Colombia

El Chocó libre de mercurio, meta de Minambiente

El Ministerio de Ambiente se trazó la meta de dejar al departamento del Chocó libre de mercurio y evitar la contaminación de sus afluentes. Esta labor se realiza en conjunto con la ONU Derechos Humanos y la Embajada de Austria.

Según Luis Gilberto Murillo, jefe de esta cartera, son grandes los retos en la recuperación de la cuenca del río Atrato, que ha sufrido por la extracción de los recursos naturales. También calificó como positiva esta apuesta, en alianza con instituciones nacionales, regionales y los consejos comunitarios.

El municipio de Medio Atrato vivió de manera intensa el conflicto armado con presencia de las Farc, en territorios habitados por las comunidades afrodescendientes con titulación colectiva, dejando a su paso devastación ambiental, social y económica, en parte, consecuencia de la actividad de minería ilegal. Bajo este escenario, el proyecto busca reducir los impactos sociales y ambientales de la minería de oro a través del empoderamiento de las comunidades.

Guillermo Fernández, representante de la ONU DH, señaló que la comunidad internacional despliega toda la asistencia técnica a Colombia “para que avance en la consolidación de un desarrollo sostenible, especialmente en estos territorios de paz”.

Con esta iniciativa, se espera incorporar buenas prácticas en la actividad de minería de oro en las cuencas de los ríos Bebará y Bebaramá, a través de la elaboración de una línea base con el estado de las principales prácticas en materia económica, ambiental y social en el municipio de Medio Atrato.

Libre de mercurio

Como resultado del trabajo de campo adelantado en la zona, pretenden establecer alternativas viables al uso del mercurio en la extracción y beneficio de oro que sean técnica, económica y ambientalmente sostenibles.

La meta es lograr que al menos tres comunidades del Medio Atrato cuenten con técnicas de producción más limpias, logrando reducir a un 90% el uso de mercurio en minería en Bebará y Bebaramá, por medio de alternativas económicas viables, impulsando actividades productivas del sector secundario, que hagan uso sostenible de los recursos genéticos y biológicos de la región y reduzcan los efectos ecológicos de la minería.

También pretenden establecer una infraestructura productiva de al menos dos actividades industriales viables, dado que el 10% de hectáreas de suelos empobrecidos por la actividad minera pueden ser utilizados para uso agrícola o forestal.

Finalmente, se busca fortalecer el gobierno propio y sus capacidades de gestión e interlocución con los Consejos Comunitarios locales del Medio Atrato. “Esta propuesta, trabajada durante los últimos tres meses, se encuentra en su etapa de cierre técnico y financiero, con la participación de actores claves en el posconflicto”, puntualizó el ministro.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/el-ministerio-de-ambiente-se-la-juega-por-un-choco-libre-de-mercurio-CG6998501

Argentina

AOMA pide que los estudios se realicen sin paralizar la actividad

La empresa Minera Alumbrera dijo que respeta el fallo, pero no comparte la detención de las operaciones. Micone va hoy a Diputados.

Trabajadores de la empresa Minera Alumbrera, nucleados en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) realizaron ayer una protesta frente a la Cámara Federal de Tucumán para pedir celeridad en la causa y pedir que los estudios ambientales que deban realizarse sean con los yacimientos en actividad.
Diego Herrera, secretario general de AOMA, filial Catamarca, dijo que el motivo primordial de la protesta fue porque el fallo “es desproporcionado, porque entendemos que se podrían realizar los estudios y mantener la actividad”.
En este sentido, comentó que presentaron un petitorio ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal para pedir que se deje sin efecto la orden de frenar la producción de los yacimientos de Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno.
De igual modo, señaló que la empresa se comprometió a garantizar el pago de sueldos. “Pero esto merece una solución inmediata para dar las garantías que necesita el trabajador. No nos olvidemos que aquí hay 2.200 familias en juego”, indicó.
Después de pasar por la sede de Tribunales Federales, unos 40 empleados manifestaron en la vía pública del centro tucumano.

En la Legislatura
Por otra parte, la empresa Minera Alumbrera no asistió ayer a la reunión de la Comisión de Minería y justificó su ausencia a través de una nota que fue dirigida al presidente de la Comisión, Hugo Navarro.
El gerente de la empresa, Raúl Mentz, confirmó la decisión de cumplir la sentencia, por lo que esta situación “requiere mi presencia en la operación a tiempo completo”.

Seguidamente, la carta expresa: “Más allá del absoluto respeto por la decisión judicial, Minera Alumbrera no comparte ni justifica la detención de las operaciones, atento a los numerosos controles que han ejercido durante años las autoridades de aplicación correspondientes y que demuestran la inexistencia del daño alegado. Minera Alumbrera hará valer sus derechos en los tribunales que corresponda”.
La minera asegura que esta medida “atenta contra la continuidad del empleo de 1.900 argentinos que se desempeñan actualmente en el yacimiento, además de perjudicar a los contratistas, proveedores y a las comunidades vecinas de la zona de influencia del proyecto”.
Ante la ausencia de la empresa, se presentó el secretario de Minería Rodolfo Micone, quien había sido convocado para el martes próximo.
Micone mantuvo un encuentro informal con los integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.
La reunión formal con el pleno de la Comisión será hoy y se tratarán los temas acordados en la reunión de ayer, que giran en torno a los controles ambientales que realiza la Secretaría de Estado de Minería, los seguros presentados por la empresa, la situación laboral de los trabajadores de Alumbrera y las pérdidas económicas que el cierre transitorio de los proyectos Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno traen aparejadas, tanto a la Provincia como a Nación.

Respuesta a Colombo 

“No haber salido inmediatamente en los medios de comunicación a ‘opinar’ sobre el fallo de la Justicia y sus consecuencias, no significa no haber hecho nada. No implica que hayamos estado quietos. Muy por el contrario, desde el minuto cero realizamos gestiones, hablamos con los actores involucrados, con los trabajadores, mantuvimos diversas reuniones”, afirmó el subsecretario de Minería de la provincia, Martín Sarmiento en respuesta a la diputada Marita Colombo.
Al respecto, la segunda autoridad de Minería de Catamarca remarcó que “una cosa es salir en los medios y otra muy distinta ocuparse del tema. Si a la oposición y a un sector mínimo de la prensa les preocupa que según ellos no salimos a hablar, que se queden tranquilos que nosotros nos ocupamos del tema seria y responsablemente”, afirmó.
El subsecretario de Minería cuestionó que en todo este tiempo “la oposición nunca habló, nunca presentó una nota, ni un mensaje de texto solicitando entrevistarse con el secretario de Minería, la empresa u otra autoridad de Gobierno para ocuparse de un tema que nos involucra a todos los sectores políticos”.

Fuente:http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2017/7/28/aoma-pide-estudios-realicen-paralizar-actividad-342338.html

Colombia

En primer debate, aprueban prohibición de actividades mineras en Ibagué

La comisión del plan del Concejo de Ibagué aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo que busca prohibir la minería contaminante en la ciudad.

De esta iniciativa se exceptúa a los paleros que extraen gravas y quienes ejercen la minería a menor escala a través del barequeo y que no utilizan agentes químicos para contaminar las fuentes hídricas.

El gobierno local a través del secretario de Hacienda, Juan Espinosa, manifestó que esta iniciativa no afectará las rentas del municipio teniendo en cuenta que de los 16.000 contribuyentes de industria y comercio que tiene la ciudad únicamente 20 empresas están registradas en la actividad extractiva y por este concepto solo pagan $26 millones anuales.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Ibagué, César Picón aseguró que el proyecto únicamente tiene el propósito de prohibir la minería a gran escala y no afectará al minero artesanal que ejerce su actividad en la ciudad.

