya.

La mujer recuerda que en los noventa cuando Camacmayo estaba abierto no podía vivir con la ventana abierta de su casa, porque un olor fuerte parecido al azufre se apoderaba del ambiente. Además la cara y los ojos le ardían, así como las manos cuando tocaban el agua de su riachuelo. “El agua antes parecía tener azúcar, era rico, natural. Ahora eso ha cambiado”, lamenta. Por precaución el líquido que consumen en la actualidad del riachuelo, está entubado.

Cuando empezó a reclamar “los de la mina la amenazaban”. Asegura Melchora que delante de sus hijos, los coordinadores de la mina la llamaban Satanás, que incentivaba a la gente de que hay contaminación y que pertenecía a una familia conflictiva. Hasta algunos de los compañeros de su comunidad le advertían que se callara.

Sorpresivamente alguien quemó su casa de adobe y paja. Afortunadamente ella y sus hijos no durmieron esa noche allí. Cuando llegó solo encontró sus cosas despidiendo humo y a sus gallinas muertas. Acudió a la Federación Única de Campesinos de Espinar (FUCAE), pero solo le respondieron que se cuide y que estuviera alerta.

– Hoy en día muchos de los compañeros de mi comunidad  me dicen ‘¿dónde está lo que has luchado? Luchas para ti nomás’. Eso es una calumnia. Se burlan, me bajan mi moral. ¿Así voy a luchar?- se pregunta.

RICO ESPINAR

Melchora protestó contra la minera Xstrata Tintaya en el paro del 2012, pero no es antiminera. Recuerda que recibió con palmas, junto a sus vecinos, a EMATISA, una empresa estatal que fue la primera en hacerse cargo de Tintaya en 1985.  Les prometieron capacitación a sus hijos y a sus esposos, para que puedan trabajar en la mina. Escucharon también palabras como apoyo y desarrollo.

Las otras empresas privadas, que desde 1994 tuvieron en sus manos ese yacimiento de cobre, también les ofrecieron lo mismo. “Nos decían vamos a casarnos, vamos a ser como marido y mujer. Pero después el marido se divorció de nosotros”, señala la campesina.

Espinar es rico por los minerales que hay dentro de la tierra, pero no por la gente que vive encima. Son 35 años en que hay explotación de minerales en esta provincia. Su principal yacimiento, Tintaya, se agotó. Pero desde noviembre del 2012, la empresa Glencore es la nueva dueña de Tintaya y saca cobre de Antapaccay, un nuevo y irco tajo. La bonanza económica con los millones de recursos del canon por esta actividad no llegó a la mayoría de sus pobladores. Así la pobreza aún impera.

DE MILAGRO VIVEN

Feliciana Merma Armendáriz de 54 años llega con dificultad a la casa de Melchora, su amiga. Se apoya en un bastón para poder caminar. “Sufro de descalcificación de huesos y me duele la cabeza total. Estamos esperando morir nomás”, dice aguantando llorar. Ella también tiene dentro de sí 17 metales, mayormente cadmio. Melchora excede en cinco metales como el molibdeno.

– Una vez he ido a la mina. Ponme a mi hijo le he dicho, quiere trabajar. Con eso me va a curar le he dicho. No hay, con la Melchora sigue caminando nomás, me dijo. Quién le avisará que camino con Melchora-cuenta Feliciana.

De todos los afectados a nadie se la ha brindado atención especializada. Incluso en el 2015 hubo una víctima: Margarita Ccahuana fallecida por intoxicación de cadmio y arsénico. Según el informe de la ONG Amnistía Internacional (AI) “Estado Tóxico”, se elaboraron dos planes de acciones de salud que han sido incumplidos. Uno lo hizo el  Ministerio de la Salud (Minsa) y el otro el Gobierno Regional de Cusco (GRC). “Pese que es una obligación del Estado atenderlos de manera inmediata, no lo hace”, opina Marina Navarro, directora ejecutiva de AI.

Ante la desidia, ADEPAMI, encabezada por Melchora Surco, interpuso una demanda de acción de cumplimiento en el 2013 contra diez entidades del Estado, entre ellos el Minsa, el Minam, el OEFA, el GRC, entre otros. Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), que asesora legalmente a la asociación junto a CooperAcción y Derechos Humanos Sin Fronteras, sostiene que el principal objetivo es que cuenten con atención médica. El caso está en su fase final y lo analiza el Juzgado Mixto de Espinar.

Pero Melchora no solo acudió a los fueros internos por justicia. Junto y con el apoyo de IDL, viajó hacia Washington D.C., para participar de una audiencia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en abril del 2016. La lideresa indígena expuso ante los comisionados  las condiciones en que viven en Espinar. En esa misma cita, informa Quispe, la CDHI exhortó al Estado hacerse responsable de la salud de los afectados y de la contaminación en la provincia cusqueña. Pero sigue mostrando la misma indiferencia.

La presidenta de ADEPAMI recuerda que se reunió hace poco (diciembre del 2017), junto a otros dirigentes, con el exministro de Salud, Fernando D’Alessio. Él se disculpó y dijo que haría las coordinaciones necesarias para que tengan acceso a atención. Lo sacaron de esa cartera y todo eso se olvidó.

De entre sus cosas, Melchora Surco saca fotos y las muestra. En una se le ve en una protesta. En otra en una chacra, posiblemente de papas, que ya no siembra por que dice que sale agria por la tierra. En otra están vacas que antes merodeaban por su casa. Con esas mismas fotos cuenta lo que pasa en Espinar cuando le toca viajar invitada por distintas organizaciones y ONG’s, a ciudades como Lima, Arequipa o Bolivia.

HASTA MORIR

Nubes grises de pronto cubren Paccpaco. En cuestión de minutos, goterones empieza a castigar la tierra y el techo de calamina de la casa de la comunera. La mujer sale de su hogar como puede. En sus manos lleva un gran cobertor de plástico para cubrir la kiwicha que hace poco cosechó. Pero las gotas se han convertido en granizo y a Melchora solo le queda refugiarse bajo el plástico. Antes de taparse por completo, sopla dos veces con dirección al cielo invocando: “Váyanse nubes, váyanse”. Su artilugio funciona: Deja de granizar y las espesas nubes se alejan.

Años atrás, dice, era feliz. Vivía con sus hijos y nietos y solo se preocupaba por su chacra y animales. Hoy no hay calidad de vida -sostiene- como la tiene la gente de la ciudad o los congresistas.

– Cuando me voy a morir, cuando voy a desaparecer de este mundo, ahí me harán callar.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1252957-cusco-mujer-demando-justicia-comunidad

Perú

Rechazan minería en territorios ancestrales del pueblo Shawi

Declaración conjunta de comunidades nativas pertenecientes al pueblo Shawi manifestaron que presencia de actividad minera en sus territorios pone en peligro sus modos de vida.

Riesgos a la vida, la salud, el medio ambiente, así como a los derechos colectivos del pueblo Shawi, traería la presencia de la empresa Minerales Camino Real Perú S.A.C. a la cuenca de Paranapura, en el distrito de Balsapuerto.

