Latinoamerica

El agua y la tierra, más valiosas que el oro: una lección de las comunidades indígenas

El oro condenó a las comunidades indígenas hace más de 500 años. Pero la historia no ha terminado: la extracción a cielo abierto de este metal precioso sigue promoviendo la destrucción de la naturaleza y el despojo de las más de 5 mil comunidades indígenas alrededor del mundo.

Mineras de diversos países se disputan el territorio de América Latina en busca de oro y destruyen con máquinas la biodiversidad, infectan con químicos el medioambiente y le arrebatan sus tierras a los habitantes originarios. Y, por si esto fuera poco, se llevan todas las ganancias a otros países.

La extracción de oro y otros minerales preciosos se ha vuelto más importante que cualquier cosa. Más importante que la vida misma. Y ahora mismo esto está ocurriendo en México sobre más de 22 millones de hectáreas que ya han sido concesionadas, junto con otro centenar de concesiones contra las cuales los indígenas se están amparando legalmente.

Pero también luchan desde otras trincheras, y desde ahí enseñan a quien quiera aprender. Luchan mediante la palabra y una visión cosmogónica de arrobadora potencia. Y un principio rige sus vidas: ser uno con la naturaleza.

Por eso, una mujer indígena dice:

El agua es mi vida, mi sangre, todo. Por eso la defiendo. Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida

¿Quién es ella? Herlinda Solano Santiaguez, habitante del pueblo tlapaneca San Miguel del Progreso, llamado en lengua me’phaa Júba Wajiín. Ella sabe lo que dice porque lleva la tierra en la piel, como todos los de su comunidad; porque ella es el territorio, y el territorio es ella. No existe disociación entre naturaleza y cuerpoen su pensamiento.

Así hablan y así piensan la mayoría de los habitantes de La Montaña de Guerrero, en México, una región con 19 municipios indígenas, cuya condena es el oro que subyace en la tierra. Y por eso, Herlinda insiste:

Somos hijos de la madre tierra. Hay que cuidarla y respetarla

En la concepción cósmica de este pueblo y de los indígenas en general, los recursos naturales son mucho más importantes que el oro. Por eso han resistido durante más de 8 años los intentos de las mineras por invadir su territorio y extraer de él la vida, como reportó el medio Sin Embargo, que entrevistó a Herlinda Solano y a otros pobladores de esta región.

Así, recurriendo a un saber ancestral, quienes habitan este territorio montañoso nos transmiten una noción presente en todos los pueblos indígenas del mundo y que nosotros no conocemos: la idea de ser uno con la naturaleza. De mantener el vínculo sagrado que realmente nos une, de manera cósmica, con el uno y el todo.

No podemos conocer ese vínculo porque no lo experimentamos. Contrario a los indígenas, nosotros podemos “prescindir” de la tierra, porque tenemos un trabajo y una tienda cercana en la cual abastecernos –o en otras palabras, un estilo de vida completamente insustentable–. Pero esto no podrá seguir siendo así por mucho tiempo: tenemos que regresar a la naturaleza para sobrevivir, y reaprender a relacionarnos con ella.

Por eso es que esa inspiración que buscamos para elevar la conciencia contemporánea –y volvernos más resilientes– está en las comunidades indígenas. En su cosmovisión, en su buen vivir y en el ejemplo de firmeza de cientos de comunidades indígenas que luchan, por ejemplo, contra la contaminación plástica.

Si no fuera por los indígenas, quizá ya no tendríamos mundo: ellos son los guardianes de la biodiversidad. Pero nos toca aligerar un poco su carga y comenzar a hacernos responsables de lo que, directamente o indirectamente, hemos provocado.

Eso empieza por comprender que el agua y la tierra son más valiosas que todo el oro del mundo.

Fuente: Sin embargo

Honduras

Mediante consulta popular municipio de San José, La Paz rechaza mineras e hidroeléctricas

El hermoso paisaje de la montaña El Pacayal es brutalmente opacado por metros y metros de tubería que cruzan la verde y frondosa sierra. Los tubos instalados en medio de la montaña, que supera los 1,600 metros de altura, conducen al río Zapotal hasta las turbinas de la hidroeléctrica Aurora I, ubicada en el municipio de San José, en el departamento de La Paz.

En menos de 5 años de funcionamiento la hidroeléctrica ha dejado sin agua o con agua contaminada a varias comunidades de los municipios Santa Elena, San José, Marcala, Opatoro, Tutule, Santa María y Guajiquiro, ya que el río Zapotal es el afluente que unifica otros ríos de la zona.

Antecedentes

Fue en el 2009, durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que se aprobaron 111 concesiones de ríos para represas hidroeléctricas. El gobierno actual pretende que la matriz energética llegue a ser 30% con base en combustibles fósiles y el 70% renovable. Sin embargo, se ha declarado incapaz de invertir para que la producción sea estatal y ha creado todo un marco jurídico para facilitar a empresarios nacionales y trasnacionales la generación de energía limpia.

El 2010 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cedió permisos a la Empresa Inversiones La Aurora S.A. de C.V. propiedad de la diputada Gladys Aurora López. En información oficial la empresa dijo que tendría una capacidad de 5,310.0 Km (5.21 MW) con una producción promedio estimada entre 34 722,000.00 KWh por año.

Sin consulta 

Las comunidades lencas del municipio de San José, nunca fueron consultadas si quería o no el proyecto. Muchas conocieron sobre la hidroeléctrica al momento en que la diputada junto a su esposo Arnold Castro, llegaban a las comunidades prometiendo proyectos. Diez años han pasado, y hasta ahora lo único que construyeron fue una iglesia.

“Son 10 años de mentiras, de estar sufriendo las consecuencias de ese proyecto. Uno de los principales problemas ha sido la destrucción del bosque, allí construyeron la cortina para entubar el agua, allí era un bosque grande que atraía mucha lluvia, ahora hay comunidades que se han quedado sin agua, estamos enfrentado la sequía”, dice Juan Francisco Vásquez, líder del municipio.

