A pocos días del reinicio de las protestas contra el emblemático proyecto Conga y en medio de una gran conflictividad socio ambiental en el país, el Congreso aprobó una medida que permite a policías y militares matar o lesionar a civiles sin responsabilidad penal.
La polémica norma, aprobada ayer por el Congreso, exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú cuando cause lesiones o muerte en el “cumplimiento de su deber” y en uso de sus armas u otro medio de defensa, informó la prensa del Congreso de la República.
Arriba, entre las anchas polvaredas del desierto y los vientos que deslizan toneladas de partículas en suspensión desde las faenas mineras vecinas, al lado de un Loa triste y reducido a la fealdad de una alcantarilla, aunque cruzado por camionetas F-150 del año, con visores de plasma para el GPS a colores, 4×4 (¿o será ya un 8×8?), automáticos hasta para saber de los malestares profundos, reprimidos e inconscientes, de quienes las manejan, este martes hay junta de la asamblea ciudadana de Calama.
Los cambios apuntan a concretar la explotación de yacimientos de oro, plata y cobre en ese país.
Superficie concesionada bajo la ley minera equivale a cien veces el proyecto Hidroaysén y a ocho veces el Gran Santiago. Empresas canadienses lideran la carrera para extraer oro y plata de la Patagonia.
Graves daños ecológicos está provocando la Mina Invierno, según señala el movimiento Alerta Isla Riesco, a través de su coordinador regional, Gregor Stipicic Escauriaza.
Barrick ya ha invertido 4.500 millones de dólares en este yacimiento. Tres veces más de lo que proyectó inicialmente para Pascua Lama y aún le resta inyectar otros 4 mil millones de dólares más. ¿Cómo el proyecto estrella de la gigante canadiense se convirtió en su mayor dolor de cabeza?