Ante ello las autoridades de la provincia de Alto Amazonas, del pueblo Shawi de la cuenca de Paranapura y afluentes, y de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI – SL) adoptaron una declaración conjunta de oposición a la empresa.

En el documento no solo rechazan la exploración y explotación minera, sino que señalan que la ubicación de los lotes de concesión afectan directamente las áreas tituladas de comunidades nativas Shawi.

Asimismo, dicha afectación también se extiende a los sistemas de uso que practica dicho pueblo en su posesión ancestral, lo cual se relaciona directamente con sus formas de subsistencia.

Del mismo modo, advirtieron que los daños se presentarán a corto plazo, como contaminación de las aguas que consumen los habitantes del área.

Igualmente, indicaron que a mediano plazo esta contaminación se extenderá contra la población urbana, principalmente a los habitantes de la ciudad de Yurimaguas.

De otro lado, la declaración conjunta también asumió la posición colectiva  de “rechazar la creación de un Área de Conservación Regional Cerro Escalera Shawi del Distrito de Balsapuerto, toda vez que su propuesta de creación se sobrepone al territorio ancestral del pueblo en mención”, según se lee en el documento.

Para leer a declaración conjunta, haga clic aquí.

CORPI: DECLARACION CONJUNTA

En Yurimaguas a los 28 días del mes de mayo del 2018, reunidos las autoridades de la provincia de Alto Amazonas y autoridades comunales del pueblo indígena Shawi de la cuenca de Paranapura (Distrito de Balsapuerto) y afluentes y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas CORPI – SL, motivados por una preocupación conjunta sobre la amenaza de ingreso de una Empresa denominada “Minerales Camino Real Perú S.A.C” en la cuenca del Paranapura, adoptamos la siguiente Declaración Conjunta:

1. Respetar los derechos colectivos territoriales del pueblo Shawi:

Según el croquis de ubicación de lotes de concesión éstas afectan directamente las áreas tituladas de comunidades nativas Shawi y el sistema de uso que practica dicho pueblo de su posesión ancestral. Los daños se presentaran a corto plazo en la contaminación de las aguas que consumen los habitantes del área y a mediano plazo se extenderá contra la población urbana, principalmente a los habitantes de la ciudad de Yurimaguas.

La afectación no solo va a manifestarse en la contaminación de las aguas, sino que también su efecto va a cortar radicalmente el sistema de subsistencia desde donde la población Shawi se alimenta diariamente.

En el sector donde pretende ingresar la empresa es el territorio del pueblo Shawi. Las áreas que se encuentran como supuestamente libres son zonas donde la población realiza las actividades de caza, pesca y recolecta, lo cual está vinculado de manera inmanente con el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente. La preocupación que expresamos está relacionado a los riesgos de vulneración de los derechos colectivos que se avecina y del desconocimiento de los compromisos internacionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado. Este razonamiento lo realizamos de acuerdo a los preceptos establecidos en el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 13 y 14, en el sentido que define el territorio en la totalidad del hábitat que ocupan los pueblos por posesión ancestral y obliga al Estado reconocer el derecho de propiedad y de posesión.

Al respecto el EXP. Nº 03343-2007-PA/TC, el Tribunal Constitucional sostuvo que el artículo 13 de la Convención 169 establece que el término “tierras”, para el caso de los pueblos indígenas, incluye el concepto de “territorio” ya que la unidad de la comunidad a su territorio excede la noción de propiedad patrimonial. Se piensa así en un dominio espiritual y cultural de la tierra.

La Corte IDH por su lado ha señalado que la posesión tradicional de los territorios ancestrales tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio emitido por el Estado y otorga a los pueblos indígenas el derecho al reconocimiento oficial de su propiedad y su registro. [Caso Sawhoyamaxa Vs Paraguay, parr. 128]. Siguiendo esta línea la corte también interpretó que los derechos de propiedad del pueblo indígena se extienden a los recursos naturales que están presentes en sus territorios, recursos tradicionalmente usados y necesarios para la supervivencia, desarrollo y continuación de su forma de vida como pueblo. [Caso Saramaka Vs Surinam, parr. 122]. La vida de los miembros de la comunidad depende fundamentalmente de las actividades de subsistencia entre los cuales está la práctica de la agricultura, caza, pesca y recolección que se realiza en el territorio comunal titulado o en áreas tradicionales, por tanto, la relación que la comunidad mantiene con sus tierras y recursos se encuentra protegida el derecho a la vida, la honra y la dignidad. [Caso Comunidad Mayagna (sumo) Awas Tigni Vs Nicaragua parr. 140.]. En el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al uso y el disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran están directamente vinculados con la obtención del alimento y el acceso a agua limpia (Yakye Axa Vs. Paraguay parr. 167).

2. Principio precautorio sobre efectos negativos al cambio climático:

Estamos de igual forma viendo con mucha preocupación el daño que se va a provocar sobre el medio ambiente de establecer una actividad extractiva en las cabeceras de las aguas, teniendo en cuenta que una actividad minera de esta naturaleza va a generar secuelas imposibles de reponer humanamente que no solo va a afectar a la población local sino va a trasladarse la contaminación en los ríos en donde el 50% de la población total de la provincia depende de este recurso vital. Consideramos que nuestra preocupación es legítima y la posición que asumimos no está dirigido a oponernos al desarrollo que necesita el país, sino, estimamos prudente que en este caso es mejor preferir la estabilidad del medio ambiente y del clima a favor de la población involucrada.

Amparamos nuestra posición basándonos al principio precautorio que rige el art. 3, inc 3 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (Aprobado por Resolución Legislativa Nº 26185) el cual establece que “Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible.

El compromiso con el clima no solo debe ser como política del Estado, sino como una cultura que debe generalizarse en todo el país que ayude a mejorar las formas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales con medidas más amigables con el clima.

Por todo lo dicho y análisis abordado a la situación adoptamos la decisión de no respaldar el proyecto de exploración y explotación minera en el territorio del pueblo Shawi. Así mismo, por medio de esta, también queremos expresar la posición colectiva de rechazar la creación de una ACR Cerro Escalera Shawi del Distrito de Balsapuerto, toda vez que su propuesta de creación se sobrepone al territorio ancestral del pueblo en mención.

Para mayor constancia suscribimos a continuación en Yurimaguas a los 28 días del mes de mayo de 2018.

Fuente:https://www.servindi.org/31/05/2018/rechazan-actividades-mineras-exploratorias-en-territorios-ancestrales-del-pueblo-shawi

Internacional

Cierran una planta industrial en India tras 20 años de lucha y 12 manifestantes muertos

El pasado 22 de mayo, después de cien días protestando contra una planta de fundición de cobre de la compañía Sterlite Copper en el distrito indio de Tuticorin, una manifestación de 20.000 personas fue atacada por la policía con el resultado de 12 muertos. Después de la matanza y tras 20 años de lucha, la planta ha sido cerrada.

