Chile

Pascua Lama: Efectúan alegatos contra resolución de SMA que dictó su clausura

Durante esta jornada se realizarán en el Tribunal Ambiental de Antofagasta los alegatos por la reclamación contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que dictaminó la clausura definitiva del proyecto en enero de este año.

La reclamación fue interpuesta por Barrick Gold en Febrero con la intención de rebajar las sanciones y multas, buscando sobre todo que no se le dé el Cierre definitivo. Tanto la SMA como las comunidades se han hecho parte.

Las comunidades esperan que la SMA defienda con total fuerza su resolución, y éstas a su vez aportarán buscando la confirmación de dicha sanción, incluso pidiendo mayor rigor.

Dicha reclamación se realiza bajo el contexto del recientemente fallo sentenciado por el mismo Tribunal Ambiental, el cual habilitó a la SMA a realizar el cierre definitivo del proyecto, por el cargo N°7 que refiere a glaciares.

Una comitiva del Valle del Huasco se hará presente en el lugar, hasta donde esperan lleguen habitantes de la ciudad para apoyar la causa.

Fuente:https://www.radioagricultura.cl/nacional/2018/11/06/pascua-lama-efectuan-alegatos-contra-resolucion-de-sma-que-dicto-su-clausura.html

Ecuador

En Ecuador, los casos judiciales más importantes desafían los proyectos mineros.

Ecuador se enfrenta a una demanda esta semana por otorgar a las empresas mineras los derechos de exploración de un bosque protegido en una de las regiones con mayor biodiversidad del país sin consulta local.

Presentado por el gobierno local de Cotacachi, la demanda solicita que el tribunal regional ponga una orden judicial en todas las actividades mineras dentro de Los Cedros en el Valle Intag, una zona exuberante de ríos y bosques tropicales andinos

En las últimas décadas, el Valle de Intag ha visto algunas de las resistencias más feroces contra la minería en Ecuador, un país rico en oro, cobre y otros minerales.

Desde 2008, aproximadamente 1,8 millones de acres de bosques protegidos de Ecuador se han puesto a disposición para la exploración minera, según el Rainforest Information Center, una organización ambiental sin fines de lucro con sede en Australia.

El estado tiene el derecho de extraer minerales sin importar de qué tierra se encuentren, de acuerdo con la constitución y el plan minero nacional de Ecuador.

Sin embargo, la constitución requiere que el gobierno nacional consulte a las comunidades sobre “planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras”.

Las comunidades en la parroquia de García Moreno, donde se ubican Los Cedros y las concesiones mineras, no fueron consultadas antes de otorgar una licencia ambiental a las compañías, de acuerdo con la acción legal.

El ministerio de minería y la agencia nacional de minería ARCOM no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.

Reglamentos de tierra

En dos casos históricos a principios de este año, los tribunales locales se unieron a las comunidades rurales e indígenas que argumentaron que el gobierno nacional no les informó antes de designar tierras en sus territorios para la explotación de minerales.

Un juez de la provincia de Sucumbíos, cerca de Colombia, prohibió la actividad minera en 52 concesiones, mientras que otro en la provincia sureña de Azuay detuvo una mina de oro y plata llamada Río Blanco, según informes de prensa.

Edgar Merlo , un abogado que ayudó a redactar la última demanda, dijo que los fallos envalentonaron a la administración de Cotacahi porque ocurrieron violaciones similares en Los Cedros.

La empresa minera nacional ENAMI está desarrollando las concesiones en Los Cedros en sociedad con la empresa minera canadiense Cornerstone Capital Resources.

El proyecto aún se encuentra en las primeras etapas de exploración y aún no utiliza equipos de perforación u otro equipo pesado, según Brooke Macdonald, directora ejecutiva de Cornerstone Capital Resources.

Los bosques protegidos de Ecuador están “abiertos a la exploración de minerales pero están sujetos a estrictos estándares y obligaciones ambientales supervisados ​​por el Ministerio de Medio Ambiente”, dijo Macdonald en comentarios enviados por correo electrónico.

Añadió que las compañías mineras están obligadas a remediar cualquier daño ambiental que pueda ocurrir.

La demanda presentada por el gobierno de Cotacahi dice que ENAMI ya está dañando el bosque protegido al tallar nuevos senderos en áreas habitadas por el oso andino en peligro de extinción, y al despejar el área forestal para campamentos mineros temporales.

