El gobierno canadiense no ha abordado cuestiones de responsabilidad empresarial que ameritan ser atendidas. Una serie de organizaciones de Naciones Unidas ya han expresado directamente a Canadá que debe adoptar “medidas legislativas o administrativas para evitar que actos de empresas transnacionales constituidas en Canadá” tengan un impacto negativo en los derechos de las personas fuera de Canadá. La Canadian Network on Corporate Accountability instó a la CIDH a emitir una declaración igualmente clara con respecto a Canadá.
Canadá es el principal centro de financiamiento de la industria minera a nivel mundial. Entre 2008-2009, por ejemplo, en las bolsas de valores de Canadá se negoció más del 70 por ciento del financiamiento con capital propio del sector (1). Si bien las empresas extractivas canadienses tienen una amplia presencia en América Latina, la industria ha sido objeto de numerosas acusaciones de abusos asociados a sus proyectos, que incluyen problemas relacionados con impacto ambiental, desplazamiento de las comunidades y conflictividad social. Estos problemas fueron planteados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2013 por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil de América Latina y por la Fundación para el Debido Proceso. El Grupo de Trabajo llevó a cabo una reseña de 22 estudios de casos relacionados con conflictos entre comunidades y empresas mineras canadienses (2).