José de Echave Exviceministro del Ambiente
La firma del compromiso de Keiko Fujimori con los mineros agrupados en la Central Nacional de Mineros del Perú (Cenami), no es para nada un hecho aislado. En Puno, el pasado 20 de marzo, la candidata de Fuerza Popular firmó un acta similar con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada, comprometiéndose a traerse abajo el proceso de formalización minera para recomenzar de cero. Por si fuera poco en Madre de Dios, el único escaño de la región será ocupado por Modesto Figueroa, también de Fuerza Popular, investigado por la fiscalía por presuntos vínculos con la minería ilegal; además en la lista de candidatos de Fuerza Popular por Arequipa también había un personaje vinculado a esta actividad.
Lo cierto es que la minería ilegal es una de las actividades ilícitas que más ha crecido en las últimas décadas, junto con el narcotráfico y la tala ilegal y su influencia no ha parado de aumentar. Son 21 regiones con presencia de este tipo de minería y la estimación del número de mineros informales e ilegales es bastante gruesa: las cifras van en un rango de 100 mil a 500 mil personas, lo que sin duda representa un bolsón electoral nada despreciable.