Un vídeo muestra una zona llena de policías que miran a los manifestantes que tienen enfrente. Uno de los agentes, rifle en mano y apostado sobre un vehículo policial, dispara contra la multitud. De fondo se oye una voz que dice en tamil: “Al menos uno debe morir”.

Murieron doce.

El martes 22 de mayo los habitantes del distrito de Tuticorin, en el Estado indio de Tamil Nadu, salieron en masa a protestar contra la planta de fundición de cobre de la compañía Sterlite Copper. Las calles se llenaron con 20.000 personas que exigían su cierre porque denuncian que está contaminando la zona. En realidad llevaban protestando 99 días. El día 100, aquel martes, la policía abrió fuego.

“Dispararon a matar y mataron. Indudablemente es un asesinato, ya que algunas personas atacadas parecen haber sido elegidas de forma deliberada”, afirma a este diario Nityanand Jayaraman, un activista que durante años ha investigado en profundidad el caso de esta planta industrial. “Todos saben que el Gobierno del Estado y la administración del distrito son leales a Sterlite. Creo que el Estado quería dar una lección a la gente y eliminar a algunos activistas clave en el proceso”, opina el miembro de la organización Chennai Solidarity Group.

Los enfrentamientos comenzaron cuando la marcha llegó a las oficinas de la administración. Antes de apretar el gatillo, los uniformados habían recurrido al gas lacrimógeno y los lathis, las tradicionales porras que usan para dispersar multitudes. Aquella jornada se saldó con doce muertos y un centenar de heridos. En las protestas del día siguiente falleció otro manifestante. Los vídeos corrieron por las redes sociales, como también corrió la sensación de que los disparos no fueron una respuesta espontánea ante una agitación incontrolable. En palabras del político Rahul Gandhi, India vio “un ejemplo brutal de terrorismo de Estado”.

“El asesinato de manifestantes pacíficos fue planeado previamente, algo premeditado. Es completamente antiético y en contra de la gente”, dice el reconocido ambientalista G. Sundarrajan, que lidera el movimiento ecologista Poovulagin Nanbargal en Tamil Nadu. “Nos sorprende que gente que protesta pacíficamente contra la planta Sterlite, contra la contaminación del medio ambiente y para defender sus sustentos, haya recibido disparos sin ningún signo de vergüenza o sentimiento de culpa por parte de quienes lo ordenaron”.

El Gobierno tamil, que anunció la creación de una comisión para investigar las muertes, sostiene que fue la multitud la que empezó los disturbios prendiendo fuego a vehículos y arrojando piedras. “La policía tuvo que actuar para controlar la violencia bajo circunstancias inevitables”, señaló en un comunicado.

Pero esa justificación no le ha servido para frenar una creciente indignación que se ha convertido en asunto nacional y que le ha obligado a ordenar el cierre permanente de la planta en defensa del interés público. Días antes, un tribunal había paralizado la expansión del complejo industrial, un plan con el que Sterlite pretendía doblar su producción anual de 400.000 toneladas. Hoy los habitantes de Tuticorin celebran una victoria popular que ha tardado dos décadas en llegar.

veinte años de lucha

Porque este caso viene de lejos. Los últimos 100 días han sido la enésima explosión de rabia de una población que lleva veinte años luchando contra la compañía Vedanta Resources, un conglomerado con sede en Londres que es propietario de su filial india, Sterlite Copper.

Las enormes instalaciones de su planta de cobre, que opera desde 1997, cuentan con una fundición, una refinería, una planta de ácido fosfórico y otra de ácido sulfúrico. “Las plantas de fundición de cobre son contaminantes por naturaleza. Contaminan el ambiente, el agua subterránea y la tierra. El arsénico, el sulfuro y muchos otros componentes químicos que se usan en la planta son altamente tóxicos y peligrosos para la salud de la gente que vive alrededor”, explica el activista Sundarrajan. “Además esta planta está ubicada muy cerca del golfo de Mannar, una reserva marina que también está en peligro porque sus residuos van al mar”.

En todo este tiempo a los vecinos les ha perseguido el fantasma de Bhopal: la fuga de gas de la compañía Union Carbide que en 1984 provocó 25.000 muertos y 500.000 afectados, muchos de los cuales siguen pagando las secuelas de uno de los peores desastres industriales de la historia. De hecho, la población de Tamil Nadu tiene un destacado historial en sus luchas medioambientales, enfrentándose a centrales nucleares, a las minas ilegales de arena o a las plantas de embotellamiento de Coca-Cola y Pepsi.

Los daños ambientales que ha ocasionado Sterlite han sido confirmados en infinidad de ocasiones. En 2005 el Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Ambiental encontró altas concentraciones de cobre, plomo, cadmio, arsénico, cloruros y fluoruros en muestras de agua subterránea tomadas cerca de las instalaciones. Otros estudios posteriores concluyeron que el agua de los pozos próximos no servía ni para el cultivo ni para el uso doméstico porque “pone en peligro la salud humana y el medio ambiente”.

Los trabajos del investigador Nityanand Jayaraman se han centrado en documentar los impactos humanos y los excesos medioambientales de la polémica fundición, experta en violar las restricciones de emisiones. Jayaraman no ha dudado en señalar las facilidades que la compañía ha recibido por parte de las autoridades estatales y nacionales para obtener licencias ilegales. En 2013 el Tribunal Supremo llegó a admitir que la planta había contaminado al emitir gases nocivos y residuos peligrosos, pero en esa sentencia aprobaba que siguiese adelante con su producción porque el país necesitaba grandes cantidades de cobre. La multa por contaminación se fijó en casi 13 millones de euros.

El ambientalista Sundarrajan sostiene que las compañías multinacionales acuden a la India porque saben que tienen las manos libres. “Vedanta prefirió importar el cobre y la maquinaria desde Australia e instalar aquí su planta porque sabía que allí hay normas de contaminación, hay vigilancia. Aquí tienes permitido hacer todo; puedes contaminar el agua y la tierra, matar gente y crear problemas de salud en las comunidades cercanas, pero sobrevivirás porque eres Vedanta”, explica el ecologista.

Vedanta Resources fue fundada por Anil Agarwal, un multimillonario indio que preside su compañía minera y metalúrgica desde la capital británica. Sólo en India la firma obtuvo 1.800 millones en beneficios en el último año fiscal. Esta no es la primera vez que la empresa encuentra oposición autóctona; ya le ocurrió en los Estados indios de Maharashtra, Goa y Odisha, o en países como Zambia, donde tampoco coló la promesa de la creación de empleos.