Desde el año 2015, las comunidades indígenas denunciaron, a través de movilizaciones, la apropiación del río para represarlo y convertirlo en un jugoso negocio de venta de energía al Estado hondureño.

Según las comunidades, la empresa en colusión con la alcaldía de aquel entonces, violentó el Convenio 169 de la OIT, que establece el desarrollo de una consulta, previa, libre e informada ante la ejecución de cualquier proyecto en territorio de comunidades indígenas.

José Adán López, párroco de San José, lleva 23 años asignado en el municipio, recuerda como hace diez años las comunidades se movilizaron demandando la ejecución de la consulta para conocer si se estaban de acuerdo o no con el proyecto. “Nada de eso pasó, la influencia que tiene la diputada Gladys Aurora, hizo que no se desarrollara este proceso de consulta”, dijo el sacerdote.

Él recuerda que las comunidades se organizaron en aquellos años para un plebiscito, pero llegó una orden “de arriba”, del Tribunal Electoral, declarando improcedente

El párroco lamenta que una montaña tan hermosa, como el Pacayal, con clima fresco, que generaba abundante agua que abastecía a muchas comunidades, se destruyera producto de represar el río. “Se instaló el proyecto sin consulta sino a pura presión política. Lamentamos que los alcaldes sean borregos, porque hacen lo que de arriba les dicen, y allí sacaron a la gente de sus tierras, se las compraron a precios bajos para poder instalar el proyecto, se cuidaron los intereses de la diputada, pero no de las comunidades que ahora tienen la montaña deforestada y están sin agua”.

Juan Francisco Vásquez recuerda como el esposo Gladys Aurora llegaba a las comunidades prometiendo proyectos de energía y potabilización de agua, a cambio de que apoyaran la construcción de la represa. Les dijo que sería desarrollo para todas las comunidades, a través de la generación de empleos y proyectos comunitarios.

La gente sigue viviendo de lo que genera el café, la empresa nunca generó empleo ni desarrollo, dice el líder comunitario.

El pueblo toma la palabra

Una década después del inicio de la hidroeléctrica, las comunidades de San José se organizaron y junto a la Convergencia Contra el Continuismo, desarrollaron una consulta popular, en la cual una de las preguntas estaba destinada a saber si la población está de acuerdo con la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas.

El domingo 18 de noviembre doce urnas se instaron en 4 centros de votación. Desde las siete de la mañana Juan Francisco Vásquez, llegó a la comunidad El Aguacatal, en el centro educativo se instaló la urna que recogió su opinión en los temas que se acordaron consultar.

Juan, a quien los encontramos el momento en que ejercía su voto, fue claro al manifestar que llegó con la ilusión que las voces de las comunidades se escuchen. “Si decimos que no queremos proyectos extractivos que eso se respete, que las autoridades no sigan vendiendo nuestros ríos, bosques, nuestra agua, que verdaderamente ésta consulta sea el inicio de lo que queremos para nuestra comunidad”.

La papeleta de consulta tenía cuatro preguntas, los resultados de las mismas fueron contundentes. Ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con el modelo extractivista y privatizador de los bienes comunes y servicios públicos? el 97.8 por ciento votó por el No; ante la pregunta ¿Usted cree que vivimos en un Estado democrático de Derecho? el 96.9 de los votos fueron para el No; ante la pregunta ¿Está Usted de acuerdo que continúe Juan Hernández con el control del Estado? el 96.1 se manifestó en contra; mientras que ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en el municipio de San José? el 97.3 votó por el No.

José Luís Espinoza del equipo técnico de la consulta e integrante de la Convergencia Contra el Continuismo a dijo: “El pueblo de San José de la Paz comienza a liberarse del yugo de los criollos que lo han sometido a fuerza de “bolsas solidarias”. ¡No a la minería ni a las hidroeléctricas en La Paz!”.

Los resultados son contundentes en cuanto al rechazo al actual modelo económico y al régimen del Juan Orlando y son iluminadores sobre la necesidad de construir un nuevo orden constitucional y un nuevo modelo económico. Pero más allá de los números, los resultados serán una herramienta para seguir fortaleciendo la conciencia de la gente en la defensa de los bienes naturales y servicios públicos, dijo Elvin Hernández de la conducción de la Convergencia.

Una declaratoria municipal

Los resultados de la consulta popular desarrollada en el municipio de San José, demuestran que la gente está consciente de la realidad que enfrenta, una realidad marcada por autoritarismos y despojos, dice el alcalde Roberto Vásquez Hernández.

Ante la consulta cuál es su compromiso luego de los resultados, el alcalde aseguró que podrían apoyar una declaratoria de municipio libre de minería e hidroeléctricas, aunque desconoce cómo quedaría la situación de proyectos que ya están en funcionamiento en el sector.

Para la Convergencia Contra el Continuismo, la consulta en el municipio de San José es una experiencia donde ganó toda la sociedad hondureña. Ganaron las comunidades porque dieron su palabra sobre el modelo económico y la institucionalidad del país, ganó el movimiento social al avanzar a prácticas horizontales sobre sus propuestas de nación, ganó la democracia participativa.

“Sin duda, algo nuevo está naciendo, el 2019 será un año para seguir consultando a los pueblos y seguir creciendo en resistencia y dignidad que brota de una nueva cultura política ciudadana”, dijo Hernández.

Para enero la Convergencia desarrollará consultas ciudadanas en los municipios de San Nicolás, Santa Bárbara y Santa Fé en el departamento de Colón.

