Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo respectivamente, eran productores de maíz, avena y frijol y además eran defensores del agua desde El Barzón Chihuahua. Hace dos semanas cayeron asesinados en ese estado.

Sus compañeros de lucha narran que ambos se concentraban en la protección de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, situada en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada al noroeste de la entidad chihuahuense. Además, Ramón denunció la presencia de grupos armados en el territorio. Habían sido amenazados.

En entrevista para SinEmbargo, Joaquín Solorio, integrante de El Barzón Chihuahua, recordó que padre e hijo “participaban en la exigencia de que se parara la sobreexplotación de la cuenca del río”.

En mayo pasado, comentó el barzonista Gabino Gómez, Ramón había denunciado la presencia de grupos armados en la región e incluso señaló a uno de sus hermanos como parte de ellos: José Ebert Hernández Nevárez, alias “El Viejón”. El señalamiento derivó en el aseguramiento de armas, una camioneta con reporte de robo y equipo táctico, además de la detención del hermano y tío de las víctimas, quien finalmente fue puesto en libertad.

Ante este panorama, Solorio destacó “la obligación del Gobierno de Javier Corral es agotar todas las líneas de investigación. Está el tema del agua, del familiar que pertenece al crimen organizado y de la defensa de las tierras”.

El 13 de junio, padre e hijo, originarios del Ejido San Gerónimo, fueron privados de la vida cuando transitaban en la carretera Santa Clara–Flores Magón, en el municipio de Namiquipa, en el estado ubicado al noroeste de la Repíublica Mexicana.

Un día después del doble asesinato, la Fiscalía General del Estado condenó el crimen y afirmó darle “seguimiento puntual a las indagatorias para esclarecer plenamente el móvil de la agresión, sin descartar ninguna línea de investigación”.

El 16 de junio, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación detuvieron nuevamente a José Ebert, a quien la Fiscalía considera el presunto autor intelectual del doble homicidio, asimismo, fueron arrestados dos hombres más, identificados como Rafael O. S. alias “El Rafa” y Casildo C. H. alias “El Casildo”.

Los tres sujetos, comunicó la Fiscalía, “se ostentaron como integrantes del grupo delincuencial La Línea [el brazo armado del Cártel de Juárez]  y refirieron realizar operaciones ilícitas en la región”.

Pero, días después “El Viejón” fue liberado y pudo llevar en libertad su proceso debido a que le acusó únicamente por posesión de una camioneta robada.

“La Juez de Control, conocedora de la causa penal por posesión de vehículo robado, le impuso medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, no obstante que para esta representación social, existen elementos suficientes para presumir el grado de peligrosidad del imputado, razón por la que se recurrió a una segunda instancia”, reclamó la Fiscalía de Chihuahua.

Sin embargo, la Jueza Fabiola Domínguez, del Distrito Judicial Benito Juárez, dijo esta semana a la prensa local que el detenido fue presentado no por el delito de homicidio, sino solo por robo de auto. Pero el fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, aseguró que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva por posesión de armas de fuego y los antecedentes de “El Viejón”, pero que les fue negada.

El Gobernador Corral fue más allá: declaró que incluso a la impartidora de justicia “se le pusieron de conocimiento las amenazas que había sufrido don Ramón Hernández de parte de su propia familia, de su hermano y sobrinos, de un largo problema”. Y agregó que “por supuesto que hay muchas amenazas contra los jueces, y estamos analizando el caso de la Jueza”.

OSC EXIGEN JUSTICIA

Un centenar de organizaciones de la sociedad civil (OSC) lamentaron el hecho y urgieron a las autoridades a detener “la ola de violencia” en contra de defensores ambientales en la zona y a emprender las investigaciones pertinentes a fin de castigar a quienes resulten responsables.

Las demandas de las asociaciones hicieron “un enérgico llamado” a Javier Corral; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno del Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas, a que en el ámbito de sus competencias:

“Inicien las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes”.

María Colín, campañista legal de Greenpeace México, informó que el 18 de junio pasado enviaron una carta a las autoridades, con la exigencia de justicia; no obstante, al cierre de esta edición no habían recibido respuesta alguna.

Hace algunos meses, el Centro Mexicano de Derecho (Cemda) dio a conocer que de julio de 2016 a diciembre de 2017, hubo 88 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Además, durante dicho periodo se dio un incremento en el número de homicidios que hasta entonces llegó a 29.

La abogada ambientalista recriminó que “a todas luces esto es un ejemplo de lo que ocurre a todo lo largo y ancho del país. Esto demuestra que México es un país sumamente peligroso para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, en particular en el tema de la defensa del medio ambiente”.