En una reciente entrevista, el empresario afirmó que las protestas eran obra de “asociaciones antidesarrollistas” que desean “desestabilizar la industria india”. “Desde el primer día he dicho que esto sólo sucede en la India. Siempre hay personas que se aprovechan de nuestra democracia”, decía el millonario, que cree que es imprescindible “mantener los negocios alejados de la política”. Curiosamente, son conocidas las cuantiosas donaciones que realiza Vedanta a los principales partidos indios: más de millón de euros al histórico Partido del Congreso y al hoy gobernante BJP entre 2004 y 2010, y 2,8 millones al BJP en 2014, año de elecciones generales.
Ese tipo de conexiones dinamitan la esperanza de muchos ciudadanos a la hora de exigir una rendición de cuentas a la multinacional, más allá de su ya logrado cierre definitivo en Tuticorin. “Las grandes compañías disfrutan de una gran libertad en lo que se refiere a la acción reguladora. Los delincuentes ilustres nunca son castigados de la misma manera que los delincuentes más pequeños”, concluye el investigador Jayaraman.

Fuente:https://www.elsaltodiario.com/asia/protestas-contra-planta-industrial-acaban-matanza-india

Perú

El Congo y el Perú

Invitado por la institución belga 11.11.11, acabo de visitar la República Democrática del Congo (RDC), entre el 8 y el 16 de mayo. La RDC (es importante utilizar las siglas o el nombre completo, para diferenciarlo de uno de los países vecinos, que lleva la denominación de República del Congo) se ubica en la zona central occidental del África Sub-sahariana. El país es atravesado por el ecuador, lo que significa que un tercio del territorio se ubica en el Hemisferio Norte y dos tercios en el Hemisferio Sur.

La RDC es el segundo país más extenso del continente africano, con más de 2 millones 344 mil kilómetros cuadrados. La historia del Congo está marcada por diferentes eventos que influyeron en la evolución reciente del país: obtenida la independencia de Bélgica el año 1960, este país africano vivió años de gran inestabilidad política y enfrentamientos. Los conflictos armados y las dictaduras dominaron durante un buen tiempo, siendo el gobierno más largo el de Joseph Desiré Mobutu, un ex militar que gobernó ese país -con el respaldo de los Estados Unidos y como parte de un estrategia que buscaba alejar el África de la influencia de la ex URSS- con mano de hierro entre 1965 y 1997, en medio de escándalos de corrupción y de flagrantes violaciones de derechos humanos. Entre 1971 y 1997, precisamente por decisión de Mobutu, la actual RDC se llamó República del Zaire.

Los viejos aficionados al boxeo recordarán que la mítica pelea de box entre Mohamed Alí y George Foreman, el año 1975, se realizó en la capital de este país, Kinshasa, precisamente en los tiempos del presidente Mobutu, en los que el dinero de la corrupción servía para satisfacer los caprichos del dictador africano.

El Perú y el Congo: entre las similitudes y las diferencias

Como el Perú, la RDC es un país megadiverso: su territorio se divide en dieciséis eco-regiones y posee una gran variedad de biomas: desde la sabana en las regiones del sur, la selva montana de las regiones montañosas del este, los lagos africanos al este y la selva del Congo que es, después de la selva amazónica, la segunda más extensa del mundo.

Otra coincidencia con el Perú es que la economía de este país depende en gran medida de la explotación de recursos naturales, sobre todo los mineros. El Congo es el mayor productor de cobalto en el mundo y es también uno de los mayores productores de cobre y diamantes, entre otros minerales. Las mayores unidades de producción se ubican en la zona sur este del país, en lo que era la antigua provincia de Katanga, hoy dividida en las provincias de Lualaba y Alto Katanga.

La visita que realizamos incluyó varias reuniones con organismos no gubernamentales internacionales que trabajan en este país e instituciones de la propia sociedad civil congoleña. Participamos en conferencias, talleres y sobre todo visitas de campo, precisamente a las dos provincias mencionadas, Lualaba y Alto Katanga, zonas de producción minera.

En los últimos 25 años las zonas de explotación minera han crecido considerablemente. Luego de la puesta en marcha del código minero del año 2002 y en la vorágine desatada por el súper ciclo de precios de los minerales (2003-2012), grandes inversionistas llegaron a este país y han desarrollado importantes emprendimientos. Como en el Perú, la llegada de las inversiones mineras y el desarrollo de nuevos emprendimientos, se presentó como el inicio de una etapa de prosperidad para el país y sobre todo para las provincias y poblaciones que acogían esas inversiones. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido y la prosperidad sólo ha alcanzado para los grupos que están enquistados en el poder del país y que han manejado la renta extractiva para su beneficio personal.

A diferencia del Perú, en la RDC se optó por mantener algunas empresas mineras públicas, como es el caso de la Gecamines, una suerte de Centromin Perú, que pese a los graves problemas de corrupción en los que ha estado envuelta, sigue desarrollando actividades de exploración y producción, en muchos casos en alianza con empresas extranjeras. Entre los principales inversionistas mineros figuran empresas chinas, de Europa y de América del Norte. A nivel de empresas, destaca el protagonismo de Minmetals (MMG) y de la suiza Glencore, que también operan en el Perú.

En este país también se ha instalado desde hace un tiempo una vasta actividad minera informal, la que ha estado envuelta en grandes conflictos. Por ejemplo, se calcula que un tercio de la producción de diamantes se desarrolla de manera informal y salen del país vía contrabando. Además, un caso más extremo es la explotación ilegal y venta clandestina generalizada de los llamados “minerales de conflicto o de sangre”, como el tantalio y el estaño, cuyo control y explotación ha provocado guerras y conflictos entre la RDC y países fronterizos, con un saldo de millones de muertos en las últimas décadas, sobre todo en la zona oriental del país. Grupos armados, empresas y sobre todo países fronterizos como Ruanda o Uganda, han estado envueltos en varias guerras que se han desarrollado en el territorio de la RDC.

Los retos de la gobernanza

El tema de la minería plantea varios retos a este país africano. En primer lugar, el tema de la transparencia financiera: en la RDC, como en buena parte de países africanos, la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) ha intentado darle un poco de transparencia a las cuentas y a los ingresos que genera una actividad como la minería. Los problemas de falta de transparencia encubren graves problemas de corrupción y el uso indebido de los ingresos que generan las actividades extractivas. A diferencia de lo que ha ocurrido en el Perú, en el caso de la RDC los reportes de la EITI han permitido acceder a una mayor información sobre las cuentas que genera la actividad minera y por lo tanto, a una mayor supervisión de la sociedad civil y exigencia de transparencia.

Sin embargo, los mayores problemas que se mantienen tienen que ver con los temas ambientales y la afectación de los derechos de las comunidades en las zonas de influencia de las operaciones mineras. Solo un dato que muestra la ausencia de gobernanza ambiental: de 180 países evaluados por el Índice de Desempeño Ambiental (que trabaja la Universidad de Yale), el Congo aparece en el puesto 178.

La debilidad de las políticas y de la institucionalidad ambiental es notoria y queda en total evidencia cuando uno visita las zonas donde se desarrollan actividades como la minería. El acceso a las fuentes de agua aparece como un tema central en la agenda ambiental: como ocurre en el Perú, hemos podido notar cómo las empresas se apropian de las fuentes de agua y el acceso para las comunidades depende básicamente de la capacidad de negociación y la buena voluntad de las empresas.

