Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de Latinoamérica se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de desarrollo e infraestructura, también llamados proyectos de despojo, que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de la naturaleza que no tiene punto de comparación con procesos previos. Frente a este modelo, han surgido múltiples formas de defensa en los territorios, los bienes comunes, las diferentes culturas y modos de vida en las cuales implementan distintas estrategias basadas en los derechos humanos.
En Guatemala, estos proyectos abarcan la minería, cementeras, tala de árboles e hidroeléctricas entre muchas otras. Además de la privatización de bienes que son un derecho humano tal y como lo declara la Constitución, como por ejemplo el agua que no solamente es abarcada por la industria con el cierre de los ríos sino que lo poco que sueltan viene contaminada con arsénico y otros químicos que ponen en riesgo la vida de millones de guatemaltecos. Otro de estos bienes es la energía eléctrica que no solamente fue privatizada sino que las empresas realizan cobros abusivos y exagerados, sobre todo en comunidades muy lejanas donde desde hace muchos años se organizan en resistencia. Sin embargo, los líderes comunitarios son amenazados, perseguidos, encarcelados ilegalmente y hasta asesinados, tal y como ocurre en el resto de Latinoamérica, especialmente en casos recientes de Honduras.
En una reunión ampliada sostenida hoy en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa (región Puno), se conformó el Frente de Defensa de las Cuencas Llallimayo, Hatun Ayllu y Chacapalca con la finalidad de rechazar la contaminación que supuestamente genera la actividad minera de la zona.
Entre los últimos días de mayo y principios de junio del presente año se produjo la nevada más grande de los últimos 10 años en el sector del proyecto Pascua Lama, provocando 12 avalanchas de diversa consideración en el sector. Ante la situación se registraron diversos daños en las instalaciones y se tuvo que realizar una operación para rescatar a los trabajadores que estaban en el lugar.
Andres Mckinley, representante de la Universidad Centroamericana (UCA) junto a miembros de ADES y la International Allies Against Mining in El Salvador demandaron la prohibición total de la minería en el país, indistintamente la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para el Estado salvadoreño.
Estas tarde, trabajadores de Minera Yanacocha ingresaron ilegalmente, en forma matonezca y prepotente al terreno de Máxima Acuña y su familia, destruyendo cultivos que habían sembrado para su alimentación diaria.
Minas Gerais y Pará – regiones sudeste y norte de Brasil – son los estados que presentan mayores probabilidades de muerte en contexto laboral. No por coincidencia, ellos envuelven la principal región de explotación minera del país. Del 2000 a 2010, la Fundación Jorge Duprat y Figueiredo (Fundacentro) constató que el Indice Medio de Accidentes General en Brasil fue de 8,66%. El indicador medio de accidentes en minería, fue de 21%, casi tres veces más que la media nacional.
Hoy presentamos nuestro 18º Reporte del Primer semestre 2016, con el registro y análisis de lo acontecido en los últimos meses respecto a conflictos sociales vinculados a la minería. En esta ocasión se analizó además el contexto electoral y el cambio de gobierno. Los posibles escenarios que se podrían presentar en un corto plazo preocupan a las instituciones integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.
Al cumplirse 10 meses del derrame del 13 de septiembre de 2015 de más de 1.125.000 litros de solución cianurada en la mina Veladero de Barrick Gold, en San Juan, Argentina, la “Asamblea Jáchal No se Toca” llegará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el martes 12 de julio para exigir la inmediata aplicación de la Ley de Glaciares y el cierre, remediación y prohibición de la megaminería.
El consorcio Grupo México cerró las puertas de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS), dejando sin atención médica a los habitantes del río Sonora, afectados en su salud por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre, además que se incumple con el compromiso de monitorear las fuentes de abastecimiento de agua en la región.
Desde el 11 de julio se viene realizando el seminario-taller “La minería, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Democracia Ambiental en los Países Andinos”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL. En este evento se hizo mención al proyecto Las Bambas, los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) y los mecanismos de participación. Según lo expresado en una de las ponencias, los cambios realizados con los ITS son de impacto no significativo y en componentes auxiliares, y por lo tanto, la población protesta porque está desinformada. Nada más ajeno a la realidad, ya que la planta de procesamiento de molibdeno y la de filtros son componentes principales del proyecto, y su traslado de Tintaya a Las Bambas no debió ser aprobado por un ITS.