La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un informe que cuestiona la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas. El informe sostiene que esas actividades condenan a los pueblos originarios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor organismo continental en la materia, afirmó que la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas violan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así lo determinó en un extenso informe donde detalla que los gobiernos de la región priorizan su alianza con las empresas extractivas por sobre las leyes que protegen a la población. La CIDH denunció que se condena a las comunidades indígenas a la pobreza, desalojos y muerte. En Argentina existe un piso de 183 conflictos por territorios indígenas.



Ejidatarios de Tenochtitlán, municipio de Ocampo, en el desierto de Coahuila, denunciaron un nuevo derrame de cianuro en las presas de la región, proveniente de la mina de plata que pertenece a la empresa canadiense First Majestic, que podría ser clausurada en caso de que se compruebe la acusación, según informó Raúl González, el delegado de la Profepa en el estado.
Centenares de personas participaron este sábado en la concentración convocada por la Plataforma Stop Uranio en el Cruce de La Fuente de San Esteban (antigua Nacional 620), contra el proyecto de la empresa australiana Berkeley de abrir una mina en el municipio de Retortillo. Según los organizadores se han concentrado alrededor de un millar de personas .
Paralizado quedó el proyecto minero de Biolantánidos, más conocido como “tierras raras” de Penco. Es la única explotación de estos minerales en la región del Bío Bío y en el país, pero que carece de información esencial y que requiere evaluarse con un Estudio de Impacto Ambiental.
Comunidades de la provincia apurimeña de Cotabambas demandan al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que retome la Mesa de Diálogo, en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. Piden que se establezcan las condiciones mínimas para un diálogo en el que las demandas y reclamos de la población sean tomados en cuenta y procesados adecuadamente.
Por primera vez, el 2 de octubre, una ciudad colombiana decidirá por medio de un referéndum si quiere o no explotación minera en su territorio. Para ello debe enfrentarse a enemigos poderosos. «La minera Anglo Gold invirtió más de 100 millones de dólares para ganarse la simpatía de la gente y de los políticos», dijo el alcalde de la ciudad colombiana de Ibagué. «Nosotros tenemos la soberanía sobre el suelo. La Nación la del subsuelo. Pero como para poder acceder al subsuelo es necesario pasar por la superficie, nosotros decidimos si el suelo se puede romper para proyectos de megaminería», explicó el Jaramillo.
Cansados de lo que ellos consideran atropellos, los habitantes del corregimiento La Victoria de San Isidro, zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, taponaron la entrada a la mina donde se adelanta el Proyecto La Jagua que explotan las firmas CMU, CDJ y CEP de la multinacional Glencore, y de manera pacífica protestaron por lo incumplimientos que ha tenido la empresa con la comunidad.
Es el número más alto hasta la fecha, con un total de 185 activistas y militantes fueron asesinados durante el año 2015, lo que supone más de tres cada semana, por defender sus tierras, bosques y ríos frente a las industrias destructivas, según el informe «En tierra peligrosa» publicado por la ONG Global Witness. Los países donde se han producido más asesinatos han sido Brasil, con 50 víctimas, y Filipinas, con 33.
El 13 de agosto, en el municipio de Dulce nombre de Culmí, Olancho, se realizó una marcha contra la minería y en la defensa del río Wampú ratificando así, el cabildo abierto en donde se declaró a Culmí, territorio libre de minería.
Un informe periodístico revela que en el territorio donde se construirá el túnel internacional «Agua Negra» hay tres compañías con concesiones mineras inscriptas en territorio chileno y otros dos proyectos cercanos, entre ellos uno de Barrick. El túnel es una de las obras incluídas en la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) para el transporte de mercancías a concretar en las áreas más importantes en términos de recursos no renovables (minerales, gas, petróleo) y de biodiversidad (plantas, animales, microorganismos). A su vez, se ubica en el área comprendida en el Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, que define un territorio en las altas cumbres cordilleranas con amplios derechos y beneficios para las mineras.