Andes sería el primer municipio de Antioquia en erradicar el mercurio de la minería

26 abril, 2018 Autor: Luisa Fernanda Rodríguez Jaramillo. Opinión y Salud.

El municipio de Andes avanza en lograr la certificación como la primera población libre de mercurio en la minería, al considerar la buena práctica como una estrategia de evolución ambiental y minera, lo cual está consagrado en su Plan de Desarrollo.

El alcalde de la capital del Suroeste antioqueño, John Jairo Mejía Aramburo explicó en el marco del evento ‘Antioquia sin mercurio’ que su administración conjuntamente con la Universidad de Antioquia, mediante el grupo de investigadores ‘Metales Preciosos’, trabaja para lograr ese propósito, iniciativa que ha recibido el aval de la Gobernación.

“La minería tendrá futuro en la medida en que cumpla las normas y esta es una gran oportunidad para los mineros del municipio de Andes y para la administración municipal que tiene como objetivo dentro de su Plan de Desarrollo ‘Andes inclusión, orden y progreso verde’, en el progreso verde tener progresos económicos, pero con el cumplimiento de las normas ambientales”, aseveró el mandatario local.

En Andes el Municipio, el Departamento y Corantioquia (autoridad ambienta) adquirieron un predio de 4.500 hectáreas para la conservación bosque montano, pre montano y páramo, ahí se ubica la laguna Santa Rita, así como unos nichos ecológicos importantes que se deben preservar.

Además, la tarea que se empezó a hacer en 2016 fue el retiro de la actividad minera del predio el Silencio, la cual cumplió el objetivo al cabo de un año y las personas que trabajaban allí entendieron que el Municipio avanza tanto en procesos mineros y como de conservación.

Se revisará el área en cuestión de un mes con el fin de verificar que se ha respetado la directriz de no ejercer la minería dentro del predio. En dos o tres meses funcionarios de la Alcaldía y del Ejército cerrarán todas las bocaminas de El Silencio.

Los mineros han sido receptivos, algunos hacen parte de la mesa ambiental y la mesa minera en el municipio, especialmente en el corregimiento Santa Rita.

Aclaró el Alcalde que la meta de ‘Andes libre de mercurio, no es solo de la administración, sino también de esos trabajadores.

En la actualidad en esa población hay 17 entables, de los cuales 12 están en vía de la certificación para cero mercurio, otros están abandonados y entrarán en el proceso de limpieza de pasivos ambientales, pues tienen unos excedentes de minería que son peligrosos para el medio ambiente; esto ayudará a cerrar el círculo del uso de ese metal líquido en el territorio andino, iteró el mandatario local.

A su turno el viceministro de Minas y Energía, Carlos Andrés Cante Fuentes dijo que de la mano con la Gobernación ha trabajado en varias acciones, una de ellas permitió saber que el 30 por ciento de las unidades de beneficio que usan mercurio en Colombia están en Antioquia.

Asimismo, se ha laborado en la formalización de la pequeña minería y se ha logrado reducir cerca de 25 toneladas de mercurio que se venían empleando, así como la implementación de otras políticas públicas para el control y coerción en el ejercicio de la actividad minera.

En el territorio antioqueño se tiene más de 50 subcontratos de formalización suscritos y se estima que al finalizar el actual período de gobierno departamental se tengan más de 200. Es decir, alrededor de 15 personas estén formalizadas.

Existen dos áreas que ha cedido la firma Mineros S.A. para cerca de 400 personas también y se han delimitado casi 20 zonas de reserva para la pequeña minería con alrededor de 500 trabajadores de ese sector económico, añadió el Viceministro.

Durante el evento el gobernador Luis Pérez Gutiérrez; el Alcaldía de Andes y un delegado de la Universidad de Antioquia firmaron el Acta de Intención para adelantar acciones que regularicen en ese municipio la actividad minera y así alcanzar la meta de cero mercurio.

Del más contaminado al menos

En su intervención el Gobernador apuntó que la idea es lograr que Antioquia sea el territorio menos contaminado con mercurio, pues en la actualidad es uno de los más perjudicados en el mundo.

En consecuencia, se han hecho muchas tareas para alcanzar el objetivo y ya se tienen diez avances, gracias al apoyo del Ministerio de Minas, las autoridades, el sector académico con sus investigadores, las grandes empresas mineras, las corporaciones autónomas ambientales, las alcaldías y los mineros ancestrales o tradicionales.

Pérez Gutiérrez recordó que lo primero fue tramitar la ordenanza que prohíbe en Antioquia el uso del mercurio y que “por ello quien lo siga haciendo será perseguido como un delincuente”.

Entre los diez logros están el ‘Diseño e implementación de prototipo a escala de laboratorio de planta de procesamiento de oro, cero mercurio’, para beneficiar a 15.000 habitantes de los municipios de Puerto Berrío y Remedios, proceso de recuperación del metal precioso implementado en biotecnología para el servicio de pequeña minería en Colombia. Ahí la inversión fue de 1.703 millones de pesos con recursos de regalías.

Los investigadores desarrollaron un microorganismo para extraer el oro sin usar mercurio, bajando considerablemente los niveles de contaminación. Esta iniciativa, que fue nominada al ‘Mejores regalías invertidas en Colombia’, se adelanta entre la Gobernación departamental y la Universidad Pontificia Bolivariana.

