El extractivismo es una forma de organizar la economía basada en la explotación de los bienes naturales que lleva a una reprimarización de las economías. Es un retorno a la explotación de materias primas como sustento de la economía nacional. Implica la reorganización de la política, las leyes, la cultura y hasta los imaginarios sociales
(la forma como nos vemos y vemos a los demás) de tal manera que estos cambios terminan por favorecer a las actividades extractivas. El extractivismo en América Latina se ve reflejado en un incremento de la explotación de los bienes mineroenergéticos y las agroindustrias. Los gobiernos de la región que profesan el neoliberalismo, se apoyan en gran parte sobre la lógica extractivista para beneficiar a su pequeña élite y en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías. Sin embargo, aunque parezca sorprendente, los llamados gobiernos progresistas de Bolivia, Ecuador y Venezuela también han construido sus economías nacionales alrededor de la lógica extractiva, con el fin de incrementar sus recursos públicos para la inversión social.
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Empresa Buenaventura buscará replantear las estrategias para comunicar los alcances del EIA del proyecto aurífero. Las autoridades locales y habitantes de Ichuña conformaron comisión para dialogar y negociar con minera.
Con el propósito de compartir las valoraciones sobre el estado actual de la minería en Nicaragua y sus impactos en la vida comunitaria y estimular la reflexión colectiva sobre los desafíos de la actividad minera en los procesos de desarrollo nacional, Centro Humboldt presentó el Estudio “Valoración de riesgos e impactos socio-ambientales de la minería metálica en Nicaragua 2013-2015”.
Los organismos firmantes expresamos a través de esta carta nuestra profunda indignación y nuestra solidaridad con las personas afectadas por el crimen socio-ambiental ocurrido el 5 de noviembre 2015, en el Estado de Minas Gerais, en Brasil. Esta tragedia fue provocada por la ruptura de una represa de relaves mineros administrada por la empresa minera Samarco, propiedad de la empresa brasileña Vale y de la anglo-australiana BHP Billiton. Este accidente, uno de los más grandes desastres ambientales del país, es responsable de la muerte de incontables seres vivos, incluyendo varias vidas humanas.
A lo largo de diez años de extrer oro, investigadores y organizaciones sociales han denunciado en varios medios, foros y espacios “severos daños ambientales” que han afectado no sólo a Cerro de San Pedro sino a la misma ciudad capital, derivados del uso diario de más de 16 toneladas de cianuro de sodio mezclados con 32 millones de litros de agua para la lixiviación de los metales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó hoy al Estado de Honduras por violar la propiedad privada colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.
El incremento de la actividad minera ha desplazado a comunidades y ha obtenido el control del territorio y sus recursos en donde se lleva a cabo, advierte el estudio Miradas en el Territorio: Cómo Mujeres y Hombres Enfrentan la Minería.
La empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA) planea realizar minería a cielo abierto en el corazón de la Cordillera del Cóndor, al sur de la Amazonía ecuatoriana. Para llevar a cabo su proyecto minero Mirador ha sido preciso llevar a cabo desalojos forzosos de familias y comunidades enteras con la connivencia del Estado ecuatoriano que han generado múltiples violaciones de Derechos Humanos. El presente documento: "Informe sobre desalojos forzosos realizados por el Estado ecuatoriano y la empresa minera china Ecuacorriente (ECSA) en la Cordillera del Cóndor, Parroquia Tundayme, Diciembre de 2015″ es una compilación de los hechos más relevantes sucedidos respecto al desalojo forzoso y una síntesis de la vulneración de derechos de las familias y sus comunidades.
El titular de la Fiscalía General de Jalisco (FGE), Eduardo Almaguer, ordenó una revisión administrativa de la actuación de los policías que participaron en la detención de Miguel Monroy Gerardo y Marciana de los Santos López, indígenas nahuas, contra quienes un juez mixto de primera instancia dictó órdenes de arresto por presunto despojo de tierras. Ambos encabezan la resistencia de los indígenas del sur de Jalisco contra la minería de tajo, a cielo abierto, y el despojo de sus recursos naturales por empresas mineras o grupos de la delincuencia organizada. 
La muerte de 13 mineros en Santander de Quilichao (Cauca), en mayo del año pasado, volvió a poner en evidencia el problema de la minería ilegal en el país -de los 55 millones de toneladas de oro que produce Colombia, sólo 7 millones son legales-. Sin embargo, ni el dolor por esa tragedia ha cesado en las familias de las víctimas ni la búsqueda de los responsables del hecho se ha detenido.