El Consejo Empresario Mendocino (CEM) se reunió en la provincia y contó con la presencia del Subsecretario de Desarrollo Minero de Nación, el sanjuanino Mario Capello.
En el encuentro se presentó un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) junto a la Fundación Vida Silvestre, donde se alienta la explotación minera de forma “responsable y sustentable”, como una necesidad para el desarrollo y el crecimiento.
La presencia de Mario Capello en la reunión tuvo un objetivo claro: transmitir en la provincia las intenciones del gobierno nacional y su plan para avanzar con la explotación minera.
Mario Capello, el hombre enviado por Macri para insistir sobre la explotación minera en Mendoza, es ingeniero en minas. Fue diputado nacional de San juan por el radicalismo y en su provincia se destacó por ser un firme impulsor de la actividad extractiva. Desde sus comienzos, su propuesta fue que el país “copie el modelo de San juan”. El mismo modelo que hace casi un año terminó con un millón de litros de cianuro derramados por Barrick Gold en los ríos de la cuenca de Veladero.
La comunidad dice que la mina afecta nacimientos de agua en el municipio boyacense. Habitantes de la zona han protestado y rechazan la apertura de la mina El Banco en la vereda Pedregal.
En la comunidad sanjuanina de La Planta, el paisaje es árido y la lluvia escasea. Las precipitaciones suelen llegar en verano, lo que permite la formación de un tímido curso de agua que atraviesa el pueblo. Allí viven unas 30 familias, dedicadas principalmente a la cría de ganado caprino. También, suelen realizar trabajos golondrina, para los que deben movilizarse a valles cercanos para la cosecha de la vid y otros cultivos. Un problema importante que enfrentan los pobladores es la falta de agua potable. El otro es la exposición a grandes acumulaciones de residuos mineros.
Con el prolongado desplome del precio del crudo y la recesión tras años de bonanza, el gobierno de Rafael Correa está ahora decidido a enrolarse en la extracción de metales a gran escala, a la que se abrió en 2012. El gobierno considera que el sector es estratégico -junto con el del turismo- para el futuro económico del país y con el impulso a la minería a gran escala busca compensar la caída del precio del crudo, pese a la sostenida resistencia de movimientos sociales e indígenas.
Ya se definió la fecha para la consulta popular minera en Ibagué, de acuerdo con el decreto emitido por el Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, la población de esa ciudad podrá definir si aprueba o no la realización de proyectos mineros el próximo el 2 de octubre.
Como “grave” calificó el senador Fulvio Rossi el derrame de relave en el sitio industrial ubicado en la faena de la Minera Doña Inés de Collahuasi afecto el sector de Ujina. Según la empresa dicho derrame se habría producido por una rotura de una canaleta de transporte. Rossi se mostró preocupado luego que la Superintendencia del Medio Ambiente y Sernageomin fueran a revisar la situación, descubriendo que existían otros cuatro derrames no informados.
Ezequiel Forte analiza de qué manera la posible instauración de veinte represas a lo largo del río Marañon -el mayor afluente del Amazonas- y el consiguiente impacto ambiental, afectarían los derechos fundamentales de las comunidades ribereñas. Siete de esas represas se encuentran proyectadas para la región de Cajamarca, la región que concentra el 80% de las reservas probadas de oro del país y el 30% de las de cobre. Por ello, la construcción de las represas se encontraría principalmente destinada a la provisión de energía a los proyectos de minería a cielo abierto que han causado daños irrecuperables al ambiente, acrecentando también la pobreza de la región.
En entrevista con el Noticiero Ciudadano, Esteban Vilchez, abogado defensor de la comunidad de Caimanes, dijo que no les sorprendió el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que dejó sin efecto el derrumbe del tranque El Mauro de Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, decretado por el tribunal de letras y garantía de Los Vilos en marzo de 2015.
Este domingo 6 de agosto, la comunidad de Santa Ana Huista en Huehuetenango, Guatemala conmemoró 8 años de la consulta de buena fe en la que la población expresó un rechazo total a la realización de toda actividad minera en su territorio.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) felicita a la Comunidad Indígena de Zacualpan por la resolución recientemente emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No. 38 en relación con la legalidad de la Asamblea General de Comuneros del día 11 de Octubre de 2015.