Para el día lunes 31 de julio está programada la sesión plenaria del cabildo local donde se dará debate final a esta iniciativa.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/07/28/ibague/1501241902_890535.html

Chile

Túnel de Agua Negra: el meganegocio de infraestructura y su desconocido vínculo con los proyectos Dominga y Cruz Grande

Poco se había escuchado hablar del Túnel de Agua Negra, hasta que la Presidenta Michelle Bachelet se refirió a él en su última cuenta pública como “el mayor proyecto de interconexión con Argentina” entre la IV Región de Coquimbo y la provincia de San Juan. El vínculo de esta iniciativa con proyectos minero-portuarios como Dominga, Puerto Cruz Grande y la “ampliación” del Puerto de Coquimbo, posicionan a Aguas Negras como piedra angular de grandes intereses económicos y políticos con redes en la UDI y la DC, y que amenaza con devastar el equilibrio medioambiental, ya que los tres puertos estarían ubicados en las zonas de influencia de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

El transcurso de la intensa noche del pasado 9 de marzo demostraba, quizás como nunca antes, lo que significó la llegada del proyecto Dominga a la comuna y al pueblo de La Higuera. Mientras algunos higuerinos se dirigían a hacer barricadas en la Ruta 5 Norte, otros protestaban en la plaza del pueblo justo frente a la Casona Dominga, el centro estratégico de la minera en la zona, desde el cual pretende acercarse amigablemente a los más de 4.000 habitantes que hoy componen la comuna. ¿La razón? La reñida votación de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo, que terminó con el rechazo de Dominga gracias al voto decisivo del intendente de la región, Claudio Ibáñez.

Las manifestaciones en la plaza del pueblo enfrentaron a los simpatizantes de Dominga con sus detractores.

Hasta ahora, Minera Dominga ha sido el blanco de constantes críticas por parte del mundo medioambiental, dado el impacto que tendría su emplazamiento en esta zona costera que es bañada por las frías y nutritivas corrientes de Humboldt. Sin embargo, en la actualidad, Minera Dominga no es el único proyecto industrial que pretende instalarse en el lugar.

En la zona comprendida entre la localidad conocida como Barrancones y Totoralillo Norte, están contemplados otros dos grandes proyectos portuarios que han pasado prácticamente inadvertidos y que, sumados a Dominga, supondrían un impacto medioambiental sin precedentes, debido a su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH). Se trata de Puerto Cruz Grande, propiedad de la CAP Minería, y de un nuevo proyecto de la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO), iniciativa industrial de propiedad del Estado, aún en carpeta, pero cuya construcción –según distintos actores– se encuentra rodeada de incertidumbre sobre si será un nuevo puerto o una “ampliación”, como se ha dicho públicamente.

Los tres proyectos están unidos entre sí por una gruesa trama de vinculaciones político-empresariales, que en su conjunto conforman un verdadero complejo de infraestructura portuaria, insólito en una zona de preservación marina.

¿Cómo Coquimbo pasó de caracterizarse como una región comprometida con la preservación del medioambiente a una con vocación industrial portuaria?

Más allá de los cuestionados procesos de calificación ambiental, fuentes aseguran que el instrumento de planificación urbana conocido como Plan Regulador Intercomunal (PRI) de la Provincia del Elqui fue vital para la consolidación de este tránsito entre los intereses de la región. La historia de dicho plan parece tan sospechosa como estratégica: se formuló en 2005, bajo otros parámetros, que permitían la protección de la biodiversidad, pero en el transcurso de 10 años se modificó de tal forma, que terminó consolidando un nuevo complejo portuario en la comuna de La Higuera.

El panorama coincide justo con la licitación y construcción de un meganegocio de infraestructura que asoma desde la cordillera: el Túnel de Agua Negra, un proyecto bioceánico que pretende mejorar la conectividad e integración entre Chile y Argentina, cuya construcción se estima aproximadamente en diez años. Para esa fecha, los proyectos portuarios de la región estarían ya completamente operativos. Se abren así nuevas y estratégicas conexiones.

¿Existe algún vínculo directo entre Agua Negra y los puertos que actualmente pretenden instalarse en el sector costero de Coquimbo?

Preparando la zona

Ubicado a 64 kilómetros al norte de La Serena, el pueblo de La Higuera se encuentra prácticamente en medio de la nada. Rodeados de numerosos cerros color marrón que componen un constante y agotador paisaje para quien no sea de la zona, algunos higuerinos ven hoy en Dominga una importante fuente de creación de empleos, no solo para sus habitantes sino también para una comuna donde el 23,25% de su población se encuentra en situación de pobreza, según datos de la encuesta CASEN 2011-2013.

Precisamente el que La Higuera sea considerada una zona con indicadores de pobreza ha sido uno de los principales argumentos por parte de los distintos defensores e impulsores de las iniciativas industriales- portuarias en la IV Región, quienes valoran sus oportunidades laborales y de desarrollo.

La Higuera forma parte del Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui, junto a las comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña, Paihuano y Andacollo. Este instrumento se trabajó durante años en la zona y fue aprobado el 28 de julio de 2014 por el Consejo Regional, pero que se encuentra objetado en la Contraloría General de la República.

Antes de asumir como intendente por la IV Región, Sergio Gahona –ex rector de Inacap por La Serena, Copiapó y Calama– decidió renunciar en 2009 para lanzar su candidatura a diputado por la UDI. Sin embargo, tras no ser electo, recibió la oferta del entonces Presidente Sebastián Piñera de asumir como máxima autoridad en Coquimbo, cargo que ocupó hasta el 12 de noviembre de 2012.

Durante ese período, el hoy ex intendente fue uno de los principales impulsores del Plan Regulador Intercomunal, que incluye la posibilidad de instalar tres puertos en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, lo que a la postre implica convertir a la Región de Coquimbo de una zona con vocación medioambiental a una zona netamente industrial. “Busqué darles posibilidad a los grandes motores o palancas del desarrollo de la zona: la minería, agricultura, turismo, los servicios y también la pesca y la acuicultura”, dice.

Múltiples fuentes apuntan, sin embargo, al actual diputado UDI como uno de los actores que tuvo injerencia directa en el PRI, patrocinando la vocación portuaria de la zona.

Pero no solo huellas de la UDI han estado presentes en la defensa del Plan Regulador que permite el emplazamiento de los proyectos portuarios en las zonas de preservación. La Democracia Cristiana también ha jugado un rol protagónico. Una de sus figuras clave y reconocida en la zona es el diputado Matías Walker, reconocido defensor de los proyectos portuarios en la IV Región, y también de un viejo camarada de la zona, Francisco Villalón, ex seremi de Economía en el primer Gobierno de Michelle Bachellet, ex gerente de la Empresa Portuaria de Coquimbo (de la que depende el tercer puerto en carpeta) y actual Gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, propietaria de Minera Dominga.

Matías Walker, si bien considera que este es un buen plan regulador, no duda en trasladar la responsabilidad –sobre la destinación de espacios para la eventual construcción de tres puertos en el sector costero de La Higuera– al actual intendente y a quienes trabajaron en la zonificación. “Si el intendente propone que en la comuna de La Higuera existan tres puertos, obviamente que cualquier titular puede presentar un proyecto que proponga la habilitación de un puerto en la zona que está dibujado en la zonificación que necesita un puerto, por eso se aprobó el proyecto Cruz Grande”, afirma.

En los hechos, Cruz Grande se va a emplazar en el sector de Chungungo que, al igual que Totoralillo Norte, son zonas preferentemente de extracción de recursos bentónicos –aquellos organismos que habitan en los ecosistemas acuáticos– y de caletas pesqueras, según el documento “Zonificación de los usos del borde costero de la Región de Coquimbo”, elaborado en 2005 por el gobierno regional.

Si bien existen instrumentos de seguimiento y monitoreo promovidos por el señalado gobierno regional en torno al uso del borde costero, extraña que un documento tan relevante como este no sea considerado seriamente por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como primera instancia evaluativa de estos proyectos minero-portuarios.

