Diversas organizaciones indígenas y sociales reiniciaron el martes 27 de agosto una movilización de resistencia al extractivismo petrolero, minero y de los agronegocios, en diversos lugares del país.
Mediante conferencia de prensa el presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, y los presidentes de Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA) y Universidad Central del Ecuador (UCIA), explicaron las razones de la movilización.
La megaminería se hace un lugar en el ordenamiento jurídico de Uruguay, país que nunca fue minero pero que podría convertirse en el octavo mayor productor de mineral de hierro del mundo.
El proyecto de Ley de Minería de Gran Porte avanza en el bicameral Parlamento uruguayo, pero sin consenso político y despertando críticas sociales y ecologistas.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, respaldada por el gobernante Frente Amplio (FA), declara la minería de gran porte “de utilidad pública”. Se le critica estar hecha a la medida de Aratirí, proyecto del grupo indio Zamin Ferrous para extraer 18 millones de toneladas de hierro anuales con una inversión prometida de 3.000 millones de dólares.
La Coalición Nacional de Redes Ambientales ante los repudiables hechos ocurridos en contra de los compañeros indígenas Tolupanes de la zona de Locomapa, Yoro, ante la opinión pública y organizaciones solidarias nacionales e internacionales se manifiesta en los siguientes términos:
indigenas-tolupanes-honduras1. Repudiamos y condenamos el asesinato de los indígenas Tolupanes: María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez ocurrido el 25 de Agosto hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales a sumarnos a esta lucha por la defensa de la vida en la Comunidad de San Francisco de Locomapa, Departamento de Yoro.
2. Los referidos asesinatos se produjeron al momento que la comunidad de San Francisco de Locomapa, se encontraba realizando una manifestación pacífica en rechazo a la instalación de una mina en sus territorios, ejerciendo su legítimo derecho a la oposición y a la defensa y protección de sus bienes naturales y sus medios de vida.
Porque realizaban un ejercicio de autonomía y soberanía territorial por la defensa de sus bienes Naturales en Contra de la explotación minera ilegal que se hace en el territorio de las Tribus Indígenas, cuando fueron asesinados María Enriqueta Matute y los compañeros Armando Funez Medina y Ricardo Soto Fùnez, los cuales abatidos por personas armadas que circulan en la zona desde que se instaló una empresa minera extractora de antimonio.
Las comunidades indígenas rechazan la explotación minera por las empresas, ya que destruyen el ambiente, y se valen de la corrupción, sin dejar desarrollo a las comunidades.
Ademas, en cumplimiento del convenio 169 de la OIT que establece el reconocimiento a las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.
Tras la alarma inicial por el presunto secuestro del líder nahua Gaudencio Mancilla, el pasado 22 de agosto, la Fiscalía despejó las dudas al anunciar que el líder indígena fue detenido por agentes policiales por portar armas ilegalmente. El dirigente, liberado tras pagar una fianza, denunció que fue golpeado por agentes para inculparse.
La madrugada del jueves 22, la comunidad de Ayotitlán denunció que Gaudencio Mancilla, representante legal del consejo de mayores de la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, en Jalisco, fue secuestrado por un grupo de pistoleros.
En cinco camionetas los extraños llegaron a su domicilio, ingresaron y se lo llevaron junto a su hermano Bonifacio Mancilla Roblada y a Gerónimo Flores, un vecino de la zona.
Actividad minera en Apurímac compromete el 64.8 por ciento de su territorio. Dirigente fue puesto en libertad tras rendir su manifestación.
El accionar de la Policía que el pasado 16 de agosto detuvo a Edwin Carpio en el distrito de Pocohuanca, región Apurímac, fue criticado por organizaciones sociales que ven en este hecho la ejecución de un plan de persecución en contra de dirigentes campesinos, defensores de los derechos de su comunidad y el medioambiente.
A través de un comunicado, el Frente de Desarrollo y Defensa del Patrimonio de la Provincia de Huarmey (FEDDIPH), expresó su solidaridad con Carpio Challque quien es presidente de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (CORECAMI – Apurímac).
Hernán de Solminihac señaló que como Gobierno se está poniendo «mucha fuerza para que se cumpla toda la legislación presente en nuestro país».
SANTIAGO.- El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, admitió que la decisión de Barrick Gold de aceptar la resolución de la justicia de paralizar las obras del proyecto aurífero Pascua Lama es una señal «muy potente para el país».
En el marco del lanzamiento de la Expomin 2014, el secretario de Estado señaló que como Gobierno «ponemos mucha fuerza para que se cumpla toda la legislación presente en nuestro país. Por lo tanto, estamos muy encima en que cualquier proyecto que se haga tenga que cumplir la legislación vigente».
«Si una empresa no ha cumplido alguna legislación, tiene que cumplirla para seguir funcionando. Esa es una señal potente para el país, que respeta el medio ambiente y la legislación vigente», añadió.
Mientras varios grupos se aprestan ya a cerrar filas con el PRD, en busca de oportunidades en las próximas elecciones, cientos de pobladores de los parajes La Piñita, Las Lagunas, La Cerca y El Naranjo, padecen la contaminación de sus ríos por el cianuro vertido por las empresas Barrick Gold y Goldcorp.
Mientras los planes de los partidos del sistema es seguir con el juego de «Seguir al Líder» y hacer lo que hacen los demás partidos predecesores en el poder, en los parajes La Piñita, Las Lagunas, La Cerca y El Naranjo, reciben 4 botellones por familia cada tres días para su uso en sus necesidades, ya que los ríos están inutilizados. En tanto, se ven obligados a usar las aguas de los ríos contaminados por la insuficiencia del «magnánimo» aporte de Barrick y Goldcorp.
El acuerdo logrado el pasado 22 de agosto entre el gobierno y las organizaciones de mineros informales, ha provocado una ola de críticas desde diferentes sectores que perciben que el Ejecutivo vuelve a ceder frente a un sector que no desea entrar a un real proceso de formalización.
Representantes del gobierno han señalado que las interdicciones no se han suspendido y que los plazos definitivos tampoco han sido prorrogados, aunque si se reconoce que algunos plazos intermedios han sido modificados.
Al margen de la especificidad de los acuerdos logrados y si los plazos han sido ampliados o no, lo cierto es que existe la sensación que el proceso de formalización no logra consolidarse y los diferentes sectores del Estado no se presentan articulados para hacer frente a la problemática.
A continuación planteamos algunos elementos para el análisis:
Recurso revocaría el acto de aprobación unánime del CEA, respecto al proyecto minero, luego que el informe del Servicio de Evaluación Ambiental así lo recomendara.
La Corte de Apelaciones de Arica aceptó a tramitación el día de hoy el recurso de protección que presentaron representantes de las comunidad de aguas Canal Cubrimani de Putre y del Comité de Agua Potable Rural en rechazo al informe de Evaluación Ambiental aprobado por unanimidad en la comisión encabezada por el intendente José Durana.
Interpusieron el recurso Genaro Yucra Gutiérrez, presidente de la Comunidad de Aguas Río Cubrimani y Clara Blanco Mamani, presidenta del Comité de Agua Potable de Putre, junto al apoyo del activista de Greenpeace-Francia, Rodrigo Medina, y el patrocinio del abogado Rodrigo Concha Acevedo, el día sábado 24 de agosto en la Corte de Apelaciones de Arica.