 

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/mediante-consulta-popular-municipio-de-san-jose-la-paz-rechaza-mineras-e-hidroelectricas/

Honduras

Hablemos de la consulta y de quien insulta

La sociedad se mueve en los límites establecidos por los intereses de la clase social dominante. Una construcción tan antigua como el esclavismo mismo, pasando por el feudalismo y avanzando en el capitalismo. El pueblo ha sido y es arrastrado a consultas en las que no decide nada, cuando mucho le consultan sobre si elegir o reelegir quien lo oprima, normalmente mediante instrumentos de control y bajo una guerra mediática en los distintos órdenes de la estructura social e institucional y la respuesta está dada antes de la consulta. Es una cultura histórica impuesta por la enfermedad cordial del ser humano que desarrolla la egolatría y organiza el circo de la acumulación de capitales.

La enfermedad cordial alcanza límites extremos. Está definido el bloque dominante dispuesto a mantener su hegemonía sobre la sociedad hondureña y está representado por Juan Orlando Hernández y su equipo, pero el proyecto no es de personas, es de la clase social dominante orquestada a nivel mundial. El proyecto está tendido desde hace mucho, acentuado en 2009 con el golpe de Estado y profundizado en los últimos años con las medidas económicas impuestas, haciendo de Honduras su propiedad. En el proceso han entrado en una crisis profunda porque su carrera de acumulación los ha llevado a circular en ámbitos de los negocios más sucios posibles y el desenfreno más terrible en el vicio de corrupción. La fisura interna en la cúpula dominante deja caer sus destellos. Para salir de la crisis ahora buscan que el pueblo mueva la brocha y maquille el sistema, la propuesta de consulta es de forma, no de fondo y de esa manera garantizar que siga el sufrimiento económico, social, sanitario, ambiental, administrativo que expulsa a la gente del territorio. Para la elite opresora, la reelección es vital para asegurar la continuidad del proyecto neoliberal.

El proyecto popular antihegemónico es diverso y necesita mayor cohesión. Según la composición cultural, la única vía para dar la batalla hacia el control del Estado y desde allí avanzar hacia el poder, son las elecciones. La lucha social, territorial, la protesta y resistencia es fundamental como primer paso, pero no cambia las relaciones de poder estructuralmente, sino cuando esa resistencia social adquiere carácter y naturaleza de proyecto político para desplazar al opresor del control estatal. Ante esto, tenemos miradas diferentes que abren varios caminos a seguir. Lo primero es que el movimiento social agonice en brazos de un partido. Luego es la postura ante la reelección, un sector la rechaza, otro la acepta y otro la rechaza o acepta dependiendo de las condiciones. Sin embargo, hay coincidencia en que la superación de la crisis nacional pasa por una Asamblea Nacional Constituyente originaria. Como lograr una Asamblea Nacional con la naturaleza necesaria para transformar todo el aparato estructural es lo que debemos proponernos. Para eso es necesario superar antes la ilegitimidad gubernamental y luego pasar a diálogos y debates sectoriales territoriales, poblacionales y temáticos como mecanismos de discusión de lo que según el pueblo quiere y debe cambiar en el país hasta cristalizarse en la Asamblea Nacional Constituyente, camino único siempre que sea popular.

Sobre la reelección debe haber mayor discusión juiciosa. Hay una ruptura constitucional y por tanto la reelección es ilegal e ilegítima, un reglamento es un acto ilegitimo que alimenta el sistema de ilegitimidad. Pero si una Asamblea Nacional Constituyente originaria establece la reelección, entonces no se debe tener miedo. El punto no es si elegir o reelegir, sino quien y para que se elige o se reelige. Hay miedo a los dictadores déspotas por criminales y con razón, masacran a la mayoría. Miremos un poco las instituciones históricas empezando por la familia, pasando por las iglesias y los partidos, son ejemplo de reproducción de la cultura dictada. Las niñas y niños no deciden quien debe ser su Papá o su Mamá, la feligresía no decide quién será su pastor, y los adeptos de un partido no deciden quién es su líder, es dictado. Dictar es necesario cuando se dice la verdad, pero es peligroso cuando se miente.

El punto es que ser Papá, pastor o líder no se define por períodos de tiempo, sino por principios. El amor, la verdad y la justicia son principios que se rigen por la participación donde alcanza equilibrio el deber del Papá y la libertad de la familia, igual con la iglesia y el partido, etc. Un Papá bueno será acogido por las y los hijos siempre y evitaran a toda costa que lo separen de su lado. Un Papá criminal se mantiene por que intimida, castiga, amenaza e incluso puede matar. Este tipo de Papá debe ser sacado de la familia por el alto riesgo que representa para el colectivo. La sociedad debe contar con los mecanismos y órganos autónomos para cuidar y proteger a la mayoría, todo es producto del ejercicio de consulta y decisión popular en Asamblea Nacional Constituyente. Quien controla una ANC, controla todo, y solo hay dos sujetos enfrentados en ese órgano supremo, los ricos y los pobres.

La consulta es un ejercicio propio del ser humano que aspira a la verdad, y la instauración de la justicia y el derecho común. La verdad es el fruto de la contradicción y la cristalidad de los intereses colectivos.  La búsqueda de esa verdad es un ejercicio político e ideológico en una sociedad donde el control de la subjetividad es eclipsado por la ideología de la clase dominante. Es urgente que el pueblo hondureño decida el método para romper la hegemonía del dominio oligárquico y construir democracia. Una es la dictadura déspota del gran capital cristalizado en élites y hombres concretos, otra la dictadura de la democracia, del pueblo. Quizá suene duro, pero el poder del pueblo cuando entra en un proyecto de autonomía y soberanía política, económica, social, cultural, ambiental y espiritual se debe mantener, y en la elección, como no se hace fraude, prevalece la decisión popular. No existe democracia sin una dirección central que dirige el proyecto de vida en justicia, libertad y soberanía nacional. Allí deben estar mujeres y hombres incorruptibles, serios u humanos.

