Un acuerdo entre CORFO y SQM acaba de ser anunciado en Enero del 2018. En la primera parte, se analizan las consecuencias ambientales sobre el Salar de Atacama. En la segunda parte, se discuten el costo de oportunidad de ampliar una cuota de extracción sin valor agregado. En la tercera, se cuestionan las cifras de recaudación tributaria difundidas por CORFO. En seguida, se desmiente que el nuevo contrato era la mejor opción legal frente a la falta de alternativas para el Estado; allí se revela que CORFO volvió a colocar al mismo árbitro actual, a pesar que argumenta que éste es un impedimento para otras alternativas. Finamente, se sugiere una nueva Política Pública.
LA SITUACION AMBIENTAL.
Una primera debilidad del acuerdo es que no se hace cargo de la fragilidad del Salar de Atacama. Se le permite a SQM triplicar la cuota de extracción de Litio en el mismo Salar de Atacama sin haber un estudio hidrológico previo integral del Salar y a pesar de encontrarse acreditadas múltiples infracciones ambientales acreditadas mediante informes oficiales Mayores antecedentes sobre este tema se puede encontrar en la investigación de la Dra. Ingrid Garcés y de Sergio Mantilla para su tesis de Magister en Medio Ambiente del CREA.
El Salar de Atacama es un sistema ecológico que alberga vegetación y especies animales que dependen del agua. De allí surgen actividades económicas agrícolas importantes para la autosuficiencia alimentaria de los pueblos originarios y para el turismo. No es por tanto de extrañar la movilización en contra del Acuerdo por parte del Consejo de los Pueblos Atacameños.
El agua que se utiliza se encuentra en la salmuera que contiene el Litio. Hace unos meses ya se había acordado con Rockwood Litio triplicar la cuota de extracción sin tampoco un estudio previo. Entre estas dos empresas, había un tope de extracción de 135.000 toneladas, ahora, con estos dos acuerdos, la extracción en el Salar aumentaría a 570.000 toneladas.
De acuerdo a CORFO, los acuerdos que citamos no obstruyen las obligaciones ambientales de las empresas, incluso, los nuevos contratos, aparentemente las refuerzan. Sin embargo, la información de consumo de agua, seguirá a cargo de las mismas empresas. El Estado no cuenta con mediciones propias o de organismos independientes. Tampoco está en los nuevos contratos.
Asimismo, en el mismo Salar, gozan de derechos de agua gratuitos, otras grandes empresas mineras: Escondida y Zaldívar entre ellas. Fácilmente, entre todas podrían diluirse las responsabilidades. Sobre todo, considerando que cuando existen recursos naturales compartidos, existen todos los incentivos para una carrera olímpica por consumir el recurso antes que lo hagan los competidores.
Sin embargo, el Salar es un sistema ecológico integrado donde el sobreconsumo de agua en cualquiera de sus partes afectará a otra zona. Los estudios tienen que abarcar al sistema completo. Actualmente, sin línea de base, no hay argumentos que avalen mantener el actual ritmo de extracción y mucho menos multiplicarlo por tres. Parafraseando a Nicanor Parra, el acuerdo se hace sobre un Salar de Atacama imaginario.
GANANCIA IMAGINARIA.
Una segunda debilidad del acuerdo es la generación de valor agregado. Las 240.000 toneladas adicionales de materia prima entregadas a SQM, tienen un elevado costo de oportunidad. Por cada tonelada exportada de materia prima se pierde la oportunidad de multiplicar su valor en varias veces agregando valor de la materia prima. Como se trata de un recurso no renovable, esta pérdida es irremediable. A éstas 240.000, deben agregarse las 195.000 recientemente entregadas a Roockwood-Albermarlie, más las 135.000 ya entregadas en el pasado a estas empresas.
Curiosamente, a este proceso de ampliar la producción dilapidando recursos no renovables, vendiéndolos como materia prima, CORFO le llama “mantener el liderazgo de Chile en el mercado del Litio”. Mientras tanto, la provincia argentina norteña de Jujuy, tiene en funcionamiento un Centro universitario de alta tecnología para crear valor agregado cerca de sus Salares y un acuerdo para instalar una planta de baterías de Litio. El Gobierno de Bolivia tiene en operación una planta piloto de baterías de litio.
En lugar de promover acuerdos entre países productores vecinos para agregar valor, estimula una competencia perversa. Si otros grandes productores, imitando la política chilena, multiplicaran su oferta por tres, crearían un sobrante de materias primas que haría descender su precio Se trata de una invitación al suicidio colectivo de los países que detentan las mayores reservas: Chile, Argentina y Bolivia.
