“Canadá está de regreso”, ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper. El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos. Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios.
Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático. A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.
No cabe duda que la implementación del modelo extractivista como opción de “desarrollo” por parte de los Estados contraviene los esfuerzos existentes a nivel global y regional para amortiguar la crisis climática y ambiental. Con cinismo y engaños, se vulneran tratados y convenios internacionales más elementales con los que se pretende un mínimo para frenar la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad biológica.
El Vicepresidente de la República se reunió el sábado pasado con las autoridades de Cotabambas para entablar diálogo sobre el conflicto en Las Bambas. Manifestó que dentro de 45 días se presentará el Plan Integral de Desarrollo en Cotabambas. 
El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, firmó la resolución, en la que trabajaron tanto el Ministerio de Minería como Fiscalía de Estado, y que fue comunicada a la Justicia Federal, a la minera Los Pelambres, a la Cancillería y a la Secretaría de Minería de la Nación, suspendiendo un cuestionado acuerdo para «aislar» el basurero tóxico que Minera Los Pelambres alojó en esa provincia. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que interpretan que la compañía no tiene ninguna intención de sacar las 52 millones de toneladas de rocas y que sólo hará la tarea de mitigación.
La Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo el viernes desde las 18 hs. realizó una radio abierta en la fuente de la plaza 25 de Mayo de la ciudad de San Juan para difundir y repudiar la actividad megaminera que produjo al menos dos derrames de solución cianurada en la mina Veladero y acumula miles de tonealdas de residuos tóxicos mineros como mina Los Pelambres, entre otras.
Comisionada de la ONU recordó esta maniobra llevó a la muerte de la lideresa indígena hondureña
En un hecho sin precedentes la Magistrada Ramírez Borjón titular del Tribunal
A finales de septiembre se realizó una audiencia a puerta cerrada en el Centro Internacional del Banco Mundial para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en referencia a la demanda de arbitraje internacional interpuesta en 2015 por la minera Gabriel Resources contra el Gobierno de Rumanía por las trabas impuestas al proyecto minero Rosia Montana. El pasado mes de julio, Alburnus Maior solicitó al tribunal personarse en el proceso en calidad de Amicus Curiae («Amigo de la Corte»), solicitando el acceso a la documentación así como la opción a intervenir en el mismo. Sin embargo, hasta la fecha su solicitud ha sido ignorada, mientras el Gobierno ha decidido llevar todo el procedimiento a puerta cerrada y al margen de la opinión pública cuando se están tratando temas que afectan al dinero de los contribuyentes del país transalpino, como la decisión de abandonar la liquidación del IVA en favor de RMGC.
Una vez que el cierre de la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro está en proceso, al realizar una evaluación entre lo ofrecido por la empresa al llegar y lo que en la realidad se concretó, pobladores de la zona consideran que fue nulo el impacto económico favorable y tampoco se cumplió la oferta de convertir el pueblo en un corredor cultural, comercial y turístico.
La Cámara de Senadores de Bolivia sancionó el proyecto de ley de reversión al Estado de las áreas mineras de cooperativas que firmaron contratos con empresas privadas, anunciaron hoy fuentes del órgano legislativo.