No hay que olvidar que cuando el pueblo desarrolla su poder, y la administración de ese poder está en manos de gente buena, el pueblo hace uso de su sabiduría. El pueblo es sabio. Lo que hace un déspota es inhibir la sabiduría del pueblo y mediante la intimidación, la amenaza, el castigo, la manipulación que produce miedo, lo somete. Queremos y debemos ser consultados, no insultados como lo propone la elite déspota del país. Hacer valer el derecho a la consulta de manera honesta y transparente, requiere organización comunitaria, información y movilización permanente.

 

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/hablemos-de-la-consulta-y-de-quien-insulta/

Mexico

Al norte de Nariño, ‘pelea’ por minería se define en las urnas

Luego de un largo proceso donde no hay claridad en cuanto al tema de explotación minera en el municipio de San Lorenzo, norte de Nariño, el próximo dominio se realizará una consulta popular. “Es legítima y autónoma en defensa del agua, la vida y el territorio”, dijo el dirigente Robert Elio Delgado de la Coordinadora Nacional Agrario. Este evento contará con presencia de observadores nacionales e internacionales.

¿Cómo inició?

 El proceso comenzó en el año  2008, luego de que el Gobierno Nacional sin tener en cuenta a las comunidades entregara títulos para la exploración y explotación minera, actividad que según las comunidades pone en riesgo la producción del agua, la comida, la economía campesina en general, la tranquilidad y la pervivencia en el territorio.

Justificación

En este sentido los moradores expresaron que las experiencias vividas con la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en San Lorenzo y en las veredas Olaya y El Volador en Arboleda, constituyen testimonios de los desastres ambientales, sociales y de violencia generados por la gran minería.

Foro

El dos de julio del año pasado en el municipio de  Berruecos, se cumplió un Foro por el Agua y en contra de la minería, en ese escenario se tomó la decisión de adelantar la consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria en cinco municipios del Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño.

Testigos

Estarán presentes la Misión de Observación Electoral –MOE-, La Asociación Minga, una delegación del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Bogotá y representantes de organismos de Derechos Humanos y Protección del Medio Ambiente de carácter internacional.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/pol%C3%ADtica/al-norte-de-narino-pelea-por-mineria-se-define-en-las-urnas-482305

Chile

Institucionalidad ambiental: sin fundamento válido no hay decisiones legítimas

El sistema no da garantías a la ciudadanía ni a los observadores independientes de la validez de los “fundamentos técnicos” de las decisiones que toma, las cuales, consecuentemente, resultan ilegítimas y terminan siendo resistidas.

La eventual modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) impulsada por el gobierno, a veinte años de su creación y a menos de ocho años de su modificación, invita a debatir si es necesaria o no su reforma, lo cual exige, como primer paso, evaluar su desempeño. De acuerdo con el “Mapa de conflictos socioambientales en Chile” que elabora el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de un total de 142 conflictos ocurridos en los últimos años en nuestro país, 115 (un 81%) se han producido en el marco del proceso de evaluación ambiental. Si tomamos como indicador la conflictividad suscitada por el SEIA (CELCO, Hidroaysén, Alto Maipo, Dominga, Isla Riesco, etc.), no cabe más que admitir que el sistema tiene problemas.

Esta conflictividad puede explicarse por varios factores. Uno de ellos, quizá el más importante, es que el sistema no da garantías a la ciudadanía ni a los observadores independientes de la validez de los “fundamentos técnicos” de las decisiones que toma, las cuales, consecuentemente, resultan ilegítimas y terminan siendo resistidas.

En lo medular, el SEIA tiene dos propósitos: identificar los impactos ambientales que provocará un proyecto y definir medidas idóneas para mitigar, reparar o compensar aquellos impactos que se consideren “significativos”. Visto desde este punto de vista, el SEIA es un sistema de producción de conocimiento que, a diferencia de la Ciencia, que también es un sistema de producción de conocimiento, adolece de un conjunto de errores de diseño, que hacen que sus resultados no puedan considerarse válidos.

La Ciencia confía en que los hechos que establece son verdaderos. Esa confianza no descansa en la sabiduría de los científicos ni en el uso del método científico, sino en el imperio de dos principios básicos que rigen la institución: el «desinterés» y la «evaluación de pares». Las y los científicos orientan su acción, en primer lugar, por un código ético que tiene entre sus principales valores, el desinterés. Esto significa que el científico debe investigar desinteresadamente. Cualquier resultado que obtenga en su trabajo le reportará la misma recompensa. Bajo esas circunstancias, el científico no se ve tentado a sesgar ni manipular sus resultados. El desinterés institucionalizado se convierte en garantía de libertad y honestidad científica. Por otra parte, el trabajo del científico está siempre sometido a la vigilancia de una comunidad científica. Los científicos que conforman esta comunidad son quienes juzgan si los resultados de una investigación son válidos o no. ¿Por qué? Porque sólo un científico está en condiciones de juzgar si las teorías, métodos y materiales usados en la investigación de otro científico son los idóneos. Ambas cosas combinadas e institucionalizadas dan garantía a la Ciencia de que el conocimiento que produce es verdadero y, por lo tanto, válido para tomar decisiones que aspiren a ser consideradas legítimas.

El SEIA no cumple ninguno de estos requisitos. En primer lugar, la investigación la lleva a cabo el propio interesado (el titular del proyecto), por medio de una consultora que contrata para estos efectos. Este esquema le concede al titular la facultad de determinar todos los elementos críticos de cualquier investigación: definir el área de afectación, seleccionar los parámetros para describir el ambiente, identificar los impactos “significativos” del proyecto, y proponer medidas de mitigación, reparación y compensación, entre otros aspectos. Los expertos de estas consultoras no tienen ninguna autonomía para definir nada de lo anterior. Todo lo deciden sus superiores y éstos lo negocian con el cliente. Y ya se sabe: el cliente siempre tiene la razón. En buenas cuentas, el proceso de producción de conocimiento está completamente supeditado al interés. Así, no es de extrañar que los impactos identificados en estos estudios sean relativamente pocos, que sólo una fracción de ellos tenga el carácter de “significativo”, que las medidas propuestas para hacerse cargo de esos impactos sean en su mayoría de compensación, en lugar de ser medidas de mitigación efectiva o reparación, y que, en general, esas medidas resulten irrisorias a los ojos de la ciudadanía o de cualquier experto independiente.