Pese a que el Plan Regulador de la Provincia del Elqui fue aprobado por la Comisión Regional de Coquimbo a mediados de 2014, el documento ingresó a la Contraloría Regional el 22 de noviembre de 2016 y en abril de este año a Santiago, pues –de acuerdo a un oficio de Contraloría obtenido vía Transparencia– el organismo fiscalizador se abstuvo en 2015 por distintas consideraciones erróneas del documento, razón por la cual aún está siendo estudiado. Sin embargo, pese a las correcciones realizadas a dicho documento, fuentes aseguran que su aprobación está lejos de concretarse, debido a los errores aun mayores que presenta actualmente (ver documento de Contraloría).

La Higuera dividida

“¡Chupamedias!”, gritaban los simpatizantes de Dominga a sus detractores esa noche del pasado 9 de marzo en la plaza del pueblo de La Higuera. Personas que estaban allí afirman que, de un momento a otro, los insultos entre ambos bandos se incrementaron y que los simpatizantes de la minera comenzaron a tirar piedras provocando la dispersión de aquellos que se oponen tajantemente al proyecto.

En medio de la oscuridad del lugar, fuentes que piden reservar su identidad cuentan haber divisado a un hombre y a una mujer con cargos públicos en la comuna gritando consignas en contra de los detractores de Dominga: el concejal UDI Roquer González y la concejala Beatriz Hernández de la misma colectividad, ambos electos en 2016. Asimismo, aseveran que el alcalde UDI, Yerko Galleguillos, ha estado desde siempre a favor de Dominga y que, tal como si fuera su propia casa, ese día funcionarios de la Municipalidad de La Higuera izaron una bandera negra en señal de apoyo a la minera.

Su paso por las diferentes etapas de evaluación ambiental que aún mantienen a Dominga expectante respecto de la decisión del Comité de Ministros del próximo 10 de agosto, no ha sido impedimento para que la empresa organice estratégicas actividades que acerquen el proyecto a la gente de la comuna de La Higuera. Aliro Zarricueta, dirigente del gremio de pescadores de Los Choros y presidente de la federación de la comuna, cuenta que Dominga ha organizado onces en el restaurante Los Troncos, donde la gente puede disfrutar de “deliciosas churrascas y tortas”. Gente que, según Zarricueta, no es representativa de la comuna, al tratarse de aquellos “ancianitos que ya han vivido su vida, unos solterones también que están acá. Esa es la gente que los sigue”.

Además de la instalación de WiFi gratis en la plaza del pueblo, las fuentes también aseguran que Dominga actualmente fabrica chaquetas bordadas con el logo de la minera y que el trabajo en el colegio Pedro Pablo Muñoz ha sido “escalofriante”. Tanto así que a Karol Escobar Gómez, ex profesora del establecimiento que en una ocasión les informó a los niños sobre los beneficios y perjuicios de Dominga, terminó siendo inhabilitada para hacer clases por parte de las autoridades del colegio (lea aquí la denuncia).

Una de sus últimas polémicas actividades se realizó el pasado fin de semana en La Serena, donde la compañía organizó la feria laboral “Prepárate para Dominga”, como principal salida publicitaria de los 9.800 puestos de trabajo que pretende ofrecer de lograr su completa aprobación. El evento causó el rechazo total por parte de organizaciones medioambientales y vecinos del sector, quienes acusan una “falta de ética y moral” tremenda por parte de la empresa, al ser Dominga un proyecto que aún está en “veremos”.

Para lograr un vínculo entre la comunidad y Dominga se necesitaron de personas clave que impulsaran tanto la curiosidad como las ganas de la gente de asistir a las distintas actividades de la minera en la zona. Según publicó El Mostrador, durante el año 2013 el diputado DC asistió a una reunión para conversar de Dominga:  el lunes 18 de marzo de ese año, Walker se presentó en las oficinas de Andes Iron para conversar del proyecto junto a los empresarios Carlos Alberto Délano y Mario Livingstone.

Nancy Duman, representante de la organización medioambiental Sphenisco, cuenta que en enero de este año, en la Universidad Pedro de Valdivia, Matías Walker se reunió con los representantes de Dominga y con la gente que integra la mesa del Acuerdo Marco, instancia que “formaliza y regula la relación entre el proyecto Dominga y la comunidad de La Higuera”, según documentos de Andes Iron. Lo curioso es que, solo un mes después, Walker rechazó una reunión con dirigentes de pescadores y organizaciones medioambientales, antes de la sesión de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

Duman asegura que, después de la reunión del Acuerdo Marco, Walker “invitó a la gente a asistir a la sesión especial de la Cámara y también les hizo sugerencias de cómo debían organizarse. Posteriormente, él fue muy explícito en su intervención del día 8 de abril, que tuvo lugar en la sesión especial en la Cámara de Diputados”, evidenciando una vez más su total apoyo al proyecto.

Además, la representante de Sphenisco explica que no solo han intentado reunirse con Walker sino también con Sergio Gahona y el senador democratacristiano Jorge Pizarro. Este último, convocado con Walker a la reunión de marzo para la cual excusó su asistencia. En relación con Gahona, Duman afirma que en diversas oportunidades se le ha solicitado una audiencia vía Ley de Lobby  y que no han recibido respuesta alguna.

Además del nulo interés de ambos diputados por las valoraciones medioambientales que sostienen organizaciones y trabajadores de la comuna, Gahona y Walker presentaron el pasado 4 de abril una propuesta de trabajo en Sala, respecto a las “medidas por la excesiva politización de las fases administrativas vinculadas a la evaluación ambiental de proyectos mineros como el denominado Dominga”, lo que para muchos es contradictorio.

Dominga no está sola

“A nosotros nos están dando como bombo en fiesta, pero nadie habla de Cruz Grande. Hay una inconsistencia. Pero eso no me lo tienes que preguntar a mí, tienes que ir a preguntarle a Oceana, a Modema, ¿por qué no alegan contra Cruz Grande? Si, en rigor, les interesan las especies protegidas”, dice Iván Garrido, gerente general de Andes Iron, con un dejo de risa, pero también de molestia.

Si bien organizaciones medioambientales como Oceana, Modema y Sphenisco han venido realizando un arduo trabajo en torno al Puerto Cruz Grande, desde que entró al SEA en 2012, es quizás la audaz estrategia comunicacional de bajo perfil de CAP Minería –empresa que desarrolla sus negocios a través de la CMP– la que ha hecho que este proyecto pase casi inadvertido tanto en los medios como en la misma zona.

Al igual que Dominga, Puerto Cruz Grande pretende ubicarse en la comuna de La Higuera, pero mucho más cerca de las zonas de preservación, específicamente en la localidad de Chungungo, a 10 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

A diferencia de Dominga, que plantea una circulación de entre 3 a 4 barcos mensuales de gran calado en las cercanías de la Reserva Pingüino de Humboldt, Cruz Grande proyecta atender anualmente 75 naves graneleras, vale decir, entre 6 y 7 buques mensuales, de hasta 300.000 DWT (siglas en inglés de tonelaje de peso muerto), con una capacidad promedio de 180.000 toneladas por buque.

Esta enorme circulación de buques por las zonas de preservación ecológica transforma a Cruz Grande en una amenaza potencial a la biodiversidad de la zona, de mayor envergadura que la representada por Dominga. Ahora, en el caso de que ambos proyectos se instalen en la zona, las consecuencias serían de proporciones.

El propósito inicial de Cruz Grande es “brindar los servicios de recepción, acopio y embarque de graneles minerales de hierro requeridos por el ‘Proyecto Tofo’” –también de CAP Minería– y, eventualmente, por otros proyectos mineros o de infraestructura, dentro de los cuales podría incluirse el Túnel Agua Negra. La instalación portuaria tendrá una vida útil de al menos 50 años, contará con una inversión de USD $250 millones y permitirá el embarque de 13,5 millones de toneladas de minerales a granel al año.

El silencio de Cruz Grande

A diferencia de Dominga, el proceso de evaluación ambiental de Cruz Grande ha sido silencioso, pero no menos polémico. En 2012, CAP Minería ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto Puerto Cruz Grande, mediante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. Luego de dos años y medio de tramitación, el 30 de enero de 2015, en el salón Prat de la Intendencia Regional, la comisión de evaluación de la época votó la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto. El resultado fue 11 votos a favor y uno en contra, este último del entonces seremi de Agricultura, Francisco Rojas. Inmediatamente después de esta oposición, el seremi fue despedido de su cargo.

