Sonora ha sido históricamente un Estado minero, su posición geográfica/geológica y su gran extensión territorial se lo han permitido. Es un Estado tan dominante en esta actividad extractiva que aproximadamente más del 50 por ciento de la producción minera en México viene de Sonora, donde se tienen más de 43 mil kilómetros cuadrados concesionados a la industria minera con más de 5 mil concesiones. La mayoría de ellas son concesiones a empresas mineras transnacionales que tienen sus oficinas generales en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, China y la India entre otras. El 23 por ciento del territorio estatal les pertenece a estas empresas.
Ante este panorama sería imperativo que el Estado tuviera una ley minera, una ley estatal que sirviera para regular, prevenir y sancionar los posibles impactos que genera una industria tan contaminante como esta. Y claro que tiene una ley estatal, pero no es para regular muchos menos para prevenir y nada de sancionar, es una ley para la promoción de la minera, para la protección, para el beneficio del sector minero por sobre otros sectores (léase agropecuario, turístico…) y donde la salud ambiental y humana de las comunidades cercanas a un proyecto minero no son tomadas en cuenta. No existe.
Y su usted no lo cree, basta con remontarse unos años atrás con el derrame en la Cuenca del Río Sonora que sigue sin resolverse o el caso de la mina Mulatos de la empresa Álamos que sigue causando serios daños en la parte alta de la Cuenca del Rio Yaqui, sin que esto se mencione en los medios, ni mucho menos se busque una solución a los impactos socio-ambientales que esta mina provoca.
Ante un panorama adverso socio-ambientalmente hablando, donde falta un cumplimiento de las regulaciones mínimas que tiene la industria minera a nivel nacional, con un territorio estatal colapsado por la industria agropecuaria, el crimen organizado, el mega turismo de sol y playa que han dejado como consecuencias una sequía histórica que ha generado ya cientos de desplazados forzados que migran a las ciudades o más allá de los fronteras impuestas por los países, el Gobierno del Estado, dirigido en este momento por Claudia Pavlovich hace unos meses anunció con bombo y platillo la llegada de una nueva empresa minera al Estado. Esta empresa inglesa/australiana llamada Bacanora Minerals (nombre absurdo por lo que significa Bacanora para los sonorenses) piensa explotar una veda de litio cerca de Bacadéhuachi, en la Cuenca Alta del Río Yaqui, perteneciente al afluente del Río Bavispe con una inversión inicial de 420 millones de dólares y se calcula que para el 2020 que la mina comience operaciones se extraerán en el primer año 17 mil 500 toneladas de carbonato de litio para aumentar hasta llegar a las 35 mil al año.
¿Para qué se usa el litio? Bien, una vez que el carbonato de litio pasa por un proceso de depuración para quedar solo como litio, un proceso que genera residuos tóxicos que, en grandes cantidades como los que esta mina dejara son dañinos para la salud ambiental y humana. Se usa para baterías de equipos electrónicos como smartphones, laptops, tablets pad, entre otros incluidos los automóviles eléctricos. En este caso, la empresa ha dicho que ellos tienen un contrato con Tesla Company para proveerle el litio necesario para los automóviles eléctricos que esta empresa está construyendo en masa.
Dejemos fuera la obviedad de que los automóviles eléctricos son una falsa solución a la crisis socio-ambiental que vivimos, pues estos se mantienen dentro del mismo modelo de producción-consumo lineal y extractivo que sostiene a este sistema capitalista. Más allá de la crítica que ya se la ha hecho a Tesla Company por muchos motivos, entre ellos, la contaminación que provocan sus autos eléctricos, principalmente sus baterías, el discurso del gobierno estatal de que con esta minera “ecológica” se está promoviendo el uso de energías renovables no solo es irresponsable, sino es ignorante, falto de cuidado en informarse para no caer en falsas soluciones o discursos tontos y vacíos, sin fundamento científico.
Si el material con el que se va producir la energía viene de la extracción y este no puede renovarse (como es el caso de la minería) no es renovable, decirlo es contradictorio. Es ignorar lo mínimo de las dinámicas ecológicas y conceptos básicos como renovable y/o sustentabilidad.
Es importante señalar que esta nueva empresa no viene a generar un impacto positivo en la región, al contrario, si vemos todos los casos de proyectos mineros en los últimos 20 años, el impacto ha sido negativo, tomemos el ejemplo de la mina Mulatos donde los impactos negativos son una realidad con la que viven día a día los habitantes de esta comunidad. Incluida la criminalización y las amenazas a los que alzan la voz.