Por otro lado, el incremento de las operaciones mineras en varias de las provincias de este país ha planteado un número elevado de procesos de desplazamientos forzados de poblaciones enteras. En la medida que la propiedad de la tierra le corresponde al Estado y no a las comunidades, los mecanismos de protección de sus derechos son muy débiles. Además, como ocurre en el Perú, pese a que el derecho a la consulta previa, libre e informada está formalmente reconocido, no se aplican verdaderas consultas ciudadanas y los niveles de organización de las comunidades no permiten, por el momento, respuestas contundentes orientadas a la defensa de sus derechos.

Es preocupante el precario nivel organizativo de las comunidades afectadas y la manera cómo enfrentan los conflictos con las empresas mineras, por lo general de manera aislada, en condiciones de total asimetría y sin mayor respaldo, salvo el apoyo de algunos organismos no gubernamentales. La escasa visibilidad de los conflictos imposibilita que las demandas escalen, logren niveles altos de movilización y una agenda de derechos estructurada.

Pese a ello, en los últimos tiempos se ha venido trabajando un nuevo código de minas en la RDC. Este trabajo ha sido participativo, incluyendo a representantes de la sociedad civil y lo logrado representa un notorio avance en materia de gobernanza ambiental, participación ciudadana, descentralización y transparencia financiera. El nuevo código ha sido aprobado el 2018 y ahora queda el reto de su reglamentación e implementación.

Actores que están aquí y allá y las estrategias en curso

Como hemos mencionado, en el Congo operan empresas conocidas en nuestro país, como  Minmetals, entre varias otras empresas chinas, Glencore, Freeport, etc. La visita a las zonas de influencia de varias de estas empresas, nos ha permitido comprobar las difíciles condiciones de vida y los graves problemas de contaminación que enfrentan las comunidades vecinas a las operaciones.

Además, la relación entre la minería del Congo y la del Perú recientemente se hizo notoria, luego de la adquisición de la mina Las Bambas, por Minmetals al grupo Glencore. Según la información recogida por los grupos de organismos no gubernamentales del Congo, la adquisición de la mina de Las Bambas por Minmetals, fue financiada en gran medida por las operaciones en este país africano. De esa manera, Glencore pudo culminar el proceso de fusión/adquisición del grupo Xstrata, lo que ha permitido tener un rol preponderante en la producción mundial de cobre.

Pero aparte de las empresas que operan, está claro que el enorme desafío para ambos países,  es cómo construir una real gobernanza para los sectores extractivos. Pese a las diferencias entre el Congo y el Perú, también hay puntos en común, retos y desafíos similares: la presión de la economía y de las inversiones, la defensa del territorio y de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, el desempeño ambiental, la transparencia y los ingresos fiscales, los efectos del cambio climático, etc.

Por ello ha sido importante este intercambio; el comenzar a compartir experiencias y algunas de las estrategias que se implementan en cada uno de los países. Se necesita un proceso de reflexión más global del lado de las poblaciones y de las diversas organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando por la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por este tipo de actividades e impulsan procesos en diferentes continentes para construir una verdadera gobernanza para los sectores extractivos.

Un reto clave para salir del esquema de extracción exacerbada en ambos países es que los actores múltiples construyan espacios de participación ciudadana directa en los territorios y jueguen un rol central en el proceso de construcción de gobernabilidad democrática y de gobernanza. Esta reflexión parte de lo local y se debe proyectar a nivel global.

 

Internacional

Sin estudio de impacto ambiental transfronterizo para la mina de uranio de Salamanca

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos. En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por JCL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Fuente:https://www.ecologistasenaccion.org/?p=94488

Perú

Geógrafo alemán, Cristobal Bittner: “la gran limitación es la minería, por la contaminación que genera para el desarrollo de las actividades agrícolas en Junín”.

En el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro se realizó hoy jueves 31 de mayo la presentación del Estudio “Alternativas de desarrollo en regiones mineras del Perú”, realizado por el SLE de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, con el apoyo de la Red Muqui, pastoral social de dignidad humana (Passdih) y la agencia Misereor.

La presentación del estudio estuvo a cargo del geógrafo Cristobal Bittner, miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

De otro lado, Bittner mencionó en las conclusiones, que “hay un gran potencial en la agricultura, que brinda empleo y aporta a la soberanía y seguridad alimentaria”. Destacó que “el Valle del Mantaro es el granero de Lima, es el principal aportante para su alimentación. Los productores tienen importantes técnicas ancestrales que aplican en sus actividades y deben ser consideradas”.

Aseveró que sin embargo, “hay limitaciones para el acceso a la tierra y no hay niveles de organización de los productores, como las cooperativas, por ejemplo, que se deben impulsar” y remarcó que “la gran limitación es la minería, por la contaminación que genera para el desarrollo de las actividades agrícolas en Junín”.

Entre las recomendaciones destacan que ante la falta de información de parte del Estado sobre los impactos ambientales, “que es necesario organizar a los productores para que realicen mediciones ambientales participativas, que son importantes para ejercer una adecuada vigilancia”. Asimismo, indicó que “se deben considerar las áreas de influencia directas e indirectas de los proyectos al establecer las zonas remediación”. El geógrafo considera que las medidas que se tomen desde el Estado, deben “buscar lograr la seguridad alimentaria, y seguridad de los mercados para los ingresos de los productores, además del Estado debe apoyar como prioridad la agricultura familiar”.

Finalmente afirmó que el Ordenamiento Territorial debe priorizarse, estableciendo zonas de protección en especial en las zonas de recarga hídrica donde ni la minería ni la industria deberían ingresar”.

Por su parte la Ing. Jessica Solis del GORE Junín, informó que está trabajando “una ordenanza regional para proteger las cabeceras de cuenca (donde operan las empresas mineras)”. Para ello, cuentan con el respaldo de la Constitución, la Ley de Recursos Hídricos, y otros para establecer áreas intangibles en las cabeceras de cuenca.

Finalmente el Ing. Wilmar Luján de la Universidad Nacional del Centro, indicó que es imprescindible este tipo de estudios para la Universidad, pues faltan estudios sobre la contaminación en el Perú, y en especial en el Valle del Mantaro.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/749-geografo-aleman-cristobal-bittner-la-gran-limitacion-es-la-mineria-por-la-contaminacion-que-genera-para-el-desarrollo-de-las-actividades-agricolas-en-junin

Bolivia

Contaminación minera hace migrar a campesinos e indígenas en Potosí

Aumenta la migración de campesinos e indígenas en el Norte de Potosí a consecuencia de la contaminación ambiental de sus tierras y las aguas de uso agrícola, debido a la explotación minera que sufre el territorio. De acuerdo a declaración de Gregorio Zamudio Karka, Segunda Mayor del Ayllu Puraka (autoridad originaria) del municipio de Uncia; las tierras productivas han disminuido por la contaminación minera. No solamente la tierra ha disminuido, sino también, el agua ha sido afectada por el daño ambiental que provoca la explotación minera manifestó en tono preocupado.

