En Colombia, por cada 100 pesos que la minería paga al país las empresas dedicadas a la industria extractiva representan 200 pesos de pérdidas para el Estado, por cuenta de las deducciones, descuentos y exenciones. Esa es una de las cifras que contiene el estudio de la Contraloría General, ‘Minería en Colombia’, dirigido por el analista económico Luis Jorge Garay, con participación de varios analistas.
Ver también, del mismo informe: Minería ignora derechos de comunidades



Para justificar el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, además de San Rafael Las Flores y Casillas, el Gobierno dijo que perseguían a una estructura criminal vinculada al narcotráfico. Aquí lo que hay es una burda criminalización de la protesta y represión de quienes se oponen a la minería. Y como no se ha tomado en cuenta para nada el sentir de la población y su rechazo ha sido olímpicamente ignorado, es natural que existan focos de conflicto por la falta de respeto a la gente.
Gerardo Jofré, presidente del directorio de la estatal, planteó que sólo se verán afectadas 37 de un total de 45 mil hectáreas de glaciares ubicados en el distrito, y que éstos conforman la cuenca del río Anconcagua, sin tocar el agua de Santiago.
El conflicto en Molleturo es uno de los más fuertes en Ecuador por la oposición que desde hace años se mantiene al proyecto Río Blanco, y des hace dos años diversas organizaciones se ha iniciado el trámite de queja por desacato al mandato minero en la Defensoría del Pueblo, sin tener una respuesta favorable. Una comisión del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y varias otras organizaciones fraternas de la CNDVS, se trasladaron a Quito el pasado 2 de mayo con el objetivo de conversar con la máxima autoridad de la Defensoría Nacional. Tuvieron que esperar largo rato, varios funcionarios vinieron a atender a la comisión, pero la decisión era firme, permanecer en la Defensoría hasta hablar con el Dr. Ramiro Rivadeneira.
En la cesión del 7 de mayo el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Colón, Entre Ríos, sancionó la ordenanza que declara a Colón y todo su ejido LIBRE DE FRACKING.