Como integrantes de colectivos ecologistas nos dirigimos a ustedes con mucha preocupación frente los anuncios de avanzar hacia la explotación minera a gran escala en los proyectos de Kimsacocha (denominado Loma Larga) y Río Blanco en Molleturo. Ustedes como promotores, creadores y difusores de conocimiento relevante para el bienestar de la colectividad, tienen una gran responsabilidad que debe ser asumida en el marco del respeto a la norma Constitucional y de manera primordial a la vida de la población que se verá en inminente peligro en caso de afecciones al páramo, contaminación de fuentes de agua y perjuicios a las comunidades.
Como es de conocimiento público, en 2013 ETAPA contrató el asesoramiento técnico y científico de la empresa francesa BRGM sobre los impactos ambientales, y específicamente del agua, de una posible actividad minera. En el informe presentado[1] se establece que los precedentes y la particularidad de las intervenciones mineras[2] “obligan a establecer desde el inicio una muy rigurosa secuencia de actuaciones, que debe partir de un profundo conocimiento de las implicaciones sobre el territorio y que además debería también iniciar considerando los errores y experiencias de gobiernos y localidades alrededor del mundo”[3].