Más allá de los discursos de la empresa y el gobierno, los impactos negativos sobre las comunidades humanas y la naturaleza son de todos conocidos, especialmente en un Estado tan golpeado por la industria minera. La actividad minera extractiva como lo es la extracción del litio genera contaminación del agua, perdida de acuíferos, más sequía, perdida del paisaje natural lo que trae consigo la desaparición y/o migración de flora y fauna, altas cantidades de residuos tóxicos, enfermedades relacionadas con la extracción de los minerales que en este caso van de problemas en el sistema nervioso, respiratorio, quemaduras si se exponen directamente al químico, hasta la muerte. También genera el desplazamiento forzado de personas que pierden su forma de vida.
La idea de la minería sustentable que nos han querido vender tanto la industria minera como sus cómplices dentro de los gobiernos, es una mentira: no hay sustentabilidad en demoler montañas para extraer los minerales que tienen en sus entrañas.
No hay lógica ambiental en destruir, deforestar, contaminar ecosistemas que pueda entrar en ningún concepto de sustentabilidad, por lo tanto, los gobiernos que permiten la minería están atentando contra la justicia socio-ambiental de las comunidades y la naturaleza. La única alternativa medianamente posible y responsable de practicar la minería es mediante la minería urbana, pero de eso hablare en otra ocasión.
Fuente:http://www.liberaradio.com/industria-minera-y-gobierno-complices-del-colapso/
Dicha minera y Grupo México pretenden iniciar trabajos en terrenos ejidales de sus proyectos Chalchihuites 42 y Navidad, respectivamente
La lucha no violenta por el agua, la vida y el territorio. Fue la consigna con la que, en marzo de 2012, el movimiento Resistencia Pacífica La Puya comenzó su oposición al proyecto minero “El Tambor”, que incluye la extracción de oro y plata en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (departamento de Guatemala). En 2016 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió el proyecto, cinco años después que el Ministerio de Energía y Minas otorgara la licencia a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua). La razón es que no se realizó una consulta previa a las poblaciones indígenas, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se realizará el Foro “Rímac en peligro” sobre la Problemática de la cuenca alta del Río Rímac este lunes 25 de junio a las 4 PM en el auditorio Alberto Andrade (Av. Abancay, cuadra 2 del Cercado de Lima) del Congreso de República. Participará la congresista Marisa Glave de la Bancada parlamentaria de Nuevo Perú y especialistas del Ministerio de Energía y Minas, de Ambiente, OEFA y la Autoridad Nacional del Agua, así como el Gobierno Regional de Lima.
Presentamos aquí un artículo que ilustra sobre condiciones y algunos detalles de un típico proceso de “cambio de manos” -y de responsabilidades- de una empresa megaminera para con sus trabajadores y para el país que las recibe. La gran producción inicial se acaba, los márgenes de ganancia se reducen,… y resulta más prudente vender todo a consorcios de accionistas ignotos antes de ingresar a los años finales cargados de despidos, reclamos y demás “incomodidades”.
En un contexto legal de prohibición de la megaminería (Ley Provincial Nro 7722) y un conflicto social por el Decreto que le abrió las puertas al fracking en Mendoza, el Gobernador Cornejo debe autorizar el proceso minero necesario para evitar más contaminación producida por los pasivos ambientales generados en San Rafael durante la explotación de la mina de uranio de Sierra Pintada. El problema radica en que para la remediación, es necesario abrir una planta fabril y realizar un proceso con sustancias prohibidas por la Ley Nro 7722; además, existe el temor de que concluido el saneamiento se intente volver a producir uranio. La audiencia pública se realizaría en octubre.
La ONG internacional WWF explica la importancia de esta ley, que solo tiene cinco días para ser aprobada en el Congreso de la República.
Luego de anunciarse el retiro del proyecto, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aseguró que estos serán incluidos en el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, su creación aún está en trámite en el Congreso y no se ha definido la jerarquía que tendrá la institución ante otros cuerpos legales que regulan inversiones, como lo son proyectos mineros o concesiones eléctricas.
Agricultores que viven de los afluentes de la cuenca Macha-Pocoata-Colquechaca en el norte de Potosí, dieron un plazo hasta el 20 de julio para que las autoridades atiendan un pedido de la 5ta Cumbre sobre Medio Ambiente realizados en pasados días.