La bancada de Morena en el Senado de la República ampliará los requisitos para asignar concesiones mineras, y sólo se otorgarán a proyectos que cuenten con estudios de impacto social, además del ambiental.

La iniciativa, que ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, también plantea revocar la concesión a quienes no cumplan con esta norma y no consulten a los pueblos y comunidades indígenas sobre proyectos de explotación que se ubiquen en sus territorios.

La propuesta de reforma a la Ley Minera fue promovida por la senadora de Morena, Angélica García Arrieta, quien argumentó que hasta este año se han documentado más de 15,000 conflictos sociales relacionados con la industria minera en México, de acuerdo con la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Buenos días a los medios que nos acompañan en esta conferencia de prensa. El mensaje que les vamos a compartir está dirigido, en primer lugar, a la ciudadanía de Baja California Sur, así como a la del resto del país y a la solidaria comunidad internacional que está atenta al desenvolvimiento de la amenaza de minería en Sierra La Laguna; como verán a continuación, también contiene mensajes específicos dirigidos al gobierno y sus diferentes instancias, así como a Ricardo Salinas Pliego y su empresa Desarrollos Zapal, responsable del proyecto minero Los Cardones.

En primera instancia, queremos hacer del conocimiento de todas las personas que habitan Baja California Sur y de las que están preocupadas en la lucha ciudadana por el agua y la vida, aquí y fuera del estado, que ciudadanos con un alto valor cívico han interpuesto demandas ciudadanas en contra del resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), otorgado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Desarrollos Zapal de forma condicionada el 12 de junio de 2014, otorgado, decíamos, de manera ilegal, violando leyes y reglamentos que regulan la materia, tanto en el ámbito nacional como el internacional.

De las diversas demandas ciudadanas, la más reciente corresponde a un amparo ingresado en el mes de octubre del 2018, contra la autorización condicionada del proyecto minero Los Cardones que la DGIRA expidió en 2014. Dicho recurso fue admitido por la autoridad judicial (Juzgado Primero de Distrito en el estado, expediente 1256/2018), y el juez que revisa el caso, otorgó el 7 de noviembre del 2018 la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute el oficio número SGPA/DGIRA/DG-05124 del 12 de junio del 2014, expedido por Semarnat, lo que significa que la empresa de Ricardo Salinas Pliego no está autorizada a hacer ninguna clase de obra ni modificación en el sitio en el que pretende instalar la mina de oro a cielo abierto, y la autoridad está obligada a vigilar la estricta observancia de ello.

Antes de tocar una sola planta, una sola piedra, la empresa necesita obtener todos los permisos y condicionantes que le fueron impuestos con el resolutivo de la MIA:

1. a) AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES, conforme a lo dispuesto en los artículos 53, fracción I, y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) (Término Sexto de la Resolución de la MIA-R, página 162).
2. b) AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP), para la exploración, explotación o aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas (Término Sexto de la Resolución de la MIA-R, página 162).
3. c) AUTORIZACIONES DE LA CONAGUA consistentes en el permiso para la realización de obras de infraestructura hidráulica, la concesión para la ocupación de terrenos federales y la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales (Término Sexto de la Resolución de la MIA-R, página 162).
4. d)  PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, QUE SE REQUIERAN POR PARTE DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. Por lo que el inicio de obras y actividades está sujeto a que las autoridades municipales y estatales lo permitan, aun cuando éstas han manifestado en reiteradas ocasiones el compromiso que tienen con la protección del ambiente, el cuidado y la conservación del patrimonio natural del Estado, y el desarrollo sustentable de la región (Término Sexto de la Resolución de la MIA-R, página 162).

Entre otros, deberá solicitar al Ayuntamiento de La Paz, autorización para disponer las aguas residuales en la planta de tratamiento de la Ciudad de la Paz (Condicionante 10, página 173).

1. e) AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE para el manejo de especies de la flora y la fauna silvestre (Condicionante 5).

La empresa no cuenta con ninguno de los condicionantes mencionados y, por si fuera poco, aunque los consiguiera, no podría hacer nada en la zona, hasta que este juez no resuelva el amparo mencionado. Los ciudadanos organizados nos mantenemos alertas ante cualquier movimiento de la empresa, tanto físico como administrativo, con especial atención a las prácticas de negociación secreta mejor conocidas como corrupción; hacemos un llamado a todos los ciudadanos responsables tanto dentro de la administración pública como fuera de ella, para que, en congruencia con el espíritu del Pacto de Todos Santos firmado el 12 de septiembre del 2014, denuncien cualquier movimiento que Desarrollos Zapal realice a favor de instalar la mina de oro a cielo abierto en Sierra La Laguna. Saludamos a todas y todos quienes quieran sumarse a la construcción de una vida digna, incluyente, que reconozca y garantice el patrimonio natural y cultural sudcaliforniano, con un medio ambiente sano y el agua que nos da vida.

La estrategia de los ciudadanos organizados es y será hacer que se cumplan las leyes que protegen el medio ambiente, pese a la clara intención de las autoridades de permitir que personajes como Ricardo Salinas Pliego pasen por encima de los derechos de los ciudadanos, como ocurrió con los regidores corruptos del XIV Ayuntamiento en septiembre de 2015; en todo momento vigilaremos que las leyes se cumplan, por ello estamos impugnando el acto mismo de la autorización condicionada, que es la raíz que mantiene en vilo a la sociedad sudcaliforniana por el riesgo ambiental que implica la minería de oro a cielo abierto, sin dejar de mencionar, el grave peligro que pesa sobre el agua de existir semejante contrasentido en una reserva de la biósfera, en un estado con alarmantes carencias hídricas, justo en el lugar de mayor captación del vital recurso, del que dependemos las comunidades del sur del estado para la subsistencia.