La compañía minera nacional dijo en su sitio web que “no hubo desmonte de árboles en los proyectos mineros de Río Magdalena 1 y 2”, y que nombró las dos concesiones que se superponen con Los Cedros.

Macdonald dijo que “no se usa agua ni se cortan árboles” en la fase de exploración actual.

Pero la Fundación Thomson Reuters visitó el área en cuestión y descubrió un sitio de unos 100 metros cuadrados que había sido talado de árboles y vegetación para dar paso a un campamento minero temporal.

“Los Cedros es uno de los bosques mejor conservados de Ecuador, pero ya están viendo los impactos (de la actividad minera)”, dijo Cueva.

Para reparar el daño, los trabajadores de ENAMI plantaron árboles jóvenes en el área que despejaron, según Decoux.

ENAMI no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Legado de resistencia

En 2014, a pesar de las protestas de la comunidad, el Ministerio de Medio Ambiente le otorgó a ENAMI y al gigante chileno del cobre Codelco permiso para desarrollar un proyecto minero cerca de la ciudad de Junín en el Valle Intag.

La líder comunitaria de Junín, Rona Garson Piedra , una empleada del proyecto minero llamado Llurimagua, dijo que la agricultura solo paga alrededor de $ 250 por mes, aproximadamente dos tercios del salario mínimo de Ecuador.

En contraste, los miembros de la comunidad pueden ganar entre $ 800 y $ 2,000 trabajando en el proyecto minero, dijo.

“Nos dimos cuenta de que la agricultura, en años anteriores, nos dejó en bancarrota. Para nosotros tratar de transportar nuestros productos fuera de aquí y hacia los mercados en las ciudades más grandes es realmente difícil”, dijo Piedra a la Fundación Thomson Reuters.

Marcia Ramírez, pariente de Piedra que dirige un albergue ecológico en una reserva natural designada por la comunidad en Junín, dijo que ha perdido cinco empleados de las compañías mineras desde 2014.

“Casi todos somos familiares (en Junín) aquí, pero al comienzo del proyecto minero ya ni siquiera nos saludábamos”, dijo.

Codelco no respondió a las solicitudes de comentarios.

Contaminación del agua

El proyecto Llurimagua todavía está en la fase de exploración, pero sus impactos ambientales ya están saliendo a la luz, dicen los expertos.

Desde 2015, un colectivo independiente de 70 científicos y residentes locales ha estado siguiendo los niveles de calidad del agua en los arroyos y microcuencas que se ejecutan aguas abajo de Llurimagua.

Han documentado deslizamientos de tierra cerca de la actividad de exploración, así como niveles peligrosos de elementos químicos como arsénico, manganeso, cobre y molibdeno en las fuentes de agua.

“Esto es … muy preocupante (y) le da a uno el derecho de comenzar a cuestionar lo que sucederá una vez que las empresas comiencen a extraer”, dijo William Sacher , un académico de la Universidad Andina Simón Bolívar que lidera el colectivo.

Silvia Quilumbango , presidenta del grupo ambiental de Defensa y Conservación Ecológica de Intag, dijo que los agricultores en Intag usan pesticidas y otros químicos que se filtran en las fuentes de agua.

“Pero la contaminación de la extracción de metales es mucho más permanente (que la agricultura)”, dijo, y agregó que estaba trabajando para capacitar a más agricultores de Intag en prácticas de agricultura sostenible.

DeCoux dijo que la contaminación del agua es solo una de las razones por las que espera que los jueces otorguen una orden judicial sobre las concesiones mineras en Los Cedros.

“Ellos (las compañías mineras) tienen que construir senderos, tienen que construir caminos, tendrían que comenzar a arrancar el bosque para que esas plataformas de perforación lleguen hasta aquí”, dice. “Sería el final de esta prístina área”.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/11/en-ecuador-los-casos-judiciales-mas-importantes-desafian-los-proyectos-mineros/

Perú

Jueza dispone inicio de juicio de 19 dirigentes que protestaron contra minera Las Bambas

Fiscalía solicita 17 años de cárcel contra dirigentes de Cotabambas procesados por participar de paro indefinido. Movilización y desmanes se produjeron en el año 2015. Minera pide una reparación civil cercana a los 89 mil dólares.

A tres años del paro indefinido protagonizado por pobladores de Cotabambas contra la minera Las Bambas, la Fiscalía ratificó sus pedido de 17 años de cárcel contra 19 dirigentes. La jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, Patricia Valenza Olivera, aceptó este requerimiento el 19 de octubre y dispuso el inicio de juicio.

