Un total de 116 personas murieron en países latinoamericanos por defender sus tierras y enfrentar prácticas que afectan el medio ambiente durante 2017. Brasil encabeza la lista en Latinoamérica con 46 asesinatos, seguido de Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8. Entre las principales causas detrás de estos homicidios figuran la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal, señala en reporte. El total mundial de asesinados por defender el ambiente y el territorio fue de 197 personas.

Los ambientalistas viven amenazados en todo el planeta y en América Latina esta situación es muy preocupante.

De acuerdo con el informe que acaba de ser publicado por Global Witness y el diario británico The Guardian, hubo un total de 197 ambientalistas asesinados en todo el mundo durante el año 2017. De ese número, 116 personas murieron en países de América Latina, “por enfrentar a gobiernos y empresas que robaron sus tierras y dañaron el medio ambiente, y por denunciar las prácticas corruptas e injustas que lo permitieron”, señala la publicación.

Brasil ocupa el primer lugar no solo en la región sino también en todo el mundo, con 46 asesinatos de defensores del medio ambiente. Le sigue Colombia con 32, México con 15 y Perú con 8 fallecidos durante el año 2017. Completan esta lista Honduras con cinco asesinatos, Nicaragua con cuatro, Guatemala con tres, república Dominicana con dos y Venezuela con una persona.

“Una vez más, América Latina es la región más peligrosa para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Esto se debe a la impunidad generalizada, el estado de derecho débil y las industrias rapaces que invaden cada vez más las áreas que antes no se habían tocado. Una región rica en recursos, donde muchas de las riquezas naturales de América Latina se encuentran en territorios indígenas, los más afectados por las industrias extractivas y los agronegocios que se apoderan de estas  tierras y dañan el medio ambiente”, comentó Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness, organización dedicada a la lucha contra los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como contra las violaciones de los derechos ambientales y los derechos humanos asociados a estos.

Las causas detrás de los ataques

De acuerdo con la data de esta investigación, las cifras a nivel mundial no han variado sustancialmente en los últimos tres años. En 2016, los ambientalistas asesinados en el planeta alcanzaron las 201 personas mientras que en el 2015 las muertes sumaron 185. Como ya mencionamos, el último año los fallecidos fueron 197 en todo el mundo.

En cuanto a América Latina, el 2016 fue el año con el número más alto de asesinatos en la región, alcanzando la cifra de 137, mientras que en el 2015 fueron 122. El número de fallecidos por situaciones relacionadas con la defensa del medio ambiente expone, una vez más, los peligros a los que están expuestos los ambientalistas, quienes constantemente son víctimas de amenazas de muerte, violencia sexual y casos legales agresivos.

“Las cifras de homicidios de 2017 son similares a las de 2016, lo que demostraría que, aunque la violencia continúa, podría existir una mayor conciencia entre gobiernos y empresarios para combatir el problema. Lamentablemente, los defensores siguen siendo amenazados, acosados y criminalizados por su legítima defensa de sus derechos sobre la tierra y el medio ambiente”, dijo Kyte a Mongabay Latam, quien además hizo un llamado a las autoridades para que se respete el derecho de las personas a decidir qué hacer con sus tierras y su entorno, brinden protección a las personas amenazadas y procesen a quienes llevan a cabo los ataques.

Entre las principales causas detrás de estos homicidios figuran la agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación forestal, señala en reporte.

El primer lugar lo ocupa la agricultura relacionada con los commodities que en el 2017 cobró 37 vidas. “La demanda de productos básicos como la soja, el aceite de palma y la carne de res están impulsando una mayor violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, particularmente relacionada con la expansión de la agroindustria en la Amazonía. En las fronteras del campo de batalla contra la deforestación, los grupos indígenas y las comunidades forestales se enfrentan a las grandes compañías agrícolas y son víctimas de amenazas, intimidación y asesinato”, precisa Kyte.

Reportajes difundidos por Mongabay Latam han dado cuenta de la relación que existe entre la creciente demanda por espacios para la gran agricultura y el tráfico de tierras en Perú, problema que en muchas oportunidades termina en el asesinato de ambientalistas que defienden sus tierras o en una matanza entre grupos que se disputan determinado territorio.

Este acaparamiento de tierras en Perú, además, se está presentando en la mayoría de casos en territorios indígenas, bosques de la Amazonía peruana o zonas protegidas como ha ocurrido durante el 2017 en regiones como Ucayali y Lambayeque.

Francisca Ramírez, lideresa en Nicaragua que se enfrenta al proyecto del canal interoceánico que afectaría una de las zonas boscosas más ricas de Centroamérica. Foto: Aracelly Hurtado.
La agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas señala el informe de —Global Witness y The Guardian— y entre ambas representan el 60 % de los asesinatos reportados. La defensa de parques nacionales también continúa siendo uno de los trabajos más peligrosos del mundo, con 23 asesinatos vinculados con la caza ilegal en 2017. Asimismo, la explotación forestal cobró la vida de 19 personas y los problemas por las hidroeléctricas culminó con 3 fallecidos.

El panorama mundial

Entre los países con más asesinatos en América Latina durante los últimos tres años figuran Brasil, Colombia, México y Perú; mientras que a nivel mundial Filipinas, la República Democrática del Congo y la India están en los primeros puestos.

México, por ejemplo, ocupa ahora un lugar de mayor riesgo para quienes luchan por proteger su tierra, situándose en el cuarto lugar en la lista mundial de países más peligrosos para ser un defensor del medio ambiente —anteriormente ocupaba el puesto 14.

A principios de 2017, Isidro Baldenegro López, activista mexicano y ganador del Premio Goldman del medio ambiente, fue asesinado. Era una persona abiertamente crítica de la tala ilegal que amenazaba los antiguos bosques cercanos a su hogar, región afectada por la violencia, el tráfico de drogas y la corrupción. Baldenegro fue el segundo galardonado con este premio en la región que terminó siendo asesinado, pues un año antes mataron a Berta Cáceres, activista hondureña.

Colombia también presenta un panorama desalentador. En ese país, la lideresa de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz), Emilsen Manyoma, quien trabajaba creando espacios libres de grupos armados en su comunidad, y estaba abiertamente en contra de grupos paramilitares de derecha perdió la vida junto a su esposo, Joe Javier Rodallega, en un ataque dirigido.

En Perú, el reciente asesinato de  José Napoleón Tarrillo Astonitas, quien se oponía a los traficantes de tierras que intentan ingresar a la Reserva Ecológica de Chaparrí, en la región norteña de Lambayeque da cuenta de la situación que se vive en el país. En tanto Brasil es, actualmente, el país con más homicidios por temas ambientales liderando este ranking mundial.

Mongabay Latam ha reportado ampliamente sobre la situación de los ambientalistas amenazados durante el año 2017. Casos como de la lideresa campesina Francisca Ramírez, en Nicaragua, quien enfrenta la construcción del Canal Interoceánico; y del guatemalteco Rodrigo Tot, ganador del Premio Ambiental Goldman y líder indígena q’ueqchí, quien perdió a su hijo debido a a su actividad en contra de una minera que ha invadido su territorio, que décadas atrás, el Gobierno les había titulado. Las amenazas están presentes en casi todos los países de la región, e historias en México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, entre otros dan cuenta de ello.

“Las personas que se atreven a alzar la voz continuarán siendo violentadas, encarceladas y asesinadas hasta que empresas, inversionistas y gobiernos realmente incluyan a las comunidades en las decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos naturales”, concluyó Rachel Cox de Global Witness.