Por otra parte, las consultoras no tienen una contraparte científica que juzgue la calidad de su trabajo. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no actúa como un sistema de vigilancia científica. Se limita a llevar un registro de las consultoras (en lugar de acreditar su capacidad, como ocurre con la CNA en Educación Superior) y elaborar guías metodológicas que son de uso voluntario. Si estas guías no son usadas o son mal usadas, el SEA no puede hacer nada al respecto. La legislación establece sólo dos resguardos de la calidad científica de estos estudios. El primero es que las metodologías que se usen deben estar “justificadas”. Pero la justificación es algo que también queda en manos de los titulares, y no hay nada que impida al titular usar la metodología que más le convenga y luego justificarla de cualquier manera. El segundo resguardo es la participación de los distintos servicios públicos con competencia técnica (SAG, SERNAGEOMIN, CONAF, etc.), los cuales pueden hacer “observaciones” al Estudio de Impacto Ambiental. En la práctica, dicha tarea recae en un funcionario que es experto en una materia específica, y que se limita a hacer las observaciones que se siente autorizado a plantear de acuerdo a su especialización, absteniéndose de analizar el resto del estudio. Ninguno de estos servicios tiene una unidad de evaluación ambiental conformada por personas especialmente formadas, que puedan hacerse cargo de esta tarea integralmente. En la práctica, el sistema no tiene capacidad para revisar todas las variables ambientales del proyecto. Tampoco puede analizarlas de manera conjunta, porque los pocos expertos que participan en la evaluación trabajan separadamente, con lo cual la posibilidad de identificar los impactos sinérgicos de los proyectos es prácticamente nula. Como si esto fuera poco, el SEA ha desarrollado una práctica llamada en la jerga “reuniones de lobby”, en las que se sienta a negociar con la parte interesada los términos y límites en los cuales ésta se hará cargo de las observaciones hechas por los servicios públicos y la ciudadanía. Cómo es obvio, bajo estas condiciones no cabe esperar otra cosa que una lista mínima de impactos, todos de fácil solución para el titular.

Pero el asunto no termina ahí. Una vez que los proyectos son aprobados y entran en operación, empiezan a aparecer impactos ambientales no previstos y se hace evidente que las medidas de mitigación, reparación y compensación comprometidas resultan ineficaces. En ese punto, el sistema no tiene cómo remediar sus errores de procedimiento; la empresa opera conforme a la ley. El sistema tampoco tiene cómo incorporar esos aprendizajes, ni hacerlos exigibles a nuevos proyectos que se sometan a evaluación. Los nuevos proyectos pueden volver a incurrir en las mismas omisiones, errores e inconsistencias. El SEIA no tiene retroalimentación ni seguimiento de los impactos de los proyectos. A diferencia de la Ciencia, el SEIA no aprende, no es acumulativo ni autocorrectivo.

El SEIA produce un conocimiento supuestamente “verdadero” y “fiable” y, sin embargo, carece de los mecanismos que podrían dotarlo de esas virtudes. Por el contrario, campean en él el sesgo y la manipulación. A ese tipo de investigación en Ciencia se le considera fraude. Y así es como se siente la ciudadanía sometida al SEIA: defraudada y atropellada por decisiones institucionalizadas, tomadas sin fundamentos válidos y que, en consecuencia, no pueden considerarse legítimas. El SEIA necesita ser modificado, sí, pero no como pretende el gobierno. El sistema necesita ser fortalecido y rediseñado profundamente. Replicar en él los mecanismos que controlan la producción de conocimiento en la Ciencia es una medida imprescindible, que ayudaría a tomar decisiones fundadas en conocimiento válido y, por lo tanto, más legítimas. Mientras eso no ocurra, las personas sometidas al SEIA seguirán impugnado y resistiendo sus decisiones, con toda razón.

Fuente:http://www.theclinic.cl/2018/11/21/columna-institucionalidad-ambiental-sin-fundamento-valido-no-hay-decisiones-legitimas/

Bolivia

MUJERES REGANTES DE TACAGUA UN PUNTAL EN LOS 25 AÑOS DE RESISTENCIA AL EXTRACTIVISMO MINERO EN CHALLAPATA

Integrantes de Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, nos cuentan que Challapata se caracteriza por tener la Represa de Tacagua que aprovisiona de agua para riego a los 1200 usuarios y sus familias organizados por zonas. Challapata, gracias a la represa de Tacagua tiene vocación productiva agrícola, ganadera y lechera, reconocida por leyes nacionales y municipales, con un fundamental aporte a la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Sin embargo empresas transnacionales mineras como la Canadiense Castillan Resourse continúan con intentos de explotar oro a cielo abierto del cerro Achachucani, que paradójicamente se encuentra frente a la represa de Tacagua, lo cual atentaría directamente sobre el agua, la producción, los derechos y la vida.

Pero la unidad de los 1200 usuarios de la represa de Tacagua y el rol de las mujeres, ha consolidado estos 25 años de resistencia al extractivismo minero, con movilizaciones expulsaron a tres empresas mineras a lo largo de estos años, mejoraron su sistema de riego, estan promoviendo el turismo y luchando por la aprobación de una ley de aguas que sea para la vida y no para la mina.

Cual es el aporte de las Mujeres Regantes en la Resistencia?

Las mujeres regantes de Challapata mantienen viva la resistencia minera en la organización. Ser parte de una Red de Mujeres hace que ellas puedan respaldarse en las experiencias de otras mujeres y sus comunidades que tienen minería, y que sufren por los impactos ambientales en el territorio y en sus cuerpos.