Al respecto, la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho solicitó entre 11 y 17 años de prisión para los implicados, además de pedir una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado. Sin embargo, el pedido de la compañía MMG Limited, dueña de Las Bambas, es más contundente dado que exige 88 mil 600 dólares de reparación.

Y aunque la defensa de los 19 dirigentes intentó que el caso sea archivado, la magistrada Patricia Valenza aprobó el auto de enjuiciamiento. La Corte Superior de Justicia de Apurímac ha sido elegida para el desarrollo de este megajuicio.

El paro indefinido inició el pasado 28 de septiembre del año 2015, debido a cambios en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas. La movilización dejó tres personas muertas y varios heridos. Las autoridades de Cotabambas reclaman que no se haya realizado ningún proceso judicial con respecto a la muerte de los dirigentes.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1349349-cusco-jueza-dispone-inicio-juicio-19-dirigentes-protestaron-minera-bambas

Argentina

La Provincia dice que no está autorizada

“No hay autorización de Minería”. El secretario de Minería de la Provincia, Aldo Bonalumi, aseguró que ninguna cantera de La Playa está autorizada para extraer el granito.

“La Provincia no puede otorgarle certificado de productor minero porque no cumplen con muchas obligaciones; entre ellas, la tenencia del suelo”, afirmó.

“En este momento no tendrían que poder trabajar y la cuestión ambiental está en trámite”, dijo Bonalumi, quien agregó que las canteras fueron clausuradas por Minería y por la Policía Ambiental.

“La Provincia no ha autorizado la explotación de esa área. Es una explotación vieja, pero se tienen que actualizar los permisos, lo estudios de impacto ambiental”, expresó.“Cuando siguen trabajando a pesar de las clausuras, el tema debe seguir en la Justicia”, acotó y enfatizó: “Exigimos que el que explota tiene que demostrar que realmente es el dueño del superficiario”.

Explosiones

A través de la ley 10.308, la Legislatura provincial creó en 2015 la Reserva Arqueológica de Guasapampa junto con la del Quilpo.

La legislación señala claramente que en las áreas comprendidas en las reservas “todo trabajo de excavación, construcción, edificación, actividad agrícola, trabajos de minería en cualquiera de sus fases, industriales, u otros de índole semejante, no podrán iniciarse sin la previa autorización de la Autoridad de Aplicación”, que en este momento es la Agencia Córdoba Cultura.

Este jueves, mientras La Voz recorría la Reserva, se escucharon explosiones y el ir y venir de máquinas fue incesante.

Trabajos de arqueólogos –entre los que se destaca el de Carlos Romero a finales de la década de 1960– dan cuenta del valor patrimonial del arte rupestre de la zona.

Romero relevó de manera exhaustiva las pinturas rupestres y los elementos de extremo valor arqueológico que existían en la región. En un relevamiento más reciente –realizado en 2006 y en 2007 por los antropólogos Alfonso Uribe y Soledad Ochoa– se encontraron 43 aleros (con 450 figuras) en una zona arqueológica de cerca de 21 kilómetros cuadrados.

Fuente:http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/provincia-dice-que-no-esta-autorizada

Colombia

Gobernación demandó los acuerdos que prohíben minería en municipios de Antioquia

Desde la secretaría jurídica de la Gobernación de Antioquia se entabló una demanda ante el Tribunal Administrativo contra los acuerdos de los 15 concejos municipales que prohíben la minería en esos territorios, luego de la sentencia de la Corte Constitucional que asegura que este tipo de decisiones solo las podrá tomar la Nación.

Según la secretaria de minas del departamento, Dora Elena Balvín, esos acuerdos de los municipios tienen invalidez jurídica y Antioquia está dejando de recibir regalías por la suspensión de la minería en esas zonas.

La sentencia se contrasta con el caso del municipio de Urrao, donde el Consejo de Estado aseguró que los concejales sí tienen la competencia para permitir o no el uso del subsuelo para esa actividad.

Fuente:https://www.bluradio.com/medellin/gobernacion-demando-los-acuerdos-que-prohiben-mineria-en-municipios-de-antioquia-195548-ie1994153

Perú

POBLADORES Y DIRIGENTES DE JIMBE CONSTATAN CONTAMINACIÓN DE LAGUNA

• Unas 30 personas llegaron a Laguna Mata Mata y encontraron a operarios de Minera Casapalca colocando tuberías.
• Piden intervención de Fiscalía del Ambiente y Autoridad local del Agua.