Fue la misma senadora PPD por Coquimbo Adriana Muñoz quien firmó una declaración pública expresando su “profundo malestar por una decisión que consideramos inadecuada y, fundamentalmente, inoportuna. Resulta imposible separar este repentino alejamiento,  de  la votación negativa de nuestro Compañero Francisco Rojas respecto de la reciente evaluación ambiental del proyecto Puerto Cruz Grande”.

Tras esta votación, distintos actores ingresaron reclamaciones en contra de la iniciativa, cuyos esfuerzos no lograron frenar que el Comité de Ministros –tercera instancia de evaluación– aprobara Puerto Cruz Grande. Por ello, el 17 de marzo de 2016, los mismos reclamantes acudieron a la siguiente instancia: el Tribunal Ambiental de Santiago. El documento emitido por este en relación con el caso, señala que la causa “queda en acuerdo”, es decir, con sentencia ya definida por los magistrados, pero sin que se haya aún redactado el fallo en poco más de un año.

Sin embargo, el 31 de mayo de 2017, un día antes de la última cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet, donde a la vez se dio a conocer el Túnel de Agua Negra, el Tribunal Ambiental aprobó Puerto Cruz Grande, pese a los recursos de reclamación de Modema y a la presión de distintas organizaciones medioambientales.

“Cruz Grande no tiene proyecto minero, es un puerto sin flujo. No tienen ninguna mina ahí funcionando, ellos no tienen estudios de factibilidad ni nada”, afirma Garrido en la oficina de Andes Iron. Sin embargo, según el sitio web de Minería Chilena, CAP Minería presentó en 2014 una cartera de proyectos, dentro de los cuales destaca su iniciativa más costosa: Proyecto minero El Tofo, “una mina greenfield –desarrollada desde cero– ubicada en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, y que tiene potencial para producir 13,5 millones de toneladas de hierro por año. Costará, según las estimaciones actuales, US$2.900 millones”, detalla el portal minero. Aunque el mercado del hierro ha pasado de un boom en años anteriores a un equilibrio crítico entre costos y precio.

A diferencia de Andes Iron, CAP no quiso dar declaraciones tras ser consultado para este reportaje. Pese a que el argumento fue falta de vocería, ya es parte de su habitual estrategia comunicacional: el silencio total en prensa. La incertidumbre en torno a este gran proyecto minero portuario continúa en el cerrado círculo de una de las empresas mineras privadas más grandes de Chile.

Puerto de Coquimbo en carpeta

En términos de proyección, el Puerto de Coquimbo busca superar las 832.754 toneladas de carga transportadas durante 2016. Aspiración digna de la que se constituye como la principal salida marítima de la IV Región.

Actualmente el puerto es administrado por la Empresa Portuaria Coquimbo (EPC); una empresa del Estado de corte empresarial, con autonomía administrativa y financiera, constituida en 1998. Luego de concluir la licitación por el frente de atraque del puerto de Coquimbo, el 9 de marzo de 2012, EPCO firmó un contrato de concesión con Terminal Portuario Coquimbo (TPC), empresa perteneciente al holding Ultramar que, a partir del 1 de abril de 2012, comenzó a operar dicho frente de atraque por los siguientes 20 años, comprometiendo asimismo un programa de inversiones para la construcción de un tercer sitio de atraque (embarques de graneles) y de un terminal de pasajeros.

El 5 de enero de este año, el TPC nombró como directores para un nuevo periodo estatutario a los titulares Jan Vermeij, Fernando Reveco y Andrés Elgueta, y los suplentes Richard von Appen, Álvaro Brunet y Fernando Elgueta. Von Appen junto a Andrés y Fernando Elgueta son personajes conocidos en la zona.

El primero, por ser parte del linaje de los Von Appen, e integrante de la empresa familiar Ultramar, que actualmente controla la sociedad Inversiones Neltume Limitada, una de las grandes accionistas del TPC.

Los Elgueta, por su parte, han mantenido su presencia en la zona y a lo largo de Chile por sus negocios con la sociedad Inversiones y Construcciones Belfi Limitada, otra de las principales accionistas de TPC. Dicha sociedad está controlada actualmente por Enrique Elgueta Gálmez, Héctor Elgueta Gálmez, Andrés Elgueta Gálmez y Óscar Guillermo Cisternas Sánchez.

El vínculo de los Von Appen no se ha reducido al Puerto de Coquimbo sino que también han incursionado administrativamente en otra grande del rubro: CAP Minería. Sven Von Appen fue director de la compañía desde 2002 hasta 2009. Ese mismo año pasó a ser vicepresidente de la firma, hasta 2012, para en 2013 volver a ser director, según las actas de las memorias anuales de la CAP.

Sin embargo, su vínculo es tan administrativo como comercial, puesto que todo el mineral proveniente de las minas El Romeral –también propiedad de CAP Minería–  tienen su salida por el Puerto Guayacán que, a su vez, es propiedad de Ultramar.

Pero más allá de los proyectos en curso, Nancy Duman cuenta que la empresa contempla un nuevo puerto, que en términos técnicos le denominan “Proyecto de ampliación del Puerto de Coquimbo”, pero que en realidad se trataría de un nuevo complejo, que se instalaría en la zona de Barrancones.

Pese a señalar que es una iniciativa que actualmente “está en carpeta”, es decir, que no se encuentra en el sistema, sí ha sido discutida en algunas reuniones donde participan instituciones públicas como el MOP. Además, asegura que el proyecto ha estado en presentaciones de Sernapesca y Conaf.

En este punto, Walker sostiene que “está dibujado en el Plan Regulador Intercomunal, aprobado por el gobierno regional, cuáles son las zonas donde pueden permitirse puertos, y entiendo que en la comuna de La Higuera están aprobados tres lugares para emplazamientos portuarios; uno corresponde al proyecto Cruz Grande ya aprobado, otro al futuro puerto de Dominga y otro pensando precisamente en que el Puerto de Coquimbo no pueda quedar abajo, no pueda dar abasto y se necesite un puerto adicional”, explica.

Lo cierto es que, de ubicarse este nuevo proyecto en el sector de Barrancones, se convertiría en un amenaza igual o incluso peor que Dominga y Cruz Grande para la zona, y quedaría emplazado precisamente en el sector donde iba a construirse la Termoeléctrica Barrancones antes de que Sebastián Piñera interviniera en “favor de la naturaleza” el año 2010.

El Mostrador intentó contactar a Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO), para consultarle sobre si esta nueva proyección del Puerto de Coquimbo al norte de Cruz Grande corresponde a una iniciativa de la compañía. Sin embargo, luego de constantes insistencias, no obtuvimos respuesta.

Todo conduce al Túnel de Agua Negra

Dos túneles de 7 kilómetros de diámetro y 13,9 de largo cada uno. Con esas medidas el Túnel de Agua Negra pretende atravesar la Cordillera de los Andes con el fin de mejorar la conectividad y el traspaso de mercancías entre Argentina y Chile, específicamente entre la provincia trasandina de San Juan y la Región de Coquimbo.

Este megaproyecto se enmarca dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un foro de diálogo que desde 2010 reúne a los 12 estados que actualmente conforman la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y cuyo objetivo es “la planificación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones”.

El IIRSA establece diez Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) a lo largo de Sudamérica, delimitando franjas transversales entre países donde se concentran espacios naturales, zonas productivas, asentamientos humanos y flujos comerciales. Sobre la base de dichos ejes, esta iniciativa plantea una serie de proyectos que van desde la construcción de carreteras, líneas férreas y aeropuertos, hasta túneles de gran envergadura, como Agua Negra, enmarcado dentro del área de influencia del eje Mercosur.