En segunda instancia está la transferencia de tecnología para la pequeña minería y barequeros, se han capacitado a 600 personas y eliminadas 2.0 toneladas de mercurio por año. Los municipios impactados son Anorí, Cáceres, Segovia, Amalfi, Remedios, Tarazá, Barbosa y Girardota.

También está la aplicación de la nanotecnología y biotecnología aplicada al beneficio del oro. Se instaló una planta de beneficio industrial con nanotecnología, cero mercurio y reducción del consumo de cianuro en 80 por ciento, entre otros logros.

El cuarto avance es la recuperación de terreno degradado por la minería, en total 1.400 hectáreas rehabilitadas en el Bajo Cauca, 344 mineros de subsistencia intervenidos en mejores prácticas mineras ambientales. Prueba piloto para el tratamiento de aguas y mejoramiento de recurso hídricos contaminados con mercurio con el apoyo de la corporación autónoma regional Cornare.

En quinta instancia está la caracterización de la cadena productiva de oro en Segovia y Remedios.

Además, se tiene cooperación internacional con Usaid para 300 familias involucradas en el proyecto productivo alternativo. Eliminación de 7.2 toneladas de mercurio emitidas al medio ambiente. Implementación de monitoreo de protocolo para la erradicación del metal líquido en los municipios de Segovia, Remedios, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Santa Fe de Antioquia.

Siete lineamientos para la creación de zonas industriales mineras formuladas con la Universidad de Antioquia

Pérez Gutiérrez precisó que en Segovia 3.400 trabajadores ya han sido caracterizados y en Buriticá otros 800. Con el apoyo de una gran empresas minera francesa se construirá para Segovia y Remedios una Zona Industrial Minera con el propósito de mejorar esta actividad, modernizarla, no emplear el metal líquido y mejorar los ingresos de los mineros.

Otro avance es la minería de subsistencia, dirigida a potenciales usuarios de mercurio. Reducción de 18.819 mineros de subsistencia, mayores consumidores de ese elemento, principalmente en Puerto Berrío.

A la fecha unos 5.000 pequeños mineros de Caucasia, Remedios, Santa Fe de Antioquia Amalfi, Briseño y Segovia ya cuentan con el RUT, agregó el Gobernador.

El décimo avance es el fortalecimiento para la regularización de la actividad minera y erradicación del uso del mercurio, formalización de 800 mineros en el territorio antioqueño, a través de subcontratos de formalización, a quienes se les da el apoyo técnico para que no usen mercurio en sus procesos, lo cual ha contado con el respaldo del Ministerio de Minas y Energía.

Fuente:https://www.opinionysalud.com/andes-seria-primer-municipio-antioquia-erradicar-mercurio-la-mineria/

Colombia

15 de julio, fecha para la consulta popular contra minería en Salento

25 abril, 2018 Autor: Tatiana Palacio Mejía .LA CRÓNICA

Por medio de un decreto, la alcaldía convocó a la ciudadanía a participar en la jornada electoral para determinar si se aceptará la explotación de metales y piedras preciosas.

Para el próximo 15 de julio quedó programada la consulta popular en contra de la megaminería en Salento, así lo dio a conocer la alcaldía de la localidad con la expedición de un decreto por medio del cual convoca a la ciudadanía a participar de la jornada electoral.

“Convocar a los habitantes del municipio para que participen en la jornada electoral de consulta popular en la que se someterá a consideración la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Salento se adelanten actividades de minería de metales y piedras preciosas a pequeña, mediana y gran escala?”, dice el decreto.

Afirma: “A partir de la fecha de promulgación del presente decreto, hasta el 14 de julio de 2018, cualquier ciudadano podrá hacer campaña a favor, en contra o por la abstención, con sujeción a los artículos 34 y 35 de la ley 1757 de 2015”.

En el documento, firmado por Amanda Tangarife Correa como alcaldesa encargada del ‘Municipio Padre’, afirma que en la localidad hay ocho títulos mineros vigentes por explotación de aurífero y otros metales, según el registro minero nacional.

“Los títulos tienen sus polígonos en áreas de importancia ecológica, comprometiendo el 17,5% del área total del municipio. Asimismo, la autoridad minera tramita otros 11 títulos por explotación de metales y piedras preciosas, los cuales, sumados, comprometen un área que representa el 10,9% del territorio municipal”.

Manifiesta que entre los títulos vigentes y las solicitudes, se afecta un total del 28,4% del territorio del municipio por explotación minera. “Este escenario podrá afectar zonas de importancia ambiental como páramos, el Distrito Regional de Manejo Integrado, Drmi, reservas de la sociedad civil y las áreas protegidas, además de bienes de interés cultural como el Paisaje Cultural Cafetero, PCC, el Camino Nacional y el valle de Cocora, entre otros”.

Finalmente, la administración municipal manifiesta que, a pesar de que existe inseguridad jurídica con respecto a las consultas populares, le corresponde continuar con trámite de convocatoria consagrado en la ley 1757 de 2015. “Se adelantan las acciones administrativas y judiciales que corresponden para la ejecución adecuada de este mecanismo”.

El tribunal dio vía libre

El pasado 5 de abril, el Tribunal Administrativo del Quindío, TAQ, declaró constitucional la pregunta de la consulta popular, que busca indagarle a los salentinos si están de acuerdo o no con que se desarrollen actividades de minería.

