Nicaragua

Tensión por presencia policial en Mina la India

 Bajo tensión por la presencia de miembros de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, permanecen pobladores de Mina La India, desde hace ocho días. La Policía fue enviada en respuesta a un plantón promovido por la comunidad que rechaza labores de exploración de parte de la empresa minera Condor Gold.

Y aunque las autoridades locales de la Policía les aducen que la presencia es únicamente para resguardar las instalaciones de la empresa y la maquinaria de exploración, el coordinador del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, Olman Salazar, destaca que la situación “no es tan normal”. Esto porque los lugareños no están acostumbrados a ver en el poblado 150 antimotines en las calles.

“A todos nos preocupa que la Policía esté por acá, porque la verdad es que es normal de que vengan a dar
patrulla; pero no es normal que esté sitiado nuestro pueblo, que estén en permanente vigilancia por parte de ellos, y la cantidad y que son de la Dirección de Operaciones Especiales de Managua”, dijo Salazar.

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, señaló que el Estado no solo otorga la concesión a la empresa minera sino que garantiza la represión.

El problema de fondo, a criterio de Carrión, es la explotación a gran escala y el eventual desplazamiento que esa actividad provocará y es a lo que se oponen los integrantes en el poblado, que afectaría a unas 500 familias.

“A nosotros nos preocupa porque no sabemos en qué momento pueda esto cambiar de rumbo”, expuso Salazar quien explicó que el plantón está en la salida de una calle que conduce al sitio donde tradicionalmente laboran los güiriseros, que “es poco concurrido” y por tanto no perjudican a nadie.

Abordan el tema

Este lunes representantes del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India sostendrán una reunión con el cura párroco de la localidad, para abordar el tema.

Olman Salazar afirmó que están dispuestos a escuchar lo que les planteará y ellos expondrán su posición.

El pasado 8 de agosto la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic) , emitió un comunicado a través del cual instaba a recurrir al diálogo para expresar sus opiniones. Y menciona que la cámara está anuente a atender las diferentes posturas al respecto de la minería.

A través del mismo, Caminic señala que la empresa Condor Gold realiza trabajos de exploración minera en el país desde 2012.

Fuente:http://www.laprensa.com.ni/2017/08/14/nacionales/2279275-tension-por-presencia-policial-en-mina-la-india

Panamá

Piquete contra empresa minera que demandó a vecino que la denunció

Miembros del Frente Santeño Contra  la Minería piquetearon frente al Juzgado Primero del Circuito, en la provincia de Los Santos, para apoyar al ambientalista Basilio Pérez quien fue demandado por la empresa Minera Cerro Quema por haber hecho denuncias de irregularidades ambientales de esa minera. Héctor Cárdenas, abogado defensor de Pérez, indicó que al día de hoy aún no se le ha aprobado a la empresa Minera Cerro Quema el estudio de impacto ambiental categoría III y su concesión venció hace cinco meses.

Fuente: Crítica

Cárdenas manifestó que es necesario que la población santeña esté pendiente porque el proyecto minero en Quema de Tonosí se encuentra ubicado en la fuente de recarga hídrica de los río Estivaná, Tonosí y La Villa, que proporciona el agua para la provincia de Los Santos.

Argentina

Caso testigo de una comunidad organizada en defensa de sus ríos

Un grupo de vecinos de Lago Puelo, Chubut, organizados en la asamblea en Defensa de la cuenca del rio Azul, logramos la atención de la justicia para llevar adelante un recurso de amparo con el  fallo de una medida cautelar sin precedentes en la región vigente desde hace mas de 10 meses.
Los rios Azul y Quemquentreu son objeto de una feroz degradación y destrucción de sus márgenes debido a la extracción de sedimentos que son usados por particulares para la venta y lucro de los mismos.Por Vecinos en Defensa de la Cuenca del Río Azul – Lago Puelo – Chubut

A lo largo de los últimos 15 años empresas de extracción, se instalaron  en sus márgenes,  usufructuando  de este bien público en perjuicio directo del medio natural, de su ecosistema, y de la cultura de sus habitantes, provocando asimismo un alto riesgo de grandes inundaciones, debido al desnivel del suelo, incrementado a partir de estas actividades.

Quien tiene la autoridad y salvaguarda de los ríos de Chubut es el Instituto Provincial del Agua, IPA,  quien no ha realizado control alguno a lo largo de estos años de depredación y saqueo.
Fueron muchas las denuncias y los reclamos durante mucho tiempo y recién el año pasado, el juez Guillermo Gregorio titular del Juzgado Único de Primera Instancia en lo Civil, Familia, Comercial y Laboral de Lago Puelo, dió lugar a un Recurso de Amparo y dicto una Medida Cautelar vigente hasta el día de hoy  que prohíbe cualquier actividad de extracción de material del rio hasta tanto el Instituto Provincial del Agua  presente los estudios necesarios y dé respuesta de la situación.
Estos hechos se fueron desencadenando ante la nula respuesta de los órganos provinciales quienes fueron intimados por los vecinos a través de carta documento, para lograr información sobre los permisos de extracción entregados a los particulares.

La situación del rio es tan evidente y desesperante  que la Municipalidad de Lago Puelo, quien en gestiones anteriores había mantenido un silencio cómplice, toma el reclamo vecinal y acompaña el trabajo llevado a cabo por los vecinos.

