Colombia

Consejo de Estado admitió tutela para proteger a Urrao de la minería

El Tribunal Administrativo de Antioquia y la Gobernación de Antioquia deben presentar los argumentos que los llevaron a anular el acuerdo contra la minería firmado en Urrao. En próximos días el Consejo de Estado deberá tomar una decisión.

Los campesinos y concejales del suroeste antioqueño que han liderado la protección de sus municipios frente a la minería a gran escala lograron en las últimas horas un triunfo jurídico. El Consejo de Estado aceptó la tutela que interpusieron en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, que el año pasado anuló el acuerdo firmado por el Concejo de Urrao con el que se prohibió la minería en su territorio.

Entre los argumentos acogidos por los magistrados del tribunal antioqueño se destaca el hecho de que el Concejo Municipal no tenía facultades para determinar los usos del suelo y que vulneraban “normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó, al no respetar los parámetros establecidos en norma legal, y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”.

Esto fue un campanazo de alarma para los activistas y políticos de la región, pues hasta el momento son once los municipios que han firmado dichos acuerdos que buscan asegurar los territorios para la explotación agrícola y el cuidado de ecosistemas.

Según el abogado Rodrigo Negrete, quien interpuso la tutela, este tipo de acciones suelen ser rechazadas porque deben cumplir muchos requisitos y formas, pues podrían conllevar la anulación de la decisión de un juez.

“Nosotros consideramos que cuando el tribunal falló violó los derechos fundamentales de muchas personas: derechos al debido proceso, a la igualdad, a la paticiáción, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la defensa”.

En este momento el Consejo de Estado está esperando los argumentos del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Gobernación, por lo que se espera que en las próximas semanas se conozca un fallo que podría irse a segunda instancia.

“El fallo del tribunal está en contra de la Constitución, porque las alcaldías pueden tomar decisiones sobre el subsuelo, además están ignorando fallos y sentencias de la Corte Constitucional. Esto sienta un precedente porque el tribunal de Antioquia ha venido tumbando estos acuerdos desde el 2011 y nadie le ha peleado. Es la primera vez que se cuestiona una decisión que viene de la Gobernación de  Antioquia, que en este caso de la minería es juez y parte”, dijo Negrete.

La decisión es un aliciente para los activistas, quienes no han dejado de trabajar en los últimos meses para proteger sus territorios. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha mencionado en varias ocasiones que es necesario revisar las vocaciones de las regiones para determinar si las licencias mineras se convierten en licencias ambientales. En este caso la vocación del suroeste es totalmente agropecuaria.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/consejo-de-estado-admite–tutela-para-proteger-a-urrao-de-la-mineria/554880

Perú

Tía María: Fiscalía formaliza denuncia contra dirigentes sin tener pruebas suficientes

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró.

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: «nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/682-tia-maria-fiscalia-formaliza-denuncia-contra-dirigentes-sin-tener-pruebas-suficientes

Colombia

La raquítica lucha contra el mercurio

El neurocientífico Rodolfo Llinas afirma que “en Colombia las cosas se hablan pero casi nunca se hacen”. Si en algún campo ello se ajusta al actual estado de cosas, es en el de la lucha contra el uso de mercurio en la explotación minera.

En 2013, mediante Ley, se implementó el Plan Nacional de Mercurio con el objetivo de erradicar su uso en los procesos industriales y productivos en un plazo de 10 años y en minería, en 5 años. Así, en julio de este año debe estar eliminado el uso de tal metal de la minería, pero como aquí las leyes se obedecen pero no se cumplen, poco se ha hecho para ello.