La pregunta fue aprobada en un fallo de 14 páginas cuyo ponente fue el magistrado Juan Carlos Botina Gómez, quien confirmó que el proceso está ceñido a las normas constitucionales y los municipios tienen competencia para decidir sobre estas actividades.

“Se concluye que es procedente la consulta popular que promueve el municipio de Salento en esta oportunidad, en la medida que la pregunta que se pretende poner en consideración de la comunidad está planteada de manera clara, precisa y sin que induzca al votante a una confusión o equívoco y toda vez que, como quedó analizado en líneas anteriores, Salento tiene competencia para realizar la misma”, argumentó la sentencia.

Fuente:http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-15-de-julio-fecha-para-la-consulta-popular-contra-mineria-en-salento-cronica-del-quindio-nota-119827

El Salvador

Demandamos cumplir Ley de Prohibición de la Minería / Mesa frente a la Minería

25 abril, 2018 Autor: Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvado

Estimadas, estimados:

En el marco del Día de la Tierra, y a las puertas de la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM difunde posicionamiento en el cual demanda compromiso de las y los nuevos legisladores con el tema ambiental, así mismo demanda del Estado cumplir con la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su Reglamento.

En el marco delDía de la Tierra, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador-MNFM, reitera
el llamado al Estado para que actúe en defensa de los bienes naturales y comunes, no cediendo a presiones de sectores empresariales y grupos económicos, que profundicen aún más las deplorables condiciones ambientales en las que se encuentra el país.

Un ejemplo de lo anterior, es la solicitud de reforma al Artículo 105 de la Constitución de la República presentada a iniciativa de los partidos ARENA, GANA y PDC, sobre el límite de posesión de tierras rústicas por considerar que lo establecido en la Carta Magna, es un obstáculo para las inversiones productivas y el crecimiento económico. Estos institutos políticos, reconocieron que hay presiones de ciertos inversionistas que desean ampliar sus terrenos.

La Constitución de la República, establece que la extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica, no podrá exceder de 245 hectáreas. La derecha ha argumentado que a casi 40 años de la reforma agraria al limitar el derecho de adquisición de tierras rústicas, se restringe el trabajo agrícola, determinante para el crecimiento económico, la generación de empleos y la seguridad alimentaria.Otro caso, es la denuncia contra el proyecto urbanístico “Las Victorias” ubicado en Nahuilingo, Sonsonate, que representa un peligro para el Río Ceniza por el vertido de aguas residuales, además de la destrucción del Sitio Arqueológico Tacuzcalco, el cual fue nombrado en 1997 como patrimonio cultural por tratarse de un centro ceremonial indígena.

Se trata de un complejo habitacional, que ha irrespetado los permisos otorgados por el Ministerio del Medi oAmbiente. La empresa Fénix S.A. de C.V. a cargo de este proyecto, utiliza la necesidad del empleo para que sus trabajadores demanden del Juzgado Ambiental de Santa Ana, suspenda las medidas cautelares decretadas para detener la construcción de dicho proyecto.

Igual ha ocurrido con el sitio arqueológico Chuchucato, ubicado entre los ríos Talnique y Chuchucato, en el valle de Zapotitán, donde existe un interés de empresas por construir infraestructura atentando contra los sitios arqueológicos, contra la naturaleza, y los ríos.

No basta con presentar iniciativas a favor del medio ambiente y aprobarlas si estas no se cumplen, como es el caso de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su Reglamento, que ya tiene un año desde aquel histórico día, y no se ha hecho efectiva en disposiciones claves como: la remediación ambiental, los cierres técnicos de las minas, y construir alternativas económicas para las familias que sobreviven de la minería artesanal, que puedan aliviar su situación económica.

En este último aspecto, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica señala en su Artículo 2, que las familias que subsisten de la minería artesanal tienen un plazo de 2 años, para que se dediquen a otra actividad productiva con el apoyo del Estado. Es decir, que en abril del 2019, no debe existir minería artesanal en el país, pero no hay avances para acompañar a las familias “guiriseras” , como se les conoce.
A la Mesa le preocupa además, que pese a la prohibición de la exploración y explotación de minerales, tanto a cielo abierto como a nivel subterráneo, la transnacional Oceana Gold continúa instalada en los territorios de Cabañas, esperando a que la nueva Asamblea Legislativa revierta la Ley y la voluntad de las y los salvadoreños de rechazar este tipo de industrias a gran escala, por su impacto negativo en el medio ambiente, principalmente en el agua.

La última hazaña de esta empresa minera, es revivir su gastada campaña de la “minería verde” en un intento más, por hacer retroceder la decisión tomada por todos los partidos políticos representados en la saliente Asamblea Legislativa. Dicho sea de paso, la legislatura que esta por terminar su periodo, deja varios temas vitales pendientes como: La Ley General del Agua, tal como lo piden las comunidades y organizaciones ecologistas, la Ley de Soberanía Alimentaria, el tema de agrotóxicos y otros.