LOS VECINOS NO SOLO DENUNCIAN: PROPONEN

La asamblea de vecinos no se quedó solo con la denuncia. Presentamos un proyecto de ordenanza para crear el Ente Mixto para el Manejo y conservación de la cuenca del rio Azul, que compuesto por representantes del Ejecutivo Municipal, concejales, representantes vecinales, comunidades mapuche, representantes de parques nacionales y del IPA. La finalidad de este ente, inspirado en la participación democrática de los vecinos, es  lograr consensos para acciones comunes y toma de decisiones respecto al Rio. Fue aprobada por unanimidad, alcanzando así  otra meta, no realizada hasta el momento, propuesta a través de la iniciativa popular, que sienta en una mesa a todos los actores de la comunidad.

Rápidamente el Ente comienza su trabajo que consiste en un relevamiento en el campo recorriendo los 14 km de los ríos que están en el ejido de Lago Puelo hasta la desembocadura con el lago en el Parque Nacional, para constatar y hacer un informe in situ  del estado en que se encuentra. El IPA jamás participó de las acciones del Ente legitimado por ordenanza.

El relevamiento queda plasmado en un informe lapidario, que dio cuenta del estado de los agónicos ríos, y que además dejó al desnudo la inacción de controles por parte del estado y el desastre que han dejado los extractores de material. El informe llevo la firma del Ejecutivo Municipal, de todos los concejales, de representantes de las comunidades mapuche y de vecinos de la asamblea. Fue elevado al Juez Gregorio y forma parte de la causa.

Para ilustrar y demostrar  al juez la dimensión de la problemática, se necesitaba de un estudio técnico que apoyara el reclamo. Es así que la asamblea gestiona y consigue la colaboración del Licenciado en Geología Leonardo Ferro a cargo de la Cátedra de Geociencias de la Facultad de Ingeniería  de la Universidad San Juan Bosco. El informe realizado por el geólogo confirma aún más el estado de desastre de la cuenca y le recuerda al estado provincial cual es su deber y obligación a la luz de la ley, puntualizando aspectos técnicos.

UN PLAN
Asimismo, los vecinos junto con el Geólogo, redoblamos la apuesta y le presentamos al juez un escrito con el detalle de una serie de consideraciones, sugiriendo al Instituto Provincial del Agua los procedimientos adecuados en cuanto a la normativa vigente para la  Gestión y el saneamiento de la cuenca del rio Azul

RECTA FINAL

Por estos días el juez llamara a audiencia y tendrá que dictar sentencia a la brevedad.
Se necesita una decisión urgente, no solo para el saneamiento de la cuenca, si no también, para comenzar con las medidas imperiosas e inaplazables de reparación de un medio herido de muerte que las generaciones futuras solo podrán ver en la foto de algún recuerdo.

VECINOS EN DEFENSA DE LA CUENCA DEL RIO AZUL – LAGO PUELO-CHUBUT

CONTACTOS:

Nora Corvalan  Tel 2944300321  mail: casiopea@elbolson.com

Daniel Zuliani    Tel 2944630110 mail: zulidaniel@gmail.com

Carlos Estrada   Tel 2944551873 mail: carlospuelo@gmail.com

Silvina Cingari   Tel 2944316881 mail: silcingari@elbolson.com

Emiliano Leonardi Tel 1136554068  mail:  emiliano.leonardi@outlook.es

Panlo Saludes          Tel 2944669216 mail: saludespablo@gmail.com

 Fuente:http://noalamina.org/argentina/chubut/item/37383-caso-testigo-de-una-comunidad-organizada-en-defensa-de-sus-rios
Perú

LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL SIGUE ALLÍ

Hace unas semanas nos preguntábamos qué significaba la caída atípica en el número de conflictos sociales que registró la Defensoría del Pueblo en los informes del último trimestre. Hoy, con la publicación del informe para julio de 2017, es oportuno volver a discutir si se trata de una tendencia que se mantendrá en el tiempo, o si por el contrario se trató de un tema coyuntural.

En una primera aproximación, las nuevas cifras de la Defensoría muestran que la tendencia a la baja no ha continuado. Tras haber reducido su número de 214 en enero a 177 en junio, en julio se registran nuevamente 177. Son tres los nuevos casos registrados, en tanto que dos se consideran resueltos y uno se consideró retirado por inactividad.

Pero el nuevo informe brinda algunos elementos que confirmarían que la aparente disminución de la conflictividad social puede entenderse como coyuntural. El dato más saltante es la movilización social: luego de que junio registrara un total de 87 acciones colectivas de protesta, este mes se registraron 200 acciones de este tipo.

Como vemos en el siguiente cuadro, este número casi duplica el promedio de protestas que se registró el año pasado, que fluctuaba alrededor de 100 casos mensuales. Esto nos habla de una mayor intensidad de la conflictividad social.

 

 

Otro elemento a considerar es que el número de conflictos socioambientales –que son la mayor proporción de los conflictos totales- no ha tenido una caída significativa y por el contrario presenta un leve repunte, habiendo crecido de 127 en mayo a 130 en el último reporte. De hecho, ha crecido levemente su peso en el total: si en enero eran el 67,3% de los conflictos, ahora representan el 73,4%.

 

De los conflictos socioambientales activos, los que se refieren a la actividad minera representan el 64% y los vinculados a hidrocarburos el 12,8%, explicando así el sector extractivo casi el 80% de los mismos.