“La contaminación en el Norte de Potosí de las empresas mineras es evidente. Antes, la producción agrícola era bien, ahora es poco debido a la contaminación minera. Ahora necesitamos proyectos grandes para sanear nuestros terrenos”, lamento la autoridad indígena.

Dada  la contaminación, las mayores consecuencias se observan en el éxodo (migración) de las personas de las comunidades. La migración es uno de los principales efectos de la contaminación minera en los ayllus y comunidades del Norte del departamento de Potosí. Según la autoridad indígena, en las comunidades de los ayllus han quedado solo las personas adultas mayores, los jóvenes salen a buscar trabajo en otros departamentos e inclusive fuera del país manifestó.

“La contaminación minera existe. Por eso la gente migra a Chile, van a buscar donde vivir mejor. Entre tres a cuatro personas quedan en las comunidades, sobre todo de la tercera edad. Los jóvenes se van a otras ciudades como Oruro, Cochabamba hasta a poblaciones más grandes que sus comunidades como Llallagua o Uncía”, manifestó la autoridad indígena Zamudio.

Si bien los efectos del cambio climático en los últimos años han provocado migración de campesinos e indígenas en busca de mejores días; la actividad minería provoca éxodo de las poblaciones originarias; dejando desoladas algunas comunidades indígenas y campesinas del territorio potosino.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/bolivia/item/40928-contaminacion-minera-hace-migrar-a-campesinos-e-indigenas-en-potosi

Argentina

Facultad de Humanidades de UNPat rechaza la zonificación minera

El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el 29 de mayo pasado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, aprobó por unanimidad adherir públicamente al documento “Rechazo a la zonificación que habilitaría la mega minería en Chubut”, elaborado por docentes e investigadores. El documento señala que el proyecto de ley que pretende zonificar el territorio para las mineras transnacionales “pretende pasar por encima de la voluntad de miles de chubutenses que desde el año 2014 estamos esperando por el tratamiento y aprobación de la Ley de Iniciativa Popular que busca prohibir la actividad en Chubut y que fuera impulsada por vecinos y vecinas del territorio de la provincia”.  Compartimos el texto:

Fuente: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

RECHAZO A LA ZONIFICACIÓN QUE HABILITARÍA LA MEGAMINERÍA EN CHUBUT

Desde la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, cuna del maldesarrollo y ejemplo en carne viva del progreso que nunca llegó a pesar del crecimiento económico del extractivismo petrolero, hacemos un llamado urgente a todxs nuestros/as colegas de distintas Universidades Públicas.

A fines de marzo de 2018, ocho intendentes de localidades de la meseta chubutense acercaron hasta la Legislatura provincial en la ciudad de Rawson, un proyecto que pretende zonificar el territorio para finalmente entregar una parte del territorio a las mineras transnacionales para tareas de explotación, actividad hoy prohibida por la Ley XVII N° 68 (ex 5001). Este proyecto, carente de proyección para la región, vacío de contenido, engañoso, poco actualizado, somero y que no considera la contundente ausencia de licencia social respecto de la actividad, pretende pasar por encima de la voluntad de miles de chubutenses que desde el año 2014 estamos esperando por el tratamiento y aprobación de la Ley de Iniciativa Popular que busca prohibir la actividad en Chubut y que fuera impulsada por vecinos y vecinas del territorio de la provincia.

El actual gobierno pretende usar la crisis económica de la provincia como la perfecta excusa para presentar a la mega minería como la potencial salvadora que traerá progreso. Pareciera que desconocen la situación de crisis que se vive en la provincia hermana de Santa Cruz, cuyo modelo minero se tradujo únicamente en el enriquecimiento para unos pocos. La promoción de la actividad en nuestra provincia por algunos sectores, además de subestimar la inteligencia de lxs habitantes del territorio, supone que desde los ámbitos académicos desconocemos los efectos socio ecológicos que genera.

El gobierno oficialista, cuyo ascenso al poder se debió en gran parte a su promesa de campaña de estar en contra de la mega minería, parece tambalear cada vez que el lobby empresarial realiza una avanzada. El accionar corrupto, como la comunicación a través de mensajes de texto que el diputado Muñiz intercambiaba desde dentro de la Legislatura con el gerente de una empresa minera en 2014, los casos de espionaje realizados por el gobierno nacional en 2015 a lxs vecinxs de Esquel, las denuncias públicas de vecinos de la meseta en donde señalan el ofrecimiento de dinero por parte de las empresas mineras para militar a favor de ellas, el fracaso político del supuesto debate realizado este año en Telsen, el caso de las compras con sobreprecios durante el mega temporal de Comodoro en 2017, la permanente estigmatización de las comunidades originarias y la escalada de violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad, son solo algunos ejemplos de la vulnerabilidad que caracterizan a la coyuntura social y política de una provincia que atraviesa una crisis financiera que no será resuelta por el ingreso del extractivismo extremo.

Ante estas maniobras políticas y los impactos sociales que ya se pueden ver, hacemos un llamado de alerta desde la Universidad Nacional de la Patagonia como académicos, docentes e investigadores, posicionándonos en franco rechazo al ingreso de la actividad extractiva vinculada a la mega minería en nuestra provincia. De una vez y por todas, es hora de entender el componente social del ambiente y de remarcar que el extractivismo, en los términos en que se desarrolla hoy en el territorio argentino, solo genera dependencia, enriquecimiento de unos pocos, el uso de reservas de agua con fines industriales, fomenta la corrupción, promueve una pérdida de soberanía en el territorio, se vincula a la persecución de los pueblos originarios, censura la prensa independiente y genera un retroceso del sistema democrático que resulta preocupante.

Por estos motivos y acompañando además la defensa del mayor bien natural que nuestro suelo alberga, EL AGUA, Los abajo firmantes fijamos nuestro rechazo absoluto al proyecto de zonificación que habilitaría la mega minería en Chubut.

Texto completo de la Resolución N°331-2018

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/40911-facultad-de-humanidades-de-unpat-rechaza-la-zonificacion-minera

Mexico

Personal de la ONU acude a La Colorada; investiga caso de despojo de territorio y desplazamiento forzado

Reciben denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de mineras en el estado

Afectados responsabilizan a Minera Tayahua SA de CV, First Majestic Unidad El Toro, Grupo México, y Pan American Silver Corp

El caso de despojo de territorio y desplazamiento forzado de los habitantes de la comunidad La Colorada (ubicada en el municipio de Chalchihuites) por parte de la empresa minera canadiense Pan American Silver Corp motivó la primera visita en la historia de Zacatecas de personal de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Este 29 de mayo, Byron Cárdenas Vázquez y Laura Papasergio, oficiales del ACNUDH llegaron a la cabecera municipal de Chalchihuites para reunirse con los afectados, y buscaron al día siguiente entrevistarse con el gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna.

El personal de la ONU también recibió documentos de denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de mineras en Zacatecas y autoridades locales tanto de orden federal, estatal y municipal, referidos a los casos de Salaverna, Mazapil; Chalchihuites y el Ejido San José de Buenavista “San José de Abajo”, los dos últimos, ubicados en la misma demarcación.