En el Día de la Tierra: Demandamos Cumplir la Ley de Prohibición de la Minería Metálica

Comunicado de Prensa

La conmemoración del Día de la Tierra, ocurre a pocos días de que tome posesión la nueva Asamblea Legislati-
va, electa el pasado 4 de marzo. La Mesa denunció durante la campaña proselitista, que las plataformas legisla-
tivas ofertadas a la ciudadanía por los partidos políticos, no contemplaban el componente ambiental como una

prioridad para los próximos 3 años.
Ante lo antes expuesto, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador:
I. Demanda de los diputados y diputadas que asumirán funciones el 1 de mayo próximo, asumir el compromiso

de no derogar ni modificar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, pues hay una decisión firme de la pobla-
ción de rechazar este tipo de industrias, expresada en distintas consultas municipales y encuestas de opinión.

II. Exigimos nuevamente al Estado salvadoreño, implementar efectivamente la Ley de Prohibición de la Minería
Metálica, dando cumplimiento al Artículo 2, que hace referencia a la minería artesanal, a los cierres técnicos y la
remediación ambiental.
III. A la empresa Oceana Gold que suspenda su engañosa campaña, y respete la voluntad de El Salvador de
no explotar oro y plata.

IV. La nueva Asamblea Legislativa debe responder a las necesidades de la población aprobando una Ley Ge-
neral de Agua, tal como la proponen las comunidades y organizaciones ambientalistas, así como aprobar una

Ley de Soberanía Alimentaria y prohibir los agrotóxicos.
V. Pedimos al Estado no dejarse presionar por sectores empresariales y de grupos económicos, que buscan
generar ganancias a costa de profundizar la destrucción de los recursos ambientales que todavía posee el país.
VI. A las comunidades y movimiento social de todo el país, estar alertas sobre cualquier intento de violaciones

contra los derechos humanos a la vida, al agua, al medio ambiente sano, a la soberanía de los pueblos, y a re-
afirmar el compromiso de defender el legado de nuestros compañeros y compañeras ambientalistas asesinados

en Cabañas: Marcela Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto y su bebe no nacido.

San Salvador, 23 de abril de 2018
Contacto de Oficina: 2236-1826

Comunicado de Prensa

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador

Fuente:https://es.calameo.com/read/001825566186080b9434e

Guatemala

Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana frente a la Minería

25 abril, 2018 Autor: Acafremin.org

El estado del derecho a la consulta previa, libre e informada en Centroamérica , Abril 26 y 27 Ciudad de Guatemala

Representantes de movimientos sociales de la región Centroamericana, ambientalistas, defensores de derechos humanos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas entre otras expresiones organizadas se darán cita en el II Encuentro Regional de la Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-, a realizarse en la ciudad de Guatemala los días 26 y 27 de abril del presente año con el tema del “Estado del derecho a la consulta previa, libre e informada en Centroamérica”.

En el encuentro líderes sociales y representantes de organizaciones solidarias internacionales tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias sobre el avance de la resistencia ante proyectos extractivistas, analizar el contexto político y socio económico actual de la región e imaginar soluciones a los desafíos que las industrias extractivas representan en la región CA4.

El énfasis de análisis de este encuentro se centrara en El derecho humano a la Consulta Previa, Libre e Informada reconocido por la mayoría de gobiernos centroamericanos signatarios de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.

A pesar que los gobiernos nacionales han asumido compromisos a través de tratados internacionales, la gran mayoría de comunidades afectadas por proyectos extractivos en sus territorios no son consultadas sobre la deseabilidad de estos proyectos, y lo que es más, la oposición social organizada a estos proyectos es reprimida de manera violenta con la complicidad de los gobiernos de turno, empresas privadas, e instituciones de seguridad estatal.

Ante esta situación las comunidades de la región CA4, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, han implementado campañas de consultas comunitarias como mecanismos efectivos para ejercer el derecho a consulta y así defender su integridad cultural, ambiental y territorial. Arraigadas en tradiciones ancestrales de toma de decisiones participativas, o fundamentadas en mecanismos de consulta previstos en legislación local, estos procesos de consulta organizados desde las comunidades han logrado avanzar el debate público sobre este derecho y al mismo tiempo han logrado fomentar la transparencia en procesos de licitación y emisión de licencias para proyectos extractivos.

Sin embargo, la legalidad de las prácticas comunitarias de consulta está siendo desafiada por el sector extractivo, mientras que el mismo sector incide para que gobiernos nacionales formulen mecanismos oficiales de consulta diseñados para favorecer corporaciones multinacionales. Estas corporaciones disfrutan ya de amplia influencia en el desarrollo de políticas domésticas en gobiernos de la región y de derechos vinculados a tratados comerciales y acuerdos bilaterales de inversión que les permiten violentar leyes locales, crear escenarios de violación a derechos humanos y demandar a gobiernos en tribunales supranacionales (ISDS) en aras de garantizar sus inversiones y utilidades.

En este segundo encuentro de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería busca como objetivos:

• Analizar el estado del derecho a la consulta previa, libre e informada en la región.

• Conocer diferentes marcos legales de aplicación al derecho de consulta.

• Intercambiar experiencias de procesos de consultas comunitarias realizados en países de la región CA4.

• Avanzar una definición y práctica del derecho a la consulta basado en la perspectiva de las comunidades afectadas por el extractivismo y compartir estrategias de incidencia para defender este derecho de manera colectiva ante gobiernos nacionales y mecanismos de integración regional.
Abril 26-27, 2018, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Fuente: www.acafremin.org

Colombia

Niños de Santander realizan hoy una consulta para rechazar o apoyar la minería

25 abril, 2018 Autor: Redacción Vanguardia

Por : Redacción Vanguardia

Estudiantes de 30 sedes educativas del municipio de El Peñón, Santander, participan este miércoles en una consulta popular simbólica para expresar si están o no de acuerdo con la explotación minera y petrolera en ese municipio.

