LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL SIGUE ALLÍ

Hace unas semanas nos preguntábamos qué significaba la caída atípica en el número de conflictos sociales que registró la Defensoría del Pueblo en los informes del último trimestre. Hoy, con la publicación del informe para julio de 2017, es oportuno volver a discutir si se trata de una tendencia que se mantendrá en el tiempo, o si por el contrario se trató de un tema coyuntural.

En una primera aproximación, las nuevas cifras de la Defensoría muestran que la tendencia a la baja no ha continuado. Tras haber reducido su número de 214 en enero a 177 en junio, en julio se registran nuevamente 177. Son tres los nuevos casos registrados, en tanto que dos se consideran resueltos y uno se consideró retirado por inactividad.

Pero el nuevo informe brinda algunos elementos que confirmarían que la aparente disminución de la conflictividad social puede entenderse como coyuntural. El dato más saltante es la movilización social: luego de que junio registrara un total de 87 acciones colectivas de protesta, este mes se registraron 200 acciones de este tipo.

Como vemos en el siguiente cuadro, este número casi duplica el promedio de protestas que se registró el año pasado, que fluctuaba alrededor de 100 casos mensuales. Esto nos habla de una mayor intensidad de la conflictividad social.

 

 

Otro elemento a considerar es que el número de conflictos socioambientales –que son la mayor proporción de los conflictos totales- no ha tenido una caída significativa y por el contrario presenta un leve repunte, habiendo crecido de 127 en mayo a 130 en el último reporte. De hecho, ha crecido levemente su peso en el total: si en enero eran el 67,3% de los conflictos, ahora representan el 73,4%.

 

De los conflictos socioambientales activos, los que se refieren a la actividad minera representan el 64% y los vinculados a hidrocarburos el 12,8%, explicando así el sector extractivo casi el 80% de los mismos.

En suma, nada indica que la tendencia a la baja esté vinculada con algún cambio de naturaleza más estructural o permanente, menos aún con alguna nueva estrategia implementada por el nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial. Por el contrario, según podemos observar con algunos casos recientes, la tendencia del Gobierno en sus declaraciones públicas sigue buscando deslegitimar las acciones de protesta. Decisiones recientes, como dejar en el limbo el ordenamiento territorial que permitiría precisamente una mejor gobernanza del territorio, con participación de las comunidades, o la flexibilización de reglamentos y estándares ambientales, abren por el contrario el espacio para nuevos desencuentros entre el Estado, las empresas y las poblaciones.

 

09 de agosto de 2017

 

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Autor: Cooperacción.org.pe
Publicado el: 11 Agosto 2017
Categorias: Perú
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