Los asuntos implican respectivamente en las denuncias a las empresas Minera Tayahua SA de CV (filial de Frisco), First Majestic Unidad El Toro, Grupo México, y en el caso de La Colorada, a la ya citada Pan American Silver Corp.

El desplazamiento forzado y despojo de territorio de los pobladores de esta comunidad ubicada a unos 35 kilómetros de la cabecera municipal de Chalchihuites y a unas tres horas de camino en auto desde la capital del estado de Zacatecas, fue denunciado ya ante el representante en México de la ACNUH, Jan Jarab, y asimismo a la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas del organismo, Victoria Tauli Corpuz, en su reciente visita al país, gracias a la intervención de la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de Pueblos Originarios.

David Cayetano, integrante de la Red y quien interviene en estas denuncias haciendo trabajo de acompañamiento a favor de los habitantes de La Colorada, arribó alrededor de las 11 de la mañana con la comitiva del organismo internacional.

La reunión con la gente de la comunidad se realizó bajo criterios de confidencialidad según los protocolos de la ONU, y habiendo sido pactada para atender el caso concreto de La Colorada solo tuvo la asistencia de sus pobladores, el propio David Cayetano y los oficiales de la ACNUH.

El defensor de derechos humanos informó en entrevista para La Jornada Zacatecas, a la salida de esta reunión, que le ha dado seguimiento al asunto de La Colorada desde hace un año. Dijo que la intervención de la Red Internacional de Defensores de Derechos Humanos de Pueblos Originarios busca visibilizarlo y llevarlo a todas las instancias hasta agotarlas.

Refirió que en este empeño actúan en sinergia con otras organizaciones, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Comisión para la Cooperación Ambiental (CEMDA) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Cabe recordar que ésta última registró el caso de La Colorada en su informe 2017 “Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México”, como el único en el país en este periodo que tuvo como agente a una empresa minera, la Pan American Silver Corp.

El documento registra como afectadas a 47 familias que implican unas 230 personas, entre hombres, mujeres, adultos mayores y niños. Y caracteriza el caso según los tipos de violencia en “el uso de armas de fuego o presencia de personas armadas”; haber sido las víctimas objeto de “amenazas e intimidación”; el que “sus casas o cultivos fueron quemados, destruidos o baleados”; y el reporte de “saqueo de viviendas, el robo de animales, cultivos y otras pertenencias”, así como el propio desplazamiento forzado.

David Cayetano dijo que las violaciones a los derechos humanos que han sufrido las familias de La Colorada son crímenes de lesa humanidad.
“Las secretarías de estado –federales- y el Gobierno del estado de Zacatecas han firmado las concesiones –mineras-, ¿con qué intención lo están haciendo? Muy claramente es el despojo, el arrebatar lo que es propio de las comunidades”.

A la gente de La Colorada, dijo, “le han quitado todo lo que tenían”, desde sus casa hogar, sus áreas de cultivo, sus ganados, “no puede ser que en estos momentos esté pasando esto aquí”.

De la apertura de estos expedientes en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos luego que se revise la información enterada por los habitantes de La Colorada y la que tenga origen en las autoridades, pueden derivar recomendaciones para el Estado mexicano, “un llamado de atención a las instancias que están violentando los derechos de las personas, socioeconómicos, culturales, de salud”, dijo.

Agregó respecto de la observación de que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por desatender las recomendaciones del organismo internacional en materia de derechos humanos de manera reiterada, que “es como una pérdida de esperanza porque el mismo gobierno no acata las recomendaciones, inclusive son las mismas instituciones las que firman las concesiones, en este caso la Secretaría de Economía”.

Observó sobre las intervenciones de las autoridades, que “es como negociar entre ellos –empresas y autoridades- sin la consulta previa de las comunidades” y sin ofrecer tampoco ninguna asesoría jurídica, “sí, es como no te pido permiso, lo hicieron sin esta consulta”.

Dijo que en estos casos opera siempre la corrupción gubernamental sin que importe “lo que viven las personas de las comunidades, no nada más en este caso aquí en Chalchihuites; en Salaverna, de los compañeros… Don Roberto –de la Rosa, líder comunitario de la localidad de Mazapil- que también han sufrido este tipo de desplazamiento y despojo de territorio, una infinidad de violaciones a sus derechos humanos”.

“Nosotros como defensores de derechos humanos con un actuar independiente de la ACNUH, sí denunciamos que el gobierno es cómplice del despojo y de violentar los derechos humanos”.

David Cayetano aludió también a la problemática de la división que generan las empresas mineras en las comunidades ya presente en La Colorada.

Expuso que es ocasionada “por la desinformación de nuestra gente, de nuestros hermanos de las comunidades” y ante los ofrecimientos y promesas de las empresas “de un bienestar, de una vida más estable económicamente y que al final de cuentas queda en puras mentiras; son manipulaciones” ya tienen previstas mediante procesos muy sofisticados de convencimiento.

“¿Hacia dónde van? Es el despojo, es el desplazamiento. En pocas palabras te chingan, en pocas palabras así vulgarmente, te jodo. Las mineras son así, el gobierno es así, y quienes salen beneficiados son los accionistas de las empresas trasnacionales”.

Las formas y los protocolos del actuar de las empresas extractivas y los gobiernos son similares en el mundo dijo, “se ha generado el mismo tipo de barbarie, es consternante lo que está pasando y no sabes en qué momento se puede suscitar; se han hecho constantes las denuncias” en países como México, Colombia, Perú, etc.

Agregó respecto de los documentos de denuncia que fueron entregados a los oficiales de la ACNHU que las organizaciones “estarán de pie muy cerquita exigiendo que realmente se les dé seguimiento adecuado”, porque en el caso de La Colorada las que se han hecho ante instancias locales “se han agotado”. Por ello la gente “ya siente desconfianza, generada por el mismo Gobierno del estado”.

En ese sentido celebró el esfuerzo de las familias por acudir a la entrevista con los oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes acompañados de gente de la comunidad e integrantes de la UNTA y la Red hicieron una visita a La Colorada.

Personal de la guardia privada de empresa minera no permitió el acceso de los funcionarios del organismo internacional a la casa de uno de los pobladores que ha quedado dentro del área industrial y es la única que se mantiene en pie del poblado original gracias a que subsiste un litigio entre las partes en conflicto.

Fuente:http://ljz.mx/2018/05/31/personal-de-la-onu-acude-a-la-colorada-investiga-caso-de-despojo-de-territorio-y-desplazamiento-forzado/

Latinoamerica

Empresas chinas violan derechos humanos en cinco países de la región

En noviembre próximo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluará la situación de los derechos humanos de la República Popular China, tanto dentro como fuera de su territorio, donde se llevan a cabo inversiones de sus empresas públicas.

Frente a ello, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presenta un informe en la que se detallan las violaciones de derechos humanos en cinco países latinoamericanos como consecuencia de grandes proyectos de infraestructura de capitales chinos.