En abril de 2016 debía haberse realizado el registro de usuarios de mercurio, pero a esta hora, solo cerca del 4% de ellos se han inscrito. Las principales regiones mineras son Antioquia, Chocó y Nariño; en ellas se han identificado 318 puntos de emisiones de mercurio pero solo se han inscrito 13 de ellos. Antioquia tiene el 46,6% de la participación en la minería aurífera, solo una mina se ha inscrito. En el país no hay un registro único de importación y/o compra de mercurio. Las autoridades ambientales no han hecho una evaluación completa de las emisiones de mercurio, ni estudios de liberaciones de éste al suelo y al aire, pese a que sus efectos más contaminantes son las emisiones al ambiente. Hace 17 años no se cambian los límites de emisiones atmosféricas de mercurio y no hay normas sobre el máximo de mercurio permitido en el suelo.

Ello contrasta con el hecho de que acabar con el mercurio es la segunda deuda con la salud de los colombianos y con nuestro medio ambiente.

El mercurio, al entrar en contacto con las bacterias del ambiente, se vuelve metilmercurio, que es altamente tóxico. En los lechos y cuencas de los ríos Atrato y Quito hay mucha explotación minera. Allí vive la población más pobre del país, ella tiene un 98% de necesidades básicas insatisfechas y el 90% de quienes moran en dicha región están intoxicados por mercurio, que contamina peces, flora y en los seres humanos causa daños intrauterinos, en el cerebro y el sistema nervioso.

Así, se habla pero muy poco se hace.

Fuente:http://www.vanguardia.com/opinion/editorial/422890-la-raquitica-lucha-contra-el-mercurio

Argentina

El litio está ¿Y CAMYEN?

Las posibilidades de negocios que ofrece el litio lo han convertido en la gran estrella de la minería que viene. Es lo que se infiere de infinidad de informes científicos y periodísticos que extienden sus proyecciones y augurios de éxito al futuro de los automóviles a pila. Se abre ante la provincia de Catamarca, que tiene importante existencia del mineral, un escenario de excepción. Cierto es que las ganancias por el litio no alcanzarían el fabuloso volumen, en un lapso temporal corto, que tuvieron las de la minería de oro y cobre que se desarrolló desde mediados de la década del ’90, cuando Bajo La Alumbrera inauguró la etapa de la gran minería en la Argentina, pero de cualquier modo se trata de una oportunidad para que los catamarqueños apliquen los conocimientos adquiridos a costa del fracaso, si es que de algo ha de servir la experiencia. Como se sabe, la multimillonaria renta proveniente de Bajo La Alumbrera, acá, se sacrificó en el altar del clientelismo más elemental y las corruptelas, de forma tal que, acabado el ciclo más próspero de la explotación, la sociedad provinciana continúa aherrojada por los mismos condicionamientos que antes de que el sueño minero se hiciera realidad, con el puesto en la administración como aspiración existencial paradigmática.

El Gobierno provincial acaba de formalizar el acuerdo con la firma Minera del Altiplano para la ampliación de la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. La empresa espera duplicar su producción y comprometió inversiones por 300 millones de dólares. En el Juzgado de Minas local, la actividad en torno al litio ganó intensidad, lo que ya genera algunos modestos ingresos para el erario por lo que pagan los interesados en insertarse en el negocio. En este contexto, llama la atención la ausencia absoluta de la sociedad del Estado “Catamarca Minera y Energética” (CAMYEN), creada justamente como instrumento del sector público para participar del negocio minero y obtener utilidades a favor de la provincia adicionales a las que le corresponderían por regalías. Con Bajo La Alumbrera, los ingresos por utilidades que Catamarca logró a través de YMAD, socia en el emprendimiento, casi triplicaron los de las regalías ¿Cómo es que ahora CAMYEN no explora políticas para participar del boom del litio? Vaya a saberse.