El alcalde de El Peñón, Francisco Jesús Cruz Güiza, explicó a Vanguardia.com que se trata de aproximadamente 900 niños entre los siete y 17 años, quienes acudirán a 33 puestos de votación, instalados tanto en el área rural como en la urbana. «Van a contestar la pregunta. Para nosotros como municipio tiene efecto vinculante, porque es la decisión de los niños y adolescentes».

El mandatario aseguró que los estudiantes se pronunciarán libremente, después de haber asistido a un proceso pedagógico sobre los pro y los contra de la minería. «La idea es que hasta la vereda más lejana participe y que lo hagan muy bien informados, con buenos argumentos».

Además, Cruz Güiza señaló que el proceso contará con garantes que verificarán que el proceso se haga con transparencia. «Desde ayer hay gente viajando para hacer el acompañamiento a la actividad. Funcionarios de la Alcaldía y de otras organizaciones como ‘Vélez 500 años’ y delegados de la iglesia, garantizarán que por ningún motivo se vaya a presionar a los niños. Tiene que ser absolutamente la voluntad de los niños y jóvenes».

¿Y la consulta popular?

Para el pasado 5 de noviembre se había programado realizar una consulta popular en El Peñón, para que sus habitantes expresaran si estaban de acuerdo con algún tipo de minería. Sin embargo, este mecanismo de participación no se pudo aplicar, debido a que se realizó la consulta presidencial del Partido Liberal acopió los recursos ($40 mil millones).

Por este motivo, el Alcalde de El Peñón afirma que la consulta popular simbólica también es llamado de atención al Gobierno Nacional para que reprograme dicho proceso. «Muchos campesinos y líderes se me han acercado con la intención de financiar la consulta. Entonces pedimos que nos dejen cubrir los costos, pero que sea supervisada por la Registraduría».

Según Francisco Cruz, el único trabajo que tendría que adelantar los funcionarios de la Registraduría es contar los votos, puesto que la comunidad aportaría recursos para pagar los tarjetones. «Sin embargo, debo recalcar que es obligación del Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Nosotros exigimos igualdad de condiciones al igual que Sucre y Jesús María».

En los municipios de Jesús María y Sucre el año pasado se realizaron consultas populares en las que los participantes rechazaron la minería. El No ganó con 97,05% y 98.21%respectivamente.

Cruz Güiza recalcó que, según los mapas, cerca del 75% del territorio de El Peñón tiene solicitudes para adelantar fracking, extracción de carbón, cobre y demás minerales. «Tan solo un título minero muy cerca al casco urbano cubre cerca de mil hectáreas».

Fuente:http://www.vanguardia.com/economia/local/431171-ninos-de-santander-realizan-hoy-una-consulta-para-rechazar-o-apoyar-la-mineria

Perú

La minería ilegal y la política

25 abril, 2018 Autor: José de Echave para Cooperacción.org

Por José de Echave.

Lamentablemente, no es una novedad la vinculación de representantes de las mafias de actividades ilegales con la política. Intereses del narcotráfico, la tala y la minería ilegal, merodean la política desde hace tiempo, buscan penetrar los partidos políticos y las distintas esferas del Estado. Y todo indica que están teniendo éxito.

Por lo tanto, lo que sí debería llamar la atención y generar preocupación es el hecho de que cada vez van ganando mayor terreno: alcaldías distritales y provinciales, gobiernos regionales y el Congreso de la República, son espacios ya ganados por estas mafias que, además, se terminan fortaleciendo elección tras elección.

La reciente denuncia que involucra al congresista de Fuerza Popular, Modesto Figueroa, tampoco es una novedad. En primer lugar no hay que olvidar que en plena campaña electoral del 2016, la entonces candidata presidencial, Keiko Fujimori, firmó un acta con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada en Puno, zona donde reina la informalidad y la ilegalidad en la extracción de oro. En esa acta, la candidata de Fuerza Popular se comprometió a traerse abajo el proceso de formalización minera para, según ella, recomenzar de cero.

Por otro lado, en Madre de Dios, su principal candidato al Congreso –y finalmente congresista elegido-, Modesto Figueroa Minaya, ya era investigado en plena campaña por la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, por sus supuestos vínculos con la minería ilegal. Ahora ya sabemos qué pasó con la investigación fiscal: el entonces fiscal José Guillermo Araujo Quiña archivó las tres investigaciones al ahora congresista Figueroa y actualmente el ex fiscal es nada menos que su asesor en el despacho congresal.

Finalmente, para las autoridades no es ninguna novedad que los grifos de Madre de Dios provean de combustible para la intensa actividad de minería ilegal que se desarrolla en la zona. Hace apenas una semana, en una presentación en el Congreso, el jefe de la Sunat mostraba el siguiente cuadro con el consumo per cápita de combustible y el de combustible por vehículo en estaciones de servicios y grifos de Madre de Dios.

¿Alguien tiene alguna duda de por qué Madre de Dios encabeza de lejos el consumo per cápita y por vehículos de combustible a nivel nacional? ¿Alguien tiene alguna duda de cuál es el verdadero negocio del congresista Figueroa en Madre de Dios?