En suma, nada indica que la tendencia a la baja esté vinculada con algún cambio de naturaleza más estructural o permanente, menos aún con alguna nueva estrategia implementada por el nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial. Por el contrario, según podemos observar con algunos casos recientes, la tendencia del Gobierno en sus declaraciones públicas sigue buscando deslegitimar las acciones de protesta. Decisiones recientes, como dejar en el limbo el ordenamiento territorial que permitiría precisamente una mejor gobernanza del territorio, con participación de las comunidades, o la flexibilización de reglamentos y estándares ambientales, abren por el contrario el espacio para nuevos desencuentros entre el Estado, las empresas y las poblaciones.

 

09 de agosto de 2017

 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

 

Mexico

Mujeres del Soconusco piden a gobernador detener la minería

Hoy, en el marco de la visita del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco Cuello al municipio de Acacoyagua, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) denunciamos la falta de actuación de las autoridades locales ante la amaneza minera que afecta nuestro territorio y las agresiones que sufrimos por defenderlo.

A las 3.30 horas de la tarde, dos integrantes del FPDS entregamos en mano propia un oficio (en adjunto en .JPG) al gobernador durante el evento que organizó dentro de la Unidad Deportiva de Acacoyagua. En dicho documento, le señalamos que “en los últimos meses hemos recibido amenazas de muerte, desprestigios en medios de comunicación, ataques verbales, señalamientos, por parte de los mineros y empresarios mineros” por exigir la cancelación de las 21 concesiones existentes en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

Le recordamos que el pasado 4 de agosto, “los mineros se manifestaron frente al Palacio Municipal de Acacoyagua generando un clima de violencia y de ataques en nuestra contra, sin que las autoridades hicieran algo al respecto para evitar un posible enfrentamiento”.

Además, denunciamos que “el presidente municipal de Acacoyagua, Patricio Elí Matías, no cumple con sus funciones ya que nunca nos ha atendido con todo el cabildo”. Por fin, exigimos “la cancelación de los permisos y concesiones mineros en la región costa de Chiapas y en particular en los municipios de Acacoyagua y Escuintla; la suspensión de toda actividad minera en la región costa de Chiapas, toda vez que pone en riesgo nuestra vida, la salud y el medio ambiente; y que se garantice la integridad física, emocional y psicológica de quienes estamos defendiendo la vida”.

Al terminar el evento, alrededor de las 3.45 horas de la tarde, un grupo de alrededor de 100 integrantes del FPDS, en mayoría mujeres, estábamos esperando la salida del gobernador afuera de la Unidad Deportiva gritando “No a la minería”, “Fuera mineros de Acacoyagua”, con pancartas que decían “Sí a la Vida, No a la Mina”, “La minería contamina, destruye, mata, divide y empobrece”, “Nuestra sierra es verde y verde la queremos” y “El agua vale más que el oro”.

Nuestra acción de protesta llamó la atención del gobernador quien se acercó a nosotros para escuchar nuestras exigencias.

¡Ya es tiempo que las autoridades del municipio de Acacoyagua y del estado de Chiapas actúen para que cese el despojo minero en el Soconusco!

Fuente:https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/08/mujeres-del-soconusco-piden-a-gobernador-detener-la-mineria/

 

Colombia

El pequeño pueblo chocoano que tiene en jaque al alto gobierno

Esta es la insólita historia de cómo una demanda que comenzó en un municipio de 7000 habitantes tiene a las puertas de la cárcel a importantes funcionarios del Estado.

Cantón de San Pablo es un municipio del Chocó del que muy pocos colombianos han escuchado. Se trata de un pequeño y tranquilo pueblo de 386 kilómetros cuadrados y con una población que ronda los 7.000 habitantes. Sin embargo, desde hace pocas semanas esa población es la protagonista de una insólita historia que tiene a las puertas de la cárcel a altos funcionarios del Departamento de Planeación Nacional -DNP- , Ministerio de Minas y Energía -MME-y la Agencia Nacional de Minería -ANM-.

El caso comenzó en 2009 cuando un poblador de Cantón interpuso una acción popular con el fin de amparar los derechos colectivos que, según él, se vulneraban producto de la minería ilegal en la zona. Cuatro años más tarde, en el año 2013 un juez de Quibdó profirió un fallo de primera instancia ordenando al MME y la ANM la construcción de un manual para identificar y controlar esas actividades en el municipio. Esas entidades apelaron.

Dos años después, en febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Chocó ordenó al MME y la ANM realizar un estudio sobre el impacto de la minería en el municipio particularmente “daños pasados, presentes y futuros”. Y dispuso que el Ministerio y la Agencia  debían contratar dicho análisis por la Universidad Tecnológica del Chocó. Al DNP el tribunal le ordenó otro estudio para determinar “el eventual costo de que por conceptos de regalías dejó de percibir debido a la minería ilegal”. Esta decisión de segunda instancia nunca le fue notificada al DNP.

A comienzo de 2016, la Universidad envió una propuesta a las entidades por un valor de 5.000 millones de pesos. Al evaluarla el Ministerio y la Agencia ven que no cumple con las mínimas especificaciones técnicas y que tiene serios vacíos. Se realizaron varias reuniones entre los funcionarios de esas entidades estatales y los representantes de las universidad para solucionar los inconvenientes pero nunca se llegó a un acuerdo.

El pasado seis de marzo el juzgado primero de Quibdó decidió abrir un proceso por desacato pues la universidad reclamaba que no le habían pagado los 5.000 millones. Ese juzgado ordenó sancionar a los representantes legales del Ministerio de Minas, Agencia Nacional de Minería y Planeación Nacional con una multa de 35 millones de pesos cada uno o tres meses de cárcel por no haber girado los 5.000 millones.

El caso escaló al Tribunal del Chocó que modificó la sanción. Al funcionario del DNP se la bajó a 30 millones y a los otros se las aumentó a 50.