Lo que se sabe, en cambio, es que CAMYEN ha requerido desde su creación constantes aportes del tesoro provincial para cubrir sus gastos, a pesar de tener el monopolio de la extracción de rodocrosita. Se promociona el acuerdo con el holding Yamana por el yacimiento de oro y cobre andalgalense de Agua Rica, pero las incertidumbres al respecto son tantas que cabe suponer que se pondrá en marcha cuando a los privados les convenga. CAMYEN, de este modo, insume fondos públicos para su funcionamiento y sirve a los intereses de Yamana, que espera cómoda la coyuntura más propicia para subastar los derechos que retiene debido a su alianza con la estatal. Podría servir también a los intereses provinciales buscando participar de algún modo en el negocio del litio, pero no: el litio, que tantas expectativas genera en todo el mundo, no despierta en la empresa minera estatal catamarqueña ninguna curiosidad, siquiera para evaluar cumplir algún rol aunque sea residual en tren de acrecentar sus ingresos. Es raro. No vaya a ser que al final, lo que la Provincia obtenga por su litio termine destinándose a solventar el déficit de CAMYEN, por lo menos hasta que a Yamana estime conveniente hacer algo en Agua Rica.

Argentina

«No hay ninguna intención de modificar la Ley de Glaciares»

Reconoció que hay diferencias en la interpretación de la ley pero negó modificación.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, llegó a Catamarca para participar de la inauguración de la planta de tratamiento de residuos que se realizará hoy. En diálogo con El Ancasti, negó que el Gobierno nacional tenga la intención de modificar la Ley de Glaciares. El rabino se reunió con intendentes del FV y con dirigentes del FCS. Hoy, a las 9.30, tendrá un encuentro con la gobernadora Lucía Corpacci.

Luego, partirá a la inauguración de la planta. A comienzos de este mes una publicación nacional había planteado que empresarios mineros y provincias como San Juan, Catamarca y Mendoza, asesoradas por la Secretaría de Minería de la Nación, impulsaban una reforma de la Ley de Glaciares para limitar la intangibilidad del ambiente periglaciar y así destrabar por lo menos 20 proyectos mineros.
En Catamarca la adhesión a la ley nacional se aprobó en 2011, tras una larga discusión en la Legislatura provincial.

Bergman negó la posibilidad de modificar la ley. «Solo fueron trascendidos periodísticos porque hay sectores que plantean una contradicción entre lo que plantea la ley y la actividad minera. Nosotros entendemos que la ley está para cumplirla. Este año vamos a completar el 100% del inventario (de las zonas glaciares). Lo que sí hay es alguna discusión por la interpretación de la ley, pero eso siempre sucede cuando una ley se pone en vigencia. No hay que olvidarse que desde que se promulgó hasta ahora es solo nominal. Ahora que el inventario va a estar completo van a haber debates que entiendo que tienen que darse en las legislaturas provinciales para ver cómo se interpreta el pleno cumplimiento de la Ley de Glaciares», manifestó.

Bergman llegó ayer a Catamarca y mantuvo una reunión con los intendentes Sebastián Nóblega (Tinogasta); Roxana Paulón (Fiambalá) y Marcelo Villagrán (Hualfín) y los asesores en materia ambiental.

«No hacemos ninguna distinción partidaria de las intendencias; el Estado no puede discriminar por color partidario. Tuvimos una reunión técnica, para validar que los municipios hayan suscripto el protocolo de Ciudades Sustentables, que es un programa de Ambiente; los ayudamos a que puedan completar su plan de gestión sustentable que tiene varios ítems; cada municipio elige su prioridad y luego pasar a la otra etapa de buscar financiamiento», señaló.

Consultado por el monitoreo del cierre de mina del proyecto Bajo La Alumbrera, señaló: «Se está trabajando con la idea de no perder las fuentes laborales pero al mismo tiempo con monitoreo y control de hacer las cosas como corresponde. El presidente Macri estuvo en Catamarca con la Gobernadora y es muy claro que la visión de la minería es de monitoreo y control, nunca a expensas de dañar el ambiente y la salud de la gente», reiteró.

Reunión política

Bergman evitó referirse al posicionamiento del intendente Raúl Jalil como candidato del FCS-Cambiemos. «Respetamos a nuestros referentes locales y como referentes nacionales no nos metemos en candidaturas y decisiones que son locales y que respetamos. Trabajamos colaborativamente y más en este estadio, acabamos de terminar una elección, tenemos prioridades de gestión», definió.

