En audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones muestran que empresas y estados no respetan derechos básicos de poblaciones. En el caso de Brasil, la agencia reguladora del gobierno federal ni siquiera fiscaliza a las empresas mineras.
Por eso la sociedad civil denuncia internacionalmente la creciente presión sobre los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivistas. Entre éstas destacan la minería y la construcción de represas. Estos procesos, que han generado una violación sistemática del derecho al agua en América Latina, fueron tema de una audiencia reciente en la sede de la CIDH, en la capital de Estados Unidos.
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Una represa de una compañía minera colapsó en el sudeste de Brasil y al menos 15 personas resultaron muertas y otras 45 se encuentran desaparecidas, señalaron medios locales.
Más de un centenar de mujeres lideresas de 34 territorios a nivel nacional e integrantes de organizaciones de mujeres, con el apoyo de la no gubernamental Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), se dieron cita a fines de agosto para crear la llamada Alianza Nacional por los Derechos Humanos de las Mujeres para la defensa de sus territorios. Estos han sido asediados por las nuevas políticas de posesión de la tierra, amparadas en el marco legal nacional y apoyadas por el gobierno para la implementación de megaproyectos, que están tensionando la vida de las comunidades rurales a nivel nacional.
Lina Solano Ortiz, en representación de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM y del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama de Ecuador, fue una de las participantes en la Primera Audiencia Regional sobre Criminalización a Mujeres Defensoras de los Territorio y el Medio Ambiente en las Américas, solicitada por una coalición de organizaciones, que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el viernes 23 de octubre de 2015.
La semana pasada circularon unos fotos mostrando una mancha color negro al costado del paredon del dique Caracoles. Un equipo de la Asamblea tomó muestras de agua y sacó más fotos desde otras perspectivas. El Estado Provincial minimizò, tergiversó y ocultó información sobre el derrame de tóxicos del pasado 13 de septiembre cuando Barrick Gold derramó un millón de litros de sustancias tóxicasL Descreen en la hipótesis “oficial” de que la mancha sea producto de grandes concentraciones de manganeso y hierro que el río arrastró. Un análisis serio de agua tarda entre 20 y 30 días o sea que es imposible que un par de horas el gobierno haya podido saber con exactitud de que se trataba la mancha.
A pesar de no contar con pruebas contundentes, autoridades sólo se basan en la versión de los gobernadores de Celendín y Sorochuco.
Los pobladores de Cantumarca endurecerán sus medidas de presión una vez que pase la fiesta de Todos los Santos demandando que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) firme un contrato con la empresa china Jungie Mining Industry SRL para el traslado de las colas del dique San Miguel. Así lo hizo conocer el concejal de Potosí-MOP, Eloy Relos.
Unas 25 personas de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), parroquia Tundayme en Zamora Chinchipe, realizaron ayer un plantón en las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para exigir la suspensión del proyecto Mirador, concesionado a la empresa EcuaCorriente S.A.
Eduardo Manzanares Acuña, investigador de la Unidad Académica de Ciencias Nucleares de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), aseguró que hay población infantil contaminada con plomo (Pb) en huesos y sangre en las zonas mineras del estado, sin que las autoridades intervengan.