Pobladores de Jimbe y dirigentes del Frente de Defensa de este distrito se dirigieron a la laguna Mata Mata a constatar las versiones de presunta contaminación minera en dicha laguna, medida que marcaría el inicio de acciones decididas en defensa de los recursos naturales de la zona.

La visita de más de 30 pobladores a dicha laguna que se ubica a más de 4,800 metros sobre el nivel del mar, la más alta del distrito, se realizó el pasado 29 de Octubre tras un largo y extenuante recorrido.

En el lugar constataron la existencia de instalaciones de una suerte de campamento de la compañía minera Casapalca en el cual encontraron a algunos obreros, maquinarias y conexiones de tuberías hacia la laguna.

Los comuneros dedujeron que de las gruesas mangueras usadas como tuberías conectadas con la laguna se estaría extrayendo agua para los trabajos de minería lo que hace temer que en un tiempo determinado podría quedar seca.

El temor de los pobladores también es que además de una presunta contaminación y después que quede seca la laguna, la empresa Casapalca estaría extrayendo los minerales que aparentemente existen en el fondo de ella, especialmente el referido al oro.

Tras este hallazgo los pobladores Jimbe piden la intervención de autoridades como la Fiscalía del Ambiente, de la Autoridad Local del Agua, a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Nepeña, entre otros para para evitar que se prive de tan importante recurso a la población del distrito y por el contrario lo utilicen para trabajos de minería informal.

Fuente:http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/103748-2018-11-03-06-35-40

 

Internacional

Nace «Sierra de Gata viva», la cuarta plataforma anti—minería a cielo abierto de Extremadura

«Sierra de Gata viva» es ya la cuarta plataforma ciudadana anti-minería a cielo abierto que se constituye en Extremadura, luego de la «Raya sin mina» en Valencia de Alcántara, «Tamuja» en Plasenzuela y «Salvemos la Montaña» en Cáceres. Precisamente con ésta última contactaron los vecinos de los municipios afectados por el proyecto de investigación “El Rodeo” recientemente publicado en el BOP.

La compañía OSTROM ASC 21 ha pedido un permiso de investigación en un zona de gran valor medioambiental, contempla hasta 77 cuadrículas y su objeto final es abrir una mina a cielo abierto para extraer oro, estaño y wolframio.

El proyecto abarca más de 2.100 hectáreas y entre los términos municipales afectados se encuentran Villasbuenas de Gata, Hoyos, Robledillo de Gata, Perales del Puerto y Gata.

Los vecinos han presentado cerca de 70 alegaciones ante la Consejería de Economía e Infraestructuras. La principal de ellas se refiere a la “falta información pública”, según detalla en la SER su portavoz Manuel Pérez, y también, a la ausencia de una nueva declaración de impacto ambiental tras una modificación del proyecto inicial.

En la zona hay además otros tres proyectos que preocupan a la plataforma: el de la mina ‘Frontera’, en los términos municipales de Cilleros y Zarza La Mayor; y ‘Calzadilla’, en Calzadilla, Guijo de Coria, Santibáñez el Alto y Villa del Campo.

Desde la plataforma señalan que sólo la realización de las catas para investigar si existe suficiente mineral que haga rentable la explotación, supone un perjuicio a la zona. Recuerdan además que una mina a “infierno a abierto” supone “la puesta en marcha de procesos altamente contaminantes que filtran sustancias tóxicas a acuíferos y aguas subterráneas”, con el consiguiente perjuicio a la agricultura, la ganadería, al turismo y a la salud de las personas.

Fuente:http://cadenaser.com/emisora/2018/11/03/ser_caceres/1541255211_161282.html

Internacional

Ecologistas en Acción alerta del peligro de este «boom» de la minería

La asociación Ecologistas en Acción alerta del peligro este «boom» de la minería a cielo abierto, de esta «avalancha» de proyectos mineros en todo el territorio español y no solo en Extremadura por parte de multinacionales que actúan como verdaderas «depredadoras» del territorio.

En declaraciones a Efe, la portavoz de Ecologistas en Acción de Extremadura, Carmen Sánchez, ha explicado que esta «epidemia» de minería ha llevado incluso a crear un grupo especializado dentro de la propia organización para poder seguir la tramitación de este tipo de proyectos y presentar las alegaciones que sean necesarias, algo que reconoce que no es fácil.