El rabino mantuvo también una reunión política en la que participaron los diputados Enrique Cesarini y Carlos Molina; la diputada nacional Orieta Vera, el intendente Daniel Ríos, el titular de la gerencia de Empleo, Mariano Manzi, el coordinador del Plan Belgrano, Nicolás Lindow, el coordinador regional de ANSES, Fernando Corrales Ávila, Agustina Walther, entre otros.

Fuente:https://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2018/1/29/no-ninguna-intencin-modificar-glaciares-360265.html

Ecuador

Nativos marcharon en Ecuador contra la explotación minera

Unas 300 personas representaron a las comunidades afectadas por proyectos mineros.

Este jueves se realizó en Quito una marcha de las principales organizaciones nativas y ecologistas de Ecuador afectadas por proyectos mineros, las cuales pidieron el fin de la actividad de exploración y explotación minera.

Asimismo, solicitaron al presidente Lenín Moreno cumpla su compromiso de no otorgar más concesiones para realizar este tipo de actividades.

Unos 300 representantes de delegaciones de cuatro provincias ecuatorianas realizaron una marcha desde un céntrico parque de la capital hasta la Contraloría General del Estado y el Palacio Presidencial de Carondelet.

Al respecto, Braulio Gutiérrez, del grupo Acción Minera, expresó que sus objetivos principales son que se respete y constituya un acuerdo tras las declaraciones del presidente Moreno el 11 de diciembre, cuando se comprometió con el movimiento de nativos a no permitir más concesiones mineras y revisar las actuales.

Ni una concesión minera más

Según Gutiérrez, el Catastro Minero a fecha del pasado 3 de enero registró aproximadamente 70.000 hectáreas en concesiones a diferentes proyectos mineros, lo cual va en contra de la promesa del mandatario nacional.

De igual manera, el movimiento ecológico y  la comunidad nativa acudieron a la Contraloría General del Estado para mostrar los expedientes de seis grandes proyectos mineros.

En ese sentido, se refirieron también al proyecto Cascabel que se encuentra en proceso de explotación.

Los denunciantes aseguraron que los referidos proyectos han provocado graves violaciones de los derechos humanos y la naturaleza, las cuales van desde contaminación del agua hasta agresiones, desplazamiento forzosos y asesinatos de nativos.

En vista de que los organizadores de la marcha consideran que se han incumplido las promesas del jefe de Estado, van a  exigir una auditoría y veeduría ambiental de los proyectos , así como la renuncia del ministro de Minería, Javier Córdova, porque otorga títulos mineros.

En ese orden de ideas, aseguraron que alrededor del 15 por ciento de Ecuador está concesionado para la extracción minera.

Por lo que exhortan a la población a frenar esto mediante el referendum que se llevará a cabo  el 4 de febrero, cuando se preguntará sobre prohibir la explotación minera metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

Fuente:http://segundoenfoque.com/nativos-marcharon-ecuador-la-explotacion-minera-2018-01-26

Internacional

La Generalitat, a punto de ser llevada al Tribunal de la UE por la contaminación del Llobregat con residuos salinos

El dictamen motivado sostiene que la mala gestión de los desechos mineros del Bages contraviene las directivas sobre actividades extractivas y protección del agua.

La Comisión Europea está a punto de llevar a España al Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo por los incumplimientos de las directivas europeas sobre actividades extractivos (residuos mineros) y de calidad de agua en que ha incurrido la Generalitat de Catalunya en relación a la contaminación de la minería de potasa en cuenca del Llobregat. La Comisión ha envido a las partes un dictamen motivado (ultimo paso en este expediente) para explicar estos incumplimientos. La Generalitat, Administración responsable, dispone ahora de dos meses para dar una respuesta, aunque según fuentes de la Comisión Europea, no se descarta que se puedan ampliar los plazos si se solicita nueva información.

Este expediente se refiere a la acumulación de residuos salinos de la minería de potasa, que la empresa Iberpotash almacena sin impermeabilización en la montaña de sal de El Cogulló, en Sallent, objeto de varias sentencias judiciales en su contra.