Se capacitan e intercambian experiencias en la escuela de Defendoras Warmi Yaku en alianza con el Colectivo CASA, organizan talleres con videos, imágenes y testimonios de otras hermanas que viven con minería y los impactos mostrando la contaminación del agua, del suelo, el nacimiento de animales con deformaciones, la preocupación y la violencia medioambiental que genera daños en la integridad de las mujeres, en la calidad de vida y en los derechos. También promueven la valoración del trabajo en el campo de las mujeres, el uso eficiente del agua, la capacitación con intercambios desde experiencias de otras comunidades sobre alternativas productivas, ferias, reuniones con autoridades con propuestas de principios para proteger el agua.

Muchas veces el rol de las mujeres es invisibilizado pero son ellas quienes garantizan la logística en las movilizaciones, desde muy temprano preparan los alimentos, pastorean a sus animales fabrican queso y derivados lacteos. Experimentan sobrecargas de trabajo para poder asistir a las reuniones, talleres, y no dejan de cuidar a sus hijos y familia.

Son quienes con visión futurista defienden el agua, la salud, la producción y su legado territorial, son quienes recuerdan la han expulsado tres veces a las mineras transnacionales que pretendían engañar ofreciendo trabajos temporales en Challapata.

También reconocen que muchas veces son los varones quienes lideran la organización pero desde hace algunos años las mujeres están tomando espacios como juezas de agua, presidentas zonales y permanentemente fortaleciendo su liderazgo con capacitación, porque reconocen que deben estar fuertes y activas en la lucha para defender su territorio, sus familias al agua y defender a la Madre Tierra.

Por todo ello queremos resaltar el valor de las mujeres regantes y defensoras de la Madre Tierra, que son un puntal en estos 25 años de resistencia al extractivismo minero y por muchos más años.

Colectivo CASA, noviembre de 2018

Fuente:http://oiedc.blogspot.com/2018/11/mujeres-regantes-de-tacagua-un-puntal.html

Ecuador, Videos

Cuando las mujeres luchan por la vida…

Cuando las mujeres luchan por la vida…

En homenaje a las mujeres de Ecuador. Que luchan por las tierras y ríos como forma de conservar nuestro legado ancestral y soberanía de los pueblos. Imágenes de la movilización por el agua ante el extractivismo minero y corrupción. Noviembre 2018.

Nuestro agradecimiento a l@s compañer@s comunicadores populares, que con esfuerzo y alegría comparten sus materiales y buenas vibras…

A los amig@s de Acción Ecológica y Agencia Ecologista por los tiempos transformados en la trinchera hacia la esperanza. Gracias totales…

FIAN Ecuador Naif Comunicacdor Fian Observatorio del Cambio Rural Al GRANO Ecuachaski Ecuarunari Ecuachaski Ecuarunari Radio Kimsakocha ALER Satelital La Barra Espaciadora Warmikunapak Rimana Comisión Ecuménica Derechos Humanos Minka Urbana Alternativas Vivas Caminantes, espacio de articulación nacional anti-minera del Ecuador MiningWatch Canada OCMAL Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Guatemala

Las luchas nuestras, las luchas de las comunidades indígenas

¡Porque vivas, libres, sanas y dignas nos queremos! ¡Fuera empresas transnacionales de muerte, fuera de nuestros territorios!

A manera de expresión inicial, les digo: “En la red de la vida plural y diversa, vamos caminando, vamos tejiendo nuestras redes feministas, con un amor profundo a la vida, indignadas por las injusticias, rebelamos nuestras rebeldías territoriales y juntamos nuestros acuerpamientos para sanar juntas y recrear horizontes en la plenitud de nuestra propia existencia”.

Soy Lolita Chávez, integrante del consejo de pueblos K’iche’s, feminista comunitaria, maya K’iche’, defensora de la vida y los territorios. Vengo del pueblo Maya K’iche’, un pueblo valiente, rebelde, en donde desde patojas, chiquitas, aprendemos a encender el fuego, encender el fuego, es una expresión de vida, gratitud, celebración, es sentir nuestra luz y que somos luz, nuestras cosmovisiones ancestrales milenarias se entretejen resignificando nuestra vida.. Aprendemos a ser y vivir en comunidad, pero también de conexión energética, cósmica, intergeneracional.

En estas jornadas feministas hacemos nuestro este diálogo de saberes, desde nuestros feminismos y la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones y más profunda indignación por lo que estamos viviendo en los territorios, las múltiples opresiones.

Como defensora ratifico que como pueblo Maya K’iche’ tenemos derecho a la vida, tenemos derecho al derecho al agua, como cualquier otra sociedad, y eso es lo que defendemos, por eso nos criminalizan, por eso nos persiguen por eso han asesinado a tantas y tantas defensoras.

Tenemos el gran reto como humanidad de detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Entre 2006 y 2016, perdimos un promedio de 38.600 hectáreas anuales de bosque dentro y fuera de áreas protegidas. Allí los ecosistemas proveen hábitat para la biodiversidad, regulan el sistema hidrológico y los microclimas, son sumideros de carbono y proveen estabilidad al territorio. ¡Estamos gritando a los cuatro vientos que las empresas madereras están acabando con árboles ancestrales! Datos estadísticos nos demuestran que la sociedad guatemalteca utiliza menos del 20% del agua disponible en nuestro país; tenemos agua, pero varía su disponibilidad en el tiempo y en el espacio, el agua se maneja con distribución exclusiva para quienes tienen privilegios.

Es prudente y urgente en este espacio hacer la siguiente crítica: los mundos tienen una limitada percepción de lo que somos los pueblos originarios, percepción que se han hecho en base a imposiciones de modelos como el modelo capitalista, el modelo patriarcal, el modelo colonial. En base a ello es que entonces generan conceptos epistemologías, por lo general bastante erróneas, y esto hace que los choques sean más frontales y que los diálogos no se den toda vez que la inferiorización de nuestro ser se implementa en el ser inferior de concepción de la humanidad.