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-mineria-ilegal-y-la-politica/

Colombia

Consejo de Estado tumba consulta minera en Une, Cundinamarca

25 abril, 2018 Autor: W. Radio.co

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó sin efectos una sentencia que declaró constitucional la realización de una consulta popular minera en Une (Cundinamarca).

Lo hizo al conceder una acción de tutela que interpusieron trabajadores del sector minero contra el fallo por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró constitucional la pregunta en virtud de la cual los ciudadanos debían señalar si estaban de acuerdo o no con la renovación de las concesiones mineras vigentes en ese territorio.

Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, la sala determinó que las autoridades locales no pueden convocar consultas de esta naturaleza en sus territorios sin antes haber concertado con las autoridades nacionales el desarrollo de una política minero energética.

Además, determinó que el desarrollo o no de este tipo de actividad económica no puede ser objeto de consulta popular, debido a que la Constitución ordena que solo el legislador es competente para tomar determinaciones relativas a la explotación del subsuelo.

Adicionalmente, señaló que las autoridades de Une no podían consultarle a sus ciudadanos si estaban de acuerdo o no con extender los plazos de las concesiones mineras, dado que el Código de Minas le permite a los concesionarios solicitar la prórroga del respectivo contrato hasta por 30 años.

La corporación advirtió que si los entes territoriales aspiran a que los ciudadanos manifiesten en las urnas si aprueban o no el desarrollo de la minería en sus respectivas regiones debe existir una concertación previa con las autoridades nacionales, proceso que, según el fallo de la Sección Quinta, debe ser regulado por el Congreso.

Esta decisión obliga al tribunal a dictar un nuevo fallo de constitucionalidad en un periodo no superior a los 30 días contados a partir de la notificación de esta sentencia.

La providencia contó con voto favorable del magistrado Alberto Yepes Barreiro y del conjuez Jesús Vall de Rutén Ruiz y con los salvamentos de voto de los magistrados Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y Carlos Enrique Moreno Rubio.

Fuente:http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/consejo-de-estado-tumba-consulta-minera-en-une-cundinamarca/20180425/nota/3741857.aspx

Internacional

20 años de la castástrofe ambiental de Aznalcóllar

25 abril, 2018 Autor: Artículo escrito por Antonio Ramos González. Ecologistas en Acción de Andalucía. Revista Ecologista nº 95.

Andalucía es la Comunidad Autónoma donde más minas y canteras en explotación existen, un total de 488 de 2.853, según datos de la Estadística minera de España 2015. Además, es la que tiene más proyectos en tramitación para abrir nuevas minas o reabrir explotaciones inactivas.

Existen tres grandes proyectos de megaminería metálica en la Franja Pirítica de Huelva y Sevilla, Cobre Las Cruces, la mina de Riotinto reiniciada en 2015 y la mina de Los Frailes en Aznalcóllar, Sevilla, que se pretende reabrir.

Ecologistas en Acción consiguió, en septiembre de 2016, un fallo judicial histórico contra la compañía Cobre Las Cruces, filial de la multinacional canadiense First Quantum, que explota una de las minas a cielo abierto más grandes de Europa, situada en Gerena, Sevilla. Tras ocho años de denuncias, se ha conde

nado en firme a tres exdirectivos de la empresa por delitos contra el medioambiente y daños al dominio público, por contaminar con arsénico un acuífero para consumo humano.

La denuncia inicial, de 2008, consiguió la paralización de la actividad minera durante un año y obligó a la empresa a invertir más de 30 millones de euros en sistemas de depuración que iba a eludir.

Esta victoria debe eliminar la sensación de impunidad que dejó en Andalucía la falta de responsabilidades de la multinacional sueca Boliden, tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en la madrugada del 25 de abril de 1998, hace ahora veinte años.

La mina de Riotinto, explotada por Atalaya Mining, lleva tres años incumpliendo la autorización ambiental. Ha eludido la construcción de la planta de espesado de lodos y vierte en presas con una densidad inferior a la permitida, poniendo en riesgo la estabilidad y seguridad de las mismas. Las balsas están colmatadas con 80 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que pueden provocar graves consecuencias en las marismas del Odiel y en la costa de Huelva y Doñana.

De nuevo Aznalcóllar

Ahora se está tramitando la reapertura de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, cerrada en septiembre de 2001, después de la catástrofe. El desastre de la minera sueca Boliden supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, con arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y cinc, que afectaron a 4.634 hectáreas de la cuenca del río Guadiamar, que desemboca muy cerca del Parque Nacional de Doñana.

En 2002 se archivó la única causa penal abierta y desde entonces la empresa no ha pagado ni un euro de los 250 millones en los que se valoraron los costes de recuperación ambiental. Tampoco pagó la multa de 45 millones impuesta por el Gobierno en 2002, ni los gastos de limpieza, 90 millones, que la Junta de Andalucía le requirió en 2004. Las administraciones fueron cómplices de la catástrofe de Aznalcóllar, por acción y por omisión.

En junio de 1995, Jesús Nieto, responsable medioambiental de la Junta de Andalucía otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto de explotación de la nueva corta (explotación) de Los Frailes, desoyendo las advertencias de la Coordinadora Ecologista Pacifista de Andalucía. Se permitió el recrecimiento de los muros de una balsa, que ya estaba colmatada por la anterior explotación de la corta de Aznalcóllar, y que albergaba además residuos tóxicos procedentes del polo químico de Huelva, depositados de manera ilegal.