Además del apoyo de los diferentes gobiernos de turno, que desde 2009 vienen impulsando el túnel en ambos países, un megaproyecto como Agua Negra necesita de una entidad sólida capaz de sostener el diálogo y coordinación entre sus representantes. Para ello se creó la Entidad Binacional para el Proyecto de Túnel de Baja Altura del Paso de Agua Negra (EBITAN) en 2010, cuya última principal decisión fue la precalificación de los grandes consorcios que desean adjudicarse la licitación del túnel, muchos de ellos conformados por grandes empresas argentinas cuestionadas por su vínculo con personajes políticos del país trasandino, acusados de corrupción y lavado de dinero.

Para que un proyecto de la envergadura de Agua Negra funcione, la Región de Coquimbo debe contar con un nivel de desarrollo que permita el tránsito y exportación de los diferentes productos que llegarán desde Argentina.

Según el documento del PTI del Túnel de Agua Negra, su importancia radica en que “el área de influencia y los impactos tomados en consideración exceden a los que se incluyen en la evaluación estándar de este proyecto”, específicamente en su estudio de impacto ambiental.

Las etapas de elaboración del PTI incluyen planes, programas y proyectos que permitan su implementación, además de estratégicos ejes de acción en la Región de Coquimbo que van desde la conectividad física y actividades económico-productivas, hasta la identidad de la sociedad local y protección del patrimonio cultural.

El eje de la conectividad física abarca desde la mejora de la conectividad vial y ferroviaria donde, por ejemplo, se incluyen proyectos de pavimentación de rutas, hasta la mejora de la oferta portuaria de la Región de Coquimbo.

La página 58 del documento señala a Dominga, Cruz Grande y el proyecto de ampliación del Puerto de Coquimbo como parte de la mejora de dicha oferta portuaria.

En términos concretos, esto significa que la EBITAN considera como un elemento fundamental de su megaproyecto la construcción de los tres proyectos en la zona.

El presidente de la EBITAN por nuestro país y representante del Ministerio de Obras Públicas en esta materia, Enrique Álvarez, asegura que en ambos lados de la Cordillera –Región de Coquimbo y provincia de San Juan– están siendo preparados para lo que va a ocurrir después de la construcción de este túnel.

Lo que se nos ha informado desde ambos estados son proyectos que están de la mano con la construcción del túnel por la implicancia que tiene. Tienen que ser los gobiernos regionales y los propios estados los que definan cuáles proyectos. Nosotros, es información que recibimos en cuanto a idea, en cuanto a proyección, pero como entidad binacional estamos a cargo de la construcción y fiscalización del Túnel de Agua Negra”, dice Álvarez.

Sin embargo, no solo se incluyen los puertos sino también la aprobación del PRI del Elqui, específicamente en el eje estratégico “riesgos de origen natural y antrópico”. Esta tarea está asignada, según el propio documento, al gobierno regional de Coquimbo y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Una de los problemas que enfrentan los complejos portuarios con la vinculación a Agua Negra, es que cada uno ha presentado los estudios de impacto ambiental por separado, y no como parte de un gran complejo de infraestructura que tendrá un impacto sin igual en la región.

Pese a que el documento del Túnel reconoce a Dominga como parte de la finalidad que tendrá Agua Negra, Garrido, de Andes Iron, se desmarca del gran proyecto: “Nadie se nos ha acercado ni hemos tenido ninguna conversación respecto al Túnel de Agua Negra. Por lo tanto, nuestro estudio de impacto ambiental es solamente para sacar el mineral de Dominga, es decir, si fuéramos aprobados, habría que hacer otro estudio para ver si es posible usar ese puerto para otros fines. Por lo tanto, no tenemos ninguna relación formal con Agua Negra. Nunca nos han invitado, y es raro que nos nombren”.

“Lo encuentro notable… eso a mí me indigna. Y créeme, de buena fe, no tenemos idea, y te puedo dar pruebas de que nunca se ha acercado una autoridad a hablarnos sobre esto a nosotros. Yo no tenía idea (…). Pero lo que te quiero decir yo, como ciudadano, si eso está escrito, eso debería haber sido socializado en la región, discutido en miles de paneles, en los diarios, en editoriales, en opiniones, debería ser súper transparente, toda la gente de la Región de Coquimbo debería conocer eso”, sostiene Garrido.

En este contexto de contradicciones y desinformación entre las autoridades de Gobierno, de la región y empresarios en la zona, los trabajadores y vecinos de la comuna de La Higuera viven hoy en un escenario de desconfianza, divisiones e incertidumbre frente a lo que pasará en una de las zonas más importantes del centro-norte del país, cuyos terrenos se encuentran ya en manos de algunos empresarios.

El Túnel de Agua Negra y sus funcionales proyectos Dominga, Puerto Cruz Grande y la “ampliación” del Puerto de Coquimbo planean ser los pilares esenciales del que será el complejo portuario más grande de Chile. Si bien promete ser el corazón del desarrollo industrial que las autoridades pregonan, las implicaciones de su asentamiento impactarán no solo en las reservas marinas y zonas de biodiversidad que los distintos gobiernos de turno se han comprometido a defender, sino también en la calidad de vida de la que hoy es una de las comunas más pobres del país.

Fuente:http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/27/tunel-de-agua-negra-el-meganegocio-de-infraestructura-y-su-desconocido-vinculo-con-los-proyectos-dominga-y-cruz-grande/

Colombia

Avanza proceso para realizar una consulta popular minera en Santa Rosa

Las autoridades y la ciudadanía se han reunido en varias oportunidades para que se tomen acciones en torno a la protección del medio ambiente.

El alcalde de Santa Rosa de Cabal Henry Arias aseguró que se han adelantado varios procesos para estructurar esta consulta popular que prohíba actividades de minería a cielo abierto en el municipio.

Argumento que varios grupos ambientalistas lideran esta propuesta que ha sido bien recibida por la comunidad, pues ya se tienen ejemplos como en Pijao y Cajamarca.

Indicó el alcalde que tampoco se descarta un proyecto de acuerdo para prohibir estas prácticas en suelo santarosano. Aseguró que la opinión del pueblo es prioridad para su administración por esto se avanza de manera lenta pero segura en la estructuración de esta consulta popular.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/07/26/pereira/1501071490_642870.html

Cuba

Explotación minera de Cuba excava en busca del personal perdido

La actual explotación de los yacimientos existentes en el municipio de Minas de Matahambre, en la provincia cubana de Pinar del Río, propicia y facilita recuperar los empleos que en un momento estuvieron perdidos aquí.

MINAS DE MATAHAMBRE, Cuba, 25 jul 2017 (IPS) – Camiones y buldóceres serpentean por la mina a cielo abierto en las lomas de Castellanos, en este municipio del occidente cubano, mientras ocho obreros colocan explosivos en un filón del colorido yacimiento con franjas negras, ocres y rojas.

El ajetreo industrial para obtener plomo y zinc en el proyecto nuevo más importante del sector, revive aquí la tradición minera detenida en 1997 con el cierre de las simbólicas minas subterráneas de cobre, en otro punto de Minas de Matahambre distante de Castellanos.

Entonces, la agricultura quedó como la única fuente económica del municipio.

Parte de la fuerza formada durante un siglo de extracción de metales se reservó pero mucha se perdió, un obstáculo enfrentado por la iniciativa con inversión extranjera, que comenzó las obras constructivas en 2015, este mes de julio empezó la trituración de la piedra y prevé arrancar la planta procesadora el 3 de octubre.

“Hoy tenemos personal gracias a la estrategia de capital humano que se tuvo en el municipio”, dijo Justo Hernández, gerente general adjunto de la Empresa Mixta Minera del Caribe SA (Emincar), en un área segura de la mina durante una visita de un grupo de periodistas.

Con una inversión de 278 millones de dólares, Emincar se ocupa de la extracción de rocas negras con plomo y zinc mezclados, la separación de ambos metales en la planta y el traslado de los volúmenes recuperados al cercano puerto de Santa Lucía, en la costa norte, hasta el vecino megapuerto del Mariel, de donde se exportarán.