Es cierto que los nuevos contratos reservan un 25% de la venta de litio a productores que a futuro puedan generar valor agregado. Sin embargo, el país no tiene un plan de desarrollo industrial que a corto plazo, pueda garantizar la industrialización del Litio de ese 25%. Por mientras, el otro 75% de exportación de materia prima, ahora se transforma en un 75% multiplicado por tres con los nuevos contratos.
También es verdad que CORFO se encuentra en proceso de seleccionar a un grupo de empresas postulantes a ocupar ese 25% donde se creará valor agregado. Aunque a ellas muy poco se les exige. El Estado no participa en su Directorio, pueden emplazarse lejos del Salar de Atacama, no se pretende formar una cadena industrial entre ellas, no se conectan con la cadena que pretenden crear nuestros países vecinos. Con todo, en este 25% se puede resumir el avance en estos últimos cuatro años. ¿Cúal será la brecha de formación de valor agregado al año 2030 respecto a los países que se disponen a hacer grandes inversiones en la cadena en los próximos años?
Pero además, al firmar un contrato hasta el año 2030, la pérdida es creciente. En la actividad minera se parte por explotar los yacimientos de más fácil acceso y se van postergando los yacimientos más costosos. Esto significa que si el Estado pretendiera estatizar el Litio a futuro se encontraría con recursos desvalorizados. El grueso de la renta que proviene de yacimientos de menor costo, la capturan los primeros entrantes. Cuando el Estado pretenda hacerlo y además agregar valor, el costo de la materia prima y los avances tecnológicos de las empresas que agregan valor, será mayor.
En el intertanto, el país perderá la oportunidad de sacar valor a miles de toneladas de litio que se habrán dilapidado exportándolas como materia prima. Aquello se podría evitar apoyando una Empresa estatal de Litio que capture la renta de los yacimientos que están en manos de SQM y que mediante ella financie nuevas industrias.
Mientras tanto, nuestros países vecinos y otras naciones avanzan rápidamente en cada una de las etapas de la movilidad eléctrica, ninguna de las cuales se realiza en Chile. El Cuadro siguiente muestra estos segmentos. Para los próximos años estos mercados crecerán a una tasa exponencial ya que en las próximas décadas se pretende reemplazar totalmente los vehículos actuales por vehículos eléctricos.
Es decir, en el mundo comienza la cadena industrial de valor agregado donde en Chile termina, con el carbono y el hidróxido de litio, que deben ser refinados para ser parte de la primera etapa, la de componentes de celdas para baterías, la primera línea del cuadro de valor agregado.
IMPUESTOS IMAGINARIOS.
De acuerdo a CORFO, el Estado recaudaría una suma acumulada de cerca de US$9.000 millones de dólares con los nuevos contratos hasta el año 2030. Se trata de un monto tan importante que “se estaría recuperando el Litio para Chile”. Además una parte iría a parar a la Región extractiva de Antofagasta.
Sin embargo, la proyección tributaria de CORFO no parece verosímil. En la proyección de CORFO, se omiten los múltiples mecanismos que existen para eludir y evadir impuestos. La literatura técnica muestra que la minería es uno de los sectores privilegiados. En su alocución ante la Cámara de Diputados, el mismo Vicepresidente Ejecutivo de CORFO lo reconoce involuntariamente. Señaló que las diez empresas privadas más grandes del cobre actualmente tributan en conjunto no más de U$1000 millones de dólares al año, cifra que según este personero sería el valor a tributar en el nuevo contrato por una sola empresa: SQM. La primera cifra está basada seguramente en recaudación efectiva. La segunda, en recaudación teórica. En tal caso, ambas no son comparables.
CORFO no detalla cual es la base tributable del acuerdo. Solo se indica que depende del precio. ¿Se trata de un royalty sobre Ventas o de un impuesto sobre ventas menos costos? No hay un Proyecto de Ley que pueda aclarar estas dudas. Si fuera necesaria una Ley, habría que esperar las modificaciones que puedan hacer el Ejecutivo y el Parlamento; ya se cuenta con el ejemplo de la “cocina” que preparó la reciente reforma tributaria. Otro ejemplo, fue la reforma del año 2005. Esta otorgó un nuevo período de estabilidad tributaria por 12 o por 15 años según el caso, a cambio de someterse al Impuesto Específico a la Minería (IEM) de 5%. Sin embargo, el Estado rebajó la tasa adicional, que, es más gravosa que el IEM, sin que la opinión pública lo notara.
Tampoco aparece en la proyección tributaria de CORFO, el agotamiento progresivo de las reservas de aquí al 2030. Si bien, aparentemente Chile dispone de cerca del 40% de las reservas mundiales, las utilidades de SQM y el impuesto de primera categoría, deberían disminuir como resultado del aumento progresivo del costo de producción.
