El abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), denuncia la supuesta fuga del exjefe de Seguridad de la Mina San Rafael, Alberto Rotondo, de nacionalidad peruana.
Rotondo, de nacionalidad peruana, está sindicado de ordenar la muerte de seis personas. Foto: Archivo/S21
Según Maldonado, la huida de Rotondo ocurre luego de que la Corte de Constitucionalidad ordenó su traslado a un centro carcelario, donde quedaría en prisión preventiva.
El aludido enfrenta proceso por el intento de dar muerte a seis líderes comunitarios de San Rafael Las Flores, lugar en el que se ubica la mina. Las víctimas resultaron heridas por disparos de guardias privados, bajo las órdenes del peruano.
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El domingo 29 de noviembre, en el local comunal Túpac Amaru ubicado en Cocachacra, centro urbano del Valle de Tambo, se reunieron más de 120 ciudadanos y ciudadanas para participar en la presentación pública del texto “Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”.
El 7 de noviembre, ingresó ante el juzgado de letras laboral de Santiago una demanda de Víctor Manuel Vega Rodríguez en contra de la Subsecretaría de Minería en la que se acusa vulneración de derecho fundamental y despido injustificado tras desempeñarse a honorarios en la repartición.
Autoridades del municipio de Llica acusaron a la minera chilena Collahuasi de utilizar agua de forma gratuita, tras mover el hito establecido por ambos países. La minera es controlada por la suiza Glencore y la británico-sudafricana Anglo American.
Vecinos de la localidad de Tamberías, a 10 km de la ciudad de Jáchal, hoy miércoles por la mañana retiraron a sus niños de la escuela por no contar con agua segura, se manifestaron en la puerta del colegio y luego se movilizaron acompañados por vecinos de otras zonas hasta la sede de Obras Sanitarias Sociedad del Estado -OSSE, para reclamar por la sanidad del agua. El progreso y el bienesatar que genera la megaminería.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica fijó en 6,4 millones de dólares el daño ambiental causado por el proyecto de minería de oro a cielo abierto “Las Crucitas”, que nunca llegó a operar y que estaba a cargo de la empresa Industrias Infinito, filial de la canadiense Infinito Gold.
A seis años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chiapas, el homicidio no solo sigue impune sino que la mina de barita contra la que Mariano luchó por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, amenaza nuevamente con iniciar sus operaciones en el ejido Grecia, Chicomuselo, en medio de mayores divisiones y tensiones entre la población como las que genera también la extracción de barita en el ejido Santa María. Del mismo modo sigue impune la corrupción generada entre la empresa minera canadiense apoyada por su embajada y el ex presidente municipal Julio César Velázquez Calderón ya que, pese a las pruebas contundentes, tanto el gobierno canadiense como el gobierno de Chiapas, desistieron de esta investigación.
“No es un accidente”, gritan los miembros del Movimiento de Afectados por la Minería (MAM). “Es un acontecimiento de total responsabilidad de las empresas”, asegura Mario Zonta quien destaca que las empresas no monitorean las represas donde almacenan desechos tóxicos, como las que se rompieron el pasado 5 de noviembre provocando un río de lodo contaminado que destruyó poblados, provocó la muerte o desaparición de más de 20 personas y dejó miles de afectados.
Un informe del alto Tribunal de la Nación advierte sobre la presencia de naftaleno que puede ser nociva para la salud de la gente y para el medio ambiente.También "se observan resultados que están por encima de los valores guía como la presencia de naftaleno, amoníaco nitritos, sulfuros y fenoles, así como de metales como el plomo, hierro y cobre. Un valor de DQO (demanda química de oxigeno) aumentado y la presencia de sedimento sólido".
Cientos de brasileños marcharon este domingo en Rio de Janeiro y Sao Paulo para reclamar un mayor compromiso de los líderes mundiales contra el cambio climático y exigir responsabilidades por el deslave minero en el sudeste del país, la mayor catástrofe ambiental de la historia del gigante sudamericano.