La contaminación del Llobregat se produce porque la lluvia sobre este y otros vertederos de residuos salinos provocan cursos de agua y rieras que, por escorrentía, alcanzan el Llobregat y agravan su contaminación. Además, una parte se infiltra en el subsuelo y aflora luego a la superficie con surgencias salobres (fuentes con sal) con el mismo efecto. Este es, para muchos expertos, el principal problema ecológico de Catalunya.

La Comisión Europea inició este expediente en el año 2014 con la apertura de un procedimiento de infracción contra España por posible incumplimiento de la directiva europea sobre residuos mineros. A éste se unió una denuncia de Sebastián Estradé, un abogado y divulgador científico que, a sus 90 años, inició una campaña de denuncia contra la contaminación provocada sobre las aguas del Llobregat.

Consideraciones, evaluaciones

Al evaluar este expediente, la Comisión juzga que España incumple las obligaciones de la directiva sobre residuos “al no garantizar que los desechos del Bages se gestionen sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procesos o métodos que puedan dañar el medio ambiente”. También se dice que no se garantiza que “el operador de dichas instalaciones de residuos tome todas las medidas necesarias para prevenir o reducir, en la medida de lo posible, los efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana como resultado de la gestión de los desechos de extracción”.

E igualmente se valora que no se ha adoptado “un plan de gestión de residuos que cumpla con los requisitos” legales, y que, incluso, se permite que “operen sin un permiso”. La Administración catalana admitió en su respuesta que los residuos salinos (salmuera) generados en los vertederos de sal provocan la salinización de la cuenca. Y ésta es una de las razones por las cuales el Llobregat no puede alcanzar los objetivos de calidad exigidos.

El Plan de la Cuenca Fluvial de Catalunya (el plan hidrológico de las cuencas internas hasta el 2015) recogió una serie de medidas para reducir la presencia de desechos salinos; pero la CE estima que ninguna de las medidas propuestas han sido aplicadas hasta la fecha. Cree que no hay “un calendario para el logro de los objetivos de calidad de las masas de agua afectadas”, que no se ha explicado suficientemente “los motivos de la ampliación del plazo para alcanzar dichos objetivos” y que no están definidas las medidas necesarias para que las masas de mejoren progresivamente en el estado requerido.

Valoración de la Generalitat

Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental, declaró que la última información enviada por la Generalitat a la CE (dentro de este expediente) data de noviembre de 2015. Por eso, sostiene que “se han valorado cosas antiguas” y que “hoy la situación es diferente: se ha enviado el plan de gestión de la cuenca, hay un programa de restauración…” No obstante, no supo precisar por qué no se ha convencido a la UE (de la necesidad de archivarlo), ya que, según admitió, al haber recibido ayer mismo el dictamen motivado, aún no ha tenido tiempo de estudiarlo.

De confirmarse que España ha incumplido sus obligaciones, podría sufrir un abanico de condenas y sanciones muy amplio, que van desde las puramente económicas a la reclamación de responsabilidades al más alto nivel.

Iberpotash extrae en las minas de Súria y Sallent potasas cuyos residuos salinos son depositados al aire libre en dos escombreras, que acumulan millones de toneladas, y que generan graves perjuicios ambientales, según las organizaciones ecologistas.

El Cogulló, ‘monumento’ a los residuos salinos

Entre ellas, destaca la monumental montaña de residuos salinos de El Cogulló (Sallent), que agravan la salinización del río Llobregat, el primer abastecedor de agua a la región metropolitana de Barcelona. Su impacto ha obligado a la Generalitat a hacer inversiones millonarias en instalaciones de filtros para depurar y potabilizar las aguas del Llobregat. Ese dinero ha sido pagado en gran parte los usuarios en el recibo del agua, por lo que, según los expertos consultados, en este caso no se cumple el principio de que “quien contamina, paga”.