El Informe sobre vulneración de derechos humanos de pueblos indígenas en la cuenaca amazónica contó con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y CONECTAS Direitos Humanos.

Así, entre los países afectados se encuentran Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

Arco Minero del Orinoco

Venezuela y China consolidaron sus relaciones diplomáticas a través de la Asociación Estratégica por el Desarrollo Conjunto, que buscó la firma de acuerdos con énfasis en los sectores de energía y minas, infraestructura, entre otros que impulsen el desarrollo económico y social de Venezuela.

Para ello, se creó el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino-Venezolano para brindar el financiamiento de los proyectos mediante el Banco de Desarrollo de China (BDC). En el marco de dicho Fondo, se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.

Con una extensión de 111 mil 843,70 kilómetros cuadrados, el Arco Minero fue creado para la exploración y explotación minera a gran escala y abarca los estados de Bolívar y Amazonas. Sin embargo, sus áreas se superponen a territorios indígenas.

Entre los pueblos afectados se encuentran los Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi. Asimismo, afecta al territorio ancestral de los Eñepá y Jodi o Joti, dos pueblos en contacto inicial que serían desplazados.

El proyecto se divide en cuatro áreas. De ellas, el área 1, donde predomina el coltán, será explorado y explotado por la empresa china Camc Engeenering Co. Ltd. (CAMCE). Por su parte la empresa Yankuang Group Co. Ltd. (Yankuang) explorará y explotará el área 4 donde predomina oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita y abarca la Reserva Forestal Sierra de Imataca.

“El proyecto ha generado oposición de diversas organizaciones indígenas por alterar su modo de vida tradicional e incumplir con la participación, consulta y consentimiento de las comunidades indígenas que se verán afectadas, así como por inexistencia del Estudio de Impacto Ambiental”, sostiene el informe.

El incumplimiento de dichas obligaciones generó la movilización de defensores indígenas de derechos humanos. En este contexto, Freedy Menare, líder indígena y fundador de la Organización Indígena Pueblo Uwotujja del Sipapo del estado de Amazonas, fue asesinado de un disparo en la espalda.

Bloque Petrolero el Nogal

Así como sucedió con Venezuela en su momento, Colombia y China fundaron la Asociación Empresarial Colombo China. Para ello nombraron a Emerald Energy PLC Colombia, empresa contratista para la exploración y explotación del Bloque Petrolero el Nogal (BPN), como socia.

De acuerdo con el informe de COICA, dicha empresa es actualmente filial de Sinochem que tiene su sede en Beijing, China. Además, denuncia que el proyecto BPN “adolece de irregularidades que implican violaciones de derechos humanos”.

Según el contrato firmado en el 2012, la empresa contratista se comprometió a explorar un área de 239 mil 415 hectáreas en los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, el Paujil, Florencia, Milán, Montañita, Morelia y Valparaíso en el departamento de Caquetá.

Sin embargo, a pesar de que se identificó la presencia de comunidades indígenas Juan Tama y cabildo la Pradera y los resguardos indígenas Witack Kiwe, Gorgonia y Getuchá, la empresa redujo el área presentado inicialmente y declaró que no existía ninguna comunidad étnica.

“Ello, demuestra la mala fe de la empresa estatal china en el proceso de contratación y obtención de certificaciones para evadir responsabilidad de aplicación de derechos de los pueblos inicialmente identificados”, denuncia COICA.

Proyecto Cóndor Mirador

El informe también da detalles sobre el primer contrato de explotación minera a gran escala que firmó Ecuador con la empresa Ecuacorriente S. A. en la Cordillera del Cóndor, declarada como “área de bosque y vegetación protectores” y además se superpone al territorio ancestral de la nacionalidad indígena Shuar.

Ecuacorrientes es subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan. Este, a su vez, está conformado por las estatales chinas Tongling Non-Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation.

En el 2014, el proyecto realizó los primeros desalojos forzosos. De acuerdo con el informe, la empresa ECSA con la participación del Estado y las fuerzas públicas, “destruyeron de forma ilegítima la iglesia y la escuela de la comunidad de San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui en la provincia Morona Santiago.

El segundo desalojo violento de 16 familias ocurrió en el 2015. El hecho se repite en el 2016 con 10 familias que vivían en la vía del Cóndor y luego con la familia wari. El resultado fue el “desalojo de más de 30 familias del pueblo indígena Shuar sin su consentimiento previo, libre e informado”.

Lote 58

En el caso peruano, el informe enfatiza en el Lote 58, un lote petrolero ubicado en la selva sur del Cusco con un gran potencial gasifico de la Cuenca Ucayali y Madre de Dios. Dicho lote, cuenta con PETROBRÁS ARGENTINA S. A. como la contratista para la exploración y explotación.

Además, en PETROBRÁS, la empresa China National Petroleum Corporation PERU S. A. (CNPC) cuenta con el 100 por ciento de participación.  Actualmente, CNPC es el mayor productor y proveedor de petróleo y gas de China.

Sin embargo, pese a que la empresa no existe un proceso de consulta previa de las comunidades en el área del lote, la empresa “ya reprocesó líneas sísmicas 2D y perforó cuatro pozos exploratorios en Urubamba, Picha, Taini y Paratori, con lo cual está a puertas de iniciar la fase de explotación”.

Las áreas a consultar son Tangoshiari, Carpintero, Kochid, Camisea, Puerto Huallana, Mayapo, Ticumpina, Camana, Timpia, Chirumbia, Cashiarí, Segakiato, Shivankoreni y Poyenterami, además se superpone a la Reserva Comunal Machiguenga.

“En este caso, nuevamente se ha vulnerado el derecho de consulta previa, lo cual era de conocimiento de CNPC previa a la compra de Petrobrás”, denuncia el informe.

Represas en Brasil

Las hidroeléctricas Teles Pires y Sao Manoel, son dos de las cuatro represas en operación que se encuentran sobre el río Teles Pires, en Brasil. La primera fue adjudicada a la empresa china State Grid y la segunda, a la empresa estatal China Three Gorges Corporation (CTGC).

De acuerdo con el informe, dichas empresas, que no realizaron ningún proceso de consulta ni consentimiento, afectan las condiciones de vida de los pueblos indígenas Kayabi, Apiaká y Munduruku de la Tierra Indigena Kayabi, ubicada aguas abajo.

Además, denuncia que la represa Teles Pires inundó el lugar sagrado “Siete caídas” de extrema importancia cultural y religiosa para el pueblo Mundukuru, ya que ahí vive la Madre de los Piscis, un músico llamado Karupi.

“Todo ello ha significado la violación al derecho a la identidad de este pueblo y con ello la afectación del derecho a participar en la vida cultural que comprende el derecho a elegir su identidad y ejercer sus propias prácticas culturales”, sostiene el informe.

Acceda al informe completo aquí

 Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2018/informe-evalua-la-violacion-de-derechos-humanos-por-empresas-chinas