En realidad, mientras no se conozcan mayores antecedentes técnicos y las bases de la proyección CORFO no es posible validar sus cifras. Menos aun conociendo la conducta tributaria de SQM y los variados instrumentos con que cuentan las empresas mineras para minimizar el pago de tributos. Este punto se vincula a la conducta de los actuales propietarios, tema que se analiza a continuación.
NUEVOS DUEÑOS IMAGINARIOS.
CORFO argumenta que no existía la alternativa para el Estado de recuperar SQM. De acuerdo al Contrato vigente, el árbitro no impondría más que una modesta multa. Sin embargo, en el acuerdo actual, se opta nuevamente por dejar la solución de futuros conflictos, en manos de la misma entidad que actualmente oficia de árbitro por libre decisión de las partes: El Tribunal de la Cámara de Comercio de Santiago que regirá hasta el año 2030 (Ver CORFO, 2018, acápite 2C5).
Por otra parte, Ponce Lerou habría aceptado perder la Presidencia, perder el control y pagar una mayor tasa de impuestos a pesar que el Estado no con contaba con contratos que le favorecieran, según la versión de su Vicepresidente Ejecutivo de CORFO. ¿Cómo se justifica esta buena voluntad del controlador? Es la pregunta que hace la diputada Alejandra Sepúlveda al rechazar el acuerdo junto a otros 37 diputados que conformaron mayoría.
Parte de la respuesta la tiene la teoría financiera. El valor de una empresa es el valor de sus flujos futuros. En realidad, la sola expiración de la licencia significaba la agonía económica para SQM. Una empresa que depende de un producto que no podrá vender a futuro verá escapar a sus financistas, sean estos accionistas, proveedores, bancos, socios futuros. El precio de sus acciones depende de los dividendos futuros. Importantes recursos humanos, alianzas estratégicas también se verán afectadas.
Otra respuesta tiene el académico de la Universidad de Santiago, Roberto Mayorga (2018). Este Doctor en Derecho, señaló a Radio Cooperativa que las conducta de SQM » está condenada por la Constitución con la prohibición, intervención y confiscación de los bienes», y que «todo lo que ha hecho Soquimich y la CORFO es de nulidad absoluta, imprescriptible, porque es una violación constitucional».
Vale la pena recordar que en la larga de infracciones de SQM se cuenta: incumplimiento de impuestos, falsificación de lo exportado, venta de salmuera sin autorización, constitución de propiedades mineras encima de las que posee CORFO, constitución de Derechos de Agua que imposibilitan el cambio de concesionario, infracciones ambientales. A esta lista se agrega el cohecho a funcionarios públicos, la falsificación de boletas y la infracción a las normas laborales que motivó una carpeta en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una explicación de acceso público se encuentra en Daza (2017), Arellano y Carvajal (2016)
Por otro lado, resulta ingenuo suponer que con los nuevos Contratos se previenen las conductas ilícitas. Ni Ponce Lerou ha perdido el control ni tampoco ello garantiza gran cosa.
Si Ponce Lerou perdió el control de su empresa, esta sería administrada por lo que queda de los nuevos controladores que ya estaban en la propiedad y que tenían Directores. Resulta inverosímil suponer que el resto de los controladores desconocían larga lista de infracciones y que no podían hacer nada. Tan poco creíble como atribuir los manejos turbios en la directiva de la ANFP exclusivamente a la conducta de sus ex presidentes.
Finalmente, se puede dudar que Ponce Lerou vaya a perder el control de la empresa. Según el acuerdo, retendría cerca de un tercio de la propiedad hasta el año 2030. La literatura técnica, indica que este porcentaje es suficiente para seguir controlando la empresa. Existe la posibilidad para el dueño de conformar alianzas con otros propietarios de menor tamaño para influir en las decisiones estratégicas de SQM. Sobre todo si la propiedad restante se encuentra atomizada en pequeños inversionistas, lo cual es frecuente en Sociedades que transan acciones en Bolsa. Además, a nivel internacional, son frecuentes los acuerdos en vendedores y compradores a través de empresas relacionadas. Existe una extensa literatura sobre los precios de transferencia, triangulación de ventas, directores entrelazados.
UN MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO
En lugar de lo anterior, se sugiere una nueva política para el Lito:
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Una evaluación hidrológica del Salar de Atacama por organismos independientes de las empresas para evaluar su capacidad máxima de explotación. En esta evaluación debería tener una participación importante el Centro especializado en Medio Ambiente de la U. de Antofagasta (CREA).
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Dado el conjunto de ilegalidades en las que ha incurrido la empresa SQM, su licencia debe ser removida. Debe hacer cargo de sus yacimientos, una empresa del Estado., con lo cual el Estado podría capturar cerca un tercio de la producción y renta mundial de litio. El proyecto de ley fue presentado el 7 de Junio de 2017 en la Cámara de Diputados.