Un problema añadido es que el colector-receptor que recoge las salmueras (que se vierten en el mar) se rompe con frecuencia y produce vertidos que han dañado diversas zonas, que han resultados salinizadas. Distintos colectivos sociales y particulares han denunciado desde hace años que la Generalitat ha tolerado la acumulación de residuos, y sus efectos dañinos sin exigir con éxito las medidas de protección medioambientales necesarias.

Desde el año 2011, Iberpotash ha recibido varias sentencias desfavorables a su actividad en materia medioambiental entre las cuales cabe destacar las del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligaba a la empresa a presentar un plan de restauración y a la Generalitat a fijar una fianza acorde a la actividad. Otros fallos sentenciaron que El Cogulló carecía de autorización ambiental y de idoneidad urbanística, lo que dejó el depósito de la escombrera de El Cogulló en la total ilegalidad.

Obligación de actuar

“La Comisión, una vez más, reitera la obligación de Iberpotash de gestionar adecuadamente sus residuos. La Generalitat, que autoriza su actividad, debería supeditar la capacidad de extracción del mineral y producción de potasa y, por lo tanto, de producción de residuos salinos, a la capacidad real de gestión de esos residuos salinos”, señala el abogado Christian Morron, experto en derecho ambiental. Este abogado destaca que no disponen de una medida correctora efectiva para reducir la contaminación que generan sus lixiviados en la cuenca del Llobregat.

“Si se continuara ignorando el derecho comunitario, dicho incumplimiento puede conllevar a la imposición de importantes sanciones que debería pagar la Generalitat”, resume.

Plan de restauración

“Estamos tranquilos; creemos que la situación ha cambiado y confiamos en que la Generalitat dará a la CE los datos que demuestran las mejoras introducidas en la época más reciente”, señala un portavoz de Iberpotash.

La empresa minera Iberpotash afirma que ha empezado a ejecutar la sentencia firme de la Audiencia de Barcelona (2016) que le obligaba a restaurar la zona contaminada (y en la cual fueron condenados tres de sus antiguos directivos, en el 2014).

Esa sentencia le exigía retirar los residuos acumulados en las escombreras y limpiar varios pozos de agua contaminados en los municipios (Súria, Callús, Santpedor…), y le conminaba a adoptar “todas aquellas medidas de restauración que sean necesarias para preservar y mantener el equilibrio ecológico perturbado”.

Un pacto para retrasar dos años el fin de los vertidos

En primer lugar, la empresa ratifica su voluntad de dejar de efectuar vertidos en El Cogulló en junio del 2019. Se comprometió inicialmente a dejar de verterlos en junio del 2017 (dentro de un plan para concentrar su actividad en Súria); pero no pudo hacerlo al retrasarse las obras de ampliación de Súria, en donde debía tratarse estos desechos. Un pacto alcanzado con el juez (que tutela la ejecución del fallo) le permitirá retrasar ese fin de vertidos dos años, con cuatro condiciones, la primera de los cuales es el compromiso de habilitar una planta para purificar la sal en El Cogulló y hacer este residuo (de mala calidad) aprovechable como sal contra los hielos. Asimismo, se ha comprometido a reducir el volumen de la extracción minera de Sallent, a llevar una parte de estos desechos a la planta de sal vacuum de Súria (de gran calidad, destinada a la industria química) y a aumentar el volumen de salmueras que van al colector-interceptor.

Eliminar las surgencias del Bages

Asimismo, para regenerar las zonas contaminadas del Bages, se ha puesto en marcha un plan de restauración para captar las surgencias de aguas salobres y conducirlas al colector, aunque la empresa admite que los geólogos no siempre son capaces de completar estas actuaciones, pues “faltan estudios” para identificar estos puntos en fincas privadas. En el mejor de los escenarios, Iberpotash espera que a partir del 2019 ya empiece a notarse una reducción del volumen de residuos en El Cogulló. Finalmente, faltará construir un nuevo colector de salmueras (el actual se rompe y contamina los suelos frecuentemente), que acometerá la Generalitat, de modo que Iberpotash lo irá pagando en el futuro con un canon.