Para evitar pasar tres meses en prisión uno de los funcionarios del MME tuvo que pedir un préstamo bancario por para pagar la multa, lo que equivalía a casi cuatro meses de salario. Los demás optaron por no sacar dinero de su propio bolsillo y menos acceder a la pretensión de que las entidades que representan tengan que pagar los 5.000 millones.

El tema llegó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJ- hace pocas semanas. Un grupo de abogados analizó el caso y ante las evidentes inconsistencias e irregularidades asumió la defensa.  No es fácil entender por qué los jueces y magistrados de Chochó se empeñaron en que el estudio debía ser realizado únicamente por la Universidad Tecnológica de Chocó. Hoy el asunto está en que la ANDJ, en cabeza de Luis Guillermo Vélez,  ha presentado los recursos legales para suspender las órdenes de desacato y presentó acciones ante la Fiscalía, Procuraduría y Consejo Superior de la Judicatura para investigar las sospechosas decisiones de los administradores de justicia del Chocó, lo cual debe resolverse en los próximos días. Por ahora la batalla entre un medida que nació en un pequeño pueblo chocoano tiene en vilo a tres altos funcionarios que no saben si pasaran varios meses en prisión por no dejar saquear las arcas del Estado.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/canton-de-san-pablo-el-pueblo-chocoano-que-tiene-en-jaque-al-alto-gobierno/535994

Colombia

COLOMBIA: Los dos municipios que se niegan a que la minería esculque sus tierras

El Tiempo de Colombia / ?Cuenta una leyenda, que un minero quería tener mucho oro y ser muy rico. Un día le otorgaron un poder y todo lo que tocaba se convertía en oro. Y, aunque tenía muchas riquezas, no podía comer ni tomarse un vaso de agua» Con estas palabras, Norberto*, un habitante del corregimiento de Palermo, en Támesis (suroeste antioqueño), describió la situación que no quieren vivir en su territorio.

Aunque es una versión transformada del rey Midas, propio de la mitología griega, refleja la convicción de muchos habitantes del municipio de no permitir que se desarrollen proyectos mineros en sus verdes montañas ni cerca de sus nacimientos de agua.

En Palermo, lugar que une a los municipios de Támesis y Jericó, se aprecia la naturaleza con una firmeza que se asoma en las paredes de los locales y las viviendas, los postes de energía y las palabras de los residentes. Tanto en Palermo como en la cabecera municipal de Támesis hay carteles que dicen no a la minería y sí a la protección del medioambiente.

Esta convicción no solo se respira, también quedó plasmada en papel con la firma del alcalde Iván Alexánder Zuluaga, quien sancionó un proyecto de acuerdo que el Concejo aprobó por unanimidad, a mitad de año, con el fin de prohibir la minería de metales en el territorio.

El temor de la población está basado en las exploraciones que desde hace 12 años realiza la empresa Anglo Gold Ashanti en la vereda Quebradona, del municipio de Jericó, a unos 11 kilómetros del casco urbano. Aunque el proyecto está propiamente en Jericó, también cobija territorio del vecino Támesis.

Habitantes de un lugar y otro dijeron que la empresa hizo una perforación en uno de los acuíferos que no fue recuperada y dejó daños para el abastecimiento del agua, especialmente en épocas de sequía. Sin embargo, Anglo Gold Ashanti aseguró que de las casi 100 perforaciones hechas en diferentes puntos del título minero, todas fueron recuperadas ambientalmente en sus plataformas de perforación.

Asimismo, la compañía aclaró que»estudios hidrogeológicos de la zona evidencian que en Jericó no hay acuíferos ni rutas subterráneas de agua, ya que la roca es tan sólida que impide que este fenómeno natural ocurra»

Contrario a Támesis, donde hay mayoría en contra de la minería, en Jericó las opiniones están divididas. Allí, el Concejo también aprobó el acuerdo para prohibir esta actividad económica, con seis votos a favor y cinco en contra, y el alcalde lo sancionó en julio pasado. También en este municipio de casas coloridas y cuna de la santa Madre Laura pueden verse afiches en paredes y postes con mensajes de rechazo a la minería.

De acuerdo con Fernando Jaramillo, coordinador de la mesa ambiental del municipio, la negativa está basada en que nunca han tenido vocación minera sino cafetera, si bien también se cultivan otros productos como la grupa, el plátano, los cítricos y el aguacate. Además, están convencidos de que con la minería, aun responsable y legal, los efectos sociales y medioambientales serían nefastos.

«No queremos perder nuestra tradición agrícola, los recursos hídricos, nuestra arquitectura y patrimonio?, aseguró el líder, y añadió que el lugar en el que la Anglo Gold Ashanti hace las exploraciones es el mismo en el que nace el agua que surte los principales acueductos veredales de la región.

Anglo explicó el proyecto De acuerdo con la compañía, las labores de exploración que se realizan hace 12 años están en la fase de estudios avanzados para definir el tamaño y las cualidades del yacimiento. La empresa explicó que hasta el momento ha hecho una inversión de 65 millones de dólares y que hacen falta por lo menos dos años más para determinar con mayor exactitud si existe un proyecto viable.

Fuente:http://www.entornointeligente.com/articulo/10446681/COLOMBIA-Los-dos-municipios-que-se-niegan-a-que-la-mineria-esculque-sus-tierras

Nicaragua

Impiden labores de Condor en mina La India

Representante de la empresa minera afirma que si les impiden realizar el proyecto de exportación, al menos 60 personas de la zona perderán sus empleos.

