Como “grave” calificó el senador Fulvio Rossi el derrame de relave en el sitio industrial ubicado en la faena de la Minera Doña Inés de Collahuasi afecto el sector de Ujina. Según la empresa dicho derrame se habría producido por una rotura de una canaleta de transporte. Rossi se mostró preocupado luego que la Superintendencia del Medio Ambiente y Sernageomin fueran a revisar la situación, descubriendo que existían otros cuatro derrames no informados.
Además, en el lugar del derrame había cuatro ejemplares de Vicuña , especie protegida, las que fueron expuestas a grave peligro de intoxicación, lo que se suma al riesgo de contaminación de los alrededores a través de napas subterráneas.
Por ello, el parlamentario solicitó una investigación acabada respecto del incidente, además de la detención de la inmediata de la planta y la fiscalización externa del problema, sobre todo considerando que la planta culpó a un movimiento telúrico ocurrido en la zona, razón que no es suficiente justificación.
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Ezequiel Forte analiza de qué manera la posible instauración de veinte represas a lo largo del río Marañon -el mayor afluente del Amazonas- y el consiguiente impacto ambiental, afectarían los derechos fundamentales de las comunidades ribereñas. Siete de esas represas se encuentran proyectadas para la región de Cajamarca, la región que concentra el 80% de las reservas probadas de oro del país y el 30% de las de cobre. Por ello, la construcción de las represas se encontraría principalmente destinada a la provisión de energía a los proyectos de minería a cielo abierto que han causado daños irrecuperables al ambiente, acrecentando también la pobreza de la región.
En entrevista con el Noticiero Ciudadano, Esteban Vilchez, abogado defensor de la comunidad de Caimanes, dijo que no les sorprendió el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que dejó sin efecto el derrumbe del tranque El Mauro de Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, decretado por el tribunal de letras y garantía de Los Vilos en marzo de 2015.
Este domingo 6 de agosto, la comunidad de Santa Ana Huista en Huehuetenango, Guatemala conmemoró 8 años de la consulta de buena fe en la que la población expresó un rechazo total a la realización de toda actividad minera en su territorio.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) felicita a la Comunidad Indígena de Zacualpan por la resolución recientemente emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No. 38 en relación con la legalidad de la Asamblea General de Comuneros del día 11 de Octubre de 2015.
Después de un largo proceso judicial, de una importante inversión de tiempo, dedicación, recursos y esfuerzos, con fecha 2 de agosto de 2016, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha emitido sentencia y en ella declara FUNDADA la Demanda de Amparo iniciada por la Comunidad Nativa de Supayaku y su Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca – ORFAC, contra el Ministerio de Energía y Minas – MINEM.
La minera canadiense Gold Reserve dijo el lunes que firmó un acuerdo con Venezuela para formar una empresa mixta aurífera y que, como parte de la negociación, el país le pagará 769 millones de dólares como indemnización por haber nacionalizado sus operaciones.
En momentos en que una nueva crisis política se cierne sobre Kinsasha, capital de la República Democrática del Congo (RDC), una ONG internacional denunció que la empresa minera china Kun Hou Miningprovee armas y dinero a milicias en el este, la zona más caliente del inestable país, para que les garantice el control de las reservas de oro.
La posibilidad de que haya en Concordia territorios para la explotación minera ha generado rechazo entre la comunidad. Por las principales calles de la cabecera municipal marcharon este fin de semana cientos de habitantes del Suroeste antioqueño para manifestarse en contra de entrada de la minería a la economía y cultura de la región.
En la Corte Constitucional se está abriendo un camino para que la gente decida qué se hace en sus territorios frente a la minería, como muestra una seguidilla de sentencias que culminan en la del miércoles sobre el Código de Minas. Y tiene en su escritorio una muy simbólica, porque trata del páramo de Santurbán, que podría darle aún más poder a las comunidades que argumenten su derecho al medio ambiente, a costa de la política minera del Gobierno.