Fuente:http://www.lavanguardia.com/natural/20180126/44280938407/iberpotash-dictamen-motivado-directivas.html

Chile

Con argumentos técnicos rechazo de Dominga cobra fuerza en Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Tras dos rechazos formales y oficiales al proyecto de Minera Dominga –primero, por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, y después, por el Comité de Ministros- hoy se presentan los alegatos frente al Tribunal Ambiental de Antofagasta. Por lo mismo, comunidades de la zona se alinearon y se hicieron parte ante este organismo, ya que para ellos la instalación de las dos minas a rajo abierto y el megapuerto sería “nefasto” y el supuesto desarrollo que traería sería a costa de la rica biodiversidad de uno de los lugares más únicos del mundo que ha sido declarado sitio prioritario para la conservación por el Estado de Chile.

 

La Higuera, 23 de enero.- Distintas asociaciones y vecinos de la comuna de La Higuera se hicieron parte ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta buscando que se confirme el rechazo técnico ambiental al proyecto minero portuario Dominga, el cual ya fue calificado desfavorablemente por el Comité de Ministros y por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

Es importante destacar que el asunto que se discutirá en los alegatos tiene que ver con la reclamación que hizo Andes Iron al rechazo que se dio al Proyecto Dominga por parte del Comité de Ministros en octubre pasado, si éste fue ajustado en Derecho o no.

Por tanto, lo que está en juego es si en este caso en particular, el rechazo del Proyecto Dominga  ha cumplido o no con la Ley. En otras palabras, no se trata de oponerse o no a un Proyecto, si no que la discusión está dada por el Respeto a la Institucional Ambiental  y el Cuidado al Medioambiente contenido en sus principios inspiradores.

Marcela Rey, abogada de Geute Conservación Sur, señala que “como Organización, realizamos múltiples observaciones técnicas al proyecto y somos reclamantes ante el Tribunal Ambiental, porque estas persisten. Es inaceptable concebir que un proyecto tan mal evaluado y con una línea de base deficiente sea aprobado. El riesgo es demasiado alto, considerando que se emplaza en una zona de alta biodiversidad y que –además- el titular omite señalar que el puerto se pretende utilizar más y por mayor cantidad de años que lo señalado en su estudio».

Por otra parte, Pablo Sanguinetti en representación de la vocería del Movimiento Chao Pescao, comentó que, «Hoy en día estamos acá y nos interesan los alegatos porque queremos comprender los motivos técnico ambientales por cual el comité de ministros rechazó el proyecto. Debido a que al ser deficiente la línea base ambiental y no dejar en claro los impactos de la planta desaladora, no se garantiza el cuidado del medio ambiente, entonces estaríamos en un absurdo de estar aprobando proyectos que en su proceso de calificación ambiental está afirmando que no se hacen cargo de los impactos ambientales y que más que hacerse cargo proponen monitoreos a futuro, lo cual a todas luces no garantiza el cuidado del medio ambiente.

De igual forma, la abogada de Oceana Chile, Javiera Calisto,  se refirió a los alegatos, «Nos hicimos parte del procedimiento judicial, apoyando los argumentos del Comité de Ministros que rechazaron el proyecto dominga. Este rechazo se llevó a cabo conforme a la ley, ya que el proyecto no contemplaba los requisitos básicos contemplados en la normativa y en definitiva, presentó una línea de base deficiente», «Un proyecto que considera dos minas de rajo abierto y un megapuerto es incompatible con el medioambiente de uno de los lugares con mayor biodiversidad de Chile», sentenció Calisto.