En enero de 1996, tanto la Junta como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, desoyeron la solicitud de paralizar la acumulación de residuos en la balsa, tras la denuncia del ingeniero de minas de Boliden, Manuel Aguilar, que alertó de los peligros, grietas que ya existían en los muros, con riesgo de rotura. Ya entonces había filtraciones que contaminaban el río Agrio, tributario del Guadiamar. Estas denuncias fueron corroboradas por técnicos de la Junta, febrero de 1996, en un detallado informe. Nada hicieron para evitar una catástrofe.

Boliden no pagó, pero cobró más de 37,72 millones euros (6.277 millones de pesetas) en subvenciones públicas a fondo perdido entre 1994 y 1999. Todo esto, bajo el compromiso de mantener el empleo de 430 personas. Es decir, alrededor del 60 % de los costes laborales se sufragaron con dinero público. Incluso, llegó a cobrar 1,82 millones de euros, pocos días después de despedir a la plantilla, noviembre de 2001, en un ERE amparado y financiado por el fondo de reptiles del consejero de Empleo, Antonio Rivas, que está siendo juzgado por corrupción. Este dinero fue a parar a un entramado de empresas: Boliden Apirsa, Boliden Limited, Boliden AB y Boliden BV, con sede en España, Canadá y Suecia. Lo ocurrido hace 20 años no ha servido para que las administraciones cambien su actitud.

Desde 2013, cada vez que se acercan elecciones, la Junta anuncia la creación de cientos de empleos en la deprimida comarca de Aznalcóllar, mediante la reapertura de la mina. En febrero de 2015, justo pocas semanas antes de las elecciones andaluzas, de manera precipitada y sin garantías, la directora general de Minas, María José Asencio, resuelve en concurso, otorgar a Minorbis-Grupo México los derechos para realizar labores de investigación y la preferencia sobre futuros derechos de explotación.

En realidad la empresa que participó en el concurso fue Minorbis, empresa creada tres meses antes con un capital social de 3.000 euros. Es una filial de la empresa cordobesa Magtel, pero ni Minorbis ni Magtel han desarrollado nunca ningún proyecto minero, aunque cuentan con buenas relaciones con la Junta.

Multinacional mexicana

A mitad del concurso Minorbis presentó un ‘memorándum de entendimiento’ con el Grupo México en el que la multinacional presta su solvencia a Minorbis. La mesa de contratación del concurso se negó a valorar los desastres ambientales que el Grupo México ha provocado. Desde febrero de 2006, en la mina de Pasta de Conchos, en la región Nueva Rosita de Coahuila, México, donde siguen sepultados sesenta y tres mineros muertos en accidente, con sospechas de negligencia; en 2014, un vertido de 40.000 metros cúbicos de lixiviados a lo largo de 271,6 kilómetros en la cuenca del río Sonora y la contaminación de 322 pozos de agua potable. Todo apunta que Magtel, a través de Minorbis, actuaron como intermediarios del Grupo México, que así ha eludido ser evaluada.

El concurso minero está investigado por supuesta prevaricación tras la querella presentada contra once cargos de la Junta por la empresa perdedora, Emerita Resources. Pero la Junta ha dado los derechos de investigación y explotación a una nueva empresa creada al efecto, Minera Los Frailes, participada, al mínimo, por Minorbis y mayoritariamente por ACM Mining Iberia, filial española del Grupo México. Un conglomerado de empresas interpuestas para eludir responsabilidades, con conocimiento de la Administración, hasta el punto de que han otorgado a la compañía Minera Los Frailes la concesión 7976 Zona Aznalcóllar, sin evaluación ambiental, a pesar de las afecciones en Zona de Especial Conservación (ZEC), corredor ecológico del Guadiamar.

El proyecto prevé dos graves impactos ambientales: vaciar, durante tres años, las aguas contaminadas acumuladas desde 2001 en la corta minera de Los Frailes, y verterlas en una zona ZEC, vertido que va a modificar y, seguro, contaminará las aguas del corredor ecológico que alimenta Doñana. Y, en fase de explotación, prevén usar la vieja corta de Aznalcóllar como depósito de lodos, como ya se hizo en la catástrofe de 1998. Esto contaminaría el acuífero que aflora a media altura en esa corta minera. El mismo acuífero cuya contaminación provocó la condena por delito ambiental de la empresa Cobre Las Cruces. La Minera Los Frailes ya está efectuando tareas de investigación y el Seprona y la confederación hidrográfica ya han detectado vertidos al corredor ecológico del Guadiamar.

Fuente:https://www.salyroca.es/articulo/lyfestyle/20-anos-castastrofe-ambiental-aznalcollar-donana-medio-ambiente/20180424161336004739.html

Argentina

“El cianuro se puede beber”, asegura el subsecretario de Minería de Macri (Artículo)

25 abril, 2018 Autor: Redacción AN
Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal

«La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada», escribe Miguel Bonasso.

“El cianuro es una sal. Lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todos”, declaró textualmente al Diario de Cuyo, el Subsecretario de Minería de Argentina, Mario Capello. Y agregó: “No hay que asustarse, ni asustar a la gente”.