A su juicio, este «boom» de proyectos mineros responde a los criterios meramente especulativos y bursátiles de determinadas multinacionales, que «quieren arañar los restos de minas que ya han estado abiertas».

Este sería el caso, por ejemplo, del proyecto para la extracción de oro en La Codosera, para lo que sería necesario emplear cianuro, con el peligro de contaminación que conlleva, según ha explicado.

En ese mismo sentido, Carmen Sánchez advierte de que el impacto ambiental de este tipo de proyectos a cielo abierto iría mucho más allá de lo que a simple vista puede observarse, pues «no es solo que se llevan el suelo y la diversidad que hay en ellos, el problema es que se cargan los acuíferos».

Esto, en su opinión, es «clamoroso» en el proyecto de la mina de litio de Valdeflores en Cáceres, pues además de las voladuras, el polvo y el cráter que dejaría, la extracción de este mineral necesita «una cantidad ingente» de agua en una ciudad en la que ésta no sobra.

Ecologistas en Acción tiene presentada alegaciones a las minas de oro y litio en La Codosera y Cáceres, así como a la del «Gato Montés» para la extracción de cobre, hierro y oro en Alconchel por los graves daños ecológicos y por el impacto ambiental y social que tendrán estos proyectos.

Carmen Sánchez advierte también del peligro de la proliferación de proyectos mineros en la comarca cacereña de Gata, de gran riqueza medioambiental.

Por ello, se ha constituido recientemente una plataforma, «Sierra de Gata viva», que, asesorada por el colectivo «Salvemos la montaña» de Cáceres, quiere hacer frente a los permisos de investigación minera otorgados en la zona, al igual que ha ocurrido en la comarca de Alburquerque, donde se ha constituido el colectivo «La Raya sin mina».

Para la portavoz de Ecologistas en Acción, las multinacionales mineras han encontrado en España «la gallina de los huevos de oro» con la Ley de Minas de 1973, «predemocrática» y «totalmente obsoleta», pues prima el desarrollismo y el interés empresarial por encima de la defensa del medio ambiente.

Además, señala que la sociedad no debe dejar engañarse por las promesas de puestos de trabajo que estas empresas dicen crear, pues, en su opinión, «serán muchos más los que se destruirán».

Carmen Sánchez considera también un «sinsentido» que Europa alimente este tipo de iniciativas al mismo tiempo que propugna la defensa del medio ambiente, cuando detrás de estos proyectos están empresas que no son europeas, sino canadienses o australianas y que «lo que lo que vienen es a llevarse el mineral y a dejar el daño ecológico y punto».

Insiste en que no se le puede poner «la alfombra roja» a estos proyectos y se pregunta cómo encaja este modelo industrial con la economía verde y circular que propugna la Junta de Extremadura.

Por otra parte, la portavoz de Ecologistas en Acción denuncia que «no es fácil seguirles la pista» a todas estos procesos de permisos de investigación o explotación minera, y denuncia que «hay ocultismo» y falta de transparencia, así como de difusión de la documentación sometida a información pública. EFE.

Fuente:http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20181104/ecologistas-accion-alerta-peligro-3938999_age.html

Honduras

DENUNCIA URGENTE: Cese la brutal campaña de represión contra defensores ambientales en la región del Bajo Aguan, Honduras.

La Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-, denuncia la brutal campaña de represión desatada por la policía militar hondureña en coordinación con equipos de seguridad privada de la empresa Inversiones los Pinares contra lideresas y líderes comunitarios y defensores ambientales miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, Colon.

Desde los primeros días del mes de agosto ciudadanos de Tocoa establecieron el «Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida» en protesta por permisos de explotación de óxido de hierro extendidos en el año 2014 a la empresa Inversiones los Pinares, antes llamada Emco Mining Company, de manera irregular.

La empresa es propiedad de Lenir Pérez, empresario vinculado a contratos otorgados de forma ilícita por el gobierno de Juan Orlando Hernández y quien ha sido previamente vinculado a crímenes ambientales por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA). Un reporte de SERNA en el 2012, encontró que el proyecto minero Buena Vista I, de la propiedad de Pérez, causo deforestación desmedida, contaminación de suministros de agua y la desaparición de peces de los ríos debido a residuos mineros que no fueron debidamente desechados.