El proyecto de la empresa, fruto de la unión entre la estatal Geominera (51 por ciento) y el grupo trasnacional  Trafigura (49 por ciento), con base en Europa, ha generado 1.350 empleos durante la inversión. De ellos, 98 por ciento procedentes del mismo municipio. Cuando inicie la producción, el plantel bajará a la mitad, con similar participación local.

Al igual que otras a actividades industriales, la minería de Cuba sufrió un abrupto descenso durante la crisis económica casi crónica que el país soporta desde 1991.

Por años, la actividad extractiva se redujo a la obtención de níquel más cobalto en el oriente del país, los hidrocarburos en yacimientos terrestres y mármoles, entre otros pocos recursos mineros.

No obstante, Cuba tiene una de las mayores reservas mundiales de níquel asociado al cobalto y ese mineral es el primer producto de exportación en este país insular caribeño.

Pero el metal atraviesa una etapa de bajos precios en el mercado internacional, lo que obligó a la industria a planificar la extracción de solo 54.500 toneladas en 2017, muy por debajo al promedio de 70.000 anuales de la década pasada. Para evitar el impacto interno de estos vaivenes externos,  es que el gobierno impulsa la diversificación de su oferta minera.

Alto y fornido, Hernández ostenta 35 años de experiencia en el sector que en el pasado hizo famoso a Minas de Matahambre, de 857 kilómetros cuadrados con predominio montañoso y 33.733 habitantes. “De entonces se conservaron principalmente los geólogos e ingenieros minero-metalúrgicos”, contó el geólogo a IPS.

“Todo el personal más especializado se trató de mantener en la minería por el potencial de más de 30 años de explotación de la zona”, continuó. Pero, “los más afectados fueron los técnicos, obreros y el personal de oficina, que pasaron a otras actividades en el municipio, como comercio y agricultura”, acotó.

De ahí que Emincar tuvo que capacitar al personal, en especial 56 técnicos, en un perfil integral con conocimientos de minería, geología y tecnología, para su meta de lograr anualmente 100.000 toneladas de zinc y 50.000 toneladas de plomo, así como desarrollar potencialmente en el futuro las reservas de oro, plata y cobre de la zona.

“De ellos, 24 compañeros hoy se entrenan en Perú, en una planta en operaciones, porque en Cuba no tenemos fábrica de plomo y zinc”, precisó Hernández, para quien es clave que el personal “toque el proceso directamente” antes de echar a andar la planta cubana.

“La planta fue pensada como una inversión en el tiempo, con una alta calidad y capacidad, que puede permitir 30 años más de operaciones”, informó Hernández.

La actual mina tiene reservas para 11 años al ritmo productivo proyectado y luego se extraerá por otros 10 años plomo y zinc del yacimiento de Santa Lucía, ubicado a un kilómetro del de Castellanos, y donde también se ubica una localidad costera, parte del municipio de Minas de Matahambre.

En las alturas de la planta que aún no se concluyó, la técnica de seguridad Felicia Despaigne supervisa que los obreros usen los medios de protección. Con 18 años de experiencia en la minería, ella es una de las pocas mujeres que trabajan directamente en el área de producción, donde se perciben los mejores ingresos.

“No hay tantas, en el área somos tres mujeres, y habrá algunas otras más. El resto está en las oficinas y los servicios”, explicó a IPS la trabajadora del emprendimiento donde la fuerza femenina representa 10 por ciento. “A mí me gusta la minería y estar cerca de la producción”, compartió esta vecina de Santa Lucía.

“Esto va a repercutir mucho en la población porque vamos a tener mayor vida, va a mejorar el salario y el trabajo”, valoró. “Al cierre de la mina de Matahambre muchas personas se quedaron desvinculadas (desempleadas)”, recordó la integrante de una familia con arraigo minero.

El esposo de Despaigne trabaja como perforador en Geominera y el hijo de ambos es uno de los artilleros en Castellanos. “Antes el trabajo era más extractivo, sin ver los riesgos ni los daños de los mineros, ahora se le garantizan todos los medios de protección, hay mejor confort y ambiente laboral”, comparó la supervisora.

Sobre carteles gigantes, pequeñas pancartas y murales informativos, la fábrica está salpicada con mensajes como “Por tu familia”, que insta a los trabajadores a seguir las normas de seguridad en los trabajos de alto riesgo, por los que reciben un ingreso promedio equivalente a 130 dólares mensuales, muy por encima de la media nacional.

“Indiscutiblemente la explotación de estos yacimientos propicia y facilita recuperar los empleos que en un momento estuvieron perdidos”, dijo Miosotis Alonso, subdirectora de la Dirección Provincial de Trabajo de Pinar del Río, la provincia adonde pertenece Minas de Matahambre.

“El proyecto se está nutriendo de trabajadores que tuvieron experiencia en la antigua Mina Capitán Alberto Fernández (de cobre) y de jóvenes que tienen una tradición familiar minera”, enfatizó. “Antes del proyecto, Minas (de Matahambre) estaba entre los municipios con más desvinculación de la provincia, sin opciones de empleo”, reveló a IPS.

Compartió que su dirección, que vela por el cumplimiento de las normas laborales, observó en las visitas a la zona que “el estado anímico de las personas en el municipio es favorable porque mejoran los ingresos económicos y la empresa aporta con un impuesto sobre sus utilidades a las arcas del municipio”.

Directivos cubanos y extranjeros de Emincar aseguraron que es cero el impacto contaminante a la población más cercana. Resaltaron medidas de cuidado ambiental como una capa de plástico sobre la presa de cola (con los residuos), hermeticidad en las descargas de mineral y tratamiento y reciclaje de aguas residuales en el proceso.

En medio de una nueva recaída económica, Cuba intenta recuperar el sector minero para mantener sus extracciones de níquel asociado a cobalto, mármol, zeolita, petróleo y gas asociado, y pequeñas cantidades de oro; además de explotar sus reservas de plata, zinc, cobre, plomo, cromo y otros minerales no metálicos.

Fuente:http://www.ipscuba.net/economia/explotacion-minera-de-cuba-excava-en-busca-del-personal-perdido/

Mexico

Gobierno y Grupo México eluden remediar ecocidio en Sonora: ONU

El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, encabezada por Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, acusó a Grupo México de ser arbitrario y no respetar normas ambientales ni laborales, y al gobierno federal de ser incapaz de hacer cumplir la ley por su urgencia de atraer inversiones.

En su informe más reciente, el grupo de trabajo determinó que la empresa propiedad de Germán Larrea Mota Velasco y las autoridades federales se acusan mutuamente para eludir la urgente remediación de los daños causados por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre al río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, que afectó a más de 22 mil personas.

Sulyandziga y Pesce afirmaron que solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) interponer una querella contra la minera, pero la dependencia alegó que sólo podría asesorar o hacer recomendaciones.

El organismo señaló que el tanto el gobierno como las empresas violaron los derechos humanos al no vigilar el diseño y la ejecución de proyectos de gran escala y tampoco reparar los daños causados.

El Estado mexicano, sujeto a los intereses de empresas

El equipo de la ONU visitó Sonora en septiembre pasado, después de escuchar los argumentos de las partes involucradas. Se reunieron con los titulares de dependencias estatales y federales, directivos de Grupo México, organizaciones civiles y pobladores de la ribera del río Sonora.

Determinaron que ni el consorcio minero ni las autoridades federales están comprometidas para remediar los daños, a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa detectaron 55 irregularidades en las actividades de la empresa.

El Estado está sujeto a los intereses de las empresas. No se aplican políticas ni se cumplen compromisos de remediación, apuntaron en el informe.

Las violaciones a los derechos de los pobladores de las localidades cercanas al río Sonora, indicó el grupo de trabajo, consisten en la nula remediación, reparación y compensación por daños económicos y ambientales, así como en los problemas de salud causados por el derrame.

Recordó que, a fin de evitar demandas penales y administrativas, Grupo México se comprometió a instalar 28 plantas de tratamiento del agua con tecnología de filtración de metales pesados y a construir una clínica para tratar a los afectados, pero no ha cumplido.

Subrayó que las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos, con independencia de la capacidad o voluntad de los estados.