No es la primera vez que El Barzón Chihuahua es blanco de intimidaciones y agresiones: apenas el mes pasado, Martín Solís Bustamante y Eraclio Rodríguez, integrantes de esa organización, fueron amenazados de muerte por luchar en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en la cuenca del Río del Carmen.

Antes, el 22 de octubre de 2012, el dirigente barzonista Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís Contreras fueron asesinados. Hasta el momento no ha existido justicia por dichos crímenes y la Fiscalía se ha negado a mostrar el expediente a los familiares, quienes buscan saber en qué etapa va el proceso, acusó Joaquín Solorio hermano de Ismael y cuñado de Manuelita.

Ismael defendía el agua de Buenaventura y se oponían a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito- Juárez.

Fuente:http://www.sinembargo.mx/23-06-2018/3431170

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) dieron a conocer que, por falta de padrón, no fue desarrollada la Asamblea General de Ejidatarios en San José de Buenavista que buscaba poner a consideración, por medio de una votación la autorización para que la empresa minera First Majestic Silver Corp S.A. de C.V. realice actividades mineras de exploración en los terrenos de uso común del ejido, además de realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Refirieron que First Majestic pretende expandir la exploración hacia los lotes Navidad del 1 al 9, proyectando ocupar de inicio sólo 18.8 hectáreas. Y advirtieron haber detectado que, “según el Sistema de Investigación y Administración Minera (SIAM), hay 10 nuevas solicitudes que acumulan una extensión de 319.56” hectáreas, “lo que indica la amplitud del emprendimiento y que no se sujetarán sólo a la exploración, sino a la explotación y/o beneficio”.

 Ante la firma de 10 decretos que modifican el estatus de veda que existía para 295 cuencas hidrológicas de las 757 que se tienen en el país, donde de acuerdo a la información existente al respecto, en este 40 por ciento de las cuencas escurre el 55% de las aguas superficiales del país, lo que posibilita la emisión de concesiones a la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos estatales para el uso del líquido para sectores como la minería, cerveceras, petroleras y embotelladoras, así como algunos más.

Ante esto el investigador catedrático de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Miguel Garza, precisó que esto ocasionaría problemas serios a mediano plazo dado que se comprometería este recurso natural no renovable y que es patrimonio del país, ya que al abrirlo a estas posibilidades se estaría poniendo en riesgo el surtimiento para las comunidades cercanas y tendría efectos adversos para la biodiversidad de estas regiones, para la flora y fauna, “ante esto quienes estudiamos todas estas variables alertamos de que México está en graves problemas por este acto del Poder Ejecutivo Federal que utilizó la figura del Decreto Presidencial para hacerlo sin pasar por el Congreso de la Unión”.

En este sentido, alertó que el criterio que se utilizó para la emisión de estos decretos fue el volverlos zonas protegidas, algo que destaca no era necesario, ya que con la veda solo se posibilitaba su uso para derechos agrarios de pueblos originarios, no extensivo para agricultura o ganadería a gran escala, “esto solo abre paso a que la Conagua y los gobernadores puedan emitir concesiones a las grandes empresa nacionales y trasnacionales para la explotación de estas zonas antaño protegidas con la finalidad de su conservación”.

Como especialistas en temas de biodiversidad y conservación, aseguró que las acciones productivas a las que se abre estas regiones acuíferas pueden ir desde la minería y su utilización para el fracking, que es la liberación del gas natural atrapado en las capas del subsuelo, las cuales utilizan grandes cantidades del líquido en sus procesos dejándola sin uso para el ser humano, así como su embotellamiento para venta, en las cerveceras para la fabricación de bebidas con contenido alcohólico y a las empresas petroleras que necesitan del agua para poder perforar.

Las afectaciones citó, irían de un rápido consumo de los caudales de los ríos, lagunas y humedales, ya que el ritmo de uso sería más acelerado que su recarga por las precipitaciones pluviales, a un desgaste moderado, pero con ello se ponen en claro riesgo un importante porcentaje del agua superficial de la República Mexicana, “de acuerdo a las estimaciones se habla de un 55 por ciento del total, que estas 295 cuencas representan algunos de los cuerpos de agua más grandes del país”.

A la vez, alertó sobre la necesidad de que se reconsidere por parte de los organismos de la sociedad civil y de las instituciones esta determinación y de ser necesario se interpongan herramientas legales para imposibilitarlas, “México tienen un fuerte desgaste en materia de recursos naturales no renovables, y con esto se abre la puerta a que las afectaciones sean aún mayores”.

Fuente:https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/mexico-en-graves-problemas-por-levantar-veda-a-cuencas