Todo comenzó hace casi 100 años, en 1922, cuando la mina de La Oroya empezó a ser explotada a gran escala. Desde entonces, esta ciudad ha escrito una larga historia de contaminación, fraude, indiferencia y manipulación. En el 2012, Doe Run Peru (DRP), empresa estadounidense propietaria de la mina desde 1997, abrió sus puertas luego de tres años de silencio y empezó nuevamente a operar el circuito de zinc con más de 500 empleados. Sin embargo, el futuro de estos trabajadores, de la ciudad y de la propia planta minera aún no está claro.
Al inicio, la mina extraía sólo plomo y poco después también zinc, oro y plata con el efecto secundario de echar al aire de la ciudad todo tipo de metales y ácidos contaminantes. También era la única fundición polimetálica del Perú, lo que significaba que procesaba todo tipo de metales, también provenientes del extranjero.
El día de ayer, miércoles 18 de junio, pobladores de la comunidad campesina de Huisa, en el distrito de Espinar, tenían previsto una reunión con el Gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa Glencore – Xstrata, en el campamento minero de Antapaccay.
La ciudad de Potosí ingresó ayer en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la Unesco, debido a las operaciones de minería que podrían degradar el sitio, anunció la organización en Doha.
Más de 19.000 habitantes de los municipios de Vitichi y Caiza D, en la provincia Nor Chichas del departamento de Potosí, enfrentan los riesgos de insalubridad por la contaminación de las aguas y los suelos de la región, según el reporte de Radio Aclo de Erbol.
Grupos ambientalistas anunciaron este lunes que solicitarán al gobierno que se instalará el próximo 1 de julio en Panamá que declare al país como libre de minería, mediante la revisión de leyes del sector.
Los gobiernos regionales en Perú no cumplen con la labor de supervisar a las personas y empresas dedicadas a la minería artesanal e ilegal en el país, ni reportan estas actividades a las entidades competentes, reveló un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Los pronunciamientos son cada vez más audaces. A los reclamos por los supuestos excesos en los trámites que enfrentan los inversionistas, voceros empresariales y algunos editoriales de la prensa han comenzado a mencionar que la culpa de todos los males la tienen algunos ministerios. El Ministerio del Ambiente (MINAM) es uno de los blancos principales.
El XIV Ayuntamiento de La Paz dio a conocer que independientemente de la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respecto al proyecto minero Los Cardones, el Municipio no otorgará los cambios de uso de suelo.
Angloamerican podría dejar sin agua a El Melón.-
La organización Fundación Ciudadanos Independientes de San Juan—FuCI ha denunciado penalmente por incumplimiento de la Ley de Glaciares y de los deberes de funcionario público, al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS)—Omar Judis y al Director del Instituto Nacional de Nivología, Glaciologia y Ciencias Ambientales (IANIGLA)—Ricardo Villalba, indicando que “hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a Ley de Glaciares, pese haberse vencido todos los términos en ella estipulados.”