Sin mediar consulta previa, libre e informada, la Secretaría de Energía (SE) otorgó cinco concesiones a la empresa Minera del Norte, S. A. de C. V., para la exploración y explotación de hierro en siete comunidades del municipio de Santiago Yosondúa, perteneciente a la región Mixteca, denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes.
El activista dijo que la SE concedió las autorizaciones en octubre del 2010 a la compañía, perteneciente al grupo Altos Hornos de México, hasta por 50 años sin tomar en cuenta el parecer de los dueños de las tierras.
Explicó que las concesiones afectan directamente a las comunidades Buena Vista, Cañada de Galicia, El Vergel, La Primavera, Santa Catarina Cuanana, El Huanacaxtle y Los Cuajilotes.



A lo largo de la su historia y como parte de su cultura, los pueblos originarios han generado saberes esenciales para la conservación de la vida, gracias a un profundo conocimiento de su entorno, heredado de generación en generación.
En el marco de la conmemoración del 5 Aniversario de los asesinatos de las mártires ambientalistas, esta la posición del Arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas sobre prohibición de minería en El Salvador.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la vigencia de la ley nacional 26.639 de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, al revocar una medida cautelar que tenía frenada la aplicación de la norma en la provincia de Jujuy.
Esta publicación se propone generar debates. Plantea como problema inicial que nuestro mundo atraviesa una crisis civilizatoria que, a raíz de las lógicas capitalistas, patriarcales y profundamente coloniales que organizan la sociedad humana de hoy, amenaza la vida de las generaciones futuras, incluso la supervivencia de nuestra especie. El planeta es finito, y el modo de vida depredador de la Naturaleza que se nos presenta como “desarrollo” nos ha llevado a irrespetar estos límites.
La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) encontró fallas en el manejo ambiental en los tres proyectos mineros a cielo abierto encajados en el Corredor Biológico Mesoamericano.
Una nueva norma expedida el 6 de enero para impulsar la inversión en proyectos mineros afectaría derechos de las comunidades campesinas al modificar y hacer más débiles algunos requisitos y procedimientos.