La insólita declaración, que provocaría carcajadas si no fuera trágica, se produjo quince días después de que la empresa canadiense Barrick Gold perpetrase dos nuevos derrames de agua cianurada, que mantuvo en secreto desde hace varios meses, hasta que el siniestro fue denunciado por la Asamblea Vecinal “Jáchal no se toca”, que lucha para evitar la contaminación de los ríos y las napas subterráneas, en la provincia andina de San Juan. Desde 2015, ya van -que se sepa- cinco derrames, uno de ellos superior al millón de metros cúbicos de agua con cianuro. Por un solo derrame de 100 mil metros cúbicos sobre el Danubio, Europa prohibió la megaminería del cianuro en todo su territorio.

La Barrick Gold, nacida como empresa de fachada de la CIA en tiempos del escándalo Irán-Contras (en los 80), ya había producido otros tres derrames de agua cianurada en su mina de Veladero, ubicada a 4 mil metros de altura, en la Cordillera de los Andes. Igual que ahora, la empresa mantuvo los desastres en riguroso secreto hasta que un trabajador de la mina, en un mensaje de texto, les avisó a sus familiares que no bebieran agua del río cercano porque estaba envenenada con cianuro y otros metales pesados.

Violando expresamente la Ley de Ambiente y la Ley de Glaciares, el gobierno de Mauricio Macri no expulsó de la Argentina a la Barrick Gold, medida que sí tomó recientemente el gobierno de Chile a raíz de un incidente similar en la zona de Pascua, donde se iba a construir una gigantesca mina al aire libre, chileno-argentina (Pascua-Lama). Por el contrario, el gobierno Macri ha salido a promocionar el cianuro como bebida refrescante. Es que la Barrick reina en San Juan y en toda la Argentina, desde los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo fluida relación con el fallecido Peter Munk, ex capo de la megaminera y socio del expresidente George Herbert Walker Bush y del conocido traficante de armas saudita, Adnan Kashoggi.

Por eso el presidente municipal de Jáchal, Miguel Vega, se negó inicialmente a ordenar un examen minucioso en la cuenca del río Jáchal y recién lo pidió 15 días después de que se denunciara el derrame, presionado por la lucha de los vecinos.

El alcalde Vega pertenece al partido peronista, igual que la ex Presidenta, el ex gobernador de San Juan José Luis Gioja y el actual mandatario provincial Sergio Uñac. Todos de estrecha relación con la peligrosa corporación. En cambio, el subsecretario de Minería que propone un coctel de cianuro, es radical y macrista, lo cual prueba que el encanto aurífero de las megamineras es transpartidario.

Mientras tanto, un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo, realizado el 27 de diciembre de 2017, detectó valores de mercurio 53 veces superiores al máximo tolerable para la vida acuática. Pero la alarma crecería de manera exponencial en febrero de este año, cuando un nuevo estudio en aguas del río Jáchal constató 1.992 milímetros de aluminio por litro de agua, amén de altísimos niveles de otros minerales como mercurio, manganeso, bario, cadmio, cobalto, cobre, cromo, níquel, plata, plomo, zinc y arsénico. Todo en proporciones muy superiores a los valores establecidos para el riego y el consumo del ganado. Diga lo que diga el Subsecretario de Minería.

El resultado de los análisis ha trascendido el ámbito universitario, alimentando la creciente indignación de los jachaleros, hacia esa megaminería que les prometía instalarse en la región para crear empleo y bienestar y les está envenenando el agua y diseminando el cáncer. Su lucha ha encontrado un eco penal en el ámbito nacional, con la causa sobre los derrames de cianuro que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. Para el propio presidente Macri esa causa judicial y la Ley de Protección de los Glaciares, impulsada como diputado nacional por el autor de este artículo, constituyen dos serios escollos a salvar para concretar en los Andes 44 nuevos proyectos de megaminería a cielo abierto. Para el poder, un maná del cielo que rondaría los 18 mil millones de dólares de inversiones extranjeras; para los ciudadanos argentinos una pérdida total de soberanía en el tema decisivo del agua.

Fuente:https://aristeguinoticias.com/2504/mundo/el-cianuro-se-puede-beber-asegura-el-subsecretario-de-mineria-de-macri-articulo/

Perú

Derrame de líquidos en el corredor minero – Actualización

24 abril, 2018 Autor: OCMPe.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

En esta entrevista desde Apurímac, el representante comunal Edwin Huillca explica lo ocurrido ayer debido a un derrame de un líquido de fuerte olor en el corredor minero, la vía que lleva hacia la empresa minera Las Bambas. La entrevista fue realizada por el programa radial Región Informativa que se emite desde Abancay.

En la entrevista, Huillca informa que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se hizo presente en horas de la tarde de ayer y que ha ofrecido resultados de sus análisis en unos 10 días.

Huillca señala que no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes y reclama mayor fiscalización por parte de las autoridades, pues la población teme que se genere contaminación y se afecte la agricultura y la salud.

El líder comunal también señala que los efectivos del orden se acercaron a la multitud que estaba reunida observando lo ocurrido, para advertir a los pobladores que la vía se encuentra bajo estado de emergencia. Una muestra más de cómo esta medida represiva recorta derechos ciudadanos.

Cabe indicar que ayer circuló un comunicado de la empresa Las Bambas donde descarta cualquier vinculación con el incidente. Cabe esperar el pronunciamiento de las autoridades ambientales.