La compañía Condor Gold intenta dialogar con un grupo de pobladores de Mina la India, municipio de Santa Rosa del Peñón, que desde el viernes mantienen un tranque para evitar el acceso del personal de esta empresa minera a la zona donde realizará exploraciones legalmente autorizadas.

“Seguimos insistiendo en el diálogo. Hemos creado lazos con sectores de la comunidad a través de los beneficios sociales que impulsamos. Hemos dialogado con otros sectores, si me pregunta directamente si hemos dialogado con este grupo (el que actualmente encabeza el plantón), no hemos tenido un acercamiento, pero estamos buscando cómo acercarnos para dialogar”, declaró a El Nuevo Diario Víctor Martínez, representante de la empresa.

Condor Gold realiza trabajos de exploración minera desde 2012 y, según explica Martínez, “el proyecto no perjudica a los mineros artesanales; hemos logrado 24 acuerdos desde 2010 a agosto de 2017; 24 acuerdos con la cooperativa de mineros artesanales de la localidad para realizar estudios”.

La Cámara Minera de Nicaragua (Caminic) emitió un comunicado expresando su preocupación por “la situación que ocurre en Mina La India, donde algunos miembros de esa comunidad impiden el derecho al trabajo de los habitantes que son colaboradores de Condor Gold, empresa que genera empleo y realiza trabajos de exploración en ese lugar”.

“Caminic reconoce el derecho de los nicaragüenses a la estabilidad laboral, la libre circulación de las personas, la seguridad de los habitantes y sus bienes materiales, así como el derecho a manifestar sus puntos de vista en un contexto de diálogo, respeto y armonía”, expresa esta organización empresarial.

Olman Salazar, coordinador del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India, expresó que los pobladores que protestan están de acuerdo en dialogar, pero su demanda es “que esta empresa suspenda la perforación que quiere hacer, porque afectaría el casco urbano y la ley lo prohíbe”.

“Hay 35 huecos perforados en el casco urbano y la ley lo prohíbe. La empresa debe irse a un lugar que ellos tienen y que está a seis kilómetros de mina la India”, asegura Salazar.

Al respecto, Martínez dice que en el cumplimiento de la ley se han realizado los respectivos estudios y tienen “acuerdos con los dueños de las fincas privadas donde se realizan los estudios, se explican los trabajos que se van hacer, se tasan las compensaciones por la renta del espacio para los estudios y se cumple con las leyes ambientales”.

En oposición a quienes trancaron las vías, decenas de personas de Mina La India salieron a las calles a dar su apoyo a la empresa Condor Gold, portando mantas en que exigían se les respete el derecho a tener un empleo y a circular con libertad.

Generan empleo

La compañía Condor Gold está en Nicaragua desde el año 2006 y tiene oficinas en Santa Cruz de la India desde el 2010.

“Realizamos procesos informativos, empleamos a la mayor cantidad posible de personas de la localidad. Con campañas de información, se evacúan las dudas de los pobladores y se aclara cada uno de los trabajos”, señala Martínez.

Agrega que “no estamos desplazando a nadie, por el contrario, generamos empleo, tenemos rentadas seis casas en la comunidad, trabajamos con  nueve proveedores locales, hay 135 trabajadores, la  mayoría son la de zona; tenemos proyectos sociales”.

El presentante de Condor Gold advierte que si no pueden realizar los estudios geológicos, “los trabajadores son los que se verían afectados porque tendríamos que prescindir de 60 trabajadores locales; esto afectaría a 300 personas de la comunidad”.

Esta es la primera protesta contra esta compañía minera, y el bloqueo de la vía “también afecta a los güiriseros y a los transportistas de las brozas”, comenta Martínez.

“Comprendemos que puede crearse algún tipo de recelo (por los proyectos), pero estamos trabajando desde 2010. Podamos dialogar y llegar a puntos de entendimiento”, enfatiza Martínez.

La máquina perforadora logró entrar la madrugada de este martes resguardada por policías hasta el punto de perforación, pero el grupo que protesta continuaba impidiendo la circulación de vehículos de la empresa de güiriseros de la zona.

Carolina Hernández, vocal del movimiento de protesta, dijo que se oponen al proyecto porque “desplazará a los mineros artesanales, que somos más de 3,000”.

Caminic también hizo un llamado “al diálogo y al consenso”, indicando que estos deben ser “los únicos mecanismos para discutir diversas opiniones sin coartar los derechos de los otros”.

Asimismo enfatiza en que las empresas socias de Caminic contribuyen “al crecimiento económico de Nicaragua mediante la generación de empleo y desarrollo social, basados en relaciones cordiales con cada actor según nuestro enfoque de minería para todos”.

Fuente:

El presentante de Condor Gold advierte que si no pueden realizar los estudios geológicos, “los trabajadores son los que se verían afectados porque tendríamos que prescindir de 60 trabajadores locales; esto afectaría a 300 personas de la comunidad”.

Esta es la primera protesta contra esta compañía minera, y el bloqueo de la vía “también afecta a los güiriseros y a los transportistas de las brozas”, comenta Martínez.

“Comprendemos que puede crearse algún tipo de recelo (por los proyectos), pero estamos trabajando desde 2010. Podamos dialogar y llegar a puntos de entendimiento”, enfatiza Martínez.

La máquina perforadora logró entrar la madrugada de este martes resguardada por policías hasta el punto de perforación, pero el grupo que protesta continuaba impidiendo la circulación de vehículos de la empresa de güiriseros de la zona.