Por otra parte, hacemos un llamado a la autoridad para que haga cumplir la ley, no permitiendo que la empresa realice ninguna clase de obra ni modificación de la zona bajo ningún pretexto. Cualquier movimiento de la empresa en la zona en la que pretende de forma estéril llevar a cabo el proyecto minero Los Cardones, debe ser impedido y sancionado por la autoridad correspondiente y los responsables remitidos ante ésta para pagar por el daño hecho y por violar las leyes y reglamentos en la materia, además de desacatar el mandato judicial de suspensión definitiva. Le recordamos a la autoridad que la omisión de su parte en este punto, le convierte, en automático, en corresponsable de los actos cometidos por la empresa que pudieran violentar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua.

También queremos dejar en claro que rechazamos toda consulta que parta del supuesto de que los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua, puedan ser conculcados arbitrariamente. Los derechos humanos fundamentales, son irrenunciables, inalienables, NO CONSULTABLES. Pretender someterlos a consulta, va contra la Constitución Mexicana y las leyes internacionales firmadas por el Estado Mexicano. Le advertimos a la nueva administración federal y municipal, que los habitantes de Baja California Sur no aceptamos un retroceso respecto del derecho humano al agua y al medio ambiente sano. Sabemos de la cercanía de Ricardo Salinas Pliego con López Obrador; no nos amedrenta ni nos va a detener. Nos asiste la razón y la ley. A los ciudadanos y ciudadanas, a los habitantes de Baja California Sur, nos toca defender nuestro territorio y nuestros derechos, contra quien sea, sin importar su riqueza ni su posición política.

Para concluir, por anticipado señalamos a la autoridad y a Ricardo Salinas Pliego y sus esbirros como responsables en caso de que la integridad de los ciudadanos demandantes sea puesta en peligro o bajo amenaza. En todo momento los ciudadanos nos hemos conducido de forma pacífica en apego al derecho vigente y no esperamos nada distinto ni de la empresa ni del Estado. Llamamos a las comunidades, grupos y habitantes de otras regiones, estados y naciones, a que sigan solidarizándose con la lucha del pueblo sudcaliforniano. Reiteramos nuestra invitación a todas las personas que deseen sumarse a este movimiento popular a favor del agua y la vida; reivindicamos nuestro derecho a un ambiente sano y a la libertad de elegir y rechazar aquello que nos afecta. ¡Nunca más un país sin que se escuche clara y fuerte la voz de los ciudadanos y sin que se respete la voluntad soberana del pueblo mexicano!

Fuente:https://rzsud.org/2018/11/23/tropezon-a-la-minera-los-cardones/?fbclid=IwAR3CNlHed0s1yc5GViPY_4KTqil2LWbEOqfFxR5G4pegBUF5DKyjHq3Chog

Ante los impactos sociales y ambientales que ha originado la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam México recomendó al Estado cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los derechos de los pueblos indígenas y equiparables, en particular por proyectos extractivos y de infraestructura.

En su estudio Minería y privilegios, captura política y desigualdad en el acceso a los bienes comunes naturales en México, sobre el caso de San José del Progreso –financiado por la Unión Europea–, la organización que participa en un movimiento global que trabaja en 94 países para construir un futuro libre de injusticia y pobreza, hace un análisis de la actividad minera en Oaxaca, específicamente en la región de los Valles Centrales y del proceso organizativo contra la minería, la vocación agrícola de la región y cómo está amenazada por la actividad minera.

También, hace una revisión del proyecto minero San José del Progreso, donde abordamos los impactos sociales y ambientales que la actividad minera generó y genera dentro de este municipio.

Marco de regulación

De esta manera, Oxfam México exhortó al Estado asegurar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente.

En particular, fortalecer y cumplir con el marco de regulación y control de los sectores empresariales, enfatizando los relacionados con proyectos de gran escala y de la industria extractiva, a partir de los mejores estándares y prácticas internacionales.

Además, mejorar los procedimientos de inspección de todas las autoridades a nivel nacional y estatal, especialmente a proyectos de gran escala y de la industria extractiva, para prevenir futuros accidentes con afectaciones masivas a los derechos humanos, así como garantizar la realización de investigación y sanciones en casos de incumplimiento.

Igualmente, que el Estado recuerde la imperiosa necesidad de respetar el derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, considerando que el derecho a la autonomía y a la autodeterminación deben ser los puntos de partida para cualquier iniciativa que tenga la probabilidad de impactar los territorios tradicionales, bajo los estándares internacionales y del derecho constitucional comparado.

Aparte de esto, que el Estado y las empresas reconozcan públicamente la importancia del trabajo de las personas defensores de derechos humanos, asegurando su protección y absteniéndose de apoyar directa o indirectamente cualquier acción para criminalizar o amenazar sus acciones.

Así también que el Estado investigue y castigue a actores empresariales acusados de violar los derechos de quienes defienden los derechos humanos.

Consulta previa

Del mismo modo, Oxfam México recomendó al sector empresarial minero respetar los derechos humanos en toda su cadena de valor, así como tener políticas de derechos humanos y remediar los daños y rendir cuentas acerca de cómo abordan los impactos negativos en los derechos humanos.

Y respetar el estado de derecho, el marco legal y las decisiones administrativas y judiciales, así como no interferir de forma alguna en los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.

Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/105809/defiende-oxfam-indigenas-en-oaxaca-de-mineras