El 9 de mayo pasado, pobladores de las comunidades de Huancaya y Yauyos expresaron su rechazo a las actividades de la compañía minera Milagro Ancovilca S.A.C, quien posee dos concesiones de 300 hectáreas, las cuales se encuentran dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC), ubicada en el límite de los departamentos de Lima y Junín. Además, dichas concesiones están ubicadas en zona de cabecera de cuenca.
El Gobierno Regional de Lima dio luz verde a las operaciones de la empresa minera, por ello ésta comenzó a ingresar maquinarias a la zona. Frente a ello, los pobladores bloquearon con tranqueras un puente en la zona de Carmachay, región Lima, para impedir el ingreso y salida de vehículos y maquinaria pesada de dicha empresa.
La población muestra su oposición a la presencia de la empresa minera, porque consideran que dicha actividad tendría un impacto ambiental en la riqueza que posee la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Esta reserva, cuenta con numerosas cascadas, alberga flora y fauna típica de la zona altoandina y contiene un alto valor paisajístico.
El Observatorio de conflictos mineros de América Latina OCMAL llama su atención frente a los hechos acontecidos y de conocimiento público que afectan a la menor Génesis Gutiérrez de 15 años de edad amenazada de muerte en la ciudad de Barrancas, en la Guajira de Colombia. 
«QUE NO SE PIENSE que los problemas y violaciones provocados directa o indirectamente por los intereses de Codelco en Ecuador existan en un futuro lejano o sean de índole probable: ya se están dando, e incluye la detención de dos técnicos de Codelco en la reserva comunitaria de Junin en septiembre del 2014 quienes estuvieron acompañados por personas ilegalmente armados; el ilegal arresto y encarcelamiento de un jóven campesino presidente de la comunidad de Junin en abril de este año; y la más reciente arremetida violenta con más de 200 policías en contra de la pequeña comunidad de Junin el 8 de mayo del año en curso, cuando fuero agredidos seis campesinos y campesinas, incluyendo dos menores de edad»
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dio a conocer que se impuso una sanción ejemplar de 13.4 millones de pesos a una mina de Grupo México, en San Luis Potosí. Al respecto, mencionó que la actuación de la autoridad laboral lleva implícito el cumplimiento de la ley y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores, contribuyendo a contar con centros de trabajo cada vez más seguros.
Las mineras ubicadas en zonas donde puedan existir yacimientos del preciado shale gas o gas de lutitas deberán licitar como cualquier otra compañía para su extracción, en cambio tendrán la posibilidad de aprovechar sin licitación el gas contenido en la veta de carbón mineral, mejor conocido como gas grisú, según la propuesta de leyes secundarias del Gobierno enviada la semana pasada al Senado.
Con fecha 5 de mayo del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las dos medidas cautelares solicitadas por la AIDESEP1, la CCP2, la CNA3, la CONACAMI4 y la ONAMIAP5, en el caso CONGA. La primera –medida cautelar- solicitaba la protección a las autoridades, población indígena, comunidades y rondas campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc quienes se encontrarían en situación de riesgo debido a su oposición a la ejecución del proyecto minero.
Con lienzos y volantes fue interceptado lo que pretendía ser un solemne homenaje al presidente Ecuatoriano en la Universidad de Santiago donde se le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa, las y los manifestantes aludieron a la represión que hoy experimentan las comunidades de Intag, de San Marcos y del Yasuní, víctimas del accionar de empresas como Codelco y Enap en su territorio.
La agrupación se mostró molesta por lo que califica como un “juego sucio” y un intento de evadir la normativa y sortear una nueva evaluación ambiental. Por su parte, la dirección regional del Sea admitió que existe, tanto la posibilidad de requerir una nueva evaluación ambiental como de no hacerlo, dependiendo de los posibles impactos.
La minería de oro se ha convertido en un flagelo que azota muchos países de América Latina. En algunos sitios operan unas pocas transnacionales gigantes, pero en otras zonas se agolpan cientos a miles de personas, hurgando en los ríos de las selvas o entrañas de las montañas por unos gramos de oro. Mientras que las grandes corporaciones insisten en contar con tecnologías de punta, servir al crecimiento económico y bridar empleo, la minería a pequeña escala, informal o ilegal, está bajo la sombra de la contaminación, la violencia y la pobreza.
Como es conocimiento público, existe una gran preocupación entre la población de los distritos de Huarango y San José de Lourdes (Provincia de San Ignacio, en Cajamarca), por la muerte de peces -carachamas, sardinas, pez blanco entre otros- en el río Chirinos, afluente del río Chinchipe. Desde el 28 de abril la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad Ecológica Provincial de San Ignacio y la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), solicitaron a las autoridades de la provincia de San Ignacio y al Fiscal de prevención del delito la realización de un estudio de aguas y un análisis de los peces, fuente principal de alimentación de la población. Como sabemos, el proyecto minero Yagku Entsa, de Águila Dorada S.A.C., está haciendo peligrar el hábitat donde viven 1500 personas que integran 16 comunidades awajún en ambas márgenes del Río Chirinos.