Humberto Moreira se lanzó al ruedo y denunció: “desde hace unos meses, un año y meses, es un secreto a voces en la región carbonífera del estado, los narcotraficantes empezaron a cambiar su giro y en lugar de secuestro, levantones o cuotas a los giros negros, les dio por extraer carbón… Empresarios de la región carbonífera de Coahuila están coludidos con los narcotraficantes, hecho que los convierte en cómplices de la guerra por la que han muerto violentamente miles de personas en el país… esos empresarios (cerdos, coyotes, les llama) ayudan a integrantes del crimen organizado comprándoles carbón, y con el dinero de estas transacciones adquieren armas; con una de esas armas mataron a mi hijo”.

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Como si no hubiera sido bastante y excesivo con el aluvión de recortes a los derechos laborales aprobados por las cámaras de Diputados y Senadores durante el proceso de reformas a la Ley Federal del Trabajo, los propietarios de los grandes consorcios mineros del país lograron que se retirara de los dictámenes correspondientes partes de un artículo (el 343) originalmente incluidas en la propuesta del Ejecutivo y aprobadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, que estipulaba la aplicación de disposiciones de seguridad en todas las minas de la República, y prohibía el trabajo en tiros verticales de carbón a profundidades menores de 100 metros.

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