Perú

Alto riesgo ambiental en 9 departamentos por 17 relaves mineros

La emergencia generada por el fenómeno de “El Niño Costero” reavivó el debate sobre el alto riesgo de desastre[1] en el que se encuentra la ciudad de Lima, por el probable deslizamiento o colapso del relave minero “Triana”. Propiedad de la empresa minera australiana Nyrstar, este relave está ubicado en el kilómetro 93 de la Carretera Central en el sector conocido como cerro Tamboraque, a escasos metros del curso del río Rímac. De ocurrir un colapso, podría contaminar las fuentes de agua que abastecen a las plantas de tratamiento de Sedapal.

El pasado 4 de abril, Gestión publicó un artículo titulado “Lluvias ponen en riesgo de contaminación del agua por 18 relaves mineros en el país[2]” en el que, además de referirse a la situación de Tamboraque, se señala que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) había identificado 18 relaves mineros que representaban un potencial riesgo ambiental[3], debido a las lluvias torrenciales ocurridas en todo el país.

Fue a partir de este artículo y en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se solicitó a OEFA la información espacial detallada (incluidas coordenadas geográficas) de los 18 relaves mineros citados en el diario Gestión. OEFA nos alcanzó la información requerida con la aclaración de que los relaves mineros identificados en situación de riesgo eran 17 y no 18 como lo había mencionado el diario Gestión, el cual posteriormente publicó una nota aclaratoria.

De la revisión previa de la información remitida por OEFA, se encontró que de los 17 depósitos de relaves[4] que presentan potencial riesgo ambiental, 16 están en operación y solo uno está en proceso de cierre o cerrado. Estos relaves pertenecen a 15 proyectos de propiedad de 12 compañías mineras. Entre los casos identificados están Buenaventura, que con sus minas Julcani y Orcopampa tiene tres de los 17 relaves; la compañía Antapaccay con la mina Tintaya que tiene dos relaves; la compañía Volcan con sus minas Carahuacra y Andaychagua que tiene dos; y la compañía minera Kolpa con la mina Huachocolpa Uno que tiene dos depósitos de relaves, que podrían generar un desastre ambiental.

Si analizamos la distribución espacial de los 17 puntos, vemos que están localizados en 13 distritos, pertenecientes a 11 provincias de 9 departamentos del Perú. Así mismo identificando su ubicación y contigüidad a quebradas y ríos, vemos que siete de estos relaves podrían contaminar las aguas del río Mantaro a través de sus afluentes. Asimismo, se observa la posibilidad de un desborde o colapso del relave Chinchán de la mina Casalpaca sobre la quebrada Yuraccocha (afluente del río Rímac), que podría significar un desastre mayúsculo en términos del abastecimiento de agua potable para gran parte de la población limeña (ver cuadro y mapa, para mayor detalle de otros casos).

Como sabemos, existen altas probabilidades de que en un contexto de variabilidad climática se vuelvan a repetir fenómenos de intensidad atípica, lo que podría convertir este riesgo ambiental en desastres con miles de afectados, pues la proximidad de estos 17 relaves a quebradas y ríos que son fuentes de agua de poblaciones urbanas y rurales es preocupante.

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[1] El riesgo es la posibilidad (o probabilidad) de perder aquello a lo que se atribuye importancia. Para un territorio es la posibilidad (o probabilidad) de perder los elementos esenciales (por ejemplo el agua potable en la ciudad de Lima) que permiten su funcionamiento y desarrollo (D’Ercole y Metzger, 2002).

[3] Según la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales de la Dirección de Calidad Ambiental (Ministerio del Ambiente) publicada en el año 2011, el riesgo ambiental se define como “la probabilidad de que ocurra un efecto adverso como resultado de la exposición a contaminantes. Para que exista riesgo deben conjugarse el peligro y la exposición a dicho peligro. Los individuos o grupos de individuos expuestos se denominan receptores y pueden ser receptores humanos, animales y plantas, ecosistemas o receptores ambientales a proteger (por ejemplo: acuíferos o cuerpos de agua superficial)”.

[4] En el procesamiento de la información espacial se identificó que, de los 17 relaves mineros remitidos por OEFA; los depósitos de relaves Santa Catalina del proyecto minero Quiruvilca, N° 9 del proyecto minero Julcani y un relave del proyecto minero Cerro Verde, tenían coordenadas de ubicación espacial erradas, por lo que se procedió a su georefenciación de manera referencial con ayuda de la base de datos de unidades mineras en exploración y explotación del Ministerio de Energía y Minas. Así mismo, debido a que OEFA, envió las coordenadas de ubicación de relaves en diferentes sistemas, se hizo la conversión al sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM).

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/740-alto-riesgo-ambiental-en-9-departamentos-por-17-relaves-mineros

Perú

PPK: un año desmantelando políticas ambientales

Al cumplir sus primeros 12 meses como presidente constitucional, debemos reconocer que Pedro Pablo Kuczynski viene cumpliendo fielmente una de sus promesas: “no exagerar” en la normativa ambiental, “ser realistas” para atraer inversiones(1).

En efecto, durante este año el Gobierno ha retrocedido –aún más- en la tímida política ambiental que había construido el Estado peruano. El Ministerio del Ambiente ya no pretende convertirse en autoridad rectora, sino que ha sido relegado al papel de promover campañas informativas e impulsar algunos proyectos específicos. La errada concepción detrás de todo esto es que las políticas ambientales impactan negativamente en el crecimiento económico.

El Gobierno se ha comprado el discurso que los gremios empresariales han venido sosteniendo durante los últimos años, desde que el Estado empezó a impulsar algunas políticas de regulación y fiscalización ambiental. Según los voceros de las grandes empresas, la excesiva “tramitología” era la causa de una menor inversión en el sector minero y de la desaceleración de la economía. Frente a ello, la solución sería reducir los “trámites” –particularmente ambientales- y en general flexibilizar los reglamentos, las exigencias y la fiscalización a las empresas.

Es a partir de este enfoque que se deben entender las diversas decisiones que ha venido tomando la gestión de PPK en el último año. Entre los retrocesos socioambientales más saltantes se encuentran los siguientes:

  • ordenamiento territorial en el limbo: con su nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Ministerio de Ambiente renuncia de manera ilegal a la función rectora en el proceso de Ordenamiento Territorial, contemplada en su ley de creación. Con ello, al no haberse aprobado ninguna norma que establezca cuál será el nuevo ente rector, este proceso -fundamental para ordenar las actividades, equipamiento, servicios, etc., en un territorio- ha quedado en el limbo legal.
  • propuesta de nuevo reglamento de exploración minera: El nuevo reglamento busca la simplificación administrativa y la reducción de trámites para la exploración minera, además en determinados proyectos de exploración se reduce la necesidad de estudios ambientales. Según el viceministro Labó, el objetivo de este reglamento es “revertir la caída de las inversiones”. Como vemos, se trata de una norma ambiental que explícitamente tiene objetivos económicos.
  • los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Aire que –entre otros cambios- elevan el límite para dióxido de sulfuro en 12 veces (pasando de 20 a 250 ug/m3 al día). Pese a que muchos dijeron que este “sinceramiento” buscaba facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, esta semana se conoció que la subasta del mismo ha fracasado por tercera vez. En realidad, de acuerdo a las propias declaraciones previas de PPK, esta norma buscaría captar inversiones para nuevas fundiciones y plantas de procesamiento de minerales.
  • aguas residuales: el DL 1285 reduce las exigencias y procedimientos para la aprobación del vertimiento de aguas residuales. Esta norma, leída en conjunto con los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Agua –que flexibilizan las exigencias parámetros microbiológicos y parasitológicos como los coliformes totales- buscaría facilitar la inversión en saneamiento.
  • reconstrucción sin cambios: tras el fenómeno meteorológico denominado “El Niño Costero”, la creación de la Autoridad para la Reconstrucción excluyó al Ministerio de Ambiente, que como es evidente debería tener un rol clave para responder a amenazas climáticas. Esta Autoridad sí incluye a los ministerios económicos y productivos (Economía, Transportes, Agricultura y Vivienda). Además, deja fuera a los gobiernos locales y regionales y a la población que debería vigilar el proceso para evitar corrupción. Otro tema que ha quedado excluido es el ordenamiento territorial: si inicialmente creímos que la “reconstrucción con cambios” tenía que ver con la planificación territorial para reducir riesgos futuros, esta preocupación ha sido obviada. A lo sumo se ha contemplado la declaratoria de zonas de alto riesgo no mitigable, pero ello es algo completamente insuficiente pues también se debería identificar las zonas de riesgo mitigable y sobre ellas establecer las condiciones de uso. Algo que no está previsto por falta de una visión integral.
  • el MEF a cargo del Fondo Verde para el Clima: un cambio relevante ha sido la decisión de designar al MEF –en reemplazo del Minam- como nueva Autoridad Nacional Designada para mantener la relación con el Fondo Verde, principal fondo de Naciones Unidas para financiar proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.
  • minería ilegal: los decretos 1293 y 1351 han debilitado la lucha contra la minería ilegal, abriendo la posibilidad de dejar en suspenso las sanciones para los infractores con el argumento de impulsar su formalización. Esto ha abierto una puerta falsa para que continúen operando mafias y sigan usando maquinarias de gran envergadura que causan daños irreparables al ecosistema.
  • Desde CooperAcción venimos sosteniendo que este enfoque es errado. La desaceleración económica no tiene que ver con las normas ambientales, sino con la variabilidad global de los precios de las materias primas y con decisiones de inversión de las propias empresas. De hecho, una encuesta recientemente difundida por el centro Wiñaq(2) muestra que los empresarios del sector consideran en un 66% que las causas principales del retraso en los proyectos mineros son “decisiones estratégicas de la casa matriz”, “menores precios”, “mayores costos” y “problemas con el mantenimiento”, versus apenas 5% que menciona “trámites del gobierno nacional”. Adicionalmente un 23% considera que la causa principal son “conflictos sociales”, los mismos que en gran parte se producen por una inadecuada gestión ambiental y del territorio.
  • Relajar las normas traerá a la larga no solo mayores costos sociales y ambientales, sino también mayores costos económicos para la sociedad y para el Estado, pues los problemas que se generan en algún momento tendrán que resolverse y alguien debe responsabilizarse de ellos. Un aire de peor calidad, asociado a enfermedades que deberán ser tratadas por el sistema de salud, se traducirá en mayores gastos. Un agua de peor calidad costará más para ser potabilizada e igualmente puede ocasionar a la larga una serie de enfermedades. El crecimiento de nuestras ciudades y otros centros poblados sin planificación territorial hace que se deterioren las condiciones de vida e incrementan nuestra vulnerabilidad a múltiples amenazas, las cuales se pueden intensificar en un contexto de cambio climático. Ya en 2007 un informe del Banco Mundial estimaba en 3% del PBI los costos económicos de la degradación ambiental en el Perú. La incapacidad actual del Estado para afrontar la gravísima contaminación que sufren poblaciones como las de Simón Bolívar (Pasco), Espinar, La Oroya o Andoas nos muestra la dramática realidad de esta cifra.

    Para un desarrollo sostenible en el tiempo, el Gobierno debe dejar atrás este enfoque caduco que contrapone economía versus ambiente. Una inversión con visión de futuro debe ir de la mano con una autoridad ambiental fuerte y con capacidad para garantizar el bienestar de las personas y de los ecosistemas.

  • Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/744-ppk-un-ano-desmantelando-politicas-ambientales
Colombia

El “No” a la minería

Los proyectos minero energéticos no son únicamente un porcentaje importante del PIB, son también una actividad económica con una redistribución deficiente de la riqueza y con impactos negativos sobre la salud y el medioambiente.

Desde 2016 la Corte Constitucional permitió que las comunidades locales se pronunciaran por vía de participación directa, sobre la implementación de proyectos mineros. Hasta ahora se han realizado siete consultas en las que el “No” a los proyectos mineros ha ganado con una mayoría abrumadora. En todos los casos más del 90 por ciento, y en ocasiones cerca al 100 por ciento de los votantes han dicho no a la implementación de este tipo de proyectos, una respuesta contundente que poco se ve en las decisiones sometidas a votación en el país.

Tanto la sentencia como las consultas que se han realizado hasta ahora, y las que están programadas, han generado preocupación y debate en varios sentidos. Se discute sobre el alcance de la autonomía regional respecto de las competencias del gobierno nacional en cuanto al uso del subsuelo y los recursos naturales; se debate la pertinencia de someter este tipo de decisiones con impacto macroeconómico a procesos de participación directa; algunos cuestionan la forma en que se han llevado a cabo las consultas, la formulación de las preguntas y la manera en que se han insertado o no en los procesos formales establecidos para la formulación e implementación de estos proyectos; muchos temen la incertidumbre jurídica que pueden generar y sus consecuentes efectos sobre la inversión extranjera en Colombia.

También se ha invocado el posconflicto en muchos de los argumentos en contra de las consultas, afirmando que es un proceso que requerirá de recursos millonarios que de no provenir del sector minero energético en buena medida no estarán disponibles. Pero en Colombia nos pasa que caemos con facilidad en este tipo falsos dilemas que sobre simplifican y dividen en posiciones dicotómicas a los actores que están involucrados, y que tienen la posibilidad y la competencia para tomar acción. Las consultas son un mecanismo de participación fundamental y necesario en este tema que por fin empezamos a entender como intersectorial y determinante para el desarrollo en todas sus dimensiones.

os proyectos minero energéticos no son únicamente un porcentaje importante del PIB que financiaría el posconflicto. Son también una actividad económica con una redistribución deficientísima de la riqueza, con impactos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, y que vale la pena repensar a la luz de la transición hacia las energías renovables que está ocurriendo a nivel mundial y que mal haría Colombia en ignorar.

Es decir, no se trata solo de si las grandes corporaciones tras los proyectos de inversión en el sector pierden o no con la decisión de la Corte y la de los habitantes de los municipios en las consultas, también es fundamental que las preguntas y la controversia que se ha generado se asuman desde una visión intersectorial de mediano y largo plazo, coherente con la necesidad de una institucionalidad fuerte en las regiones, y una planeación adecuada que entienda que esta actividad económica tiene efectos significativos en la calidad y disponibilidad de los recursos naturales, incluyendo el agua, y el bienestar de las poblaciones.

Queda claro que hay voluntad por parte de los ciudadanos de participar en este tipo de decisiones, y que además hay una posición contundente respecto de los proyectos mineros. Como siempre el mayor reto está en l

a implementación, y la pregunta es si como sociedad sabremos tomar esta coyuntura, desarrollos jurídicos y participación ciudadana como una oportunidad de aproximarnos a la implementación con una mirada integral y coherente con el desarrollo sostenible, y de avanzar en la diversificación económica a la que están llamando los colombianos y la mayoría del mundo.

* María Laura Rojas es co-fundadora y co-directora de Transforma, organización creada para hacer realidad el desarrollo sostenible desde la investigación, la consultoría, la incidencia y el litigio estratégico. Abogada de la Universidad de los Andes. Durante los últimos cuatro años trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesora para temas de cambio climático y más recientemente como Coordinadora de Asuntos Ambientales. Ha trabajado también en la oficina regional para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos.

**Sobre Antropoceno:

El planeta tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. De todas las eras geológicas que se han sucedido desde entonces, el holoceno, que inició hace 11.700 de años, garantizó las condiciones perfectas para que prosperara la especie humana. Esas condiciones, sin embargo, están cambiando drásticamente desde hace 60 años. En un parpadear estamos entrando en una nueva era geológica: el “Antropoceno”, la era en que la civilización humana tiene impactos de escala planetaria, modelando toda la geología de la tierra. En este espacio compartimos opiniones e ideas relacionadas con la vida en esta nueva era de impactos planetarios.

Fuente:http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/no-a-la-mineria-por-maria-laura-rojas/38272