Estamos conviviendo en territorios ancestrales, reconocemos que estamos en Abya Yala, que entreteje historia y memoria ancestral de pueblos, comunidades y modelos de vida vinculados profundamente con la madre tierra, que con nuestras propias vidas estamos deteniendo empresas transnacionales mineras hidroeléctricas, de monocultivos, petroleras, forestales, que llegan sin consulta previa, expolian utilizando los aparatos represores de los Estados genocidas, racistas, misóginos.

Abrimos aquí el debate, con certeza, con nuestra participación, como mujeres defensoras, para encontrar caminos que urgen hacia la construcción de otras justicias, donde nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros deseos, nuestros territorios, nuestros pueblos, sean protagonistas; y encontremos los modos de defendernos, sanarnos, y reivindicar nuestro derecho a rebelarnos ante todas las opresiones y a crear nuevos modos de vivir, de sentir, desde nuestras cosmovisiones, proyectos y formas de ver la vida.

La pregunta es cuales serían los mecanismos para entrelazar nuestras vidas, entrelazar nuestras agendas, entrelazar nuestros feminismos, entrelazar nuestros internacionalismos, nuestras autonomías y libres determinaciones, anulando privilegios, para vivir con justicia, trasformar vidas y generar libertades vidas dignas, y nunca resignarse a morir o a que mueran otras porque son de otro continente o porque son de otro pueblo o porque son de otros estratos sociales. Y así que nuestros caminos feministas transformen otros mundos y den la posibilidad de trascender en la vida entre pueblos comunidades y territorios, las sociedades, el compromiso de vida digna feminista es colectivo mujeres, lesbianas, trans, travestis, originarias, afro, negras, indígenas, campesinas y…

Y si resulta que los caminos ya están allí, solo hace falta retomarlos, solo que quizá no los vemos porque están las jerarquías generacionales, jerarquías de épocas, jerarquías de visibilidades, jerarquías de memorias, jerarquías académicas, jerarquías de jerarquías.

Y si resulta que los caminos están en la sabiduría de las generaciones de los tiempos no tiempos, y están en el horizonte de nuestras vidas sabias y no los vemos porque caminamos en este tiempo en este espacio y en este movimiento.

Porque honramos a nuestras ancestras y porque honramos a las hermanas que nos enseñan que “día con día crece la rebeldía”. (EZLN.)

Una de nuestras reflexiones entre muchas mujeres indígenas es que no estamos peleando por el derecho a la tierra, estamos exigiendo que nos devuelvan las tierras que nos robaron con sus planes de exterminio, devolver para sanar las tierras, devolver las tierras por justicia, devolver como una expresión de resarcimiento de la humanidad para los pueblos originarios.

¡Porque vivas, libres, sanas y dignas nos queremos! ¡Fuera empresas transnacionales de muerte, fuera de nuestros territorios!


Fuente:https://ctxt.es/es/20181107/Firmas/22666/Aura-Lolita-Chavez-mujeres-indigenas-empresas-transnacionales-jornadas-feminista-CTXT.htm?fbclid=IwAR0Felx-6BxDBDiYnm0fGS6yDoHSKllqmwfcUAxGkgd_DtjzHKBkKo7IJdU

Mexico

Jalisco, un campo minado

Las concesiones mineras han devorado buena parte del territorio de Jalisco. La Huerta, Tapalpa, Etzatlán, Ejutla, Atengo y Tomatlán son seis municipios que tienen entre 51 y 93 por ciento de toda su extensión entregada a empresarios de esa industria.

El avance vertiginoso de las concesiones mineras en Jalisco ha conducido a que existan municipios en el estado con más de la mitad de su territorio en manos de inversionistas privados de esa industria, con miras a la extracción y explotación de sus recursos naturales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, en 85 de los 125 municipios que tiene Jalisco hay concesiones mineras vigentes que suman un millón 628 mil 967.18 hectáreas de tierras dispuestas para las actividades extractivas de corporaciones de ese ramo.

En 2017 Jalisco ocupó el quinto lugar a nivel nacional con mayor territorio destinado a minería

Entre estos municipios destacan seis que tienen más de la mitad de su territorio concesionado a empresarios de esa industria, y en los cuales los permisos federales cubren entre 51.06 y hasta 93.02 por ciento de toda la superficie.

Se trata de La Huerta, en la Región Costa Sur, y parte del polo turístico de Costalegre en Jalisco. Esta zona presenta 41 concesiones mineras vigentes que suman 187 mil 323.19 hectáreas, lo que representa 93 por ciento de toda su superficie territorial.

En el segundo sitio está el Pueblo Mágico de Tapalpa, en la Región Lagunas, uno de los principales sitios turísticos de montaña del estado, el cual cuenta con 11 concesiones mineras emitidas que suman 56 mil 555.32 hectáreas y representan 91.29 por ciento.

En el tercer lugar está Etzatlán, en la Región Valles, donde existen 36 concesiones mineras expedidas que suman 25 mil 165 hectáreas, lo que significa que 74.45 por ciento de todo el municipio está dispuesto para las actividades mineras.

En el cuarto sitio está Ejutla, en la Región Sierra de Amula, donde hay 15 concesiones mineras del Gobierno federal que representan una extensión de 18 mil 436 hectáreas, mismas que cubren 61.99 por ciento de la superficie.

En el quinto escaño se encuentra Atengo, en la Región Sierra de Amula, donde se han autorizado 18 concesiones que constituyen una superficie total de 24 mil 434.26 hectáreas, que engloban 55.39 por ciento de esa municipalidad.

En el sexto sitio se ubica Tomatlán, en la Región Costa Sur, que también es parte de Costalegre, y donde se han expedido 12 concesiones mineras que conforman una superficie con fines extractivos de 153 mil 917.39 hectáreas, es decir, 51 por ciento de toda la extensión territorial de ese municipio.