Finalmente, la manera en que las 13 partes del alegato de este 23 de enero se configuran ante el Tribunal  Ambiental de Antofagasta de la siguiente manera:

  • 2 principales (Andes Iron – SEA)

  • 2 amicus curiae científicos a favor del rechazo  (Andres Moreira y Armando Mujica)

  • 3 terceros coadyuvantes a favor de Dominga (Claudio Galleguillos – Sindicato Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Totoralillo Norte – Asociación Gremial Minera de La Higuera)

  • 4 terceros coadyuvantes del SEA a favor del rechazo (Cristóbal Díaz de Valdés- Movimiento Chao Pescao – Oceana – Marcela Rey y Javiera Calisto)

  • 2 terceros independientes a favor del Rechazo (Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de los Choros – Andrés Álvarez – MODEMA)  

Internacional

Reclaman que las instituciones canarias rechacen toda minería marina frente a las islas

La federación ecologista de Islas Canarias reacciona así a las prospecciones autorizadas por Marruecos. Critica que “la Comisión Europea y el Gobierno de España siguen ralentizando y recortando la declaración de área marina protegida”.

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, que agrupa a las principales asociaciones ambientales de Canarias, entre las que se encuentran El Guincho (Lanzarote) y Agonane (Fuerteventura), reclama posicionamientos de las instituciones canarias contra la minería marina en aguas próximas a las Islas tras las prospecciones petrolíferas anunciadas por Marruecos frente a Lanzarote y Fuerteventura.

“Las compañías mineras y los fondos especulativos multinacionales vienen repartiéndose como buitres las licencias mineras en la costa africana. Muchas veces de espaldas a las necesidades de las poblaciones locales. Repiten las políticas coloniales del siglo XIX, pero ahora en el mar. Extraen beneficios y condenan a las sociedades locales a la contaminación, la degradación laboral y la pobreza”, señalan desde Ben Magec-Ecologistas en Acción, desde donde recuerdan que la sociedad y las instituciones canarias reaccionaron en su momento “contundentemente contra esta dinámica con la oposición a las prospecciones petrolíferas de Repsol”, pero considera que “no es suficiente”.

“Hace unos meses era un proyecto internacional el que buscaba minerales como el telurio o las tierras raras junto a Canarias, sin informar a la sociedad canaria. Recientemente los clubes de buceo nos advertían de explosiones submarinas. Ahora son las autorizaciones en la costa africana cercana”, apunta desde la federación ecologista, desde donde afirman que, mientras tanto, “la Comisión Europea y el Gobierno de España siguen ralentizando y recortando la declaración de área marina protegida, a través del LIC o de cualquier otra figura de alcance internacional sobre esta zona”.

Capacidad de decisión de la sociedad canaria

Por ello, desde Ben Magec-Ecologistas en Acción solicitan a todas las instituciones canarias y a las distintas formaciones políticas que se adopten acuerdos plenarios “de forma urgente” contra la minería marina en aguas próximas a Canarias, en torno a una serie de objetivos. El primero de ellos, apuntan desde la federación ecologista, es que “la sociedad canaria y sus instituciones necesitan tener información directa y capacidad de decisión sobre cualquier solicitud o gestión relacionada con actividades mineras o potencialmente contaminantes en las aguas de las Islas”. “Es prioritario promover iniciativas en el Congreso de Diputados y en el Senado para que el Gobierno de España asuma formalmente este compromiso”, añaden.

Asimismo, consideran que “el Gobierno de España y la Comisión Europea deben atender las reivindicaciones de la comunidad científica internacional para poner en valor las características ambientales singulares del canal entre Canarias y África, y promover acuerdos de cooperación internacional para asegurar la protección ambiental de la zona ante posibles amenazas mineras” y que “los partidos políticos deben llevar al Congreso y al Senado iniciativas en este sentido”.

Por último, Ben Magec-Ecologistas en Acción cree “necesario que el Gobierno de España y la Comisión Europea alcancen acuerdos con los países vecinos para el desarrollo en la zona de proyectos energéticos sostenibles y renovables, en los que primen el interés social por encima de los balances de las multinacionales y los fondos especuladores”.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38522-reclaman-que-las-instituciones-canarias-rechacen-toda-mineria-marina-frente-a-las-islas