Carolina Hernández, vocal del movimiento de protesta, dijo que se oponen al proyecto porque “desplazará a los mineros artesanales, que somos más de 3,000”.

Caminic también hizo un llamado “al diálogo y al consenso”, indicando que estos deben ser “los únicos mecanismos para discutir diversas opiniones sin coartar los derechos de los otros”.

Asimismo enfatiza en que las empresas socias de Caminic contribuyen “al crecimiento económico de Nicaragua mediante la generación de empleo y desarrollo social, basados en relaciones cordiales con cada actor según nuestro enfoque de minería para todos”.

Internacional

Resistencia a la mina de uranio de Salamanca…Un pueblo a cambio de veinte puestos de trabajo en al mina de uranio

España.- La empresa australiana Berkeley ha iniciado los procesos para construir la planta de procesamiento de residuos radiactivos sin las licencias pertinentes y con la ayuda de un equipo de gobierno encausado por prevaricación. Jesús Cruz, es una de las personas que planta cara a la mina de uranio de Salamanca.

“Soy Jesús Cruz, natural de Retortillo”. Con esta sencilla frase se presenta Jesús, el primer hombre en alzar la voz contra la futura mina de uranio que la empresa australiana Berkeley quiere construir en el Campo Charro. De llevarse a cabo el proyecto, España se convertiría en el único país de la Europa occidental con una instalación de tales características. Cada vez son más las organizaciones que se suman a esta causa: Stop Uranio, Salamanca Antinuclear, Ecologistas en Acción, GREFA, Equo, WWF España… Pero sin él nada de esto habría sido posible, demostrando que los comportamientos individuales son esenciales para construir un fuerte tejido en red.

Su historia de lucha comenzó en 2011, cuando la minera Berkeley empezó a negociar de una manera sospechosa contratos con el Ayuntamiento de Retortillo, del cual nuestro protagonista había formado parte durante 20 años, cinco como concejal de cultura y el resto como portavoz del mismo. “Vi que el Ayuntamiento que había entrado ese mismo año se puso a negociar rápidamente acuerdos a cambio de dinero con la minera, por lo que me puse a estudiar todo lo que podría haber detrás. Descubrí las ventas que el alcalde hacía, descubrí como contrataron a los concejales para trabajar con la mina… A partir de ese momento el Ayuntamiento permitía todo lo que Berkeley hacía y además informaba favorablemente de ella ante las otras administraciones”.

Un proyecto bajo la sombra de la sospecha

Jesús se refiere a la venta de terrenos que efectuó el exalcalde del PP en Retortillo, Javier Santamartina, a Berkeley. Salva decir que actualmente éste se encuentra encausado por prevaricación, algo que contrasta con los rumores que defienden que vendió esos terrenos por el doble de su valor, mientras vecinos, como Fernándo Rodríguez, denuncian que pretenden expropiarles sus terrenos por 6,60 euros el metro cuadrado durante quince años, cuando la tasación es mucho más alta. A la par, tres concejales del mismo partido comenzaron a trabajar para la minera (en la actualidad dos de ellos continúan ligados a la empresa). A raíz de esto fue cuando el consistorio del pueblo concedió a Berkeley todos los permisos municipales necesarios.

Si el proyecto sigue adelante, la economía local de la zona quedará destruida a cambio de 20 puestos de trabajo

Jesús calcula que el terrero se verá afectado en unas 2.500 hectáreas, las cuales serán ocupadas no solo por una mina de uranio, sino por una planta de procesamiento de residuos radiactivos; que incluirá una balsa y una carretera para facilitar el accesos a las instalaciones, y un almacén nuclear de primera categoría, según la clasificación del Consejo de Seguridad Nuclear. Para mostrar los efectos ya causados, Jesús señala la carretera que se ha empezado a construir: “Para hacer esta carretera pidieron permiso, pero ¿qué hizo Berkeley a parte? Comenzar a hacer la balsa. Yo llamé inmediatamente al Seprona, puesto que no tenían licencia para hacer la balsa, ni venía en ningún proyecto. ¿Cómo respondió Berkeley? Dando una reclamación responsable. Finalmente, tuvo que venir el Seprona para confirmar que lo que estaban haciendo no era una extracción de arios, sino una balsa, para lo que se necesita una licencia urbanística, al igual que para la construcción de la carretera. El Ayuntamiento simplemente abrió un expediente sancionador, y Berkeley paró las obras por precaución. Esta carretera tiene un presupuesto de un millón de euros. Imaginaos si eso se puede hacer con una declaración responsable.”

El pueblo a cambio de veinte puestos de trabajo

Así es como dio lugar un problema con múltiples vertientes. El primer efecto más significativo ha sido la desunión de un pueblo que antes convivía en armonía; puesto que la población se ha polarizado en pro y en contra de la minera. Unos consideran que la minera traerá trabajo y prosperidad a la localidad, y otros piensan que ceder ante Berkeley será hipotecar la economía de la zona por un periodo más que breve de tiempo, alrededor de 10 años, ya que la explotación de uranio en la zona no durará más tiempo. En Retortillo se encuentran los restos de una explotación minera de la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas, S.A , (ENUSA), que suspendió su labor en la zona por su “contenido pobre” y su baja rentabilidad económica en el tiempo. De hecho cuando Berkeley solicitó su colaboración conjunta en este nuevo proyecto, ENUSA volvió a concluir que la explotación del lugar “no es viable ni sostenible en el tiempo”.