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Con un porcentaje de las ventas del litio, el Estado debe financiar la inversión en plantas piloto de bienes industriales en la Región de Antofagasta. La principal aplicación del litio son las baterías y los cátodos de litio para baterías de litio. La tecnología es conocida. Por ejemplo, la Universidad de Antofagasta cuenta con un centro piloto donde se fabrican baterías de litio. Este centro puede trabajar en red con investigadores localizados en Chile, Argentina y en Bolivia (el ABC del Litio). Debería recibir financiamiento directo del Estado.
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El Estado debe crear una empresa mixta para desarrollar parte creciente de la cadena de valor del litio. Esta empresa mixta debería estar coordinada con los Estados de Argentina y de Bolivia, que también poseen reservas de importancia mundial. Entre ellos cabe acordar una división de tareas a lo largo de la cadena de valor. Esta alianza ABC debe descansar sobre la Planificación Industrial conjunta de bienes que utilizan litio y también de bienes sencillos que necesitan baterías y cátodos de litio para baterías. Esto permitiría la venta de las baterías. La demanda final incluye las bicicletas eléctricas y las baterías para acumular energía solar en viviendas. Esta coordinación permitiría romper con las cadenas verticales integradas, especialmente asiáticas.
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La empresa mixta podría incorporar capitales extranjeros de empresas ya instaladas en esta cadena que le puedan proporcionar acceso a los canales de distribución internacionales y asegurar el abastecimiento de algunas sustancias químicas que son parte de las baterías de litio ( separadores, aglutinantes, grafito para el ánodo, solución electroquímica) .
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Las empresas participantes de esta alianza, deben establecerse preferentemente en el Norte de Chile, Norte de Argentina y Sur Este de Bolivia, es decir cerca de los Salares. Esto lograría descentralizar y diversificar las economías de estas regiones que actualmente dependen de pocos productos. En estas zonas existen las capacidades tecnológicas suficientes, gracias a la presencia de Universidades regionales que operan en conjunto con los países vecinos. Un espacio industrial de colaboración conjunto permitiría también fomentar un área de paz y amistad.
REFERENCIAS:
Arellano, Alberto y Carvajal Víctor (2016):”Litio Las escandalosas fallas de la Comisión de Energía Nuclear que beneficiaron a SQM”. Recuperado de:
http://ciperchile.cl/2016/03/10/litio-las-escandalosas-fallas-de-la-comision-de-energia-nuclear-que-beneficiaron-a-sqm/
CORFO (2018): “Bases de Conciliación Proceso Arbitral Corfo|Sqm”. Recuperado de: file:///C:/Users/INGECO/Downloads/Ppt+Consejo+12.01.2018+(FINAL)+ebc+16.01.2018.pdf
Daza, Mauricio (2017). “Novedades del caso SQM con Mauricio Daza YouTube”. Programa Cadena Nacional Canal Vía X. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=VnG0yXLU_-U
Garcés Millas, Ingrid (2018) “¿Está Chile preparado para mantener la actual extracción de salmueras que requiere la industria del litio?
Lebedeva, Natalia; Franco Di Persio y Lois Boon-Brett (2016): “Lithium ion battery value chain and related opportunities for Europe”. European Commission.
Mayorga, Roberto (2018). Entrevista a Radio Cooperativa en http://www.cooperativa.cl/noticias/economia/empresas/fisico-de-la-corfo-el-acuerdo-con-sqm-es-un-insulto-para-el-desarrollo/2018-01-28/145735.html
Fuente: JAN CADEMARTORI, Doctor en Desarrollo Económico.
Si bien el titular de Medio Ambiente no quiso polemizar con José Ramón Valente, insistió en la decisión del Comité de Ministros.
Una vez finalizada la fase de recepción de observaciones dentro del proceso de obtención de licencia ambiental por parte de los concesionarios mineros, moradores de la parroquia Nulti, en los sectores Challuabamba y Guangarcucho, esperan que las autoridades locales tomen en cuenta sus reparos a la minería en la zona.
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Retrato de tres personas que defienden la tierra, la vida y el agua frente a la industria minera en Filipinas, Colombia y Uganda.
La diputada por la provincia San Juan, Lucía Medina, rechazó los aprestos de explotación al proyecto minero Romero, ubicado en la comunidad de Hondo Valle, tras asegurar que sería un atentado al medio ambiente, especialmente a la producción agropecuaria.
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La decisión judicial favorece a los pobladores de la cuenca del río Yurumanguí y se convierte en la segunda sentencia de restitución étnica que repara a comunidades afrodescendientes del país. El Tribunal de Cali dictó medidas que blindan su territorio de la exploración y explotación minera.
Cientos de personas marcharon este domingo en el municipio de San Juan contra la explotación minera, quienes hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno y la empresa Gold Quest a consultar a especialistas para que comprueben el riesgo ambiental de esa actividad en esa provincia.