Líderes de organizaciones sociales atribuyen a la empresa el establecer sus operaciones sin consulta previa a las comunidades del municipio de Tocoa y demandan que la municipalidad realice un cabildo abierto, requerido por ley, para determinar si las comunidades afectadas están de acuerdo con dicho proyecto.  La principal preocupación de los pobladores de Tocoa es la destrucción de reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, conocido previamente como Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; fuentes hídricas que alimentan de agua potable la región del Bajo Aguan y los departamentos Colon, Olancho y Atlántida.

El día 27 de octubre, a tempranas horas de la mañana, pobladores reportaron el desplazamiento de más de mil efectivos militares y patrullas policiales del gobierno hondureño acompañados con armas y tanquetas.  Las mismas fuerzas de seguridad estatal procedieron a desmantelar por la fuerza el campamento ocupado por unos 200 líderes comunitarios integrantes de la resistencia de Guapinol.  Según testimonios, cientos de bombas lacrimógenas y el uso desmedido de la fuerza fueron utilizadas en esta acción contra la población civil que resulto en decenas de heridos, intoxicados por gas lacrimógeno, tres personas detenidas por las autoridades y la muerte del defensor Levin Alexander Bonilla de 32 años, residente de la comunidad de Ceibita.

Esta acción militar se le suma a la campaña de criminalización liderada por políticos locales, medios de comunicación y empresarios contra defensoras y defensores ambientales y la campaña de represión liderada por miembros de la seguridad privada de la empresa, que desde inicios de la resistencia pacífica, ha sido responsables de amenazas, acciones de intimidación y ataques con armas de fuego contra miembros de la resistencia. El 15 de agosto de 2018, un defensor ambiental resulto herido de bala por miembros de la seguridad de la empresa. Hasta la fecha la policía local se ha rehusado a investigar el crimen.

Un día después del desmantelamiento del campamento, organizaciones de la sociedad civil denuncian el incremento de la represión y represalias por parte de la seguridad de la empresa. La lideresa Irma Serrano fue secuestrada por mas de veinte horas, junto a sus dos hijas, después que su casa fuera incendiada por individuos encapuchados.

Por lo establecido anteriormente, las organizaciones de la Alianza Centroamericana frente a la Minería expresamos nuestra profunda solidaridad a los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, ademas:

-Demandamos el cese inmediato de la campaña de criminalización y violencia contra defensoras y defensores ambientales de Tocoa.

-Hacemos responsables al empresario Lenir Pérez, al presidente Juan Orlando Hernández y al alcalde de Tocoa Adán Funes Martínez, por la seguridad física y daños materiales contra lideres y lideresas de Tocoa y denunciamos los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos contra dicha población.

-Nos unimos a las organizaciones sociales y comunidades de Tocoa y de la región del Bajo Aguan en demandar que se cancelen los 6 proyectos de explotación y  69 concesiones de exploración vigentes en el departamento de Colon.

-Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente a las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, a monitorear la situación en Tocoa y tomar las medidas necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas en este conflicto socio ambiental.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/noticias-regionales/honduras

Perú

Cambio climático: La problemática de la gestión de recursos hídricos

Doménica Villena, especialista ambiental en cambio climático y bosques de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), y Pavel Aquino, especialista ambiental en minería y recursos hídricos, hablaron sobre la importancia histórica de la gestión del agua.

En diálogo con el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), los especialistas abordaron cuál es la tendencia, los paradigmas que van surgiendo y hacia donde estos se dirigen en materia de gestión hídrica.

Según señaló Aquino, la historia hídrica tiene momentos determinantes —como los actuales— que lograron mejoras, aunque esto demandó gran trabajo por parte de la población. Luego, hizo referencia a la legislación hídrica en época de la colonia para consecuentemente darse la Ley de Aguas.

Por otro lado, resaltó que existía propiedad privada del agua y propiedad privada del suelo en los años de los grandes latifundios. Este tipo de gestión predominó hasta 1969, año en que ocurre cambios sustanciales con la Reforma Agraria.

Por su parte, Villena comentó sobre la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad que bajo su perspectiva debería pasar a la rectoría del Ministerio del Ambiente (MINAM). Además, abordó un tema de actualidad relacionado a la reglamentación de la Ley Marco del Cambio Climático.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-entrevistas/20/10/2018/la-problematica-de-la-gestion-de-recursos-hidricos-y-la-adaptacion?fbclid=IwAR3eh9HiYh8RyJjTBc_yd57ivXGZhheDKyuBjfoxrKt7t6XiAqEDzuOaXz8