Jesús continúa: “No entra en ninguna cabeza decente aceptar a una minera que nos dará trabajo durante 9 años, 190 puestos de trabajo según ellos, de los cuales solo el 10% serán para gente de la zona, ya que serán los no cualificados. Osea que por 20 puestos de trabajo vamos a permitir que nos destruyan en 20 kilómetros a la redonda. No habrá agricultura, no habrá ganadería, no habrá turismo, ni casas rurales, ni balneario.” Un balneario de la época romana, que se suma a la belleza natural de la zona, y que supone el principal reclamo turístico del pueblo. “Aquí vivimos del balneario”, asegura Eugenia Silva, vecina del lugar, “¿quién va a querer venir a bañarse en unas aguas que están a escasos metros de una explotación de uranio?” Se lamentan los vecinos.

La tala de encinas, un daño irreparable

Si bien la problemática de los puestos de trabajo todavía son elucubraciones, uno de los efectos que ya se ha dejado notar es la tala de más de 2.500 encinas, la mayoría de ellas centenarias. “La tala de encinas se basa en la declaración de impacto ambiental que la Junta de Castilla y León concedió en 2012, pero no sabemos porqué sin tener la licencia para la planta por parte del Consejo y el Ministerio de Industria y sin tener los permisos para comenzar la extracción, se les permite arrancar 2.500 encinas, un acto irreparable para esta zona”, declara Jesús.

La mina se ubicará en una zona Red Natura 2000, protegida por su alto valor ambiental y ecológico, lo que pone en peligro el desarrollo de los ecosistemas y la vida de especies endémicas.

Las encinas han sido las primeras víctimas de este proyecto. Fernando Blanca, de Grefa, explica que para comenzar con el proceso de extracción se tiene que eliminar primero la masa forestal. No obstante, para paliar este daño Berkeley prometió que trasplantaría unas 20.000 en una dehesa a 40 kilómetros de Retortillo, en la localidad de Vitigudino, algo que la mayoría de los implicados cuestiona, como Hipólito Velasco, de Stop Uranio y natural de Retortillo: “Se prometió a un alcalde de la zona que las encinas las iban a replantar y eso es imposible. Las trocean y las sacan con nocturnidad. Sino, ¿por qué no están aquí apiladas para que la ciudadanía vea al cuerpo del delito?” En esta misma línea se expresa Enrique Moro, de la misma organización: “Hay muchas irregularidades, trabajan de noche con la leña y creemos que se la están llevando con camiones a Portugal”, algo que secunda Salvador García, de Salamanca Antinuclear: “Hemos calculado que con la madera pueden sacar unos 20.000 euros. Eso es una barbaridad”. El propio Jesús explica la polémica: “Berkeley va a replantar unas encinas en una zona a 40 kilómetros de aquí, donde probablemente no nazcan, porque no es terreno de encinas. Además, sabemos por la oposición de Vitigudino que van a recurrir ese acuerdo, porque la dehesa del lugar está entregada a sus ganaderos, que necesitan el terreno para el ganado. A parte de que no quieren porque los treinta o cuarenta Ayuntamientos de la zona de Vitigudino, de las Arribes y del Yeltes se han posicionado en contra. No se puede apoyar a una empresa que quiere arruinar a una comarca por 9 años de trabajo.”

Incumplimiento de normativas europeas

Puede ser que para personas ajenas a la localidad, la oposición a la tala de encinas sea un mero capricho ligado al sentimentalismo, pero hay que recordar que estas juegan un papel vital para el equilibrio natural de la zona. Enrique Moro, de Stop Uranio, denuncia como se está arramplando con encinas donde especies protegidas tenían depositados sus nidos: “Ahora es época de cría de especies, y hemos observado como han arrancado encinas con nidos”. Y es que esta instalación se ubicará en una zona de gran valor ambiental, oficialmente protegida por las calificaciones de Reserva de la Biosfera, Meseta Ibérica (9 de Junio de 2015), Parque Natural de las Arribes del Duero (11 de abril de 2002), zonas ZEPA y LIC y Riveras de los Ríos Huebra y Yeltes, de la red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE). Por todo este valor ecológico, la Junta de Castilla y León solicitó ante la Unión Europea ayuda monetaria, que le fue concedida a través de los fondos LIFE. Es decir, la Junta ha justificado la necesidad de recibir un dinero para la conservación de sus especies, mientras que por otro lado da el sí a un proyecto que altera la existencia de las mismas. Esto pone en tela de juicio el papel de la Junta en el proceso. De hecho, el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, apunta a que la propia Junta ha modificado la directiva de suelo agrícola para que prevalezca el sector minero sobre el agropecuario. “¿Si antes pensaban que ese suelo no se iba a recuperar, porqué ahora sí?”.

Así mismo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha emitido un informe detallando la inviabilidad del proyecto por los siguientes efectos adversos: afecciones a la salud humana y animal, inutilización de las aguas de la cuenca del río Yeltes y afluentes, contaminación del suelo acuífero local, contaminación de los cultivos regados con agua subterránea, contaminación de los suelos de la zona, afecciones a la redes tróficas de ecosistemas acuáticos y reducción de la biodiversidad de todos los ecosistemas del entorno minero. El informe del CSIC, firmado por Miguel Álvarez Cobelas, Doctor en biología, concluye: “este investigador es contrario a que se autorice la apertura de dicha mina”.

¿Qué se esconde detrás de este proyecto?