Municipios privatizados

Hay además 13 municipios de Jalisco donde las concesiones mineras cubren no menos de la quinta parte de sus territorios, por lo que el área comprendida va de 21.17 de sus demarcaciones hasta 47.15 por ciento.

Los municipios que se insertan en este rango son Ameca, en primer lugar, con 47.15 por ciento de sus tierras destinadas para fines mineros; Bolaños, en el puesto número dos, con un porcentaje de 41.12; Guachinango, con 36.59 por ciento; Cuautitlán de García Barragán con 33.37 por ciento; Hostotipaquillo en quinto lugar, con un porcentaje de 31.75.

85 municipios jaliscienses tienen concesiones vigentes

En sexto puesto está Mazamitla con 31.69 por ciento; sigue San Martín de Bolaños con un porcentaje de 31.11; en octavo lugar está El Grullo con 30.63 por ciento; en noveno sitio está Cihuatlán con 29.86 por ciento; La Manzanilla de la Paz sigue con 28.95 de porcentaje; Tecalitlán está en el siguiente lugar con 26.23 por ciento; San Sebastián del Oeste se ubica con 22.53 por ciento, y Villa Purificación está en el último sitio con 21.17 por ciento.

Entre estos casos destaca particularmente el de Bolaños, en la Región Norte, pues con sus 72 concesiones vigentes que suman 35 mil 647 hectáreas para la minería, fue el escenario donde se cometió el asesinato de los defensores de tierras indígenas Miguel y Agustín Vázquez Torres, en mayo de 2017.

Otros 60 municipios con concesiones mineras tienen cubiertas entre 0.05 hasta 18.89 por ciento de sus superficies totales. Sin embargo, Zapopan, un municipio de la metrópoli de Guadalajara, aún conserva grandes extensiones rurales

De acuerdo con estos registros, en Zapopan hay 12 concesiones mineras con una superficie total que comprende 21 mil 990 hectáreas, lo que representa una quinta parte de todo su territorio, equivalente a 18.89 por ciento.

Más tierras a la minería

En el año 2018 la organización ciudadana Fundar publicó el “Anuario 2017. Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio”, donde colocaba a Jalisco como el quinto estado del país con la mayor superficie concesionada a la minería, con un millón 515 mil 861 hectáreas, lo que cubría una quinta parte de todo el territorio estatal, es decir, 19.3 por ciento.

No todas las concesiones mineras tienen proyectos de extracción en operación, sin embargo, los datos más actuales de la Secretaría de Economía revelan que la superficie concesionada con esos fines creció a un millón 628 mil 967.18 hectáreas en 2018, lo que implica un incremento de 7.46 por ciento con respecto a 2017.

Con esta alza, ahora 20.72 por ciento de todo el territorio jalisciense está cedido a la industria.

Hay un grupo de municipios en los que las superficies que suman sus concesiones mineras sobrepasan la extensión total de sus territorios, lo que sugiere que hay permisos con áreas repetidas.

Esto ocurre en Tenamaxtlán, que tiene un porcentaje territorial ocupado por concesiones de 864 por ciento, El Limón, con 412.77 por ciento de su extensión, San Marcos con 174.11 por ciento, Tuxcacuesco con 118.67, Tecolotlán, cuyas concesiones alcanzan 102.36 por ciento de su territorio, y Pihuamo con un porcentaje de 102.16.

Los municipios con las mayores superficies concesionadas para minería son Tenamaxtlán, con 11 permisos que engloban 243 mil 329.70 hectáreas; La Huerta, con 41 concesiones de 187 mil 323.19 hectáreas; Tomatlán, con 12 permisos de 153 mil 917.39 hectáreas; Pihuamo, con 79 permisos de 89 mil 433.71 hectáreas; y Tecolotlán con 10 concesiones sobre 78 mil 386.39 hectáreas.

 

Fuente:https://www.reporteindigo.com/reporte/jalisco-un-campo-minado-municipios-territorios-consecionados-empresarios-mineros/?fbclid=IwAR33B3eZylncIZdfs8Mn-icHDBWn7R7ci7G5D94-PKK0esr4nXU8T3DhbzU

Colombia

Concejo de Jericó rechaza nuevamente la minería de metales

La votación que tuvo lugar el martes se dio luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia anulara la decisión del año pasado.

Durante una sesión a puerta cerrada, nueve de los 11 concejales del municipio votaron la iniciativa, ya que uno se encontraba incapacitado y otro de los corporados se declaró impedido debido a negocios con una empresa minera.

La decisión con cinco votos a favor y cuatro en contra fue volver a prohibir la minería de metales en Jericó.

Sobre la medida, Fernando Jaramillo, coordinador de la mesa ambiental de Jericó, manifestó a Noticias Caracol: “implica que en el momento que el alcalde sancione el acuerdo, que esto será la próxima semana, a partir de ese momento queda prohibida la minería metálica en el municipio de Jericó”.

El Tribunal Administrativo de Antioquia en diciembre de 2017 declaró inválido el Acuerdo 09 de 2017 expedido por el Concejo de Jericó que había prohibido la exploración minera en este territorio del Suroeste antioqueño.

Jaramillo destacó que la medida va a  fortalecer la autonomía municipal y la convicción de que es importante y necesario defender el patrimonio ecológico y cultural del municipio.

“Lo importante para nosotros es que desde el momento en que se suspenda la actividad minera metálica, podremos descartar la amenaza que hay en el territorio de una actividad que ha sido rechazada  por la población, que ha afectado fuentes de aguas de algunos acueductos y va a significar un descanso en las tensiones que hay entre la población entre quienes apoyan la minería y quienes están en contra de ella”, indicó el coordinador.

 

Fuente:https://noticias.caracoltv.com/medellin/concejo-de-jerico-rechaza-nuevamente-la-mineria-de-metales