Cansados de lo que ellos consideran atropellos, los habitantes del corregimiento La Victoria de San Isidro, zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, taponaron la entrada a la mina donde se adelanta el Proyecto La Jagua que explotan las firmas CMU, CDJ y CEP de la multinacional Glencore, y de manera pacífica protestaron por lo incumplimientos que ha tenido la empresa con la comunidad.
“Estamos muy afectados por la explotación minera, pues están llevando una minería no tan responsable y nosotros nos hemos perjudicado. El 99% de las viviendas de nuestro corregimiento sufren averías por las fuertes voladuras, además de la contaminación generada. Nosotros estamos a 1.300 metros de la explotación minera y a nosotros ni siquiera nos dan empleo sino que traen personas de otras regiones”, expresó Yeseiner Téllez, líder de la comunidad.
Los habitantes de La Victoria de San Isidro están inconformes porque, según ellos, las empresas mineras contratan mano de obra de otras partes del país y no tienen en cuenta a la gente de la región.
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Es el número más alto hasta la fecha, con un total de 185 activistas y militantes fueron asesinados durante el año 2015, lo que supone más de tres cada semana, por defender sus tierras, bosques y ríos frente a las industrias destructivas, según el informe "En tierra peligrosa" publicado por la ONG Global Witness. Los países donde se han producido más asesinatos han sido Brasil, con 50 víctimas, y Filipinas, con 33.
El 13 de agosto, en el municipio de Dulce nombre de Culmí, Olancho, se realizó una marcha contra la minería y en la defensa del río Wampú ratificando así, el cabildo abierto en donde se declaró a Culmí, territorio libre de minería.
Un informe periodístico revela que en el territorio donde se construirá el túnel internacional "Agua Negra" hay tres compañías con concesiones mineras inscriptas en territorio chileno y otros dos proyectos cercanos, entre ellos uno de Barrick. El túnel es una de las obras incluídas en la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) para el transporte de mercancías a concretar en las áreas más importantes en términos de recursos no renovables (minerales, gas, petróleo) y de biodiversidad (plantas, animales, microorganismos). A su vez, se ubica en el área comprendida en el Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, que define un territorio en las altas cumbres cordilleranas con amplios derechos y beneficios para las mineras.
La agrupación explicó que esto se debe al nuevo proceso sancionatorio al que dio inicio la Superintendencia de Medio Ambiente, que formuló once cargos por incumplimientos. La agrupación "Alerta Isla Riesco" envió una carta a autoridades regionales y nacionales solicitando la suspensión de las faenas de Mina Invierno.
Una mayoría en el Concejo cantonal de Cuenca ‘demandó’ al Gobierno Nacional que detenga las actividades mineras en su territorio, específicamente el proyecto Río Blanco. Nueve de los 15 ediles de esa ciudad rechazaron la reciente inauguración que el vicepresidente Jorge Glas realizó por haber sido efectuada “de manera inconsulta y autoritaria”.
Las organizaciones Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) enviaron al Ministerio de Energía y Minería un pedido de información para que se publique el listado completo de los proyectos comprendidos en el anuncio de nuevas inversiones para el sector minero por 20.000 millones de dólares, entre 2018 y 2020, así como también la evaluación de impacto ambiental de cada uno de los proyectos. “Muchos de los proyectos anunciados oficialmente están ubicados en área glaciar y periglacial, lo que representa una amenaza clara a la Ley de Glaciares sancionada en 2010, que prohíbe todo tipo de actividad extractivista sobre estas áreas protegidas".
El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, durante homilía de las fiestas patronales de San Salvador, el 6 de Agosto de 2016, hace un enérgico llamado a la Asamblea Legislativa y a al Centro Internacional de arreglos de diferencias relativos a inversiones (CIADI).
Presidente municipal y regidores de Acacoyagua se comprometen a no otorgar licencias municipales a minería y consideran que los proyectos no representan una fuente económica ni beneficio social.