El porqué ahora y el papel de la Junta son dos de los múltiples factores que bañan este proyecto en contradicciones. Las razones que existen para explicar el motivo que empuja a una empresa minera a instalarse en una explotación que como mucho tiene 10 años de actividad es algo que perturba a la población. Una de las explicaciones apunta a una supuesta especulación con el proyecto. “Berkeley comenzó a vender a los accionistas en Londres y en Sidney que habían comenzado con la actividad minera con la construcción de la carretera”, señala Jesús, algo que ratifican compañeros de otras organizaciones, como Carolina Martín, de Ecologistas en Acción: “Berkeley es una empresa especuladora de derechos mineros. Con ayuda del lobby consigue derechos mineros y luego los vende”.

Por otro lado, el motivo que justificaría la posición favorable de la Junta sería la indemnización que tendría que pagar a Berkeley por la cancelación del proyecto: “La junta de Castilla y león nos llegó a decir que fueran los jueces quienes parasen el proyecto, porque si eran ellos Berkeley iban a demandarles y reclamarles los 50 o 70 millones que habían invertido ya”, explica nuestro entrevistado, hipótesis que comparten el alcalde de Villavieja y Marta Santos, coportavoz de Equo en Salamanca.

Sea como fuere, si Berkeley gana la batalla todo quedará hipotecado para los futuros usos que se le quieran dar al territorio, como por ejemplo la construcción de un cementerio nuclear, algo que temen los miembros de Salamanca Antinuclear. De hecho, en el informe de solicitud que presentó Berkeley para la autorización del proyecto se especifica que se incluye el “almacenamiento definitivo de residuos radiactivos”.

En estos momentos la guerra sigue abierta. Terminando la entrevista y la visita, Jesús tiene una actitud cabizbaja, teme que Berkeley gane la lucha, una lucha de unos cuantos contra una gran multinacional, pero si él, un solo hombre, ha conseguido tenerles en jaque, ¿qué no se puede conseguir ya? Desde que comenzó a denunciar la historia en su web (’El blog de Jesús’ ) hasta ahora, decenas de medios han hablado ya de la mina de uranio de Retortillo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Jesús sospecha que se aproxima una derrota, pero esto es ya una victoria, en tanto en cuanto Retortillo ya no es invisible para los medios de comunicación. Como es lógico, muchos de ellos consideran que la mina traerá trabajo, pero no entienden que les están robando su tierra y su pasado. Jesús recuerda como de pequeño se bañaba en el río cuyas aguas corren el riesgo de quedar inhabilitadas, e Hipólito las veces que ha paseado por los mismos caminos que ahora están siendo devastados. Que la gente tenga dependencia de un móvil parece algo normal, pero que la gente se aferre a la tierra, algo que nos ha dado todo a cambio de nada, parece que aún es algo complicado de entender. En una conversación por el lugar, Hipólito me hablaba del superhombre de Nietzche y de cómo algún profesor suyo en la Universidad se atrevió a compararse con él. Desde luego, él no se atrevió a contrariar al que por aquel entonces era su catedrático, pero en sus adentros pensaba que para él, el verdadero superhombre estaba en las gentes del campo, cultos, que no expertos; como se hacen llamar algunos para hacer galantería de su ’superioridad intelectual’. Cuanta razón lleva Hipólito, cuántos años de conocimientos nos llevan estas gentes que luchan por esa encina milenaria, que les dio cobijo, amparo y vida.

Fuente:http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Un-pueblo-a-cambio-de-veinte

Guatemala

Accionan contra reglamento de consultas presentado por el Ejecutivo

Integrantes del Consejo del Pueblo Maya interpusieron hoy una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el reglamento de consultas, basado en el Convenio 169, presentado semanas atrás por el Organismo Ejecutivo, argumentando que no se dialogó con los pueblos indígenas para la realización del mismo. Los inconformes indicaron que no se necesita de tal reglamento para la realización de las consultas.

Francisco Morales, integrante del Consejo, dijo que la guía operativa que se presentó semanas atrás generó una preocupación generalizada en los pueblos indígenas y consideran que dicha acción es una provocación y un retroceso en el Estado de derecho.

“Nosotros creemos que la Corte Suprema de Justicia debería de tomar esto que es la voz del pueblo”, indicó Morales.

Viviana Ramírez señaló que en ningún momento fueron convocadas las autoridades indígenas representativas para dialogar y aseguró que solamente fueron convocados representantes de organizaciones indígenas, que son instancias diferentes.

Los integrantes del Consejo reiteraron que es obligación del Estado consultar a los pueblos originarios antes de la instauración de un proyecto extractivo, en el que deben conseguir el consentimiento de los pobladores.

Consideran que cada pueblo debe tener la potestad de poder decir sí o no a las empresas que busquen explorar los recursos naturales en alguna determinada región del país y que los resultados de las consultas realizadas por las comunidades deben ser vinculantes.

Por su parte Nim Sanik dijo que la guía operativa para las consultas comunitarias presentada por el gobierno es una “manipulación total al espíritu real del Convenio 169 y también una manipulación total de las formas propias de toma de decisiones de los pueblos”.

 

MINTRAB: respetuosos del proceso

El pasado 18 de julio, el Ejecutivo presentó una guía operativa para la realización de las consultas comunitarias, esto 20 años después de que Guatemala ratificara el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

La titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), Aura Leticia Teleguario, dijo en ese momento que la falta de normativa para la realización de consultas comunitarias ha generado conflictividad en el país.

Respecto a la acción realizada hoy por el Consejo del Pueblo Maya, representantes del Ministerio de Trabajo indicaron que son respetuosos del amparo siempre y cuando esté en el marco de la ley.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/08/accionan-contra-reglamento-de-consultas-presentado-por-el-ejecutivo/